Sentencia CL-12-15 — Registro 6060
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
"Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, de la forma siguiente: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas, congruentes y motivadas y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el Tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la constitución de la Republica, leyes, convenios y principios laborales, y así respetar el estado de Derecho, en base a lo anterior es que la corte de apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma correcta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues toma como base el respeto de normas presupuestarias, mismas que de todos es sabido que son temporales, con vigencia de un año y aplicables únicamente al poder ejecutivo, por otra parte en base a la Jerarquía de las leyes, NUNCA una ley de presupuestos puede estar por encima de las normas comprendidas en el Código del Trabajo, siendo solo aplicables si beneficiarían al trabajador, por lo que en el caso de que nos ocupa, la A-QUEN ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de demanda y en consecuencia en los medios de prueba presentados. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de demanda y en consecuencia en los medios de prueba presentados, ya que como se puede observar en la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones establece en su considerando séptimo que la CLAUSULA 59 DEL XI (ONCEAVO) contrato colectivo no estaba en vigencia al momento de haberse terminado la relación de trabajo, no existiendo congruencia entre lo pedido y lo planteado en la demanda y con relación a lo resuelto en la sentencia recurrida, ya que el ONCEAVO CONTRATO COLECTIVO, nunca fue hecho controvertido del proceso, ya que el mismo no se encontraba en vigencia y nunca fue alegado o relacionado por las partes ni en la demanda ni en contestación de la misma, por el contrario fue el XII DOCEAVO CONTRATO COLECTIVO EL QUE DEBIO DE ANALIZARSE Y VALORARSE POR CORTE DE APELACIONES, y no se hizo, hecho que fue debidamente acreditado y aun así no ha existido pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones, provocando con ello que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado y además indefensión a mi representada, es por ello que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio que la misma sea casada.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2014, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre de 2014, donde se declara sin lugar la demanda, pero omitiendo pronunciarse sobre todos los hechos en litigio, particularmente lo relativo a la legalidad del procedimiento de suspensión de una cláusula del contrato colectivo vigente a la terminación de la relación de trabajo que vinculara a las partes, como lo relacionado con la prueba aportada por la parte demandante, sobre ese mismo extremo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2014, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre de 2014, donde se declara sin lugar la demanda, pero omitiendo pronunciarse sobre todos los hechos en litigio, particularmente lo relativo a la legalidad del procedimiento de suspensión de una cláusula del contrato colectivo vigente a la terminación de la relación de trabajo que vinculara a las partes, como lo relacionado con la prueba aportada por la parte demandante, sobre ese mismo extremo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha tres de marzo de dos mil quince, por el recurrente Abogado DARÍO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR; además es parte recurrida la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el Abogado MARCO TULIO PADILLA VELASQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente, costas del juico, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, por la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio del Presidente de la Junta Interventora en ese entonces, señor JESÚS CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente, promovida por la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL); en consecuencia, ABSOLVIÓ a la demandada del pago por dichos conceptos, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada desde el uno de junio de mil novecientos setenta y siete, hasta el uno de septiembre de dos mil doce, laborando para dicha empresa por 35 años y 3 meses; que mediante oficio GH-900-2012 se le comunicó a la demandante la decisión de dar por terminada la relación laboral y contrato de trabajo por parte de la demandada, debiendo la demandante abocarse al Departamento de Relaciones Laborales para el trámite de las prestaciones laborales y demás derechos que le correspondían conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Vigente, el cual establece en su cláusula 59, que se pagará a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado, además se le pagará el preaviso, vacaciones, aguinaldo y decimocuarto mes que corresponda y demás bonificaciones a que tuviere Derecho, dicha cláusula en su tercer párrafo establece que HONDUTEL pagará las prestaciones laborales en un 100% y de una sola vez; señala que fue hasta en fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, que se le pagó por parte de HONDUTEL la cantidad de L.1,288,582.36; que en la liquidación en concepto de cesantía se le entregó a la demandante la cantidad de L.1,139,424.00, dicho valor al dividirlo en el salario promedio mensual que es de L.47,476.00, da un resultado de 24 años pagados nada más, habiendo laborado para esa institución del Estado durante 35 años y 3 meses, por lo que en base a la cláusula 59 la empresa HONDUTEL le quedó debiendo lo referente a 11 años y 3 meses de trabajo, lo cual asciende a la cantidad de L.534,105.00, demostrando así un irrespeto a sus derechos laborales, al no aplicar la citada cláusula 59 del contrato colectivo vigente, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que la Junta Directiva de Hondutel, es la máxima autoridad de la institución y por ende sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y principalmente de aquellos casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que en fecha trece de mayo de dos mil ocho, la Junta Directiva de Hondutel emitió la resolución del punto de acta No. 8) de la Sesión Ordinaria No.545-08 en donde se resolvió ratificar la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de Hondutel para los años 2008-2009 a excepción de la cláusula No.59 prestaciones laborales porque se contrapone a los artículos números 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público y faculta al Gerente General para que proceda a contratar una firma consultora, a efecto de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma; el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), efectuó el cálculo de las prestaciones laborales de la demandante, en base a un salario mensual de L.33,251.68, un salario ordinario mensual de L.40,456.21 y un salario promedio mensual de L.47,476.00, que resultó de la información verdadera con que cuenta la empresa en sus archivos, correspondiéndole la cantidad bruta de L.1,292,727.98 a esta cantidad se le hicieron las deducciones de ley y resultó el cheque número 107044, por un valor neto a pagar de L.1,288,582.36 el cual fue cobrado el veintisiete de diciembre de dos mil doce; pagado de conformidad a la Cláusula número 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre Hondutel y Sitratelh 2006-2007, en vista que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Junta Directiva de Hondutel, no se aprobó a partir del XI Contrato Colectivo suscrito entre Hondutel y Sitratelh del periodo 2008-2009, la aplicación de la cláusula 59, sino que se sigue implementando dicha cláusula del X Contrato Colectivo por no haber sido aprobada por la Junta Directiva como autoridad superior de Hondutel, de donde se desprende que la Cláusula antes relacionada en el XI y XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que se suscribió, no llenan los requisitos para su validez de conformidad al artículo 1552 numeral 1) en relación al 1553, ambos del Código Civil.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente, promovida por la señora Mirian Maricel Meza Cuellar, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); absolviendo a la demandada del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, ratificó el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo en sesión ordinaria de fecha trece de mayo del año dos mil ocho, para los años 2008 y 2009, a excepción de la cláusula 59 “Prestaciones Laborales”, porque se contrapone a lo dispuesto en el artículo 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público; la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, está conformada por diferentes Instituciones del Gobierno Central, encabezada por el Ministro de Finanzas como Presidente de la Junta Directiva, por tanto es el ente de máxima autoridad que decide las políticas de trabajo y la toma de decisiones de HONDUTEL, en consecuencia la cláusula 59 del XII del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre Hondutel y SITRATELH, no estaba vigente al momento de haber finalizado la relación laboral con la ahora demandante, por existir una suspensión de la misma, resuelta por Junta Directiva como máxima autoridad de HONDUTEL, así se estima en los anexos del propio instrumento legal aprobado; que a la demandante se le pagaron las prestaciones e indemnizaciones laborales de acuerdo a lo que establece la cláusula 59 del X Contrato Colectivo que reconoce una cesantía de un mes por cada año de servicio hasta un máximo de 24 años, cuando el despido no es causado, como sucedió en el presente caso al no existir motivo justo para que la institución diera por terminado el Contrato de Trabajo y si no se aplicó la cláusula 59 del onceavo XII Contrato Colectivo Vigente, fue por motivo de encontrarse en suspenso dicha disposición.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, ratificó el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo en sesión ordinaria de fecha trece de mayo de dos mil ocho, para los años 2008 y 2009, también es cierto que hizo la excepción de la cláusula 59 “prestaciones laborales” porque se contrapone a los artículos 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el año 2008, que son de orden público ver (anexos del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre HONDUTEL y SITRATELH); que la Junta Directiva de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, está conformada por diferentes instituciones del Gobierno Central, y constituyen la máxima autoridad de la institución que decide lo conducente respecto a la toma de decisiones de HONDUTEL, en consecuencia la cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, no estaba vigente al momento de haberse terminado la relación laboral con la ahora demandante, por existir una suspensión a la misma, resuelta por las máximas autoridades de HONDUTEL, así se estima en los anexos del propio instrumento legal aprobado (107 al 112), por lo que dicha cláusula no es aplicable al caso de mérito, de cuya acción ha emanado abundante jurisprudencia en los tribunales laborales.- 5. Mediante auto de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DARÍO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA, de generales ya establecidas, en su condición de representante procesal de la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de enero de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado DARÍO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA, en su condición de representante procesal de la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARCO TULIO PADILLA VELASQUÉZ, actuando en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, de la forma siguiente: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas, congruentes y motivadas y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el Tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la constitución de la Republica, leyes, convenios y principios laborales, y así respetar el estado de Derecho, en base a lo anterior es que la corte de apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma correcta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues toma como base el respeto de normas presupuestarias, mismas que de todos es sabido que son temporales, con vigencia de un año y aplicables únicamente al poder ejecutivo, por otra parte en base a la Jerarquía de las leyes, NUNCA una ley de presupuestos puede estar por encima de las normas comprendidas en el Código del Trabajo, siendo solo aplicables si beneficiarían al trabajador, por lo que en el caso de que nos ocupa, la A-QUEN ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de demanda y en consecuencia en los medios de prueba presentados. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de demanda y en consecuencia en los medios de prueba presentados, ya que como se puede observar en la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones establece en su considerando séptimo que la CLAUSULA 59 DEL XI (ONCEAVO) contrato colectivo no estaba en vigencia al momento de haberse terminado la relación de trabajo, no existiendo congruencia entre lo pedido y lo planteado en la demanda y con relación a lo resuelto en la sentencia recurrida, ya que el ONCEAVO CONTRATO COLECTIVO, nunca fue hecho controvertido del proceso, ya que el mismo no se encontraba en vigencia y nunca fue alegado o relacionado por las partes ni en la demanda ni en contestación de la misma, por el contrario fue el XII DOCEAVO CONTRATO COLECTIVO EL QUE DEBIO DE ANALIZARSE Y VALORARSE POR CORTE DE APELACIONES, y no se hizo, hecho que fue debidamente acreditado y aun así no ha existido pronunciamiento por parte de la Corte de Apelaciones, provocando con ello que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado y además indefensión a mi representada, es por ello que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio que la misma sea casada.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, en fecha 27 de noviembre de 2014, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre de 2014, donde se declara sin lugar la demanda, pero omitiendo pronunciarse sobre todos los hechos en litigio, particularmente lo relativo a la legalidad del procedimiento de suspensión de una cláusula del contrato colectivo vigente a la terminación de la relación de trabajo que vinculara a las partes, como lo relacionado con la prueba aportada por la parte demandante, sobre ese mismo extremo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 27 de noviembre del 2014, visible a folios 11 y 12 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de agosto del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 12-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL