Sentencia CL-106-15 — Registro 5913
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento a prestaciones e indemnizaciones laborales, devolución de aportaciones patronales obligatorias y voluntarias, pago de intereses
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa la norma violada ya que indica, además del numeral 2) del artículo 111 del Código del Trabajo, el párrafo tercero de la misma disposición, el cual no tiene relación con las cuestiones debatidas, sin embargo, en la explicación cita textualmente el párrafo segundo, todo lo cual quita la precisión que requiere la técnica casacional; y, b) si bien es cierto, que la terminación del contrato de trabajo puede ser por mutuo consentimiento y que asumida ésta no acarrea responsabilidad para las partes, también lo es que, dicha responsabilidad se refiere a que no podrá alegarse causa injustificada de la terminación; sin embargo, el mutuo acuerdo estipulado no implica la disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo, así como las demás leyes reconocen a los trabajadores.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 111, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los cargos que anteceden no resultan admisibles a razón de lo siguiente: Que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, el ad-quem reformó la sentencia de primera instancia, partiendo de la base que la demandada con los medios de prueba aportados y practicados, estableció la procedencia en el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás conceptos; en adición, por otra parte, en ambos motivos ataca la misma prueba, lo cual es impropio, ya que no puede atacar dos veces una misma prueba en diferentes motivos.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas y estando debidamente fundamentada la decisión, resultando consecuentemente inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete dias del mes de mayo del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de abril de dos mil quince, por el Abogado HUMBERTO ENRIQUE SALGADO RIVERA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento a prestaciones e indemnizaciones laborales, devolución de aportaciones patronales obligatorias y voluntarias, pago de intereses, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero de dos mil trece, por el señor CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.), representadas legalmente por el señor JUAN MIGUEL ORELLANA MALDONADO, mayor de edad, casado, Licenciado en Economía, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de febrero de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA:
- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA TERESA BULNES ACOSTA, contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán; 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, en el sentido siguiente: A) REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO A PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DEVOLUCION DE APORTACIONES PATRONALES OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS, PAGO DE INTERESES, CONDENA EN COSTAS, promovido por el señor CARLOS ROBERTO ALVAREZ ANDINO contra SEGUROS ATLANTIDA, S.A. Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S.A., representada por el señor JUAN MIGUEL ORELLANA MALDONADO, en su condición de Gerente General y Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas respectivamente; 2) CONDENANDO a SEGUROS ATLANTIDA, S.A. Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S.A., representada por el señor JUAN MIGUEL ORELLLNA MALDONADO, en su condición de Gerente General y Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas respectivamente, a pagar al señor CARLOS ROBERTO ALVAREZ ANDINO, la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (Lps. 185,395.16), desglosados de la siguiente manera: SEGUROS ATLANTIDA, S.A. deberá pagar la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 75,025.20) en concepto de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales; y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. (AFP ATLANTIDA) deberá pagar la cantidad de CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 110,369.96) en concepto de depósitos patronales voluntarios y obligatorios realizados a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. (AFP ATLANTIDA),.- B) CONFIRMANDO los numerales 3 y 4 de la sentencia apelada y adicionando el numeral 5, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “5) Declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS ROBERTO ALVAREZ ANDINO contra SEGUROS ATLANTIDA, S.A. Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S.A., representada por el señor JUAN MIGUEL ORELLLNA MALDONADO, en su condición de Gerente General y Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas respectivamente, en cuanto al pago de intereses legales que el total de las aportaciones ha generado desde el mes de julio de 1994 hasta que la sentencia quede firme; en consecuencia, ABSOLVIENDO a SEGUROS ATLANTIDA, S.A. Y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTIDA, S. A., representada por el señor JUAN MIGUEL ORELLLNA MALDONADO, en su condición de Gerente General y Presidente del Consejo de Administración de dichas empresas respectivamente, del pago de dicho concepto”… 3) SIN COSTAS”; que el a quo en la parte resolutiva de la sentencia en el numeral 3) declaró SIN LUGAR la excepción de Falta de Derecho para demandar y el Defecto Procesal de Pago, promovidos por la parte demandada, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con SEGUROS ATLANTIDA, S.A. el 21 de julio de 1994, en el cargo de Ejecutivo de Intermediarios o sea Oficial de Créditos, habiendo laborado para dicha Compañía 18 años, 2 meses y 12 días; el de 3 de octubre de 2012, por mutuo consentimiento entre el patrono y el demandante dieron por terminada la relación laboral, tal como consta en el acta de terminación de contrato la que está firmada por el demandante y el señor Juan Miguel Orellana Maldonado, en su condición de representante legal de SEGUROS ATLANTIDA, S.A., empresa para la que prestó el demandante directamente sus servicios; al momento de la firma del antes mencionado contrato, el señor Orellana Maldonado, no le liquidó al demandante el total de las prestaciones e indemnizaciones sociales que según la hoja de cálculo de la Unidad de Cálculos de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, suma la cantidad de L.1,076.430.30, sino que a través de un arreglo conciliatorio, únicamente recibió la cantidad de L.1,001.404.80, monto que tal como reza en el acta comprende los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes, décimo tercer mes proporcional, salario adeudado, de la simple operación aritmética de “resta”, se constata que hubo disminución de los derechos laborales del demandante; si bien, el acta referida se levantó con fundamento en el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo, para poner fin por mutuo acuerdo la relación laboral, dicha acta es nula ipso jure, por no haber sido levantada ante autoridad competente y por lo tanto violenta lo establecido en los artículos 3 y 379 del Código del Trabajo; aunque la precitada acta firmada por mutuo consentimiento contenga un párrafo que dice: “...La Sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA. S.A., queda libre y exonerada de toda responsabilidad laboral que pudiere existir, pasada, presente y futura en relación con las obligaciones laborales y cualquier otra naturaleza para con mi persona, sirviendo el presente acuerdo entre las partes como FINIQUITO de Ley entre las partes”, por el hecho de no haber sido levantada ante autoridad competente, no exonera a SEGUROS ATLANTIDA, S. A., de pagarle al demandante la totalidad de las prestaciones laborales e indemnizaciones y que según la hoja de cálculo alcanza la suma de L.1,076.430.30 que después de lo recibido hay un complemento a favor del demandante de L.75,025.20; durante los 18 años, 2 meses y 12 días, que el demandante laboró para la sociedad SEGUROS ATLANTIDA, S.A., fue aportante activo al FONDO DE PENSIONES ATLANTIDA, (AFP ATLANTIDA), fondo conformado con las aportaciones voluntarias de los trabajadores y las aportaciones obligatorias y voluntarias del patrono, por tal razón la demandada también está obligada a devolver lo que en derecho le corresponde al demandante, y es, la totalidad de aportaciones patronales voluntarias y obligatorias que la misma demandada depositó a favor del demandante en la AFP ATLANTIDA, aportaciones que la empresa realiza para favorecer a todos sus empleados, tal es así que por el hecho de ser miembro activo de dicho Fondo como empleado de SEGUROS ATLANTIDA, S. A., y que según los registros al 30 de junio de 2012, suma la cantidad de L.106,500.00, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A., contestó dicha demanda señalando que el demandante inició la relación laboral a partir del 21 de julio de 1994, desempeñándose en el puesto de Ejecutivo de Intermediarios, habiendo finalizado la relación laboral por mutuo consentimiento entre las partes, a efecto de formalizar dicho acuerdo, un documento denominado “Acta de terminación de Contrato de Trabajo por mutuo acuerdo”, de fecha 3 de octubre de 2012, todo con fundamento a lo establecido en el artículo 111 numeral 2 del Código de Trabajo, en donde ambas partes tanto patrono como empleado (en éste caso el señor Álvarez Andino, quién es Licenciado en Administración de Empresas, lo que indica una preparación profesional universitaria de alto nivel), firmó libre, consiente y sin coacción de ninguna naturaleza, habiendo firmado ambas partes de buena fe, por lo menos esa fue la posición que asumió la demandada al finalizar la relación de trabajo; presentando en el acto el demandante un cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, el cual había solicitado ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, habiéndose llegado a un arreglo en cuanto al monto o cantidad a pagar, al igual que sobre las cantidades que se habrían de deducir sobre dicho monto, en concepto de préstamos y otros (mismos que se detallaron en el acta referida); señalando que en la cantidad acordada se cancelaban los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes, décimo tercer mes proporcional, salario adeudado y cualquier otra obligación de pago de naturaleza laboral derivada de la relación de trabajo, señalando de igual forma que una vez pagada la cantidad de L.129,929.80, la Sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A., quedaría libre y exonerada de toda responsabilidad laboral que pudiera existir, pasada, presente o futura, en relación con las obligaciones laborales de cualquier naturaleza para con el trabajador, sirviendo el documento suscrito como finiquito de ley entre las partes; documento que el hoy demandante, en forma maliciosa alega ser nulo, a pesar de que tácitamente reconoce que fue firmado en forma voluntaria, presentando argumentos inválidos, como si fuera una persona sin preparación universitaria y con total desconocimiento de la Ley; en fecha 25 de febrero de 2011, el Gerente General de la Sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A., Licenciado Gustavo Martínez, envió nota al Licenciado Juan Miguel Orellana, en su carácter de Gerente General de SEGUROS ATLANTIDA, S.A., una nota en la cual comunicaba que el señor Carlos Roberto Álvarez Andino, funcionario de Seguros Atlántida, S.A., había hecho uso indebido de un valor equivalente a L.39,584.00, que circunstancialmente y erróneamente le depositara AFP ATLANTIDA, S.A. a su cuenta personal a raíz de un préstamo que se le concediera, por lo que habiendo hecho los requerimientos en forma directa al señor Álvarez Andino, de los cuales había hecho caso omiso, se había procedido por AFP a registrar una cuenta por cobrar a éste, con cargo de intereses al 36% anual, solicitando que se procediera a retener de su salario en forma quincenal la cantidad que de cada quincena quedara disponible hasta honrar la totalidad de la obligación, finalmente advirtiendo que en caso de no acceder el señor Álvarez actuaría el AFP ATLÁNTIDA, en forma judicial, por lo que solicitaban la colaboración de esa Gerencia; que la relación a préstamos, cotizaciones y otros beneficios existentes entre AFP y el demandante obedecía a una relación personal, que nada tenía que ver con Seguros Atlántida, S.A., y que los problemas que se suscitaban en relación a las operaciones entre el demandante y AFP, se solventaban directamente entre ellos; en consecuencia no depende de SEGUROS ATLANTIDA, S.A., la devolución de dichas aportaciones, ya que es ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A., quién regula mediante un Contrato Mercantil, las condiciones del manejo de los fondos, con el fin de que se logre el objetivo para el cual fue suscrito; que la demandada opuso la excepción perentoria de pago argumentando que en virtud de haber cumplido para con el demandante todas y cada una de las obligaciones pendientes de pago para con su persona, habiendo éste extendido el finiquito de Ley y liberado a la demandada de toda responsabilidad laboral pasada, presente y futura, al igual que de cualquier naturaleza, tal y como se pactó en el Acta de Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Consentimiento, mismo que utiliza el demandante a su favor en forma antojadiza, ya que en determinados hechos alega su nulidad, lo cual es contradictorio.- 3. La parte demandada, la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.), contestó dicha demanda señalando que es una sociedad mercantil cuya finalidad u objetivo es la constitución y administración de fondos de pensiones complementarias, en los que se establece el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, muerte o invalidez y las obligaciones de contribuir a los mismos; se ignora por qué el demandante promueve demanda ordinaria laboral en contra de la AFP-ATLÁNTIDA, S.A., como si existieran vínculos con la sociedad SEGUROS ATLANTIDA, S.A., tales como los establecidos en los artículos 6 y 7 del Código de Trabajo, como representante del patrono o como intermediario, no teniendo con el demandante ningún tipo de relación laboral; el demandante señala que durante laboró para la sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A., fue aportante activo al Fondo de Pensiones Atlántida (AFP Atlántida), fondo conformado con las aportaciones voluntarias de los trabajadores y las aportaciones obligatorias y voluntarias del patrono, señalando: “... y por tal razón la demandada también está obligada a devolverme lo que en derecho me corresponde, y es, la totalidad de aportaciones patronales, voluntarias y obligatorias que ella misma depositó a mi favor en la AFP ATLANTIDA, aportaciones que la Empresa realiza para favorecer a todos sus empleados, tal es así que por el hecho de ser miembro activo de dicho fondo....”; sin mencionar quién es la Empresa demandada que tiene que realizar la devolución de tales aportaciones, lo cual no tiene sentido; la única relación que existe entre ambas empresas, es la suscripción de un Contrato Privado para la Administración de un Fondo de Pensiones y sus addendums; el demandante señala: “En virtud de que el representante Legal de la demandada…”, (refiriéndose a SEGUROS ATLANTIDA, S.A.) “...se negó a ordenar que la Administradora del Fondo de Pensiones, S.A., me devolviera mis propias aportaciones..”; ante tal expresión solamente queda agregar que nadie puede ordenar a AFP-ATLÁNTIDA, S.A., la devolución o no de aportaciones, ya que las mismas se regulan contractualmente, y sólo bajo los términos y estipulaciones contractuales, es que se puede acceder o negar la devolución de las aportaciones tanto de la Empresa como de los empleados o funcionarios de una determinada Empresa, ya que si reúnen los requisitos establecidos en el Contrato, se procede a su devolución y si no se reúnen los mismos, se rechaza.- 4. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Roberto Álvarez Andino, contra las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.); absolviendo a las sociedades demandadas de toda responsabilidad en el presente juicio; declaró sin lugar la excepción de Falta de Derecho para demandar y el Defecto Procesal de Pago, promovidos por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que el punto controvertido del presente proceso radica en cuanto a SEGUROS ATLANTIDA S.A., el complemento de las prestaciones laborales, por considerar el demandante que ha quedado pendiente la suma de L. 78,671.70, y la devolución de las aportaciones que como cotizante a la Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida S.A., le corresponden, pero la parte demandada se opone a dichas pretensiones en vista que el acuerdo mutuo de terminación de la relación laboral se dio con todos los elementos que conlleva un acuerdo de voluntades, y en cuanto a la devolución de las aportaciones, estas serán devueltas una vez se cumplan con las cláusulas que establece el contrato; en ese orden de ideas, consta de autos acta de terminación de contrato por mutuo consentimiento, en donde se refleja la forma de pago de las prestaciones laborales del demandante, en donde también se reflejan los conceptos, siendo éstos preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes, décimo tercer mes proporcional, salario adeudado y cualquier otra obligación derivada de la relación laboral; dichos conceptos cubren la totalidad de lo que el Código del Trabajo establece en cuanto a prestaciones laborales, pero la diferencia consiste en que en el mencionado cálculo de prestaciones existe el concepto de reajuste por bonificación y otros pagos, mismos que no existen en los conceptos que se detallan en el acta de terminación de contrato por mutuo consentimiento, por lo que es en esta instancia que el demandante estaba en la obligación de probar, es decir, tenía la carga procesal de aportar al proceso prueba suficiente que el empleador le adeudaba en cuanto al reajuste por bonificación y otros pagos, situación que no acontece de autos, por lo que dicha solicitud es totalmente infundada; si bien en Derecho del Trabajo prevalece el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos, no es menos cierto que éstos al momento de reclamarse deben de ser reales, tangibles y probarse en juicio, pero la parte demandante no ha probado el origen de ese supuesto complemento de prestaciones laborales, antes bien el acta de terminación por mutuo consentimiento está bien redactada, clara, precisa, dejándose ver la buena fe y voluntad de las partes, por lo que no podría invalidarse por un simple cálculo de prestaciones laborales extendido por la Secretaría del Trabajo; en cuanto a la devolución de las aportaciones de la AFP, está acreditado en autos que el demandante cotizaba con dicha institución, extremo que es aceptado por la parte demandada; pero es claro que en Derecho de Seguridad Social, como lo son estos tipos de sociedades, prevalecen los principios que informan la Seguridad Social, como ser, y el más importante, el principio de solidaridad, con el objetivo de potenciar los intereses de la organización y por ende el de sus afiliados, en tal sentido los empleados que cotizan al sistema deben de someterse a las disposiciones contractuales al momento de retirarse o separarse, de cualquier forma, de la empresa a la cual laboran; es así que el demandante debió agotar las cláusulas contractuales del Fondo de Pensiones, y solo en caso de negativa es que debe de instar el poder coercitivo para la devolución forzosa, en tal sentido la parte demandante no ha acreditado en juicio que haya cumplido con las disposiciones internas para la devolución de las cotizaciones; en cuanto a la excepción de falta de derecho para demandar motivada por la parte demandada, en vista de la garantía constitucional de Acceso a los Tribunales, por lo que cualquier persona puede instar los órganos jurisdiccionales en procura de sus derechos, y en el caso de autos, el demandante estaba legitimado para demandar, debiendo declarar sin lugar la excepción de falta de derecho para demandar; de la misma manera en cuanto al defecto procesal de pago, promovido por la parte demandada, nótese que en el plan de la demanda el actor manifiesta que ya le han hecho efectivo parte de sus derechos, pero que considera que el empleador le adeuda un remanente, por lo que en el caso concreto no opera la excepción de pago, ya que ésta prospera cuando el obligado ha cumplido totalmente la deuda, por lo que dicho defecto procesal también debe ser declarado sin lugar.- 5. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha once de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de revocar los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: 1) declarar con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Roberto Álvarez Andino, contra las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.); 2) condenando a las sociedades demandadas a pagar al demandante la cantidad de L.185,395.16; confirmando los numerales 3 y 4 de la sentencia apelada y adicionando el numeral 5, el cual deberá leerse de la siguiente manera: declarando sin lugar la demanda de mérito, en cuanto al pago de intereses legales que el total de las aportaciones ha generado desde el mes de julio de 1994 hasta que la sentencia quede firme; en consecuencia, absolvió a las sociedades demandadas del pago de dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que las partes dieron por terminada la relación de trabajo por mutuo acuerdo, pero se hizo con el consentimiento del pago de todos los derechos laborales; tal es así, que la empresa tuvo por aceptado el cálculo de prestaciones elaborado por el Ministerio del Trabajo y no objetó ningún concepto en ese momento, y el cual incluye el bono del mes de diciembre de dos mil doce, el cual aparece en el cálculo de prestaciones como otros pagos; que el a quo como protector de los derechos del trabajador, debe velar porque éstos no sean menoscabados, y en los casos que el trabajador renuncia en su propio perjuicio o con el concurso de su voluntad, puesto que son nulos todos los actos y estipulaciones que tergiversen los derechos de los trabajadores; además que toda compensación, liquidación o transacción debe ser celebrado ante autoridad competente para que tenga validez; en relación a los intereses reclamados, los mismos no proceden pagarlos, en vista de que en materia laboral no rige esta figura jurídica.-
Mediante auto de fecha cinco de marzo de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HUMBERTO ENRIQUE SALGADO RIVERA, en su condición de representante procesal de las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 7. En fecha diecisiete de abril de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado HUMBERTO ENRIQUE SALGADO RIVERA, en su condición de representante procesal de las sociedades SEGUROS ATLÁNTIDA, S.A. y ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLÁNTIDA, S.A. (AFP-ATLÁNTIDA, S.A.), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veinte de abril de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de mayo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA TERESA BULNES ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado HUMBERTO ENRIQUE SALGADO PINEDA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 111 párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero, en relación con el 379 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Entre el trabajador CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO y la sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A., se puso fin a la relación de trabajo por mutuo acuerdo de las partes, para lo cual firmaron un documento intitulado “ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONDICIONES GENERALES” (folios 6 y 7 pieza principal) al tenor de lo dispuesto en el artículo 111 reformado párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero del Código del Trabajo, que literalmente en su parte conducente dice: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo:... 2°) El mutuo consentimiento de las partes;... En los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes”, hecho que fue reconocido y aceptado por las partes y por ende no fue objeto del debate. Pero el Tribunal de Alzada al REFORMAR la sentencia de primera instancia, que declaraba SIN LUGAR la demanda promovida por CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO, no toma en cuenta que la terminación del contrato de trabajo es precisamente por mutuo consentimiento de las partes, conforme a la norma legal antes señalada, lo cual sí lo hizo el Juez A-quo, quien expresó en el considerando SEGUNDO de su sentencia: “…que el acta de terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento tiene plena validez ya que el demandante no fue coaccionado en ningún momento además lo ha reconocido expresa y tácitamente y fue firmada en forma voluntaria”, todo lo anterior de conformidad con lo que contempla el artículo 111 párrafo primero numeral 2) del Código del Trabajo vigente, norma legal que en su párrafo tercero señala literalmente: “en los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidad para ninguna de las partes”, por lo que no puede tener cabida en dicha situación, lo estipulado en el artículo 379 del Código del Trabajo, el cual literalmente dice: “todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio, celebrado entre el obrero y el patrono, para que tengan validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente”, obviamente la Corte recurrida realiza una interpretación errónea de dichas disposiciones, la cual se produce cuando la sentencia no consulta el verdadero entendimiento de un precepto que presupone la terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes, tal y como ambas partes así lo señalan expresamente, sin otros condicionantes o requisitos más que la propia y libre voluntad de los suscriptores de ese acuerdo. Reiteramos que la interpretación que el Ad-quem hace del artículo 111 reformado párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero es errónea, pues este artículo es claro en cuanto dispone como causa de terminación del contrato de trabajo el mutuo consentimiento de las partes y que además ratifica que esa terminación no acarrea ninguna responsabilidad para las partes. Suponer, como lo hace el Tribunal Ad- quem, que el mutuo acuerdo quedó desvirtuado porque la existencia de un cálculo de prestaciones o la participación de alguna autoridad laboral para su validez, es darle a la norma jurídica un sentido y alcance equivocado al exigirse situaciones que la misma no determina, por lo que su interpretación correcta debió haber motivado que se confirmara el fallo de primera instancia, al haberse señalado que la terminación del contrato de trabajo bajo esa modalidad, no acarrea otra responsabilidad de la pactada en el acuerdo respectivo y que no es necesario ninguna ratificación o validación ante autoridades del trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa la norma violada ya que indica, además del numeral 2) del artículo 111 del Código del Trabajo, el párrafo tercero de la misma disposición, el cual no tiene relación con las cuestiones debatidas, sin embargo, en la explicación cita textualmente el párrafo segundo, todo lo cual quita la precisión que requiere la técnica casacional; y, b) si bien es cierto, que la terminación del contrato de trabajo puede ser por mutuo consentimiento y que asumida ésta no acarrea responsabilidad para las partes, también lo es que, dicha responsabilidad se refiere a que no podrá alegarse causa injustificada de la terminación; sin embargo, el mutuo acuerdo estipulado no implica la disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo, así como las demás leyes reconocen a los trabajadores.- IV. Que el Recurrente formula un segundo y un tercer motivo de casación invocando lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO. “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 111 reformado párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, suscrita en fecha 03 de octubre del 2012, entre el demandante Sr. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO y la sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, visible a folios 6-7 y 43-44 de la primera pieza; 2) Cheque N° 280307, librado por SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A., en fecha 02 de octubre de 2012, a favor de A.F.P. ATLÁNTIDA, por un valor de L.327,439.48, visible a folio 45 de la primera pieza; 3) Cheque N° 280304, librado por SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A., en fecha 02 de octubre de 2012 a favor de CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO, por un valor de L. 275,070.20, visible a folio 46 de la primera pieza; 4) Cheque N° 280306, librado por SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A., en fecha 02 de octubre de 2012 a favor de FICENSA, por un valor de L. 190,106.64, visible a folio 47 de la primera pieza; 5) Cheque N° 280305, librado por SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A. en fecha 02 de octubre de 2012 a favor de BANCO ATLÁNTIDA, S. A., por un valor de L. 75,212.00, visible a folio 48 de la primera pieza; 6) Cheque N° 280384, librado por SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A. en fecha 04 de octubre de 2012 a favor de CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO, por un valor de L. 129,929.80, visible a folio 49 de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto.- En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la relación laboral que tenía el demandante señor CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO con mi representada SEGUROS ATLÁNTIDA, S. A, se puso fin por el mutuo acuerdo de ambas partes, para lo cual firmaron un documento intitulado “ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONDICIONES GENERALES” (folios 6 - 7 y 43 - 44 pieza principal) al tenor de lo dispuesto en el artículo 111 reformado párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero del Código del Trabajo, que literalmente en lo conducente dice: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo:... 2°) El mutuo consentimiento de las partes;... En los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes...”, por lo que resulta evidente el error judicial al haber apreciar erróneamente todo ese material probatorio, lo que llevó en forma indirecta a la Corte recurrida, a la violación de la norma legal antes referida, ya que lo pactado en dicha “ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO...” fue precisamente lo cancelado por mi poderdante con los cheques singularizados anteriormente, cumpliendo a cabalidad con lo convenido en dicho documento y por ello no cabe la condena a otros conceptos complementarios o no establecidos en dicho acuerdo.” TERCER MOTIVO: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitida a la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 111 reformado párrafo primero, numeral 2) y párrafo tercero del Código del Trabajo, en relación con el 379 del mismo Código. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, suscrita en fecha 03 de octubre del 2012, entre el demandante Sr. CARLOS ROBERTO ÁLVAREZ ANDINO y la sociedad SEGUROS ATLÁNTIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, visible a folios 6-7 y 43-44 de la primera pieza; 2) cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales elaborado por un Inspector del Trabajo el 2 de octubre del 2012, a solicitud del demandante, visible a folio 8 de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REFORMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que en el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, no se hubiera dado por establecido que ese cálculo de prestaciones laborales es el que determinó el pago de los derechos laborales al demandante, cuando el mismo solo fue un referente o cálculo de esa información y que fue en el “ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONDICIONES GENERALES” al tenor de lo dispuesto en el artículo 111 reformado numeral 2) del Código del Trabajo, donde se determinó lo que como un arreglo conciliatorio él tendría derecho a recibir de parte de su patrono, producto de la terminación de la relación laboral por esa vía, ya que no se trata de un despido como equivocadamente entiende el juzgador de segunda instancia, tampoco dicho acuerdo tenía que celebrarse ante autoridad competente, porque repito, no se trataba de un despido u otro tipo de terminación que implicara responsabilidad laboral, por lo que resulta evidente el error judicial al haber apreciado erróneamente todo ese material probatorio, lo que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de la norma legal antes referida, al exigirse situaciones más allá de lo estrictamente legal y del respeto al orden público laboral. De este tema este honorable y alto Tribunal ha establecido jurisprudencia en los expedientes números CL 12-06 y 125-06 en los cuales se establece el criterio de que: “Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 111 numeral 2) y párrafo tercero, el mutuo consentimiento de las partes es una causa de terminación del contrato de trabajo, sin responsabilidad para las partes, no siendo necesario para su validez, que dicha terminación deba hacerse ante las autoridades Administrativas del Trabajo correspondientes...””.- V. Que los cargos que anteceden no resultan admisibles a razón de lo siguiente: Que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, el ad-quem reformó la sentencia de primera instancia, partiendo de la base que la demandada con los medios de prueba aportados y practicados, estableció la procedencia en el pago de complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás conceptos; en adición, por otra parte, en ambos motivos ataca la misma prueba, lo cual es impropio, ya que no puede atacar dos veces una misma prueba en diferentes motivos.- VI. El Impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 11 de febrero de 2014, siendo lo correcto 11 de febrero del año 2015, pero se entiende el lapsus calami, la cual ha sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen tales deficiencias se detallan así: 1° En la sentencia recurrida, entre otros puntos donde funda su criterio, se determina en el considerando 9, que la relación de trabajo termina por mutuo acuerdo y que la empresa tuvo por aceptado un cálculo de prestaciones elaborado por Ministerio del Trabajo y no se objetó ningún concepto, incluyendo un bono del mes de diciembre del año 2012, situación Honorables Magistrados que nunca ha ocurrido en el caso de autos, situación que ni tampoco fue esgrimida como argumento del demandante o defensa por parte de mi poderdante, situación entonces que surge como una cuestión de oficio del ad-quem, incongruente con los puntos debatidos en el juicio, lo cual violenta lo establecido en el artículo 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 858 del Código del Trabajo, que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas, motivadas y congruentes, especialmente vinculadas a los agravios expresados en el recurso, en vinculación a la personalidad del mismo, por consiguiente procede la nulidad de la sentencia, ya que también viola los derechos de defensa, debido proceso y a la tutela judicial efectiva. 2° Otro de los errores cometidos por la Corte recurrida, se derivan en la omisión de los fundamentos de derecho en que descansa la parte dispositiva de la sentencia, cuando pese a REFORMAR el fallo de primera instancia, no la fundamenta en disposiciones sustantivas laborales relacionadas con la estimación de lo reclamado, únicamente hace mención del artículo 47 del Código del Trabajo, disposición esta que no tiene nada que ver con los hechos y extremos en controversia, ni con la sustentación de la Corte para modificar la sentencia de primer grado y con ello proceder ha declarar con lugar la demanda, lo cual pugna con lo exigido en al artículo 200 numerales 1 y 2 literal c) del Código Procesal Civil, que establece: “Que en los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso”, siendo evidente la falta de sustento jurídico o sea de normas sustantivas en el fallo recurrido, lo cual imposibilita hacer uso adecuado del derecho de defensa de mi poderdante en este extraordinario recurso. 3º Asimismo es oportuno señalar que el A-QUEM, determina condenar a mi representada ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES, S.A. (AFP ATLÁNTIDA) pagar la cantidad de CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 110,369.96) en concepto de depósitos patronales voluntarios y obligatorios realizados, pero en la motivación de la sentencia recurrida no expresa nada del porqué determina dicha condena, volviendo por consecuencia el fallo recurrido lesivo a mi representada AFP ATLÁNTIDA, como falto de la motivación y exhaustividad que exige tanto el artículo 739 del Código del Trabajo, como también los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto al artículo 858 del Código de Trabajo. En base a lo anterior éste Honorable Tribunal debe proceder anular el fallo recurrido, para que a su vez se enmiende lo resuelto”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas y estando debidamente fundamentada la decisión, resultando consecuentemente inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 106-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL