Sentencia CL-06-16 — Registro 6448
Resumen
Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios adeudados, pago de comisiones adeudadas, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También se ha señalado que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador, en lo que respecta al tema vinculado con la actividad personal que realizaban las demandantes, ya que la prueba singularizada que se aduce no fue apreciada, ha sido estimada con el conjunto del material probatorio, arribándose a la conclusión de la existencia de la relación laboral que vinculó a las partes, por lo cual no puede ser estimable el anterior cargo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 761, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que si bien se invoca la interpretación errónea de una norma sustantiva, como lo es el artículo 115 del Código del Trabajo, olvida que la misma contiene dos párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, las cuales era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; en adición, en su explicación lo que cuestiona no es propiamente la interpretación realizada de dicha disposición, sino más bien del artículo 117 del mismo texto legal, el cual fue citado en relación, lo cual lo vuelve confuso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La doctrina sostiene que la aplicación indebida de la norma se presenta cuando se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente acreditado en el proceso no lo regula, sino otra diferente, sin que medien errores de hecho o de derecho, excluyendo por ello cualquier cuestión fáctica y probatoria, defecto en que incurre el Censor del fallo al vincular en su explicación del cargo, el tema de la justificación o no del despido indirecto, así como las valoraciones probatorias que sobre tal cuestión realizara el ad-quem; en adición, si bien es cierto el artículo 113 del Código del Trabajo, norma que entre otras es señalada como infringida, no resulta aplicable al caso, su simple cita en el fallo obedece más a una cuestión de un lapsus calami del Tribunal de Apelación, que a una aplicación efectiva de su parte en la sentencia. Finalmente, es confuso que se sostenga que el artículo 115 del mismo cuerpo legal, haya sido aplicado indebidamente y a su vez que dicha disposición debió ser aplicada, por todo ello el motivo resulta inadmisible"..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. "...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 numeral 15) (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 135 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. antes BANCO CUSCATLAN, S.A., sociedad que se fusionó y absorbió al BANCO UNO, S.A. y ahora fue absorbida por la Sociedad BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA); además es parte Recurrida: las señoras ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJIA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA, representadas en juicio por el Abogado HENRY JAVIER LOPEZ BARAHONA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios adeudados, pago de comisiones adeudadas, pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, costas, promovida ante el entonces Juzgado Primero del Trabajo de Francisco Morazán, ahora Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de junio del año dos mil ocho por las señoras ANA CRISTINA TORRES LICONA, soltera, PAULA ALVARADO MEJIA, soltera, Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, LESLY ISELDA CADALSO MONCADA, casada, las tres, mayores de edad, hondureñas y de éste domicilio, contra el entonces BANCO UNO, S.A. y en forma solidaria contra las sociedades mercantiles CITYBANK y BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS S.A. sociedad que se fusionó y absorbió al BANCO UNO, S.A. y ahora fue absorbida por la sociedad BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA), por medio de su entonces representante legal señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HENRY JAVIER LOPEZ BARAHONA, en su condición de Representante Procesal de la parte apelante-Demandante.- II. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha 05 de junio del 2015 que corre a folios del 679 al 692, de primera pieza de autos de la forma siguiente: 1) REVOCAR los numerales II y III de la parte resolutiva de la sentencia apelada en la forma siguiente: a) Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios adeudados, pago de comisiones adeudadas y pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, vacaciones causadas y proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales.- Costas del juicio; contra BANCO UNO, S.A., y en forma solidaria contra las Sociedades CITY BANK y CUSCATLAN DE HONDURAS S.A., actualmente CITIBANK S.A., por intermedio de su Representante Legal el señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS.- b) CONDENAR a BANCO UNO, S.A., y en forma solidaria a las Sociedades Mercantiles CITY BANK y BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS, S.A., actualmente CITIBANK, S.A., por intermedio de su Representante Legal el señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS a pagarles a las demandantes lo siguiente: ANA CRISTINA TORRES la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (Lps. 4,455,624.18) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.354,763.78; Auxilio de Cesantía Lps.2,305,964.57; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.163,605.24; Vacaciones Lps.236,509.20; Vacaciones Proporcionales Lps.109,030.74; Aguinaldo Lps.283,811.00; Aguinaldo Proporcional Lps.48,105.93; Décimo Cuarto Mes Lps.283,811.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.119,058.63 y Bonificación por Comisiones Lps.550,964.18; PAULA ALVARADO MEJIA la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.2,792,954.98) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.240,804.08; Auxilio de Cesantía Lps.1,565,226.52; Vacaciones Lps.160,536.00; Aguinaldo Lps.192,643.00; Aguinaldo Proporcional Lps.32,653.02, Décimo Cuarto Mes Lps.192,643.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.80,813.82 y Bonificación por Comisiones Lps.327,635.54 y LESLY ISELDA CADALSO la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Lps.1,774,627.32) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.195,771.60; Auxilio de Cesantía Lps.783,086.40; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.6,264.69; Vacaciones Lps.130,514.40; Vacaciones Proporcionales Lps.4,176.46; Aguinaldo Lps.156,617.00; Aguinaldo Proporcional Lps.26,546.65; Décimo Cuarto Mes Lps.156,617.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.65,701.00 y Bonificación por Comisiones Lps.249,332.12... en cuanto a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios serán calculados para cada una de las tres demandantes sobre la base del salario que tenían al momento del despido indirecto. III.CONFIRMAR los numerales III y IV de la sentencia apelada SIN COSTAS de la sentencia apelada.- IV.- SIN COSTAS.” I.- ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las demandantes expresaron en el escrito de su acción, que comenzaron a laborar para Administradora de Valores, S.A. de C.V. y BANCO DE LA EXPORTACION S.A. (BANEXPO) el que mediante escritura número 127 autorizada en esta ciudad el 24 de junio del 2002 ante los Oficios del Notario ROBERTO PACHECO REYES, inscrita con el número 55 del Tomo 515 del Registro de Comerciantes Sociales cambió su denominación social a BANCO UNO, así ANA CRISTINA TORRES LICONA, el 01 de junio de 1994 en el cargo de Asesor Financiero devengando en los últimos seis meses un salario promedio de 141,905.51; b) PAULA ALVARADO MEJIA, el 03 de mayo de 1995 en el cargo de Asesor Financiero, devengando en los últimos seis meses un promedio salarial de 96,321.64; c) LESLY ISELDA CADALSO MONCADA para la Administradora de Valores S.A. empresa que se fusionó y fue absorbida por BANEXPO, desde el 10 de abril del 2000 en el cargo de asesor Financiero, devengando en los últimos seis meses un promedio salarial de 78,308.64, desde que iniciaron labores lo hicieron como trabajadoras subordinadas, llenando los tres elementos esenciales de todo contrato individual de trabajo; la prestación personal, la retribución de sus servicios con el pago de un salario base y otro por comisión y la subordinación que se manifestaba en el hecho de: a) Desde un inicio y durante ocho años estuvieron sometidas a un sistema de trabajo en el que diariamente era obligatorio presentarse al centro de trabajo de 8 a 9 de la mañana con el fin de recibir instrucciones del patrono sobre el cumplimiento del plan de trabajo para cada día, siendo su jefe inmediato el Ingeniero JUAN MANUEL MEDRANO CASTANEDA, quien les impartía ordenes para visitar los clientes por ellos prospectados y depurados por él, les daba pautas y políticas a seguir les entregaba los cambios en las comisiones, tasa de interés vigente y los reportes por vencimientos mensuales, después llegó como Directora la Ingeniera ARACELY BATRES, quien fue su jefe durante varios años, y quien delegó la supervisión en la Licenciada LESLY TABORA, la que últimamente les dictaba las pautas a seguir de acuerdo a las instrucciones de la ingeniera BATRES; b) Posteriormente la modalidad de su asistencia diaria cambió por la obligación de asistir al banco entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, para esperar el turno para ser atendidas con el objeto de realizar todas las transacciones de los clientes; c) Siempre tuvieron una oficina en el edificio de BANCO UNO, ubicada en a colonia Payaqui para realizar las tareas y funciones asignadas; d) Se les exigía exclusividad de trabajo; e) Al inicio de su relación de trabajo se les entregó un manual en el que se les daban todas las instrucciones (metas, políticas y procedimientos a seguir) para la realización de nuestro trabajo y recibían instrucciones del patrono sobre el modo, tiempo, lugar y condiciones bajo las cuales debían desarrollar su trabajo; su patrono nunca los afilió al Instituto Hondureño de Seguridad Social, por razones que desconocen pero siendo que eran reconocidas como empleadas de BANCO UNO, siempre estuvieron incorporadas con la póliza colectiva de los empleados permanentes de dicho Banco, teniendo seguro médico hospitalario y seguro de vida para ellas y sus dependientes; g) a pesar de ser trabajadores subordinados nunca se les pagó decimotercer y decimocuarto mes, ni se les otorgaron vacaciones. No obstante, que cuando por cualquier razón no se presentaban al trabajo tenían que notificarlo al Banco y dejar encargada, como sustituta, del manejo de su cartera de clientes a alguna de sus compañeras; h) asistían a capacitaciones periódicas obligatorias y firmaban para que constara su asistencia; i) portaban un carnet que las identificaba como empleadas y el cual tenían incorporada su fotografía; j) era obligación estacionar el vehículo en el parqueo destinado a los empleados del Banco y para identificarles con los clientes presentaban tarjetas de presentación que el banco les proporcionaba. Después de la sustitución como patrono de BANEXPO por BANCO UNO, el 24 de enero del 2008, fueron convocadas a una reunión por la señora ARACELY BATRES, Directora de Servicios Bancarios de BANCO UNO, S.A. en la que se les informó que BANCO UNO había sido vendido al CITY GROUP y que el comprador no aceptaba continuar la relación laboral que venían manteniendo con BANCO UNO, que solo se les pagaría un salario fijo, por supuesto inferior al que devenían devengando en base a comisiones por mantenimiento de la cartera de clientes, pero que firmáramos un contrato en el cual se nos pagarían nuestro auxilio de cesantía a razón de CUATRO MIL LEMPIRAS por año laborado, proponiéndoles que firmaran dicho contrato en el Ministerio del Trabajo y un Acta en la que renunciaran a cualquier derecho laboral anterior. Tal contrato solo fue firmado por la compañera ROSIBEL CARRASCO MOLINA y a las que no lo firmaron se les amenazó con despedirlas, su patrono, a raíz de esa situación y de la aceptación por su parte del cambio en las condiciones salariales como represalia, de forma unilateral tomó las siguientes determinaciones. 1. Les rebajó porcentaje de pago de comisiones, ya que en los últimos años se les había pagado el cero punto cincuenta (0.50%) por ciento, tanto por las carteras de clientes personas naturales como por los clientes empresariales, pero a partir de enero del 2008 BANCO UNO, les rebajo a cero punto treinta (0.30) por ciento sus comisiones para la cartera de clientes personas naturales y a cero punto veinte (0.20) para la cartera de clientes empresariales. 2). Cambió las condiciones de trabajo al aumentar las metas en forma desproporcionada, duplicando las mismas, y haciéndoles prácticamente imposible que las cumplieran; y 3) Como consecuencia de los incumplimientos que tuvieron a causa de la duplicación de las metas, el patrono realizó deducciones de hasta un quince por ciento (l5%) en sus carteras de clientes en forma de penalizaciones, que además son prohibidas por el artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo. Extremos debidamente constatados mediante acta levantada por la Inspectoría General del Trabajo el 08 de abril del 2008, en la que consta que su patrono ejecuta actas que vulneraban y restringían sus derechos laborales, y que ofendieron su dignidad sus funciones eran las de dar atención personalizada a los clientes del banco ofreciéndoles todos las productos financieros y de inversión que el banco tiene y desarrolla. Además era su función la de ingresar al banco los cheques con los cuales los clientes hacían sus inversiones y llevar a esos clientes, de regreso, los cheques mediante las cuales el banco retribuía sus inversiones; por ejemplo, el pago de sus interés. La forma de pago de su salario era la siguiente: en un inicio se les pagaba un salario base de Dos mil quinientos lempiras (L.2,500.00) más un salario por comisiones, siendo tan exitoso su desempeño, se les eliminó el salario base y únicamente se les pagaba el salario por comisiones, de acuerdo con el cumplimiento de metas y crecimiento de cartera de cada una. El pago se les hacía mediante crédito a una cuenta de ahorros o a una cuenta de cheques o sea que ellos nunca recibían pago directo del cliente, sino que del Banco. El cliente pagaba al Banco a éste de su patrimonio, les pagaban a ellas. A cuantos han laborado en estas condiciones se les ha reconocido el pago de sus prestaciones e Indemnizaciones laborales, tal es el caso de ROSIBEL CARRASCO MOLINA, quien se desempeñó igualmente como Asesora Financiera también el caso de VIRNA LIZETH ROMERO AGUILIZ, HILDA JOHANA ALVARADO RODRIGUEZ, PAMELA LIZETH SANABRIA, VILMA ISABEL CASTRO BAIRON, URIEL MALDONADO MACHUCA, LUIS ANTONIO MONCADA MONCADA, NOEL OREILLY AGUILAR LOPEZ Y ROSIBEL ERAZO SILVA. El 02 de mayo del 2008, mediante acta levantada por un Inspector del Trabajo hicieron entrega de la nota en virtud de la cual se dieron por despedidas indirectamente, con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio se realizaron cuatro audiencias con este propósito en el Ministerio del Trabajo, que no prosperaron. 2.- La parte demandada, la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. antes BANCO CUSCATLAN, S.A., sociedad que se funcionó y absorbió al BANCO UNO, S.A. y ahora fue absorbida por la sociedad BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA), contestó dicha demanda señalando que las demandantes se desempeñaban bajo la modalidad de contratistas externos figura jurídica reconocida y regulada por nuestra legislación laboral y que nace de un contrato mercantil. Las demandantes celebraron, como comerciantes individuales y titulares de empresas mercantiles, varios contratos mercantiles para Captación y Colocación de Valores bajo los nombres siguientes: La señora ANA CRISTINA TORRES LICONA con el nombre comercial de TRANSPORTE CAROLINA, según escritura autorizada por el notario Francisco Álvarez Sambula e1 12 de abril de 1991; la señora LESLY ISELDA CADALSO MONCADA con el nombre comercial de INVERSIONES LUCIA, según Escritura autorizado por el Notario José Tomás Arita Valle, autorizada el 10 de febrero de 1994 y la señora PAULA ALVARADO MEJIA con el nombre COMERCIAL DE SERVICIOS FINANCIEROS ALVARADO según Escritura autorizada por el Notario Germán Edgardo Leitzelar en fecha 22 de junio de 1995. Las demandantes firmaron contratos mercantiles con la sociedad para la realización de trabajo de captación de valores, por un precio determinado pagado de acuerdo a comisiones variable, pero las demandantes asumían todos los riesgos para realizarlo con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directa, en fin eran contratistas externas del banco tal y como lo establece el artículo 7 reformado del Código del Trabajo, después de que la empresa CITIGROUP se convirtió en el mayor accionista de BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A, tomó la decisión de que todo el personal que laboraba en Captación y Colocación de Valores se convirtiese en empleado permanente del Banco, por lo que se les hizo saber a estas personas, incluidos a las ahora demandantes, si deseaban convertirse en empleados, con todos los que accedieron se celebraron acuerdos dejando constancia de los mismos a través de actas levantadas ante inspectores del Trabajo en fechas dos, tres, siete y ocho de enero del año dos mil ocho en la ciudad de Tegucigalpa. Pero las demandantes manifestaron no desear ser empleadas del banco. Existían varios tipos de personas que, como comerciantes individuales celebraron contratos Mercantiles de Captación y Colocación de Valores, con diferentes modalidades y en algunos casos, al personal se les proporcionaba implementos de trabajo, oficinas y otros, pero no es el caso de las demandantes, quienes en todo momento cumplieron con las obligaciones del Contrato Mercantil de Captación y Colocación de Valores por sus propios medios y fuera del Banco. No Obstante que no desearon convertirse en empleadas, las ahora demandantes continuaron prestando sus servicios en forma normal como contratistas externas hasta que presentaron una nota de despido indirecto de fecha dos de mayo del año dos mil ocho, en esta nota se señalaba como supuesta causal de despido indirecto la rebaja en el porcentaje de pago de comisiones, cambio de las comisiones de trabajo al aumentar las metas en forma desproporcionada realizar deducciones no autorizadas por la ley en forma de penalizaciones, si las demandantes hubieran sido empleadas, que no lo fueron, el despido indirecto es legal e injustificado al existir una falta de claridad y singularización de la causal del mismo, ya que no se establece claramente cuando sucedió a supuesta rebaja en el pago de comisiones, cuando el supuesto cambio de condiciones de trabajo, ni cuando sucedió las deducciones no autorizadas tampoco establece en qué forma, modo a porcentaje fue a supuesta rebaja, no se establece en qué forma o modo se dio el aumento de metas no señala que supuestas deducciones ilegales se les hicieron, con la nota de despido indirecto las demandantes violan el artículo 117 del Código del Trabajo que ordena que la parte que notifica la terminación unilateral del Contrato de Trabajo, debe
establecer en la nota la causa o motivo que tuvo para tomar esta determinación, pues después no podrá alegar válidamente causales o motivos diferentes y la jurisdicción especial de trabajo ha establecido en reiteradas ocasiones que la razón de la carga establecida en el artículo señalado es porque debe existir buena fe entre las partes durante toda la duración del contrato y pugna con esa buena fe, el hecho de no establecer en forma concreta y singulariza las razones del despido, ello para evitar sorpresas al momento del juicio y querer después probar una causal diferente. En efecto en reiteradas ocasiones se ha establecido que si se ha señalado una causal general como la trascrita donde no se establece claramente cuando y en qué forma sucedieron los hechos, no se puede acreditar las mimas en el juicio laboral y tampoco se le da oportunidad a la otra parte para defenderse de las acusaciones formuladas. En la audiencia primera de trámite se opuso la excepción perentoria de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios adeudados, pago de comisiones adeudadas y pago de salarios dejados de percibir, vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes causado y proporcional, absolvió a la demandada del pago de estos conceptos, declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción y el incidente de tachas, sin costas; bajo el criterio que en cuanto al despido indirecto alegado, no se dan los elementos contemplados en el Código de Trabajo para que exista contrato de trabajo y por ende relación laboral, pues para que exista la misma se tienen que dar los tres elementos y no depende de otros factores como lo argumentan las demandantes como lo es haber otorgado la demandada préstamos bajo una tasa preferencial a las demandantes, o ser parte de una póliza de seguro, o la acreditación de las ganancias como comisiones mercantiles directamente de la sociedad demandada a las cuentas de ahorro de las demandantes, asimismo no constituye un argumento la existencia de relación laboral de acuerdo conciliatorio al que se llegó con otra personas, ya que no consta que se encontrara en las mismas condiciones que las demandantes, razón por la cual le resultó pronunciarse sobre la causal de despido indirecto y de la notificación del mismo, ya que al no probarse la relación laboral, no se encuentra acreditado el despido alegado. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio de que si existió una relación laboral entre las partes, que fue normal y armoniosa los primeros años; pero que terminó porque el empleador al ofrecerles a las demandantes el pago de cesantía anual como salario base Lps.4,000.00, lo que representa en una clara ofensa pues esa cantidad no se equipara si quiera con el salario mínimo así como la reducción del pago del salario por comisión al ofrecer el 0.30% por monto vendido de valores, lo que indujo a las demandantes a dar por terminada la relación laboral por medio del despido indirecto; el artículo 24 en relación al artículo 3 del Código del Trabajo establece la protección a toda contaminación y práctica de contratación fraudulenta que es ejemplo del caso de estudios, en que se inicia con el órgano, utilizando conceptos inapropiados para la determinación de la relación laboral, con el nombre de contratos mercantiles que en el fondo no tienen ningún fundamento o equivalencia, asimismo que está evidenciado de autos que la parte demandante con todos sus medios de prueba, probó todas sus pretensiones solicitadas en la demanda; previamente de una relación laboral, que tenían un salario por comisión, pagado cada 15 de mes, según liquidación de la actividad financiera y el patrono redujo las condiciones contractuales, motivo que condujo al despido indirecto. 5. Mediante auto de fecha catorce de enero del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de representante procesal de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. antes BANCO CUSCATLAN, S.A., sociedad que se funcionó y absorbió al BANCO UNO, S.A. y ahora fue absorbida por la sociedad BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (FICOHSA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de representante procesal de la sociedad BANCO CITIBANK DE HONDURAS, S.A. antes BANCO CUSCATLAN, S.A., formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado HENRY JAVIER LOPEZ BARAHONA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO en el primer motivo de casación, alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Interpretación Errónea del artículo115 del Código del Trabajo Vigente; en relación con el artículo117del mismo cuerpo de leyes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Las demandantes ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJÍA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA manifiestan que notificaron su despido indirecto y por ende la terminación de la supuesta relación de trabajo, sin embargo, el artículo 117 del Código del Trabajo establece que: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato de trabajo es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.” (Lo subrayado es nuestro). La Corte Sentenciadora establece en la sentencia recurrida lo siguiente: “El despido indirecto se provoca, con el cambio de condiciones del contrato original, mediante las nuevas normas del empleador utiliza la acción de reducción de porcentaje de comisión o reducción del salario es decir que del 0.50% convenida originalmente le bajó un 0.30% y con la imposición de metas altas de ventas que a toda luz induce o que no sean cumplidas y en consecuencia de efecto a dejar el trabajo por parte del trabajador.” Asimismo establece: “ 1) Que sí existió una relación laboral entre el empleador y las trabajadoras demandantes, relación que fue normal y armoniosa en los primeros años; pero que terminó por decisión del empleador al ofrecerles a las demandantes el pago de cesantía anual con salario base Lps.4,000.00, lo que representa en una clara percepción de ofensas pues esa cantidad no se equipara siquiera con el salario mínimo y agregado a ello la reducción del pago del salario por comisión al ofrecer el 0.30% por monto vendido de valores, lo que indujo a las demandantes a dar por terminada la relación laboral por medio del despido indirecto.” La Corte Recurrida fundamentó su sentencia en el artículo que regulan la situación jurídica antes enunciada, artículo 115 y 117 del Código del Trabajo; pero no le da el correcto sentido a la norma citada como violada, lo interpreta en forma equivocada, por una parte, la comunicación del trabajador al patrono de su despido, donde dicha notificación con las formalidades legales, le faculta a incoar su pretensión, y el derecho del patrono a emplazarlo ante los tribunales para probar el abandono, circunstancia que no ocurrió en el caso que nos ocupa, ya que el argumento de defensa es que las demandantes no son empleadas; pero por otra parte también interpreta erróneamente, entendiendo que aun después de haber notificado una causal de despido indirecto, se puede alegar causales de despido distintas a las notificadas en la nota de despido, violentando lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo vigente. Así, la Corte Recurrida señala que el despido indirecto se provoca, con el cambio de condiciones del contrato original, de modo que la Corte Sentenciadora interpreta erróneamente la disposición sustantiva citada como violada, dándole un alcance distinto en contravención del espíritu de la norma. La correcta interpretación de las norma sustantiva señalada en relación con el artículo 117 del Código del Trabajo es que la parte que notificó la terminación del contrato de trabajo debe señalar clara y concretamente la causal que le motivó a tomar esa determinación y no pude después alegar válidamente causales o motivos distintos. Si la Corte Sentenciadora hubiera interpretado correctamente la norma señalada, habría concluido que la terminación del contrato conforme a la causal del despido indirecto señala solamente hechos generales y aunque la situación jurídica reconocida en la sentencia que se impugna establece porcentajes de comisiones, estos implican necesariamente un cambio en la causal de despido lo que no permite la ley, por lo que hubiera declarado sin lugar la demanda y absuelto a la parte demandada de lo reclamado en la demanda, pero la incorrecta interpretación que la Corte Recurrida de la norma sustantiva en relación con las otras normas señaladas demuestra la violación en que incurrió al dictar una sentencia condenatoria, por lo que procede se admita el presente motivo y se case parcialmente la sentencia recurrida. ” III. Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que si bien se invoca la interpretación errónea de una norma sustantiva, como lo es el artículo 115 del Código del Trabajo, olvida que la misma contiene dos párrafos que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, las cuales era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque; en adición, en su explicación lo que cuestiona no es propiamente la interpretación realizada de dicha disposición, sino más bien del artículo 117 del mismo texto legal, el cual fue citado en relación, lo cual lo vuelve confuso. IV.- Que como segundo motivo de casación, el Impetrante arguye: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta de los artículos, 114 párrafo primero y literal f), 115 párrafo segundo, 116 párrafo primero literal e), 120 párrafo primero literal c) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 20 del mismo Código; Infracción indirecta por error de hecho que provino de la falta de apreciación de la prueba. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Los artículos738 y 739 del Código del Trabajo son las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas antes señaladas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba que no fue apreciada y que singularizo en este acto es la prueba documental propuesta por ambas partes que consiste en la Inspección practicada en las oficinas del Banco Demandado propuesta como inspección inicialmente en la Excepción Dilatoria de Falta de Personalidad del Demandado interpuesta por la parte demandada, Inspección practicada en fecha 18 de febrero de 2009 que corre a folios 283 específicamente en el numeral 6) de la inspección, constatándose que habían terceras personas realizando los servicios de las demandantes y que estas personas eran los señores AARON FARACH, BERNARDO DIAZ y CARLOS CÁCERES. Esta inspección fue propuesta y admitida como prueba documental POR AMBAS PARTES para el fondo del asunto según se observa en la Audiencia Primera de Trámite que corre agregada a los autos a Folios 317 vuelto y 326. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La demanda interpuesta por las señoras ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJÍA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA tiene como pretensión el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir en virtud de un despido indirecto; la contestación de la demanda desde su inicio niega que las demandantes hubieran sido empleadas del banco demandado, señalando que la relación que los unía era una relación de naturaleza mercantil, en virtud de un Contrato Mercantil de Captación y Colocación de Valores, fundamentando esta defensa en que no se reúnen los requisitos del contrato de trabajo. Los elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo están contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo que establece: “Artículo 20.- Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” (Lo subrayado es nuestro). De modo que la ley establece que para la existencia de un contrato de trabajo es necesario la concurrencia de los tres elementos esenciales antes enumerados; sin embargo, la prueba antes singularizada, que fuera propuesta por ambas partes, establece claramente que las demandantes señoras ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJÍA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA utilizaban a los señores AARON FARACH, BERNARDO DIAZ y CARLOS CÁCERES para la realización de las labores encomendadas a ellas, de modo que esta prueba demuestra que NO SE CUMPLIÓ EL ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO DE TRABAJO CONSISTENTE EN LA ACTIVIDAD PERSONAL DEL TRABAJADOR, ES DECIR, QUE LA ACTIVIDAD DEBE SER REALIZADA POR SÍ MISMO, NO A TRAVÉS DE TERCERAS PERSONAS. La sentencia recurrida llega a la conclusión que existió un contrato de trabajo entre las demandantes y el banco demandado, por lo que es notorio que no apreció la prueba singularizada en relación con las demás pruebas allegadas al juicio, pues independientemente de los otros elementos esenciales del contrato de trabajo a los que las otras pruebas pudieron referirse, la prueba singularizada claramente demuestra de manera manifiesta y evidente la falta del elemento esencial de la prestación personal del servicio; y es tan patente esta prueba que la misma fue propuesta por ambas partes. Si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado la prueba antes singularizada y la hubiera relacionado correctamente con el resto de la prueba, habría concluido que no se cumplió con el elemento esencial del contrato de trabajo de que el servicio debe ser prestado en forma personal, es decir, por las demandantes sin la utilización de terceras personas; por lo que, al utilizar a los señores AARON FARACH, BERNARDO DIAZ y CARLOS CÁCERES para la realización de los servicios, solamente podemos llegar a la necesaria y evidente ausencia de uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo; y como consecuencia a que la relación contractual que unía a las demandantes con el banco demandado no era de naturaleza laboral, sino que como se ha indicado son señalamientos de cuestiones tipificadas como del orden mercantil y otras situaciones propias de ésta materia, que no podrían ser objeto de calificación o estimación por parte del Juez laboral. Las pruebas singularizadas que no fueron apreciadas, demuestran de modo evidente y notorio el error de hecho en que incurrió la Corte Recurrida, que la llevó a violar de manera indirecta las normas sustantivas señaladas, a través de las adjetivas también señaladas que sirvieron de medio para tal violación, pues de haber apreciado la prueba hubiera absuelto a la sociedad demandada de pagar las indemnizaciones laborales a las señoras demandantes, por lo que procede se case parcialmente la sentencia por el presente motivo.” V.- Que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También se ha señalado que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador, en lo que respecta al tema vinculado con la actividad personal que realizaban las demandantes, ya que la prueba singularizada que se aduce no fue apreciada, ha sido estimada con el conjunto del material probatorio, arribándose a la conclusión de la existencia de la relación laboral que vinculó a las partes, por lo cual no puede ser estimable el anterior cargo. VI.- Que el Impetrante en el tercer motivo esgrime: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta de los artículos, 114 párrafo Primero y literal f) y 115del Código del Trabajo; en relación con el artículo 117 del mismo Código del Trabajo. Infracción indirecta por error de hecho que provino de la apreciación errónea de la prueba documental e inspección. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Para la violación de las normas sustantivas antes señaladas sirvieron de medio las normas procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA EN FORMA ERRÓNEA. La prueba apreciada en forma errónea es la prueba documental propuesta por la parte demandante consistente en la nota de despido indirecto de fecha 2 de mayo de 2008, que corre a folio 12 de la primera pieza de los autos, y donde se señala como causal de despido indirecto la siguiente: “… Rebaja en el porcentaje de pago de comisiones, cambio de las condiciones de trabajo al aumentar las metas en forma desproporcionada y realizar deducciones no autorizadas por la ley en forma de penalizaciones, …” La causal de Despido Indirecto señalada falta a la obligación de claridad y singularización, debido a que no se establece cuándo existió la supuesta rebaja en el pago de comisiones; cuándo el supuesto cambio de condiciones de trabajo, ni cuando sucedió las deducciones no autorizadas, tampoco establece en qué forma modo o porcentaje fue la supuesta rebaja; no se establece en qué forma o modo se dio el supuesto aumento de metas, no se señalan qué supuestas deducciones ilegales se les hicieron. Y la prueba de inspección propuesta por la parte demandante que fue practicada mediante inspección de fecha 26 de noviembre de 2013cuya acta corre agregada a folios 581 vuelto y 582 de la primera pieza de los autos, donde se practica los numerales 14) y 15) de la Inspección Número Uno (1) propuesto por la parte demandante, constatándose lo siguiente: 14) Constatar cuánto fue el porcentaje pagado a las demandantes en concepto de comisiones en los seis meses anteriores a la notificación del despido indirecto. Y se constató lo siguiente: Para este extremo el señor Joseph Lozano nos mostró un porcentaje –comisiones, sin especificar nombre de los demandantes, el cual manifiesta el analista Lozano que es el porcentaje de las comisiones de los demandantes, y por su extensión se adjunta para ilustración de la señora Juez. 15) Constatar si las comisiones correspondientes al mes de diciembre de 2007y enero de 2008 se pagaron conforme al 0.50% de lo Captado y si a partir de febrero de 2008se rebajó la comisión al 0.30% y al 0.20%. De ser así establecer cuáles fueron las razones para esta disminución. Y se constató lo siguiente: En cuanto a este extremo no se constató con documentación alguna, pero nos manifiesta el señor Lozano, que eso es incorrecto, porque no se pagaba por un solo componente sino por varios, cada uno de los componentes muestra tendencias distintas como puede aumentar, en otros disminuir, pero todo va asociado a un tema de análisis de mercado y rentabilidad del banco y se hace de forma equitativa e incluso para los temas de aumento de porcentaje de comisión, se dieron aumentos en bonos comisionados, cabe destacar que las metas y comisiones siempre fueron variables, nunca fijas. Como señala el Acta de la Audiencia de esta Inspección Número 1 propuesta por la parte demandante se adjuntó la tabla de comisiones de los últimos seis meses antes del despido indirecto, tabla que corre agregada a folios 583 y 584 de la primera pieza de los autos, de noviembre de 2007 a abril de 2008; y, se observa que efectivamente las comisiones están compuestas por una serie de componentes: los componentes por mantenimiento, por crecimiento, por captación nueva, por bonos y otros, además se observa que unos componentes bajan y otros componentes suben en diferentes meses, PERO EN NINGUNO DE ESTOS COMPONENTES SE PASA DEL 0.50% AL 0.30% DE LAS VENTAS.LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: El artículo 117 del Código del Trabajo ordena en forma categórica que la parte que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo, debe señalar en nota de despido la causa o motivo que tuvo para tomar dicha determinación, pues después no podrá alegar válidamente causales o motivos diferentes. La jurisdicción especial del trabajo ha establecido en reiteradas ocasiones que la razón de la carga establecida en el artículo señalado es porque debe existir buena fe entre las partes durante toda la relación de trabajo y pugna con esa buena fe, el hecho de no establecer en forma clara y singularizada las razones del despido, ello para evitar sorpresas al momento del juicio y querer después probar una causal diferente a la causal notificada en la nota de terminación del contrato de trabajo. Al grado de que cuando las notas de despido señalan solamente causales generales, en las que no se señalan días, fechas, cantidades, porcentajes o no se determina concretamente un hecho, debemos entender que no se puede llegar a probar este tipo de causales, pues cualquier prueba de hechos determinados, prueba de cantidades, porcentajes o días significa necesariamente un cambio o variación en la causal de despido alegada por la parte que notificó la terminación del contrato de trabajo, variación en la causal de despido notificada que el artículo del Código del Trabajo transcrito, prohíbe en forma expresa. Las demandantes ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJÍA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA notificaron su despido indirecto mediante nota de fecha 2 de mayo de 2008 en la que señalan como causal del despido indirecto la siguiente: “… Rebaja en el porcentaje de pago de comisiones, cambio de las condiciones de trabajo al aumentar las metas en forma desproporcionada y realizar deducciones no autorizadas por la ley en forma de penalizaciones, …” La causal del despido indirecto notificada por las demandantes es muy general, no establece cuándo ocurrieron los hechos alegados, ni qué porcentajes de las comisiones habrían sido reducido a las demandantes, tampoco señala en qué montos se habría aumentado las metas ni la fecha de estos aumentos; ni la fecha ni monto de las penalizaciones. Claramente se observa que no podría tenerse por probada la causal de despido señalada en la nota de despido indirecto sin que tuviéramos que cambiarla o reformarla agregándole fechas y porcentajes a los hechos generales señalados en la causal del despido indirecto. No obstante lo anterior, la Corte Sentenciadora al analizar la prueba singularizada, tiene por acreditado que el empleador utilizó la acción de reducción de porcentaje de comisión o reducción del salario afirmando que del 0.50% convenido originalmente le bajó a un 0.30% y con la imposición de metas altas de ventas que a toda luz induce o que no sean cumplidas, lo que indujo a las demandantes a dar por terminada la relación laboral por medio del despido indirecto, según se puede leer de los considerandos 10 y 11 de la sentencia recurrida. Es decir, al apreciar la prueba singularizada consistente en la nota de despido y la inspección sobre comisiones, la sentencia recurrida llega a la conclusión de que se estableció como causal de despido la reducción de las comisiones del 0.50% al 0.30% de las ventas y que estos valores fueron probados en la inspección practicada en las oficinas del banco demandado, cuando es notorio y evidente de la lectura de dicha nota de despido que no se señaló ni fecha ni ningún porcentaje de reducción en las comisiones y que ni la nota de despido ni la sentencia recurrida señalan fechas; además, es igualmente evidente del análisis de la inspección que no aparece que se haya reducido ningún componente de las comisiones del 0.50% al 0.30%; sin embargo, el Tribunal Sentenciador estimó como probada y justa la causal de despido notificada en el despido indirecto. El correcto análisis de la prueba singularizada nos lleva a la conclusión de que la nota de despido EN FORMA CLARA Y NOTORIA, SOLO SEÑALA EN FORMA GENÉRICA UNA REDUCCION DE COMISIONES, SIN ESTABLECER ALGUN PORCENTAJE. Igualmente en la inspección para constatar las comisiones, NO APARECE QUE SE HAYA DISMINUIDO ALGUN COMPONENTE DE LAS COMISIONES DEL 0.50% AL 0.30%.Esto salta a la vista y es notorio que demuestra la apreciación errónea en que incurrió la Corte Sentenciadora. Si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado correctamente la prueba antes singularizada y la hubiera relacionado correctamente con el resto de la prueba, habría concluido que el despido es ilegal e injusto, pues no se puede tener por probados situaciones no señaladas en la nota de despido y no existe ningún componente de las comisiones que haya pasado del 0.50% al 0.30%. Las pruebas singularizadas que fueron apreciadas en forma errónea, demuestran de modo evidente y notorio el error de hecho en que incurrió la Corte Recurrida, que la llevó a violar de manera indirecta las normas sustantivas señaladas, a través de las adjetivas también señaladas que sirvieron de medio para tal violación, pues de haber apreciado las pruebas hubiera absuelto a la sociedad demandada de pagar las indemnizaciones laborales alas demandantes, por lo que procede se case la sentencia por el presente motivo.” VII.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, porque aparte de que el Impetrante por un lado realiza extensos alegatos propios de instancia y a su vez enuncia cuestionamientos al fallo impugnado, con base a dos situaciones que se pueden estimar contradictorias, al alegar que la nota de despido indirecto no fue debidamente motivada con el señalamiento expreso de la causal que ha dado lugar a tal determinación, ya que la misma señala“… Rebaja en el porcentaje de pago de comisiones, cambio de las condiciones de trabajo al aumentar las metas en forma desproporcionada y realizar deducciones no autorizadas por la ley en forma de penalizaciones, …”, faltando a la obligación claridad y singularización, pero a la vez pretende cuestionar la apreciación o valoración realizada sobre el contenido de lo expuesto en la misma; por otro, también cabe considerar que la acusación de una sentencia por error de hecho en la apreciación de las pruebas, exige que el juzgador estime la prueba y como resultado de tal operación, dé por demostrado en el juicio un hecho que ella no acredita, o por inexistente un hecho que la prueba establece de modo irrefragable; asimismo, no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciación de medios probatorios, cuando el juzgador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no le adjudica los efectos jurídicos que pretende el recurrente a dichos medios de prueba, por considerarlos ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran. VIII.- Que como cuarto motivo de casación se expone: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Interpretación Errónea del artículo 867 del Código del Trabajo; en relación con los artículos 117 y 865 del mismo cuerpo de leyes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: La Corte Sentenciadora establece en la sentencia de forma contradictoria en su considerando 7, que el defecto procesal de prescripción se formulo indebidamente al invocar que los demandantes dejaron de utilizar los dos meses que les confiere la ley…, y por otra parte, expresa que el artículo 867 del Código de Trabajo se refiere a derechos y acciones que no se originen del contrato de trabajo; pero el caso que nos ocupa se refiere al cambio de condiciones y forma de pago en la relación laboral, en consecuencia es improcedente la prescripción…; lo cual es una interpretación equivoca ya que el argumento de defensa y hecho controvertido es que no son empleadas, por lo tanto no existe relación laboral. La interpretación errónea mediante el pronunciamiento emitido constituye en el análisis del cargo que nos ocupa un prejuzgamiento de fondo. Dicha contradicción y que constituye el argumento de la interpretación errónea de la norma sustantiva indicada como violada se profundiza aun mas en la consideración 8 del fallo impugnado donde define el punto controvertido, errando en la interpretación del texto normativo, cuando lo correcto seria interpretar debidamente la norma estableciendo que la situación jurídica demandada, que no se origina de un contrato de trabajo, debió formularse en el término que la ley establece, y no haciéndolo así, es procedente la prescripción del derecho reclamado. Tan es así que las demandantes notificaron su despido indirecto y por ende la terminación de la supuesta relación de trabajo, sin cumplir lo estipulado en el artículo 117 del Código del Trabajo que establece: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato de trabajo es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.” Y aun cuando no se establece con claridad la causal, la corte sentenciadora aduce que el caso que nos ocupa se refiere al cambio de condiciones y forma de pago en la relación laboral, en consecuencia es improcedente la prescripción; pero no le da el correcto sentido a la norma citada como violada, la interpreta en forma equivocada, entendiendo en primer término que las acciones se originan de un contrato de trabajo cuando no es así; y en segundo, que aun después de haber notificado una causal de despido indirecto, se puede alegar causales de despido distintas a las notificadas en la nota de despido, violentando lo dispuesto en el artículo relacionado 117 del Código del Trabajo vigente; Así, la Corte Recurrida señala que el despido indirecto se provoca, con el cambio de condiciones del contrato original, consecuentemente que la pretensión fue formulada en tiempo y forma, de modo que la Corte Sentenciadora interpreta erróneamente la disposición sustantiva citada como violada, dándole un alcance distinto. La correcta interpretación de las norma sustantiva señalada en relación con el artículo 117 del Código del Trabajo es que las circunstancias objeto de la demanda no son originadas de un contrato de índole laboral y que la parte que notificó la terminación del contrato de trabajo debe señalar clara y concretamente la causal que le motivó a tomar esa determinación y no pude después alegar válidamente causales o motivos distintos. Si la Corte Sentenciadora hubiera interpretado correctamente la norma señalada, habría concluido que la terminación del contrato conforme a la causal del despido indirecto señala solamente hechos generales y aunque la situación jurídica reconocida en la sentencia que se impugna establece porcentajes de comisiones, estos implican necesariamente un cambio en la causal de despido lo que no permite la ley, por lo que hubiera declarado sin lugar la demanda y absuelto a la parte demandada de lo reclamado en la demanda, pero la incorrecta interpretación que la Corte Recurrida de la norma sustantiva en relación con las otras normas señaladas demuestra la violación en que incurrió al dictar una sentencia condenatoria, en adición, el emplazamiento debe realizarse en el momento oportuno antes de que trascurra el término de prescripción conforme los artículos 865 y 867 del Código del Trabajo Vigente, por lo que procede se admita el presente motivo y se case parcialmente la sentencia recurrida.” IX. Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) cita como violado, el artículo 867 del Código del Trabajo, el cual es una disposición que cuenta con dos párrafos, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige su ataque; y, b) al igual que en el primer motivo, en su explicación lo que cuestiona no es propiamente la interpretación realizada de la referida disposición señalada como infringida, sino más bien del artículo 117 del mismo texto legal, la cual fue invocada como relacionada, lo cual lo vuelve confuso. X.- Que en el quinto y último motivo se invoca: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por Aplicación Indebida de los artículos 113 párrafo primero interpretado, 114 párrafo Primero y literal f), 115 párrafo segundo, 116 párrafo primero y literal e), 120 párrafo primero y literal c) del Código del Trabajo; en relación con los artículos 115 y 117 del mismo cuerpo de leyes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o. párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: Las demandantes ANA CRISTINA TORRES LICONA, PAULA ALVARADO MEJÍA y LESLY ISELDA CADALSO MONCADA manifiestan que notificaron su despido indirecto(no despido directo que regula el artículo 113 párrafo primero interpretado del código de Trabajo Vigente) y por ende la terminación de la supuesta relación de trabajo, sin embargo, el artículo 117 del Código del Trabajo establece que: “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato de trabajo es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.” (Lo subrayado es nuestro). La Corte Sentenciadora establece en la sentencia recurrida lo siguiente: “El despido indirecto se provoca, con el cambio de condiciones del contrato original, mediante las nuevas normas del empleador utiliza la acción de reducción de porcentaje de comisión o reducción del salario es decir que del 0.50% convenida originalmente le bajó un 0.30% y con la imposición de metas altas de ventas que a toda luz induce o que no sean cumplidas y en consecuencia de efecto a dejar el trabajo por parte del trabajador.” Asimismo establece: “ 1) Que si existió una relación laboral entre el empleador y las trabajadoras demandantes, relación que fue normal y armoniosa en los primeros años; pero que terminó por decisión del empleador al ofrecerles a las demandantes el pago de cesantía anual con salario base Lps.4,000.00, lo que representa en una clara percepción de ofensas pues esa cantidad no se equipara siquiera con el salario mínimo y agregado a ello la reducción del pago del salario por comisión al ofrecer el 0.30% por monto vendido de valores, lo que indujo a las demandantes a dar por terminada la relación laboral por medio del despido indirecto.” La Corte Recurrida fundamentó su sentencia en los artículos 113 párrafo primero interpretado, 114 párrafo Primero y literal f), 115 párrafo segundo, 116 párrafo primero y literal e), 120 párrafo primero y literal c) del Código del Trabajo, sin que estos regularan la situación jurídica debatida, siendo los correctos los artículos 115 y 117 del Código del Trabajo; ya que la demanda formula una pretensión por despido indirecto y el argumento de defensa es que las demandantes no son empleadas; pero por otra parte también aplica indebidamente las normas sustantivas citadas como violadas al pretender se concedan derechos como si fuesen empleadas y entendiendo que aun después de haber notificado una causal de despido indirecto, se puede alegar causales de despido distintas a las notificadas en la nota de despido, violentando lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo vigente ( que la parte que notificó la terminación del contrato de trabajo debe señalar clara y concretamente la causal que le motivó a tomar esa determinación y no pude después alegar válidamente causales o motivos distintos). Así, la Corte Recurrida señala que el despido indirecto se provoca, con el cambio de condiciones del contrato original, de modo que la Corte Sentenciadora aplica indebidamente las disposiciones sustantivas citadas y deja de aplicar las pertinentes. Si la Corte Sentenciadora hubiera aplicado correctamente las normas señaladas (artículo 115 y 117 del Código de Trabajo Vigente), habría concluido que la terminación del contrato conforme a la causal del despido indirecto señala solamente hechos generales y aunque la situación jurídica reconocida en la sentencia que se impugna establece porcentajes de comisiones, estos implican necesariamente un cambio en la causal de despido lo que no permite la ley, por lo que hubiera declarado sin lugar la demanda y absuelto a la parte demandada de lo reclamado en la demanda, pero la incorrecta aplicación que la Corte Recurrida hizo de las normas sustantiva en relación con las otras normas señaladas demuestra la violación en que incurrió al dictar una sentencia condenatoria. De lo anterior se observa que la situación jurídica que la sentencia recurrida establece es que las demandantes eran empleadas del banco demandado y que notificaron su despido indirecto debido a que su empleador les redujo su salario al disminuir el porcentaje de comisión del 0.50% al 0.30% del monto vendido en valores, por lo que se configuró la causal de despido indirecto señalada en el artículo 114 literal f) del Código del Trabajo que establece como causal de Despido Indirecto el no pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley. Y como consecuencia la sentencia declara con lugar la demanda y condena a la institución bancaria demandada a pagarles a las demandantes las indemnizaciones y prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir. Si la Corte Sentenciadora hubiera aplicado la norma indicada, articulo 117 del Código de Trabajo habría concluido que la causal del despido indirecto señala solamente hechos generales y aunque la situación jurídica reconocida en la sentencia establece porcentajes de comisiones, estos implican necesariamente un cambio en la causal de despido lo que no permite la ley, por lo que hubiera declarado sin lugar la demanda y absuelto a la parte demandada de lo reclamado en la demanda, pero la incorrecta interpretación que la Corte Recurrida da a las normas sustantivas en relación con las otras normas señaladas demuestra la violación en que incurrió al dictar una sentencia condenatoria, por lo que procede se admita el presente motivo y se case parcialmente la sentencia recurrida.” XI.- La doctrina sostiene que la aplicación indebida de la norma se presenta cuando se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente acreditado en el proceso no lo regula, sino otra diferente, sin que medien errores de hecho o de derecho, excluyendo por ello cualquier cuestión fáctica y probatoria, defecto en que incurre el Censor del fallo al vincular en su explicación del cargo, el tema de la justificación o no del despido indirecto, así como las valoraciones probatorias que sobre tal cuestión realizara el ad-quem; en adición, si bien es cierto el artículo 113 del Código del Trabajo, norma que entre otras es señalada como infringida, no resulta aplicable al caso, su simple cita en el fallo obedece más a una cuestión de un lapsus calami del Tribunal de Apelación, que a una aplicación efectiva de su parte en la sentencia. Finalmente, es confuso que se sostenga que el artículo 115 del mismo cuerpo legal, haya sido aplicado indebidamente y a su vez que dicha disposición debió ser aplicada, por todo ello el motivo resulta inadmisible. XII.- Que también el Recurrente pide la nulidad de la sentencia recurrida, basado en lo siguiente: “La sentencia recurrida fue dictada en fecha 24 de noviembre de 2015 y en su parte resolutiva se estableció después de declarar con lugar el Recurso de Apelación, REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, REVOCANDO los numerales II y III de la parte resolutiva de la sentencia apelada; Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto, pago de salarios adeudados, pago de comisiones adeudadas y pago de salarios dejados de percibir a título de indemnización de daños y perjuicios, vacaciones causadas y proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales.- Costas del juicio; y CONDENAR a las sociedades demandadas apagarle a las demandantes: Las prestaciones e indemnizaciones laborales que les corresponden, salarios adeudados, las comisiones adeudadas, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, hasta que sea firme la sentencia, vacaciones causadas y proporcionales, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, Costas del Juicio, derechos que deben ser liquidados conforme al salario real promedio al momento procesal de la ejecución de la sentencia. Esta sentencia fue dictada con el Voto Disidente del Magistrado VILLALOBOS GALO y además con el Voto Particular de la Magistrada KAFFATY ALVARADO; es decir, el contenido de esta sentencia sólo era la posición del Magistrado Ponente OCAMPO OROZCO sobre el asunto sometido a conocimiento de la Corte de Apelaciones del Trabajo. Las Cortes de Apelaciones están integradas por tres (3) magistrados, y para que se tome válidamente un acuerdo se necesita unanimidad o al menos mayoría de los votos, que se da cuando dos magistrados votan en un sentido y el tercero vota en un sentido diferente, denominándose a este último “Magistrado Disidente”. En este caso el Magistrado disidente puede razonar su voto a través de un “Voto Particular”. Sin embargo, en el caso que nos ocupa cada magistrado tenía una posición diferente, existieron tres posiciones diferentes: la del magistrado ponente, la del magistrado disidente y la de la magistrada que emitió un Voto Particular. EN ESTOS CASOS NO HAY ACUERDO Y NO PUEDE HABER SENTENCIA. Lo que existe es una “DISCORDIA”, figura que es regulada por el artículo 189 del Código Procesal Civil que establece: “Artículo 189.-Discordias. 1. Cuando en la votación de una resolución no resultare mayoría de votos sobre cualquiera de los pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los votantes. 2. Si no se obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante celebración de nueva audiencia, concurriendo los magistrados que hubieran asistido a la primera, aumentándose dos (2) más, si hubiese sido impar el número de los discordantes, y tres (3) en el caso de haber sido par. 3. El Tribunal hará el señalamiento de discordia y las designaciones oportunas. 4. Cuando en la votación de una resolución en la forma prevista en el segundo numeral de este Artículo, no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo sólo a ésta los dos (2) pareceres que hayan obtenido mayor número de votos en la precedente.” Pero al existir una “Discordia” nunca pudo haber existido una sentencia, razón por la cual dicha sentencia es nula y debe ser declarada así pues es claro que se violentó el procedimiento y se violentó el derecho de defensa de la parte demandada, pues se le condenó sin haber habido una decisión válida al no haber habido ni mayoría, ni unanimidad en las decisiones de los magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo, configurándose la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 212 del Código Procesal Civil. Reiterando que se violentó el derecho de defensa cuando se condena sin existir acuerdo en la votación del asunto por los magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial. Queriendo solventar el problema, la Corte de Apelaciones del Trabajo mediante Auto de fecha 26 de noviembre de 2015 “De Oficio” “RECTIFICA” con base en el artículo 205 del Código de Procesal Civil y resuelve lo siguiente: “… Asimismo de OFICIO este Tribunal procede a RECTIFICAR el inciso b) del numeral II de dicha sentencia en el sentido de desglosar los conceptos que constituyen las pretensiones de las demandantes en la forma siguiente: “a)….- b) CONDENAR a BANCO UNO, S.A., y en forma solidaria a las Sociedades Mercantiles CITY BANK y BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS, S.A., actualmente CITIBANK, S.A., por intermedio de su representante legal el señor RENE MARTIN BECERRA BANEGAS a pagarles a las demandantes lo siguiente: ANA CRISTINA TORRES la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (Lps. 4,455,624.18) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 354,763.78; Auxilio de Cesantía Lps. 2,305,964.57; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 163,605.24; Vacaciones Lps. 236,509.20; Vacaciones Proporcionales Lps. 109,030.74; Aguinaldo Lps. 283,811.00; Aguinaldo Proporcional Lps. 48,105.93; Décimo Cuarto Mes Lps. 283,811.00; Décimo Cuatro Mes Proporcional Lps. 119,058.63 y Bonificación por Comisiones Lps. 550,964.18; PAULA ALVARADO MEJÍA la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 2,792,954.98) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 240,804.08; Auxilio de Cesantía Lps. 1,565,226.52; Vacaciones Lps. 160,536.00; Aguinaldo Lps. 192,643.00; Aguinaldo Proporcional Lps. 32,653.02; Décimo Cuarto Mes Lps. 192,643.00; Décimo Cuatro Mes Proporcional Lps. 80,813.82 y Bonificación por Comisiones Lps. 327,635.54 y LESLY ISELDA CADALSO la cantidad de UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS(LPS. 1,774,627.32) por los siguientes conceptos: Preaviso Lps. 195,771.60; Auxilio de Cesantía Lps. 783,086.40; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,264.69; Vacaciones Lps. 130,514.40; Vacaciones Proporcionales Lps. 4,176.46; Aguinaldo Lps. 156,617.00; Aguinaldo Proporcional Lps. 26,546.65; Décimo Cuarto Mes Lps. 156,617.00; Décimo Cuatro Mes Proporcional Lps. 65,701.00 y Bonificación por Comisiones Lps. 249,332.12…en cuanto a los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios serán calculados para cada una de las tres demandantes sobre la base del salario que tenían al momento del despido indirecto”. De esta forma se deja por aclarada las observaciones hechas a petición de partes y por rectificada de oficio el contenido total del literal b)del numeral II de la parte resolutiva de la sentencia definitiva de fecha 24 de noviembre de 2015 dictada por esta Corte de Apelaciones del Trabajo, dejando válidos y subsistentes los demás numerales de la partes resolutiva de la misma.- MANDA: …” Con ello se intenta subsanar las deficiencias de la sentencia señaladas en el Voto Particular emitido por la Magistrada KAFFATY ALVARADO. Sin embargo, el Código Procesal Civil NO PERMITE RECTIFICAR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE YA HUBIERE HABIDO PRONUNCIAMIENTOS SOBRE TODAS LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS POR LAS PARTES, de modo que la RECTIFICACIÓN que hace la Corte de Apelaciones también es nula. El artículo 205.2 del Código Procesal Civil, permite rectificar las sentencias solamente en el caso de que haya una omisión manifiesta de pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, pero la sentencia del 24 de noviembre del 2015sí se pronuncia sobre todas y cada una de las pretensiones de las partes oportunamente deducidas en el proceso. Lo que hace la sentencia del 24 de noviembre de 2015 es señalar que los derechos reclamados deben ser liquidados conforme al salario real promedio al momento procesal de la ejecución de la sentencia en lugar de establecer en forma clara las cantidades de dinero determinadas a que ascendía los conceptos reclamados. Pero sí existió un pronunciamiento sobre todas y cada una de las pretensiones oportunamente deducidas, pues todas fueron declaradas con lugar en dicha sentencia. Habiendo habido pronunciamiento sobre todas las pretensiones oportunamente formuladas, no se puede utilizar la figura de la RECTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA con objeto de subsanar una DISCORDIA en la decisión de un asunto por los magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo, ya que el procedimiento que la ley establece es el señalado en el artículo 189 del Código Procesal Civil a que nos hemos referido antes, demostrándose una vez más la violación al procedimiento con indefensión de la parte demandada quien es condenada sin haber un acuerdo entre los magistrados de la Corte recurrida, por lo que procede que se anule la sentencia y sea nuevamente dictada conforme al procedimiento de la DISCORDIA que señala la ley. Finalmente se violenta el principio de Congruencia que debe prevalecer en los fallos judiciales al no resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas, ya que conforme al considerando 6 de la sentencia recurrida la Corte sentenciadora establece: ¨que termina la relación laboral conforme una de las causales señaladas en el artículo 115 del Código del Trabajo, surte efectos desde que el trabajador comunique al patrono, pero este goza de emplazarlo ante los tribunales de Trabajo antes que transcurra el término de prescripción, si el patrono no prueba la pretensión alegada contra el trabajador, debe pagar al trabajador las indemnizaciones laborales que puedan corresponderle; y a titulo de daños y perjuicios, es decir los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha de la ejecución de la sentencia´; aduciendo en consecuencia que es la parte demandada la que debe probar, invirtiendo la carga de la prueba, cuando mi representada alego que no son empleadas, en ningún momento se estableció abandono de trabajo, para que la figura de la inversión mencionada pudiese figurar en el caso que nos ocupa; esta suficientemente claro que la pretensión de las demandantes es por supuesto despido indirecto, por lo que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante. Circunstancia ésta que al encontrarse en el fallo impugnado emitido por la Corte de Apelaciones, es este el momento procesal oportuno para impugnar, solicitando su nulidad en virtud de haberse violado normas de orden procesal de ineludible cumplimiento, es decir han violentado el debido proceso y por ende el derecho de defensa y principio de legalidad, que debe ser amparado mediante la restitución de las actuaciones al momento que se cometió la infracción y que las mismas sean emitidas con la debida congruencia.” XIII.- La petición de nulidad no procede, ya que por un lado, al revisarse la sentencia impugnada, no se advierte la existencia de una “discordia” entre los magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección judicial que profirieron el fallo recurrido, ya que si bien es cierto, uno de ellos emitió su voto disidente al resto de la mayoría, lo cual básicamente es el ejercicio de la independencia de cada uno de los magistrados de un tribunal colegiado, sin embargo, no consta el otro voto particular a que se hace referencia; por otro, no se estima que se haya violentado el debido proceso, por ende el derecho de defensa y principio de legalidad como sostiene el Impetrante, porque dicho Tribunal haya rectificado de oficio la sentencia y expresara los conceptos y montos de la condena, ya que ello se encuentra en armonía con los principios que rigen el proceso laboral, entre ellos los de oficiosidad y economía procesal, más al contrario, al revocar esa parte de la misma, era su obligación determinarlos, como efectivamente así lo hizo. Además, sobre el tema de congruencia a que se alude por la inversión de la carga de la prueba, el Censor del fallo ha podido hacer uso de las causales o motivos del recurso, para atacar el mismo. Si bien es cierto, la sentencia que se conoce en este recurso, puede señalársele que contenga algunos defectos de forma, como es el caso de haber incluido en su parte resolutiva, disposiciones jurídicas que no tienen que ver con el asunto debatido, como ser los artículos 40, 47, 112 y 113 del Código del Trabajo, igual se indica que se reforma la sentencia del a quo del 5 de junio del 2015, cuando la misma es del 17 de septiembre del mismo año, así como el haber condenado a la demandada omitiendo los conceptos y valores correspondientes, los mismos fueron subsanados posteriormente mediante la resolución del 26 de noviembre del 2015, visible a folios 19 y 20 de la segunda pieza, además los mismos no gravitan negativamente en la decisión que resuelve el conflicto laboral entre las partes y resultaría inoficioso anular tal determinación, aunque ese Tribunal debe quedar advertido de que debe ser más cuidadoso en ese tipo de actuaciones. XIV.- En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. XV.- Por otra parte, se debe recordar que en la materia laboral, se informa y se nutre de principios generales que obligan tutelar las relaciones y contratos de trabajo, conforme lo previenen los artículos 128 numeral 15) y 135 de la Constitución de la República, en armonía al carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la referida Constitución y 3 del Código del Trabajo. Además, el juzgador en esta materia, esta facultado para tomar en consideración el actuar de las partes, ya que las mismas se encuentran obligadas a comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, lo cual envuelve estimar su buena fe y conducta, por situaciones que configuren algún abuso de derecho o lo que comúnmente se denomina como simulación o fraude laboral, por lo que tampoco es aceptable que un patrono como medio de defensa sostenga la no existencia de la relación laboral y al mismo tiempo argumente que la notificación del despido indirecto, que dio fin a la misma, no haya respetado la normativa laboral. XVI.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cinco motivos de casación, así como declarar sin lugar la petición de nulidad de la sentencia impugnada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral
- de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cinco motivos. 2) SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la sentencia impugnada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de febrero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 06-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO