Sentencia CL-87-14 — Registro 4430
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, se declare la relación de trabajo permanente y por tiempo indefinido; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Al prescindirse por completo de los requisitos antes señalados entre ellos, el alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de marzo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de abril del dos mil catorce, por la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, se declare la relación de trabajo permanente y por tiempo indefinido, caso contrario se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha siete de diciembre de dos mil doce, por la señora HEIDY ELIZABETH RUBIO MONTALVAN, mayor de edad, Licenciada en Comercio Internacional, casada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha dos de diciembre del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán y que en su parte conducente declara con lugar la Demanda Ordinaria Laboral y condena al Estado de Honduras a pagar a la trabajadora HEYDY ELIZABETH RUBIO MONTALVAN la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.55,240.04) por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas en esta instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó que inició su relación laboral en fecha 26 de agosto del año 2010 contratada por la Secretaria de Educación en la dependencia de Servicios Administrativos y Contables, asignada a la Unidad de Cooperación Externa, en el cargo de asistente técnico devengando un salario mensual de L.8,000.00. Posteriormente fue despedida mediante oficio número 531-DICE-2012 del 12 de septiembre del año 2012, en el cual le expresan que su contrato no sería renovado. El despido es ilegal e injusto en vista de no haber cometido ninguna falta para dar por finalizada la relación de trabajo en base al articulo 212 del Código del Trabajo, además dice no haber sido citada a una audiencia de descargo violándole con ello el derecho de defensa y estabilidad laboral.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda manifestando que la parte actora fue contratada a través de contratos administrativos de servicios profesionales, los cuales tenían una fecha de inicio y de finalización, por lo tanto cuando surjan controversias quien debe de conocer son los Tribunales de lo Contencioso Administrativo; agregando que nunca existió una relación laboral por tiempo indeterminado, ya que fue nombrada como Técnico de Cooperación Externa y ella nunca manifestó su oposición a la celebración de estos contratos, en consecuencia el acto de notificarle la terminación de la fecha de su contratación y la no renovación del mismo es conforme a derecho.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dos de diciembre del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la Demanda Ordinaria Laboral y condena al Estado de Honduras a pagar a la trabajadora HEYDY ELIZABETH RUBIO MONTALVAN la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.55,240.04) por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas en esta instancia; bajo el criterio que la forma de contratación a través de la cual fue contratada la demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que para este Juzgado es imposible creer que las labores desempeñadas por la demandante y descritas en cada uno de los contratos, requirieran de altos conocimientos universitarios que no pudieran ser desempeñados por ningún otro profesional de la Secretaría de Estado; y aunque la plaza que ocupaba era la de asistente técnico, haciendo una lectura de las obligaciones asignadas, no eran de tal especialidad que requiriera poseer grandes conocimientos técnicos, por lo cual la contratación a la cual fue sometida la demandante fue un fraude ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo por el cual la demandante desarrolló labores de manera continua, y por esta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el articulo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la sentencia definitiva venida en apelación, SIN COSTAS; bajo el criterio que la parte actora inició la relación laboral en forma continua a partir del 26 de agosto del año 2010, que si bien es cierto en los contratos se establece fecha de inicio y fecha de finalización, sin embargo los mismos no pueden ser considerados por ese Tribunal como contratos de trabajo por tiempo determinado,
en primer lugar porque el cargo que desempeñaba la demandante era para laborar como técnico en cooperación externa, siendo sus obligaciones identificar países amigos que puedan brindar cooperación sobre la base de las necesidades identificadas en proyectos y cualquier otra función que le asigne su jefe inmediato y conforme se ha establecido en forma reiterada, que los contratos de servicios profesionales deben de ser celebrados por aquellos profesionales, que ejerzan su intelecto, siendo totalmente independientes y liberales en su trabajo y son excepcionales porque requiere que un trabajo sea realizado por una persona con conocimientos especiales, profesionales o técnicos y que no cuentan con personal permanente que lo pueda desempeñar, además en los contratos de servicios profesionales se toma en consideración los resultados del trabajo o la actividad ejecutada y no tienen un horario establecido y generalmente no existe subordinación o dependencia, precisamente porque es un trabajo técnico; además se constató que la parte demandada no acreditó que el puesto que desempeñaba la demandante ya no se sigue realizando dentro de la institución demandada.- 5. Que mediante auto de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero de dos mil catorce y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6. Que en fecha veintiuno de abril del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en su condición de apoderado de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el caso sub júdice, la Impetrante omite consignar los capítulos relacionados con la indicación de la sentencia impugnada, la designación de las partes y la declaración del alcance de su impugnación, requisitos exigidos en el articulo 769 del Código del Trabajo, olvidando que este recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que en forma expresa no hayan sido sometidas al conocimiento del Tribunal Casatorio.- III. Al prescindirse por completo de los requisitos antes señalados entre ellos, el alcance de la impugnación, la demanda casacional se muestra carente de parte petitoria y como resultado de dicha exclusión, esta Corte de Casación se ve imposibilitada para orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. Este defecto técnico vuelve ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de abril del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 87-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL