Sentencia CL-77-14 — Registro 4641
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Pero es el caso que los cargos que anteceden resultan inadmisibles debido a que en ambos se incurre en el mismo defecto técnico de invocar dos formas de violar la ley al indicarse la infracción directa (modo directo de violar la ley) y los errores de derecho y de hecho (violación indirecta). Al respecto resulta pertinente recordar al impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- IV.- También recuerda este Tribunal el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierran los dos motivos expuestos"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de abril de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual absolvió al señor N. O. A. B., como autor del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, en perjuicio del PATRIMONIO DEL ESTADO DE HONDURAS.- SON PARTES: El Abogado S. C. A., en representación del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado M. A. L. E., Apoderado Defensor del acusado N. O. A. B., como parte recurrida. CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma es admisible en tanto que reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que ahora debemos pronunciarnos sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- “HECHOS PROBADOS.- Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: El señor N. O. A. B., se desempeñó en los cargos de consultor en el componente de Fortalecimiento de la eficiencia del sector Justicia BID-Corte Suprema de Justicia, Director de Planificación, Presupuesto y Financiamiento de la Contraloría General de la República, durante el período comprendido del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete al veinte de septiembre del dos mil dos”. III.- El recurrente, Abogado J. C. S. V., formalizó su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362.numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Será de utilidad para la mayor comprensión del presente recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la valoración de la prueba en un proceso penal. Según el Artículo 202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y con arreglo a la sana crítica, obligatoriedad que también se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. Este sistema de valoración, que implementa la reforma procesal penal, le permite al sentenciador cierta libertad en su estimación de pruebas que determinen su convencimiento, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados. En el presente proceso con la finalidad de acreditar los hechos se desarrollaron, como prueba testimonial de cargo, las siguientes declaraciones de: L. L. O., quien es auditora del Tribunal Superior de Cuenta y determinó, después de elaborar los estudios pertinentes, que el imputado gozaba de un patrimonio superior a lo que le permitía los ingresos que percibía, haciendo la salvedad que en la realización de su labor no contó con la colaboración del imputado; y, la declaración de R. C. L., Sub Director del departamento de Asesoría Legal del Tribunal Superior de Cuenta, quien emitió dictamen legal en el cual subsistía, en menor cantidad en comparación al monto inicial, la presencia de un patrimonio del imputado que no correspondía a sus ingresos, ya en este momento procedimental se recibieron descargos por parte del imputado, pero los mismos no resultaron idóneos para desvirtuar las imputaciones de acrecentamiento de su patrimonio; asimismo se allegó el Acuerdo de Nombramiento del Imputado y la resolución administrativa que precisa el enriquecimiento injustificado del imputado. De dichas declaraciones y los documentos referidos el sentenciador no logró extraer la base probatoria necesaria para fundamentar la responsabilidad del imputado en el delito por el cual se le acusó, decir porqué resumiendo lo que expuso al efecto en la valoración probatoria, infringiendo de esta forma las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de la Razón Suficiente, en sus apartados de concordancia, veracidad y suficiencia, ya que si se hubiese analizado toda la prueba en conjunto se hubiera determinado que efectivamente el señor N. O. Á. B. es responsable del delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio del Patrimonio de Estado de Honduras. La señora L. L. O. ha declarado, en el transcurso del presente proceso, que en su condición de Auditora del departamento de Investigación y Verificación del Tribunal Superior de Cuentas se le asignó la investigación correspondiente a determinar si el imputado Á. B. presentaba algún incremento en su patrimonio que no correspondiese a sus ingresos, que en dicha labor pidió información a las instituciones bancarias, a la institución donde laboró el investigado, así como a empresas que se relacionen, además se considera los sueldos que la compañera conyugal del imputado había percibido, con esos resultados se le pide información al investigado, en el presente asunto, refiere la testigo, que le faltó colaboración de parte del señor N. O. Á. B.; refiere que la conclusión de la auditoría reflejaba que el patrimonio del señor Á. había sufrido un incremento que no era acorde con sus ingresos. De la presente declaración podemos extraer la realización de una auditoría en la que se determinó la existencia de un incremento patrimonial del señor Á., por otro lado, que el procesado, si bien no brinda una colaboración satisfactoria, si presta la misma en algún grado, por lo menos entra en conocimiento de las investigaciones a las que se está haciendo sujeto. Que si bien la testigo indicó que no había contado con la total colaboración del imputado, no es menos cierto que su labor es extensa y lo que se le critica es la posible omisión en la estimación de un ingreso del procesado en concepto de alquiler de una vivienda; a ese respecto debemos de indicar que el imputado tenía conocimiento de la realización de la investigación, que partiendo de ese conocimiento lograba entender que su principal descargo era el esclarecimiento, por su parte, de todos sus ingresos, así que se presenta como una máxima de la experiencia el hecho de que el indiciado debió haber señalado ese ingreso en los primeros momentos del procedimiento administrativo de investigación y no hasta tiempo después, lo que provoca que, desde una perspectiva objetiva, dicha actitud pueda interpretarse como que responde a un ánimo de justificar el incremento en su patrimonio, que tiene más apariencia de haber sido manipulada para encajar fácilmente en la justificación, en tanto que la realiza con posterioridad ha conocer el monto que se le imputa en el incremento irregular, lo que le permitía realizar las operaciones necesarias para cuadrar en la auditoría a la que era sujeto. El juzgador, en tanto que desprecia una máxima de la experiencia, que sugiere que el señalado como responsable de un hecho ilegal, desde los primeros momentos hará el señalamiento de todas las pruebas que lo puedan exculpar, en este caso específico, indicar cuales son todos sus ingresos, ha incurrido en una violación a las reglas de la sana crítica, que impone la revisión casacional del fallo impugnado. Por otro lado, el Tribunal Sentenciador no logra extraer de la declaración testifical examinada lo atinente al aspecto de que el imputado si prestó colaboración, tal vez podemos llamarla mínima, pero la prestó, lo que indiscutiblemente nos acondiciona el escenario necesario para determinar que tenía conocimiento de los hechos que se investigaban y que en consecuencia lo que posteriormente indicó como ingreso solo constituye una reacción defensiva para justificar el monto que, para el momento en que ésta se produce, ya conocía, a diferencia del momento inicial en el que desconocía el monto de lo incrementado en su patrimonio. El otro testigo R. C. L., quien como Sub Director del departamento de Asesoría Legal del Tribunal Superior de Cuentas emitió dos dictámenes que determinaban administrativamente la responsabilidad del imputado en tanto que de la auditoría de sus bienes se determinó un enriquecimiento ilícito, precisa que el segundo de los dictámenes lo emite en virtud de impugnación administrativa planteada por el procesado en contra de la resolución del Tribunal Superior de Cuenta que indicaba el enriquecimiento del indiciado. Agrega el deponente que para la emisión de este dictamen se han establecido, para su estimación por el ente administrativo, los argumentos que refieren a los montos que el procesado percibía en concepto de alquiler de una vivienda, pero que los mismos fueron descartados en virtud de que el contrato de alquiler es suscrito con la hermana de procesado, refiere que el personal del Tribunal Superior de Cuenta no tiene intenciones de perjudicar a nadie, sino que se limitan a los resultados técnicos del estudio. Los dichos en este testimonio son los que nos dibujan plenamente el escenario de actuación en cuanto a la que actitud del procesado; observemos bien, como lo hemos resaltado, que al inició del proceso el imputado no proporciona todas las pruebas que podrían exculparlo, pero es cuando ya conoce el monto en el que se incrementa indebidamente su capital que aparece con los argumentos que lo justifican. De lo antes expuestos se determina que el Juzgador con su proceso de valoración intelectiva ha quebrantado no solo las máximas de la experiencia común, sino también el principio de derivación en lo atinente a la Razón Suficiente, pues con el andamiaje probatorio de cargo allegado al juicio se contó con un base fáctica concordante, ya que con las declaraciones testificales y la prueba pericial quedará acreditado la práctica de experticias contables a través de las cuales se concluyó científicamente el incremento injustificado del patrimonio del acusado. Igualmente se vulneró el apartado de veracidad, ésto debido a que la probanza fue propuesta en legal y debida forma y de su contenido se desprende que efectivamente el enjuiciado incurrió en el delito de Enriquecimiento Ilícito, y finalmente se violó el apartado de razón suficiente ya que la plataforma fáctica de cargo si resulta suficiente para determinar la existencia de responsabilidad penal del acusado en el delito a él imputado. Nos permitiremos hacer una breve referencia a las pruebas de descargo. En lo que respecta a la deposición de la señora L. J. Á. B., la misma declara que alquila uno de los inmuebles propiedad del señor N. O. Á. B. e indica cuales han sido las diferentes cantidades por las que se realizó el arrendamiento en diferentes épocas, aquí habrá que resaltar el parentesco, son hermanos, la situación nos deja con un menoscabo en la credibilidad del testigo en tanto que se ve afecta su imparcialidad y como consecuencia no amerita una credibilidad ciega a su dicho sin otras corroboraciones, porque de hacerla así se infringe la lógica en tanto que se estaría omitiendo extraer de la declaración elementos que le restan credibilidad. También existen, como pruebas de descargo, las declaraciones de los señores F. B. C. y J. A. C. B., quienes son vecinos del inmueble que se señala como arrendado, los mismos sostienen tener conocimiento del alquiler de la casa en referencia, esta situación se muestra un tanto complicada, ya que si bien ellos pueden sostener con total conocimiento que la hermana del imputado vivía en aquel inmueble, no pueden tener esa certeza respecto a la suscripción y aún el pago de un alquiler, ya que evidentemente esos temas, por experiencia común, no son publicitados, además de esas declaraciones lo único que se puede colegir es que la hermana vivía en aquel inmueble y podemos observar que es un proceso mental sin fundamento el que lleva a los testigos a creer en la existencia un arrendamiento. A ese respecto también se presentaron contratos de arrendamientos, de tres periodos de tiempos distinto en cuanto al monto que se cancelaba, pero sucede que también aparece un contrato que condensa esos tres periodos, lo cual es extremadamente inusual y lo que sugiere un excesivo ánimo de justificar la conducta imputada, lo que le resta credibilidad a los mismos, sin obviar que no existen elementos que configuren un respaldo de credibilidad para dichos documentos, como debiera existir por ejemplo las inscripciones de esos contratos. Respecto a los sueldos que devenga la esposa del procesado, con los que se pretende acreditar una parte del incremento patrimonial, los mismos no han sido debidamente acreditados en el proceso, ya que tampoco se presenta documentación de soporte, como horarios de trabajo, cheques de pago, retenciones de planilla, etcétera, lo que vuelve la pretensión muy escueta y, como lo hemos venido diciendo, la evidencia como una reacción para justificar la imputación. En lo que atañe a la auditoría realizada por V. D. R. K., debemos de repetir que el mismo se ha basado en elementos dudosos que como repercusión lo llevan a arrojar conclusiones dudosas Y que por lo tanto debe de ser desechado. Resaltemos que utiliza profesionales, técnicos en actividades auditoras, que hacen un planteamiento que justifica todo el incremento en sus posesiones, que se basan en datos no confiables para emitir su juicio técnico. La esencia de ese dato lo constituyen un contrato de arrendamiento que lo suscribe con su hermana, que en suma padece de inconsistencias que no lo vuelven idóneo para sostener una tesis, máxime que una hermana sugiere una grado de afinidad que genera parcialidad y por consiguiente la priva de objetividad. Respecto a esta prueba el sentenciador no logra extraer con fidelidad la información que le brinda, especialmente respecto a los argumentos de desestimación de las pruebas con las que se pretende descargar los montos en los que se incrementa el capital del procesado, lo que constituye una violación a las reglas de la sana crítica, en lo atinente a la ley de Razón Suficiente que informa el Principio de Derivación. En suma, las pruebas de cargo logran acreditar los elementos que configuran la responsabilidad penal del imputado y las razones por las que el argumento de defensa debe desestimarse, sumado al hecho de que no se ha manifestado en todo el proceso un ánimo del personal del Tribunal Superior de Cuentas en mentir en sus deposiciones, pero el sentenciador no logra extraer esa información incurriendo en la violación de las reglas de la sana crítica que se denuncia. En síntesis, la versión de cargo tiene una férrea consistencia, de la cual no goza la prueba que sustenta la versión de descargo, pero al darle, por parte del sentenciador, mayor credibilidad a la última, se ha infringido las reglas de la sana crítica, en tanto que no se ha logrado extraer la información correcta de los medios de pruebas expuestos. Son por las anteriores reflexiones que se estima, que al respecto de esa conclusión judicial de valoración de la prueba de descargo, se ha violado las reglas de la sana crítica, específicamente la Lógica en su Ley del Tercero Excluido. Como hemos podido apreciar, los diferentes extremos en la versión de cargo han sido acreditados, de tal suerte que concluimos que el Tribunal Sentenciador al no lograr extraer dicha información de la declaración del personal del Tribunal Superior de Cuentas y los documentos allegados ha incurrido en una infracción a la ley de la Derivación y la Razón Suficiente, por consecuencia han irrespetado las reglas de la sana crítica, a la que, por disposición de los artículos 202 y 338 en el numeral 2 de la regla del Código Procesal Penal, están obligados a someterse. Por lo anterior nos atrevemos a sostener que toda esta actividad probatoria de cargo no fue debidamente valorada, porque de haber sido así se hubiese condenado al imputado por el delito de Enriquecimiento Ilícito, el sentenciador, al no lograr extraer esta información de esas pruebas, incurrió en una infracción a las reglas de la sana crítica. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio” RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PÚBLICO ARGUYENDO QUE AL DICTAR UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL ENCARTADO N. O. A. B., EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA INOBSERVADO LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL PENAL. El Censor arguye que la sentencia impugnada atenta contra las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba de cargo siguiente: 1) Declaraciones de los testigos L. L. O. y R. C. L., Auditora del Tribunal Superior de Cuentas y Sub Director del Departamento de Asesoría Legal del referido Tribunal, respectivamente; y, 3) Prueba documental, consistente en: a) Acuerdo de Nombramiento del Imputado N. O. A. B.; y, b) La resolución Administrativa declarativa del enriquecimiento injustificado del encartado. Reprocha que de tales declaraciones y documentos referidos, el A Quo no extrajo la base probatoria que resultaba suficiente para acreditar la responsabilidad penal del imputado N. O. A. B., por la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio del Patrimonio de Estado de Honduras. Concretamente señala que la testigo L. L. O., en su condición de Auditora del Departamento de Investigación y Verificación del Tribunal Superior de Cuentas, concluye que el acusado N. O. A. B. ha obtenido un incremento en su patrimonio que no se corresponde con sus ingresos, conclusión a la que arribó tras la obtención de información proporcionada por instituciones bancarias, la institución en la que laboró, empresas relacionadas, sobre los sueldos que la esposa del imputado había percibido, indicando que el encartado no facilitó información durante el proceso de auditoría, a pesar de tener pleno conocimiento de la investigación. El Censor considera que el Juzgador de instancia ha inobservado una MÁXIMA DE LA EXPERIENCIA, en tanto que el imputado debió haber señalado el ingreso por alquiler de una vivienda de su propiedad, en las primeras etapas del procedimiento administrativo de investigación y no tiempo después, por lo que a su entender tal alegato, ha tenido como propósito justificar el incremento irregular o hacerlo cuadrar con la auditoría. Refiere que el testigo R. C. L., en su condición de Sub Director del Departamento de Asesoría Legal del Tribunal Superior de Cuentas emitió dos dictámenes que determinaban administrativamente la responsabilidad del imputado, en tanto que de la auditoría de sus bienes se constató un incremento patrimonial injustificado constitutivo de un enriquecimiento ilícito; el recurrente señala que el segundo de los dictámenes antes apuntados se emitió en virtud de la impugnación administrativa formulada por el ahora procesado en contra de la resolución del Tribunal Superior de Cuentas que aprecia tal enriquecimiento, y que en dicha impugnación el acusado alude a las cantidades de dinero que habría percibido por el alquiler de una vivienda, alegatos que fueron desestimados, en virtud de que el contrato de alquiler es suscrito por su hermana. El recurrente estima que el Juzgador inobservó el principio de derivación, en su postulado de Razón Suficiente, en tanto en cuanto que con las declaraciones testificales y la práctica de experticias contables se acredita el incremento injustificado del patrimonio del acusado. Asimismo cuestiona que con la declaración de la testigo L. J. Á. B., hermana del acusado, afirmando que alquiló uno de los inmuebles propiedad del señor N. O. Á. B. indicando las cantidades que habría pagado por el arrendamiento en diferentes épocas, carece de credibilidad en tanto que la misma no es idónea siendo que no ha resultado avalada por otras pruebas confiables. El recurente considera que las declaraciones de los señores F. B. C. Y J. A. C. B., vecinos de la colonia donde se ubica el inmueble arrendado, no son aptas para generar certeza respecto a la suscripción de un contrato de arrendamiento y el pago de un alquiler, ya que por experiencia común, tales actos jurídicos no son publicitados; por otro lado cuestiona la prueba documental consistente en contratos de arrendamientos, de tres periodos distintos y un contrato que condensa esos tres periodos, en tanto que ello resulta completamente inusual en la práctica. Estima que la auditoría realizada por el señor V. D. R. K., se basa en datos dudosos, que lo llevan a emitir conclusiones carentes de credibilidad, mediante las cuales se pretende justificar el incremento patrimonial del acusado. Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí[1], su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. El delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, tiene un claro origen constitucional, previsto en el articulo 233 en la versión original de nuestra Carta Magna y actualmente en el artículo 225, en el que se refleja el interés que le asiste al Estado no solo de legitimar la adquisición de la propiedad, sino además de sanear la Administración pública, cuyo patrimonio se ve afectado por la conducta indebida de aquellos servidores que en el ejercicio de su cargo incrementan de manera injustificada su propio peculio. Es preciso señalar que el artículo 8 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, que tipifica la conducta que se atribuye al imputado N. O. A. B. no genera una inversión de la carga de prueba que conlleve a que sea el funcionario quien deba probar el carácter lícito de sus ingresos, en tanto que es el Estado quien está en la obligación de demostrar la existencia de la conducta típica, antijurídica y culpable, frente a la configuración de indicios graves de presunta responsabilidad y de la ocurrencia del hecho punible. En el caso del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, el Estado debe demostrar que el enriquecimiento es real e injustificado, ocurrido durante el ejercicio de un cargo público por el imputado. De este modo, una vez establecida la diferencia patrimonial real y su no justificación, opera el fenómeno de la adecuación típica que va a permitir el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas. Es entonces la falta de justificación el elemento determinante para dar origen a la investigación y, por tanto, la explicación que brinde el sindicado del delito, no es otra cosa que el ejercicio de su derecho a la defensa frente a las imputaciones que le haga el Estado en ejercicio de su función investigativa. No se trata pues de establecer una presunción de ilicitud sobre todo incremento, sino de presumir todo aquel incremento desproporcionado que carezca de explicación razonable de tipo financiero, contable y, por supuesto, legal. Pero el conocimiento efectivo de las rentas y bienes del servidor público y su incremento injustificado, no se deriva en forma exclusiva de la explicación que éste presente a las autoridades judiciales en el ejercicio de su derecho de defensa (art. 82 de la Constitución de la República..); son los demás medios de prueba -testimonios, documentos, pericias, etc.- los que dentro del desarrollo del proceso van a constituir los elementos de juicio determinantes para declarar o no la responsabilidad criminal del encartado. La explicación o formulación de descargos relacionada con el incremento patrimonial de los servidores públicos no es un acto impositivo derivado de un proceso penal; es una obligación constitucional de toda persona que ostenta esa especial condición, pues el artículo 225 párrafo penúltimo del Texto Fundamental señala expresamente, que la declaración de bienes de los funcionarios y empleados públicos, se hará de conformidad con la ley. El conocimiento que tenga el Estado sobre los bienes y rentas de los servidores públicos, antes que una carga constituye un principio que debe gobernar sus actuaciones mediante el cual se pretende proteger la función pública y, en particular, la moral social. Debe aclararse que nadie está obligado a ejercer una función pública; se trata de una labor en la que los ciudadanos deciden participar libremente; pero al aceptarla están asumiendo no sólo las cargas y responsabilidades que se deriven del ejercicio del cargo, sino que además, se están colocando en una situación permanente de exigibilidad por parte del Estado, en lo que se refiere al monto y manejo de sus bienes. Un detenido examen de los antecedentes revela que la Defensa no cuestiona que se haya producido un incremento patrimonial del encausado en un monto que supera la cifra de sumar el valor de los activos que poseía antes de asumir cargos públicos sumado a la cuantía de los ingresos que obtuvo por los salarios devengados mientras ejerció como servidor público, aseverando que tal incremento resulta justificado fundamentalmente por los ingresos que recibiera por el arrendamiento de una vivienda de su propiedad ubicada en la Colonia Los Girasoles de la ciudad de Tegucigalpa, y los ingresos que en concepto de salarios y bonificaciones recibiera su esposa por el trabajo que realizara en su condición de socia y representante legal de dos sociedades mercantiles. Tratándose de alquileres de viviendas, las máximas de la experiencia indican que aún tratándose de inquilinos que guardan algún grado de parentesco con el propietario del inmueble, estos requieren de los recibos que acrediten los pagos respectivos en la medida que estos se vayan efectuando, en orden a evitar eventuales reclamos, o en todo caso otro mecanismo de pago como el depósito de los alquileres que se vayan causando en una institución de crédito, verbigracia, un banco, una cooperativa, etc…en el caso de autos si bien es cierto se ha presentado un contrato de arrendamiento suscrito entre el imputado y su hermana, (parentesco que no ha resultado discutido) este documento privado no resulta acompañado de recibos de pago ni otros documentos que hagan verosímil la versión del encausado, que ha venido aduciendo la naturaleza real y no ficticia del mencionado contrato. En cuanto a los ingresos de su esposa, en concepto de salarios, bonificaciones y prestaciones sociales, que habría percibido como socia y representante legal de dos sociedades mercantiles, y que la Defensa estima que han debido tomarse en cuenta para justificar el incremento patrimonial del encartado (superior a los que ha percibido por los salarios devengados como servidor público), lo cierto es que tampoco se han presentado los documentos que acrediten esos pagos periódicos, ya sea mediante cheques, depósitos a cuenta u otros documentos que hagan verosímil la versión del endilgado. Por lo que el razonamiento del Tribunal de instancia se presenta contrario a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, consecuentemente y sin perjuicio de la presunción de inocencia que sigue gozando el imputado N. O. A. B., al tenor de lo consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República, el motivo invocado por el Censor debe ser estimado. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 362.3 del Código Procesal Penal.- FALLA:
- DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, en su único motivo, interpuesta por la Representación del Ministerio Público; 2) DECLARANDO LA NULIDAD de la Sentencia de fecha quince de abril de de dos mil ocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y del debate en que se pronunció.- Y MANDA:
- Que se repita el debate, con Jueces diferentes a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a Derecho.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX VALLECILLO.- NOTIFIQUESE.
- FIRMA Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-464-2011.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] En virtud del principio de inmediación el Juez se relaciona directamente con los medios de prueba sobre los que ha de formar su convicción. Significa dicho principio que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Un procedimiento está presidido por el principio de inmediación cuando el Juez o Tribunal están obligados a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral. De este modo el proceso lógico seguido por el Tribunal de Instancia en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto a control a través del examen casacional.