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Sentencia CL-755-13 — Registro 4541

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales por despido ilegal e injustificado, como ser pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo tal como ha sido formulado por el Recurrente resulta inadmisible por falta de precisión y congruencia, toda vez que alegando la infracción indirecta por apreciación errónea de una prueba, seguidamente en la explicación del motivo señala que “… en consecuencia, la interpretación errónea de la norma sustantiva legal como reguladora del caso le niega a los demandados el legitimo derecho que le asiste de que se exonere de la condena del pago de salarios dejados de percibir, disposición sustantiva de orden nacional infringida por el sentenciador al invocarla con norma legal del caso debatido pero interpretándola erróneamente, siendo absolutamente claro el texto de la norma y sin embargo la sentencia recurrida contiene disposiciones en abierta pugna con la ley. En esta forma queda demostrada la infracción alegada en este motivo...”, causales de violación a la ley que debieron ser formulados y desarrolladas en forma separada e independiente·

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 721, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil trece, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ, en su calidad de Coordinador, CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO y MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO, dicta sentencia conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, contra el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintisiete de junio de dos mil once, mediante el cual ABSOLVIÓ al señor C. H. K. por el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y por el delito de INSOLVENCIA PUNIBLE en perjuicio del señor J. A. B. G..- Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma el Abogado S. C. A., actuando en condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. A., Agente del Ministerio Público, en su condición de Recurrente y el Abogado D. L. G., Defensor Privado del Señor C. H. K., en su condición de Recurrido. HECHOS PROBADOS En la Sentencia que hoy se impugna, se fijan por el Juzgador como hechos probados los siguientes: “PRIMERO: En fecha veintiséis de Abril del año dos mil seis, el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, emitió una sentencia definitiva en la Demanda Laboral que fue incoada por el señor J. A. B. G. contra la empresa ECOPLASTIC, S. de R.L., misma que se constituyo en el año 1999 y se encontraba inscrita bajo el asiento número 31 del Tomo 433 del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, por medio de su gerente C. H. K., en la cual se condenó a dicha empresa al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor B. G.. Esta sentencia fue confirmada en fecha primero de Junio del año dos mil seis por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán y en fecha veintitrés de Octubre del año dos mil seis por la Sala de lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. SEGUNDO: En virtud de las resoluciones indicadas, en fecha primero de Junio del año dos mil diez, el señor C. H. K., en su condición de gerente de la empresa ECOPLASTIC, S. de R.L. fue requerido por el Receptor del Juzgado del Trabajo para que pagara o consignara a favor del señor J. A. B. G. la cantidad de Cuatrocientos once lempiras con treinta y cuatro centavos (Lps. 411,111.34) en concepto de los derechos ya referidos. TERCERO: En fecha cinco de Mayo del año dos mil seis, el señor C. H. K. junto con los señores K. IL H. y K. D. H., constituyeron una empresa denominada KOHPLASTIC, S. de R.L. de C.V., la cual tenía la misma finalidad comercial de la Empresa ECOPLASTIC S. de R.L.” CONSIDERANDO I.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, presentado reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo.- II.- El recurrente Abogado S. C. A., actuando en condición de Fiscal del Ministerio Público, formalizó su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la siguiente manera: “UNICO MOTIVO: Al haber dictado el Tribunal de Sentencia un fallo absolutorio inobservó al momento de valorar la prueba, las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: En el transcurso del debate el ente acusador propuso como medio de prueba la declaración del testigo J. A. B. G. quien declaró lo siguiente” Trabajó con el acusado desde 1990 en la Empresa Keun Sun, después le cambio a Ecoplastic y después a Duraplastic esto por conflictos con los socios, tuvo un problema laboral con él y entonces le cambio el nombre a Ekoplastic, el problema fue porque tuvo un accidente en su carro, a este carro le puso camper porque era prohibido andar gente sin camper, a la madre del acusado le molestó que le pusiera el camper al carro porque alegaba que eso impedía la carga del carro, el acusado lo despidió sin razón alguna. A preguntas de la Fiscalía el testigo respondió: Que empezó como conductor de la empresa y después fue ascendido a gerente de ventas y allí lo asoció al seguro social, empezó ganando ochocientos cincuenta lempiras mensuales, el despido se lo comunicó el acusado, cuando se demandó en lo laboral el acusado se negaba a recibir las citaciones, en una ocasión se la dejó con un hermano donde se le decía que tenia que presentarse en razón del juicio, se le notificó en la fabrica de Amarateca, atrás de Almacafe, el Ministerio del Trabajo se le notificó tres veces y del juzgado del trabajo como cuatro veces, pero él nunca se hizo presente, los socios de la empresa eran el papá, el hermano del acusado y otros señores, al ofendido lo contrató el acusado, en el dos mil dos que lo despiden la empresa se llamaba Duraplastic y después le cambió el nombre a Kohplastic, cuando lo contratan la empresa se llamaba Duraplastic.- A preguntas de la Defensa, el testigo respondió, Después que lo despiden por consejo de un amigo fue al Ministerio del Trabajo a poner la denuncia, después esperó que se resolviera la demanda, después que lo despiden trabajó en embutidos San Miguel estaba y luego con Banjul, Embutidos San Miguel estaba en las Torres y Bonjus por el Obelisco, en Bonjus trabajó como año y medio, en el Juzgado del trabajo ganó la Demanda, no recuerda cuando le notificaron la resolución del Juzgado del trabajo al acusado pero si fue requerido. Como medio de prueba Documental se presentó los siguiente: 1).-Sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de Abril del años dos mil seis, la cual se encuentra en el folio 298 del expediente.- 2).- Certificación 2886-L, extendida por el Secretario de la Corte de Apelaciones del Trabajo que certifica la sentencia de fecha uno de julio del año dos mil seis, misma que obra a folio 292 del expediente.- 3).-Certificación extendida por el secretario de la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha nueve de enero del año dos mil siete, que obra a folio 293 del expediente de merito. Se llevó a cabo una inspección en el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, la cual se inició a las diez y cuarenta y cuatro minutos de la mañana, estando presente el Tribunal en pleno junto a su secretario de actuaciones, las partes procesales y el imputado, procediéndose a inspeccionar el expediente numero 0554-02, al cual se le asignó nuevo número 0801-2008-01817-LTO, constatándose que el expediente ingresó al juzgado el 26 de agosto del 2002, a folio 91 se encuentra una resolución en la cual se ordena se requiera al señor C. H. K. para que pague o consigne la cantidad de Lps 411, 111.34 .- A folio 92 se encuentra una constancia emitida por el receptor del despacho donde dice que se constituyo en la dirección del señor C. H. K. en las oficinas de Ekohplastic y que los guardias le informaron que el mismo no se encontraba en el local.- A folio 92 se encuentra una constancia emitida por el receptor del despacho de fecha 15 de octubre del 2008 donde hace constar que el imputado no se encontraba en dicho ocal, por lo que no pudo requerirlo.- A folio 120 se encuentra constancia del receptor del despacho donde hace constar que en fecha 01 de junio del 2010 requirió al señor C. H. K. para que pagara o consignara el pago establecido por el juzgado de letras de lo Laboral y donde establece que el señor C. H. K. no firmó dicha constancia.- Se presentó el Testimonio de Escritura Pública número 82, la cual fue autorizada en fecha doce de febrero del año 1999, por la notaria M. L. M., ante quien comparecen los señores K. IL H., K. D. H. y K. C. H., con el objetivo de constituir una sociedad denominada ECOPLASTIC 5. de R. L. la cual tiene como finalidad la fabricación de reciclaje plástico, como tanques, tinas, maceteras, mangueras y todo los derivados del plástico, importación y exportación de productos de plástico, importación de plástico como materia prima, y exportación de accesorios nuevos y usados para vehículos, repuestos, llantas nuevas y usadas para toda clase de vehículos automotores, importación de lubricantes y su venta a nivel nacional, en fin a toda clase de actos permitidos por las leyes Hondureñas. Dicha escritura fue registrada bajo el asiento 31 del tomo 433 del Registro de Comerciantes Sociales y en el Registro de la Cámara 7958 folio 4233 tomo II. Se presentó el testimonio de la escritura pública número 382, la cual fue autorizada en fecha cinco de mayo del año dos mil seis, por la notaria M. L. C. M., ante quien comparecieron los señores K. C. H., K. IL H. y K. D. H., a fin de constituir una sociedad denominada KOHPLASTIC S. de R.L. de C.V. la cual tiene como finalidad la fabricación de artículos como tanques, tinas, maceteras, mangueras, tubería de PVC, a la importación y exportación de productos de plástico, a la importación de materia prima para la producción de artículos de plásticos, a la importación y exportación de accesorios nuevos y usados para vehículos o marcas, llantas nuevas y usadas, lubricantes, a la compra y venta de mercadería en general y a todos los actos permitidos por la ley, el uso, la costumbre, y demás leyes mercantiles.- Dicha escritura fue registrada bajo el asiento 93 del tomo 620 del Registro de Comerciantes Sociales y bajo el asiento 11976, folio 62427, tomo VII del Registro de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Una vez analizada la probanza que antecede el Juzgador al momento de otorgarles el valor que las mismas merecen estableció en el numeral segundo del apartado valoración de la prueba, lo siguiente: “No puede desconocer este tribunal que hay ocasiones en que las partes se ocultan a fin de evadir el requerimiento de pago, sin embargo, esa situación no implica por sí un delito de desobediencia, puesto que esta procede una vez que se ha realizado el requerimiento y existe resistencia activa, ya sea expresándolo abiertamente o haciendo lo contrario a lo que se le ordena, o bien una resistencia pasiva que es ignorar en forma reiterada y luego de varios requerimientos, la orden emitida”. Asimismo el Juzgador en la valoración de la prueba específicamente, en el apartado de Fundamentación Jurídica, en su numeral segundo, establece que respecto al delito de Desobediencia el artículo 346 del Código Penal, establece como requisitos “el negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, entre otras resoluciones”. Que en este caso concreto se ha acreditado sin lugar a dudas que existe una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo que fue confirmada en las dos instancias superiores y por tanto ya se encuentra firme, en consecuencia es de obligatorio cumplimiento, consecuentemente se ha acreditado el primer requisito del delito.- También se ha acreditado la existencia de un requerimiento al señor K. para que pagara o consignara el monto en concepto de Prestaciones Laborales, pero en el mismo requerimiento se le expresó claramente que si él no pagaba o consignaba se le embargarían bienes suficientes para hacer efectiva la obligación. No obstante la existencia de la orden judicial y el requerimiento realizado, lo cierto es que no se acreditó el tercer requisito del delito, consistente en que el señor C. H. K. se haya negado abiertamente a cumplir con la sentencia, puesto que si bien es cierto fue requerido para que efectuar o consignara el pago no es menos cierto que no existe ninguna prueba que indique esa negativa abierta del acusado a cumplir con la sentencia emitida por los órganos jurisdiccionales competentes. Nótese que la ley exige que la negativa sea realizada en forma abierta, es decir, que se exteriorice a terceras personas, ya sea en forma verbal o escrita, la intención de no acatar la orden judicial, situación que en este caso no ha ocurrido, o al menos no ha sido probado por el Ministerio Público. Partiendo de lo anterior cabe señalar que el ente Acusador acreditó mas allá de toda duda razonable, que el acusado incumplió una sentencia Judicial dictada por un Juzgado competente e investido de la suficiente Autoridad para hacerlo, considerando que la configuración de dicho ilícito penal supone la concurrencia de tres requisitos tal y como lo reconoce el mismo juzgador en la sentencia, al haber dejado establecido lo siguiente:” El delito de Desobediencia a la autoridad supone: a) La existencia de un mandato claro, terminante, y expreso de autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, que debe ser acatado; b) Un formal requerimiento a la persona obligada a cumplirlo, y; c) Que no obstante que la persona sobre la que se dirige el mandato tiene conocimiento completo y claro del contenido y alcance del mandato, exprese una manifiesta oposición a ejecutar lo que se le ordena por parte de la autoridad, habida cuenta que esa obstinada negativa entraña un menoscabo y desprestigio de la función pública representada en la autoridad desobediencia. En relación a lo anterior debemos señalar que en relación al numeral segundo tal y como se expuso en el párrafo que antecede, para la configuración del ilícito penal supramencionado se necesita la existencia de un formal requerimiento a la persona obligada a cumplirlo, es decir, de la misma se advierte que no resulta necesario tal como lo expone el tribunal que se haya agotado procedimiento alguno como ser el embargo de bienes suficientes para hacer efectivo el cumplimento de la sentencia, en todo caso al ordenarse un embargo aún sin el consentimiento del demandado, tal circunstancia mas bien nos indica la falta de voluntad del acusado de cumplir con el mandato que se traduce en la sentencia judicial. Asimismo el Juzgador considera que el último requisito consistente en la manifiesta oposición a ejecutar lo que ordena la autoridad, tampoco se cumple por las razones siguientes: “en relación al último requisito que es la negativa a dar cumplimiento a la orden emanada por autoridad competente, es menester señalar que la misma debe ser realizada de manera inequívoca, persistente y reiterada, lo cual muestra que la persona tiene un rebeldía manifiesta a acatar la orden, de tal suerte que su negativa tenga trascendencia y la actitud adoptada del actor del delito de Desobediencia, menoscabe notoriamente el prestigió y consideración debida a los representantes del poder público.- Cabe acotar que la negativa puede en forma activa cuando la persona exprese que no desea acatar la orden o que no expresándolo haga precisamente lo contrario a lo que se le ordena , y además puede darse también en forma pasiva, pero para determinar la misma se requiere que tal pasividad sea manifestada en actos exteriores que atendidos el lugar, ocasión y demás elementos permitan graduar su importancia, es decir, que esa actitud pasiva debe ser reiterada y se demuestre así la voluntad del agente de colocarse en posición de la autoridad de la que emana la orden, de tal manera que se menoscabe y desprestigie a la autoridad en las funciones que le están encomendadas en la organización social”. Sobre este aspecto en particular, el ente acusador probó de forma fehaciente que el imputado se negó a dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que fue ratificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, y ratificada también por la Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y esto es así porque se acreditó, mas allá de toda duda razonable, que el mismo fue requerido en legal y debida forma por el receptor del Juzgado en fecha uno de junio del año 2010, a efecto de que pagara o consignara a favor del señor J. A. B. G., la cantidad de cuatrocientos once mil ciento once lempiras con treinta y cuatro centavos (411,111.34), sin que hasta la fecha el acusado haya dado cumplimiento a esa orden judicial, considerando que el requerimiento se efectuó hace más de un año sin que constara a través de la inspección del expediente respectivo diligencia alguna por parte del demandado de cumplir con dicha obligación, en virtud de lo cual, ha manifestado de forma concreta e inequívoca una oposición e irrespeto a la autoridad que emitió dicha sentencia, negándose a cumplir la misma configurándose de esta forma el delito de Desobediencia, por cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 346 del Código penal, el cual establece: Artículo 346.-” Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u ordenes dictadas dentro de los limites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años”. La doctrina establece: “Que debe apuntarse que mas allá del incumplimiento exigible por otros medios por el juez, la desobediencia de sus mandatos específicos, es constitutiva de un Delito. Si el tipo protege el principio de subordinación a la autoridad y esto se da frente a una decisión judicial dictada luego de un largo proceso, no hay más remedio que entender cometido el Delito frente a un incumplimiento de esta naturaleza. La sentencia de la que emanó el requerimiento burlado no fue declarativo, sino que fue una sentencia de condena”. El juzgador con el fallo absolutorio dado incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: “En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere un triple comprobación. En primer lugar que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él En segundo lugar, que las pruebas sean validas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su practica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena , teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. Ver sentencia No 177-08 de fecha 1611112009.Por lo que del razonamiento que hace el Tribunal en el apartado de valoración probatoria, resulta el vicio denunciado al vulnerar la regla lógica de derivación en su postulado de Razón Suficiente, cuando el tribunal no logró derivar de las mismas la culpabilidad del imputado, valorándola en forma parcial y arbitraria, como ya se demostró anteriormente. Si bien es cierto el juez penal tiene la potestad de valorar la prueba conforme a las reglas de la Sana Critica racional, que reconocen su discrecionalidad, le someten a criterios objetivos, que nos permiten librarnos de valoraciones arbitrarias o erróneas. Desde luego, la arbitrariedad o el error pueden darse, como en el presente caso, tanto al rechazar indebidamente elementos de convicción pertinentes, como al atribuir a las pruebas recibidas un contenido inexacto, en síntesis, al violar los principios de la sana crítica conducentes a una correcta determinación de la verdad de los hechos relevantes del caso. En efecto, con sobradas razones como las expuestas, se concluye que el Tribunal de Sentencia recurrido ha infringido las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de las pruebas y, como consecuencia de ello, ha absuelto a los procesados en la parte dispositiva de la sentencia. Es por ello que la decisión tomada por el Tribunal de Sentencia resulta equivoca como resultado de una mala valoración de la prueba evacuada en el debate, indudablemente transgrede la regla lógica de la Derivación, pues como antes indicamos del proceso intelectivo de la valoración de la prueba de cargo se infiere la culpabilidad del procesado; por ende el Ministerio Público como recurrente es del firme criterio que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba, infringiendo en tal sentido lo dispuesto en el articulo 202 del Código Procesal Penal, ya que dicho Tribunal no la valoró de una manera armónica y concatenada, lo cual ha provocado la creación de un vicio procesal que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante hacemos la advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.”.- III.-RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE LA FORMA PROCESAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN CONTRA DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR EL DELITO DE DESOBEDIENCIA, DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE, DENUNCIANDO VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362.3; NORMA INFRINGIDA: ARTÍCULO 202, AMBOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- I.- El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma. Es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.- Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene por objeto comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley.- II.- El Censor acusa a la sentencia impugnada de contener motivación probatoria que violenta las regla lógica de derivación que compone las reglas de la sana critica, interponiendo por ello Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Explica que no está de acuerdo con lo expresado por el Juzgador en el numeral segundo del apartado de valoración de la prueba, donde se indica que no se acreditó el delito de Desobediencia, ya que es de la opinión que si se acreditó, más allá de toda duda razonable, que el acusado incumplió la sentencia judicial dictada y para demostrarlo procede a realizar un análisis de los requisitos que exige el tipo penal de Desobediencia. En resumen señala que la responsabilidad penal surge porque el acusado fue efectivamente requerido para el pago de las cantidades de dinero adeudadas y a pesar de ello no realizó ningún pago y el hecho de que posteriormente a dicho requerimiento no se haya instado la causa para la ejecución de embargos de bienes en orden a asegurar el cumplimiento de la sentencia, es independiente e irrelevante.- III.- El Recurso no es de recibo.- . Esta Sala considera pertinente recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal : “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes….3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..”. El proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque en virtud del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuales juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las reglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, J. solo puede ser J. y no J.. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona o cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuarlo, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Es criterio de esta Sala que la sentencia impugnada cumple las exigencias del artículo 202 del Código Procesal Penal en cuanto a la debida observancia de las reglas de la sana critica en el proceso de valoración de los medios de prueba.- En relación al delito de desobediencia se valoró en la sentencia la declaración testifical del ofendido J. A. B. G. y la prueba documental consistente en las certificaciones de las sentencias emitidas en primera (F. 298), segunda (F. 292)y única instancia (F. 293) en virtud de las cuales se ordena el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a la Empresa Ecoplastic S. de R.L. de C.V., a favor del Señor J. B. y la inspección judicial del Expediente 0801-2008-01817-LTO, donde a folio 91 se observa la resolución judicial donde se ordena requerir al acusado C. H. K., en su condición de Gerente de Ecoplastic S. de R.L. de C.V., para el pago o consignación de cantidad de dinero reconocida como adeudada en la instancia laboral y a folio 120 el requerimiento realizado al acusado por el Receptor del despacho dando cumplimiento al auto descrito. Del análisis de estos medios de prueba los Juzgadores concluyeron que no se había acreditado el delito, habida cuenta que no se completó el procedimiento civil mediante orden judicial de la práctica de embargo de bienes suficientes a la Empresa Deudora para hacer frente a la ejecución de la sentencia laboral condenatoria, tampoco porque no se acreditó que el acusado haya realizado acciones tendientes a ponerse en una situación de insolvencia en donde no pueda dar cumplimiento a la orden judicial de pago.- La Sala de lo Penal se manifiesta de acuerdo con el Tribunal de Instancia, dado que en la resolución judicial donde se ordena requerir al acusado C. H. K., para el pago o consignación de la cantidad de dinero adeudada por la Empresa Ecoplastic S. de R.L. de C.V., también se advierte que en caso de no realizarlo dentro del término señalado, se podrá ordenar el embargo de bienes suficientes para asegurar la ejecución de la sentencia, el hecho de que el acusado una vez requerido no haya accionado para honrar la deuda de la Empresa de la cual es Gerente, implica que asume el riesgo de una ejecución forzosa de la obligación mediante la adopción de las medidas cautelares, que a la postre conllevará mayor perjuicio al Demandante.- Ciertamente el Requerimiento realizado por una autoridad judicial implica la emisión de una orden dada a una persona individualizada para que haga, no haga o deje de hacer una cosa y su inobservancia acarrea consecuencias de carácter legal, pero en el caso especifico de requerimientos para pago la propia ley procesal civil determina cual es la consecuencia y ésta es la posible adopción de medidas cautelares que limiten el ejercicio del derecho de la propiedad y que además pueden privarle de él en aras de honrar las obligaciones declaradas judicialmente, haciendo del Derecho Penal un instrumento innecesario para la solución del conflicto dada su naturaleza fragmentaria y conforme al Principio de Ultima Ratio.- POR TANTO. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su motivo único, interpuesto por la Representación del Ministerio Público.- SEGUNDO: Declarando firme y ejecutable la sentencia dictada en fecha veintisiete (27) de Junio de dos mil once (2011) por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la absuelve de toda responsabilidad penal al señor C. H. K., como autor responsable de un delito consumado de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras, y como Autor Responsable de un delito Consumado de Insolvencia Punible, en perjuicio del Señor J. A. B. G.. Y MANDA. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó: El Magistrado CALIX VALLECILLO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO.- MARCO VINICO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de julio del año dos mil trece.- Certificación de la sentencia de fecha once de junio del año dos mil trece, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-454-2011.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL