Sentencia CL-627-14 — Registro 5023
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, nivelación de salario en igual condiciones al personal de la unidad técnica en custodia de evidencias, se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente y sin causa justa de despido; segunda instancia declaró con lugar la demanda en cuanto al reintegro y sin lugar la nivelación de salario
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa, ya que omite realizar con la debida claridad y determinación todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, particularmente lo relacionado con el tema del defecto material de prescripción opuesto por la parte demandada; además se pide que se case totalmente el fallo impugnado, cuando el mismo ha confirmado el de primer instancia, el cual al haber declarado sin lugar la demanda en cuanto a declarar la nulidad del contrato, así como la nivelación de salarios, la casación debió haberse solicitado en forma parcial. Tales falencias en la demanda de casación impiden a este Tribunal de Casación orientar su actividad.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el sub júdice, este Tribunal se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete dias del mes de agosto de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de febrero de dos mil quince, por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, nivelación de salario en igual condiciones al personal de la unidad técnica en custodia de evidencias, se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente y sin causa justa de despido, se declare empleado permanente o por tiempo indefinido, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de junio de dos mil trece, por el señor ANDRES ALVARADO CERNA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada; declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ANDRES ALVARADO CERNA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO; CONDENÓ al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar al demandante al cargo que ocupaba, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía; declaró SIN LUGAR la demanda en cuanto a que se declare la nulidad de una simulación de contratación así como para la nivelación de salario contra el Estado de Honduras; ABSOLVIÓ al demandado por dichos conceptos, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo en el Ministerio Público el 16 de febrero del 2009, en el cargo de Técnico en Custodia de Evidencias, por el sistema de contratos por tiempo determinado a 3 meses, siendo renovado al finalizar cada trimestre, asignado en la Unidad Técnica de Reforma Penal del Ministerio Público; el 11 de febrero del 2011, tres compañeros solicitaron al Fiscal General del Ministerio Público el nombramiento por acuerdo, en virtud de haber laborado en forma continua sin interrupción por mas de dos años, a fin de acceder a los beneficios del INJUPENP, la cual hasta el día de hoy nunca se les respondió, a sabiendas de lo establecido en los artículos 35 y 38 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico; el 30 de abril del 2013, el demandante recibió de la Comisión Interventora del Ministerio Público nota de despido en la que se le hace referencia a la falta de presupuesto que supuestamente atraviesa el Ministerio Público y que no se continuaría renovando su contrato de trabajo; es importante destacar que en el mes de abril, sin contrato de trabajo, le fue pagado su salario, o sea como contrato verbal, ya que todos los empleados por contrato determinado en el Ministerio Público eran pagados por una estructura presupuestaria de la Secretaría de Finanzas, por ello sin necesidad de contrato no se les atrasaba el salario mensual y en muchas ocasiones el contrato era firmado un mes posterior al pago del salario, ya que el contrato trimestral fue vencido en el mes de marzo del 2013, recibiendo los beneficios de decimocuarto mes de salario, aguinaldos, vacaciones, los 4 años continuos que laboró el demandante para el Ministerio Público y al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo siendo totalmente aplicable al derecho que le asiste; otro aspecto relevante de la gran injusticia del despido del demandante es que el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo No. 59-2013 decreta la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público que entre sus atribuciones son: contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal de la institución como resultado de las evaluaciones y de los requerimientos, en este caso particular nunca se le practicó al demandante las pruebas poligráficas, sicométricas, toxicológicas y patrimoniales y demás aplicables, contempladas en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, siendo todo ello una violación a los derechos humanos y una violación a los artículos 74 de la Ley del Ministerio Público y 129 de la Constitución de la República.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, contestó dicha demanda señalando que la Comisión Interventora del Ministerio Público en ningún momento ha emitido carta o nota de despido en contra del hoy demandante tal y como lo asevera en su demanda, simplemente se le notificó que por razones presupuestarias no se renovaría el Contrato Temporal de Prestación de Servicios suscrito con la institución, lo cual no representa despido injustificado alguno del actor y con lo cual no se le ha violentado el artículo 74 de la Ley del Ministerio Público que alega le fue vulnerado; asimismo se rechaza la aseveración del demandante de que el mes de abril fuese pagado sin la existencia de un Contrato de Trabajo (el cual nunca existió), pues en Resolución FGR-003A-2013 el señor Fiscal General de la República en ese momento abogado Luis Alberto Rubí Avila resuelve mantener válidos y en vigencia del 01 al 30 de abril del 2013, los Contratos Temporales de Prestación de Servicios suscritos con el Ministerio Público, pues el demandante como al efecto lo reconoce y afirma que celebró un contrato de Servicios Profesionales/Técnicos con el demandado, pero se rechaza cuando en este hecho el demandante arguye que su estatus de temporal por prestación de un servicio técnico es contrario a derecho, ya que se considera un “trabajador” con horario y jornada de trabajo, no obstante califica el contrato de Servicios Profesionales/Técnicos una simulación de contrato, lo que significa que entonces él está emitiendo un juicio de falsedad y de negación no solo de las facultades que las partes ostentan para suscribir este contrato, sino que en su defecto éste sería nulo, es decir no tendría validez jurídica como anteriormente se manifiesta, y la parte actora tampoco tendría legitimación para entablar una acción contra el demandado; resulta obvio que el demandante para sustentar su acción, no solo tergiversa los preceptos legales sino que trata de confundir y dirigir nuevamente la opinión del juzgador al utilizar una normativa del Código del Trabajo con el único propósito de aplicar a su conveniencia el texto legal del artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no se objeta, puesto que esa normativa laboral se refiere a los contratos individuales de trabajo continuos y determinados, lo que no es aplicable en el caso que nos ocupa, pues esta modalidad de Contrato Servicios Profesionales/Técnicos, se enmarca dentro del contrato administrativo sujeto al derecho administrativo, puesto que la prestación de servicios profesionales/técnicos se encuentra regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo. En la audiencia primera de trámite opuso la excepción perentoria de prescripción argumentando que el actor de la demanda de mérito reclama derechos en relación a la declaratoria de nulidad de una simulación de contratación por una parte, por otra parte viene a reclamar la nivelación de salario en iguales condiciones al personal de la Unidad Técnica en Custodia de Evidencia y también reclama la declaración de trabajador permanente, que según el artículo 867 del Código del Trabajo, los derechos reclamados por el demandante en su demanda, y aun con la ambigüedad de esta acción judicial en donde la parte actora reclama derechos y hace una sujeción expresa a la Ley del Ministerio Público tal y como se deslumbra en el escrito de demanda, es obvio que el hoy demandante nunca hizo los reclamos dentro de los términos que correspondía hacerlo, no existiendo en ese Juzgado de Letras con anterioridad demanda alguna en cuanto a la contratación cuestionada ni nada relativo en cuanto a la nivelación salarial, mucho menos a la declaratoria de trabajador permanente, lo cual aunque el mismo se somete a la normativa especial del Ministerio Público según esta instancia que escogió para hacer su reclamo debió haberlo hecho dentro del término de los dos meses posteriores al cumplimiento de su periodo de prueba, acciones y derechos que no ejercitó ni en esta instancia laboral ni a través de reclamos administrativos ante el órgano competente, es por lo anterior que el Estado de Honduras es del criterio que el reclamo o demanda de los derechos antes exigidos por la parte demandante se encuentra prescrito.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Andrés Alvarado Cerna, contra el Estado de Honduras; condenó al Estado de Honduras a reintegrar al demandante al cargo que ocupaba, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía; declaró sin lugar la demanda en cuanto a que se declare la nulidad de una simulación de contratación así como para la nivelación de salario contra el Estado de Honduras; absolviendo al demandado por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el demandante antes de haber transcurrido un año celebró contratos de trabajo con la misma institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaba al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual la suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; la parte demandante en el escrito de su demanda solicita nivelación de salarios en iguales condiciones al personal de la Unidad Técnica en Custodia de Evidencias; asimismo solicita se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado; en relación al reajuste de salario al que devengan los demás procuradores legales con estatus de empleados permanentes para conceder el mismo se debió haber acreditado en autos las funciones que realizan las demás personas que ostentan dicho cargo, por lo que resulta procedente declarar sin lugar los mismos; en cuanto a la solicitud se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado, misma que se declara sin lugar ya que el demandante al laborar en la institución demandada gozó de todo los beneficios estipulados en dicha contratación; en relación al defecto procesal de prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada y después de haber realizado el respectivo análisis del mismo se concluye: Que se ha acreditado en autos que en fecha 30 de abril del año 2013 la Comisión Interventora del Ministerio Público le comunica al demandante que su contrato no le será renovado; en fecha 20 de mayo del año 2013 se instauró el reclamo ante la vía administrativa; el 04 de junio del año 2013 se da por agotado el trámite administrativo y comparece a este Tribunal presentando su demanda en fecha 25 de junio del año 2013, por lo que lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandada acepta la relación de trabajo que existió entre el demandante y el Ministerio Público, originada mediante la suscripción de contrato temporal de prestación de servicios, desde el 16 de febrero del año 2009, habiéndose celebrado nuevos contratos de la misma naturaleza hasta el 31 de marzo del año 2013, sin embargo continuó laborando durante el mes de abril sin la existencia de contrato escrito, pero con el consentimiento de su empleadora, finalizado el mes de abril le notificaron la terminación del contrato, después de laborar durante 4 años, 2 meses, 14 días de manera consecutiva e ininterrumpida, para realizar el mismo servicio que originó su primer contrato de trabajo, reconociendo el patrono el pago de su salario hasta la fecha del despido el 30 de abril del año 2013, antigüedad que lo hace acreedor de gozar del status de empleado permanente, dado que por regla general el contrato de trabajo reviste el carácter de indefinido y el contrato temporal es la excepción a la norma, en consecuencia los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios; el tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato escrito, conforme lo determina el artículo 47 del Código de Trabajo; también garantiza el derecho del trabajador a gozar de la condición de empleado permanente lo dispuesto en el artículo 52, párrafo último de la misma norma laboral al expresar: Que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido; que en relación al defecto material de prescripción, la parte demandada funda el mismo en que era obligatorio para el trabajador formular su reclamo administrativo sobre el derecho a pedir la nulidad de la simulación del contrato de trabajo y adquirir el status de empleado permanente, después de haber finalizado su período de prueba, sin embargo es erróneo pensar que el trabajador esté sujeto a promover la actividad ante el órgano administrativo para agotar la vía administrativa al vencimiento del período de prueba, puesto que lo que la ley exige es que: “Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán intentarse solo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernamental o bien el procedimiento reglamentario interno correspondiente”; en consecuencia procede declarar sin lugar el defecto de prescripción.- 5. Mediante auto de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de febrero de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diez de febrero de dos mil quince se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR desarrolla el alcance de la impugnación o sea el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “Con el presente Recurso de Casación se pretende que se Case en su totalidad la sentencia recurrida por existir infracción de ley, y una vez Casada, que esta Honorable Corte Suprema de Justicia convertida en sede de esta instancia, dicte sentencia declarando Sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral entablada por el señor ANDRES ALVARADO CERNA, y Absolver de toda responsabilidad laboral al Ministerio Público.”.- III. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa, ya que omite realizar con la debida claridad y determinación todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, particularmente lo relacionado con el tema del defecto material de prescripción opuesto por la parte demandada; además se pide que se case totalmente el fallo impugnado, cuando el mismo ha confirmado el de primer instancia, el cual al haber declarado sin lugar la demanda en cuanto a declarar la nulidad del contrato, así como la nivelación de salarios, la casación debió haberse solicitado en forma parcial. Tales falencias en la demanda de casación impiden a este Tribunal de Casación orientar su actividad.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el sub júdice, este Tribunal se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 627-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL