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Sentencia CL-626-13 — Registro 5018

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar la excepción de prescripción de la acción y sin lugar demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el debido proceso obliga a que el juicio se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las constitucionales y ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial; y conforme con éste principio éste Tribunal ha observado que en el caso de autos, consta que la Corte de Apelaciones censurada no ha observado los lineamientos descritos por lo que procede exhortarla para que tenga más cuidado en sus sentencias y así no cometan ese tipo de errores.- VIII.- Que los jueces del trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidas más que a la constitución y la ley, al emitir sus decisiones y fallos, así como revocando, reformando o confirmando en virtud de los recursos legales, y no pueden apartarse de las normas procesales de ineludible cumplimiento, para el efectivo ejercicio de las facultades de que están investidos, en el marco del principio de legalidad.- IX.- Que para que se cumpla el debido proceso el Juez deberá garantizar el derecho a la jurisdicción, el derecho fundamental de igualdad de las partes, el derecho al contradictorio, que garantice una tutela judicial efectiva que debe ser brindada por el Juez como garante de la legalidad en los procesos que dirige, en ese sentido la Corte de Apelaciones deviene obligada a subsanar el error señalado.- X.- Que en base a lo anterior queda planteado que procede declarar la nulidad de la Sentencia de la Corte de Apelaciones para que haga lo que procede a efecto de enderezar el procedimiento de ley correspondiente"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de agosto de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de diciembre de dos mil trece, por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de las señoras NADIA MARIELA MENDEZ DUBÓN y KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de las señoras NADIA MARIELA MENDEZ DUBÓN, Maestra de Educación Primaria, con domicilio en la ciudad de Tocoa, Departamento de Colón y KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, Comerciante, con domicilio en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, ambas mayores de edad, solteras y hondureñas, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha doce de marzo de dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR la EXCEPCION MATERIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCION, opuesta por el representante procesal demandado; contra la Demanda Laboral Ordinaria que para el reintegro a su puesto de trabajo ha promovido el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, como representante procesal de la señora KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, de generales expresadas; contra El ESTADO DE HONDURAS por medio de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de generales también expresadas; 2.- Declara SIN LUGAR la Demando Ordinaria Laboral de reintegro; promovida por Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, como representante procesal de la señora KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, de generales expresadas; contra El ESTADO DE HONDURAS por medio de la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; consecuentemente ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, de reintegrar su puesto de trabajo a la señora KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, y al pago de los salarios dejados de percibir. 3.- Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir; promovida por el Abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de Representante Procesal de la señora NADIA MARIELA MENDEZ DUBON, de generales conocidas; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, también de generales expresadas; 4.- CONDENAR: al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a lo siguiente: 1.- REINTEGRAR: A la señora NADIA MARIELA MENDEZ DUBON, al cargo de Supervisora General, en la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura de contrato; 2.- Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia; 3.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación de trabajo con la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), de la siguiente manera: Nadia Mariela Méndez Dubón, el 3 de enero de 2012, en el cargo de Supervisor General y Karla Elizabeth Bejarano Figueroa, el 3 de enero de 2012, en el cargo de Supervisor de Trabajadores; en fecha 30 de abril de 2012, la demandada despidió a las demandantes sin invocarles causal alguna y siendo dichos despidos verbales al afecto de dejar fe sobre su existencia, solicitaron a la Inspectoría General del Trabajo que se levantara el acta respectiva; el despido de que fueron objeto las demandantes se evidencia en el sentido de que en el acta levantada por la Inspectoría General en fecha 29 de junio 2012, se dejó constancia de que fueron despedidas sin invocarles de manera concreta y precisa una causal o motivo de las establecidas en la ley para tal determinación, tal como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo, lo cual vuelve el despido además de injusto en ilegal.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que las demandantes pretenden confundir a este Juzgado al señalar que existió una relación laboral con la demandada, pues lo que hubo fue una relación contractual originada mediante Resoluciones Ministeriales No.141-12 y 147-12, emitidas por la autoridad nominadora, mismas que indican el plazo por el cual se contrato a las demandantes; que es oportuno aclarar que la modalidad de contratación fue mediante el sistema denominado Jornal o Pago por Planillas, forma de contrato de trabajo que se encuentra comprendido dentro de los contratos individuales que señala el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que prescribe: “El contrato individual de trabajo puede ser: a)… b) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación…”. En la audiencia primera de trámite opuso la excepción perentoria de prescripción de la acción por falta de agotamiento del procedimiento administrativo o reglamentario respecto a la acción iniciada, excepción que fundamenta en el artículo 691 reformado y 710 del Código del Trabajo, basado en que la parte actora ha iniciado una acción contra una entidad pública para reintegro al puesto de trabajo, según ellas por despido ilegal e injusto en cuyo escrito de demanda acompaña una constancia de acta de cierre de las diligencias administrativas gubernativas en las que consta en que el procedimiento administrativo fue agotado para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y no para el reintegro al puesto de trabajo, como ocurre en el presente caso, por lo antes expuesto la parte actora no ha cumplido con el procedimiento gubernativo ordenado por el artículo 691 del Código de Trabajo y siendo que la terminación del contrato de trabajo por tiempo determinado se le comunicó a la parte demandante en fecha 30 de abril de 2012 y que a partir de esa fecha tenía 2 meses para ajustar el procedimiento gubernativo y así poder iniciar la demanda para el reintegro al puesto de trabajo y al no hacerlo a esta fecha se considera que su derecho de acción para demandar ya le prescribió.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de marzo de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, opuesta por el representante procesal demandado, contra la demanda de reintegro promovida por la señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa, contra el Estado de Honduras; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro, promovida por el abogado Mario Guillermo Montes Montoya, como representante procesal de la señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa, contra el Estado de Honduras; absolvió al demandado de reintegrar al puesto de trabajo a la señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa y al pago de los salarios dejados de percibir; declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el abogado Mario Guillermo Montes Montoya, en su condición de Representante Procesal de la señora Nadia Mariela Méndez Dubón, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a reintegrar a la señora Nadia Mariela Méndez Dubón, al cargo de Supervisora General, en la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura de contrato, al pago de los salarios dejados de percibir y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que la prescripción en un medio de librarse de una obligación, mediante el transcurso de cierto tiempo, que según se desprende del estudio de autos la demandante señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa, acudió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en fecha 4 de mayo del año 2012, a presentar reclamo administrativo para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos, habiendo agotado la gestión administrativa ante este órgano del Estado en fecha 26 de julio del año 2012, extremo que consta en el acta de cierre de diligencias administrativas gubernativas de manera que es precisamente en ese momento y ante dicha entidad en que el trabajador determina la facultad que le otorga el artículo 113 del Código de Trabajo, y el artículo 129 de la Constitución de la República, respecto a la opción que le presenta esta disposición en cuanto a decidir entre el reclamo de prestaciones e indemnizaciones laborales, o bien el reintegro a su puesto de trabajo, al haber tomado una determinación en sede administrativa como requisito previo para introducir la acción vía judicial que le impone el artículo 691 del mismo Cuerpo legal laboral, no puede variar la opción que ya tomó, para luego concurrir al Juzgado a presentar una acción diferente, puesto que las leyes no son aparentes, se hicieron para normar, organizar, seguir procedimientos, apegarse a las disposiciones legales, seguir un orden, por lo que no puede quedar al arbitrio de las partes; que en el presente caso está debidamente probado que la actora agotó la vía administrativa para demandar el pago de prestaciones e indemnizaciones labores, y no para demandar el reintegro a su puesto de trabajo, la acción laboral ha sido entablada de manera incorrecta, al demandar Reintegro a su puesto de trabajo, en lugar del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; en consecuencia es procedente declarar con lugar la excepción material de prescripción, opuesta por el representante procesal demandado, por lo que al prosperar dicha Excepción resulta vano pronunciarse sobre la cuestión de fondo, declarando sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito, respecto a la demandante de nombre Karla Elizabeth Bejarano Figueroa; que se encuentra debidamente acreditado la relación laboral que vínculo a la señora Nadia Mariela Méndez Dubón, con Soptravi iniciada bajo la modalidad de jornal o planilla, hecho reconocido llanamente por la demandada en el escrito de contestación; que la demandada sostiene que la trabajadora fue contratada mediante la modalidad de planillas o jornal por tiempo determinado, y que su representada le notificó por escrito la terminación del contrato de trabajo por haber llegado a su fin, el que de ninguna manera puede considerarse despido, este sistema de contratación pagado por jornal o planilla establecido en el artículo 2 del Código de Trabajo, considera al trabajador con estatus de permanente, mientras no se demuestre que la servidora ha sido contratada por tiempo determinado por causa de emergencia nacional de carácter grave, puesto que solo en este caso los trabajadores no estarían amparados por el régimen jurídico laboral que protege los derechos del trabajador permanente, en consecuencia al no existir causa justa para dar por terminado el contrato de trabajo, el despido es ilegal e injustificado y acarrea las responsabilidades laborales que determina el artículo 113 del Código de Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina la ley, y tiene como fundamento el orden público y la paz social, según lo enseña la doctrina, puesto que no puede quedar entre la comunidad la incertidumbre latente o la expectativa constante de que aún habiendo pasado un considerable período, pueda reclamarse un derecho o una acción; y en el caso de autos, este Tribunal considera que las pretensiones en materia laboral, serán fijadas por las partes desde el momento en que se solicita la intervención del órgano administrativo en cumplimiento del artículo 691; es decir, que la señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa fijó sus pretensiones, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, desde el momento que compareció ante el Ministerio del Trabajo a solicitar la conciliación; y es sobre esta pretensión que el ESTADO DE HONDURAS procede a basar su defensa, por lo que al haberse demandado ante el Juzgado por parte de la señora Karla Elizabeth Bejarano Figueroa, el reintegro a un puesto de trabajo y no el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se le esta violentando el derecho a la defensa al Estado de Honduras, ya que como se dijo en el considerando nueve de este fallo, la finalidad del órgano judicial es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad de armas; que en cuanto a la demandante Nadia Mariela Méndez Dubón, esta Corte de Apelaciones, estima que la sentencia dictada a su favor se encuentra apegada a derecho, ya que este Tribunal en reiteradas ocasiones ya se ha pronunciado sobre los trabajadores por jornal que laboran en SOPTRAVI.- 5.- Mediante auto de fecha veintidós de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de las señoras NADIA MARIELA MENDEZ DUBÓN y KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dos de diciembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, en su condición de representante procesal de las señoras NADIA MARIELA MENDEZ DUBÓN y KARLA ELIZABETH BEJARANO FIGUEROA, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dos de diciembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado MARIO GUILLERMO MONTES MONTOYA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado HECTOR ORLANDO ROSALES AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte demandada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que los Tribunales en conocimiento por vía de apelación o casación están facultados para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan lugar a la casación en la forma.- II. Que aunque en los juicios laborales no existe el rigor y formalismo del procedimiento, el Juez dirigirá el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, sin perjuicio de la defensa de las partes, ello no significa que puede transgredir el proceso y dejarlo a su discreción porque las disposiciones del Código del Trabajo son de orden público y de ninguna manera pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y menos por las autoridades que son las llamadas a observar su estricto cumplimiento.- III. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuando designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Que la nulidad absoluta cuando conste en autos debe declararse de oficio aunque las partes no la aleguen.- IV.- Que en el caso de mérito los tribunales de grado son del criterio que el demandante al agotar la vía administrativa determinó la facultad que le otorga el artículo 113 del Código del Trabajo y el artículo 129 Constitucional a ese derecho optativo, sin embargo el artículo 691 del Código del Trabajo el que establece el procedimiento administrativo previo a la reclamación por vía judicial en ningún momento exige que el actor determine su pretensión. En consecuencia es permitido variar su pretensión al momento de interponer la respectiva demanda.- V.- Que en el presente caso se han infringido disposiciones de orden constitucional al limitar el derecho optativo que tiene el trabajador al elegir sus pretensiones, ya que ambos Tribunales de grado hacen prevalecer el criterio de la normativa legal contenido en el artículo 113 del Código del Trabajo, cuando lo correcto es darle el alcance y la supremacía constitucional al caso de mérito como lo dispone el artículo 129 Constitucional, el cual concede ese derecho alternativo hasta que sea ejecutoria la sentencia. Si bien es cierto los procesos no pueden ser ambiguos ni aparentes, también lo es que en el caso de mérito el conflicto jurídico o la legalidad o ilegalidad del despido es el objeto del debate y en nada afecta serle fiel a la normativa constitucional en cuanto a variar su pretensión siempre y cuando sea antes de ejecutar la sentencia. En consecuencia a efecto de que se proceda a enderezar el procedimiento de ley correspondiente y desarrollar el proceso sin la supuesta prescripción estimada como valida, es pertinente declarar la nulidad.- VI.- Que aunando a lo anterior la Sala Constitucional en el amparo laboral con registro número 08-12, expediente por lo cual se declaró prescrita la acción por haber variado la causa pretendi, fue del solido criterio que al impedir ejercer ese derecho alternativo esta son las consecuencias: “Lo anteriormente expresado guarda concordancia al derecho constitucional alternativo que tiene el trabajador, a pedir el pago de prestaciones o el reintegro al trabajo, como consecuencia del despido que se considera ha ocurrido en vía indirecta y de manera injustificada, lo cual es objeto central del debate en el presente caso, reclamación nuclear que no ha variado en ninguna instancia; por lo que el proveído de la Alzada colisiona así con el precepto constitucional preindicado, el derecho a la defensa y el debido proceso”.- VII.- Que el debido proceso obliga a que el juicio se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten todas las constitucionales y ordinarias, en condiciones de igualdad y sin dilaciones indebidas, y a que se dicte una resolución justa y motivada por órgano jurisdiccional independiente e imparcial; y conforme con éste principio éste Tribunal ha observado que en el caso de autos, consta que la Corte de Apelaciones censurada no ha observado los lineamientos descritos por lo que procede exhortarla para que tenga más cuidado en sus sentencias y así no cometan ese tipo de errores.- VIII.- Que los jueces del trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidas más que a la constitución y la ley, al emitir sus decisiones y fallos, así como revocando, reformando o confirmando en virtud de los recursos legales, y no pueden apartarse de las normas procesales de ineludible cumplimiento, para el efectivo ejercicio de las facultades de que están investidos, en el marco del principio de legalidad.- IX.- Que para que se cumpla el debido proceso el Juez deberá garantizar el derecho a la jurisdicción, el derecho fundamental de igualdad de las partes, el derecho al contradictorio, que garantice una tutela judicial efectiva que debe ser brindada por el Juez como garante de la legalidad en los procesos que dirige, en ese sentido la Corte de Apelaciones deviene obligada a subsanar el error señalado.- X.- Que en base a lo anterior queda planteado que procede declarar la nulidad de la Sentencia de la Corte de Apelaciones para que haga lo que procede a efecto de enderezar el procedimiento de ley correspondiente.- XI.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5), y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1º, 188 numeral 4º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 666 letra c, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 1586 y 1589 del Código Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES del Trabajo, Francisco Morazán, de fecha 28 de agosto del 2013 (folio 22 al 24) a efecto que proceda a enderezar el procedimiento de ley correspondiente.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 626-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL