Sentencia CL-624-14 — Registro 5052
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que es preciso recordar que la casación por infracción de ley en materia laboral se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda de casación aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna. En el caso sub júdice, el impetrante señala como infringidos “… por falta de aplicación el artículo 3 en relación con el 6, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…” con lo que resulta la impugnación resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que se omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, puesto que el acusador invoca artículos correspondientes a otra de carácter general en uno y procesal en otro, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Además de lo anterior, cita de forma incorrecta el precepto autorizante puesto que el que señala está comprendido en el Código Procesal Civil y no en el Código del Trabajo, por lo que el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado. Razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los un dia del mes de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de mayo de dos mil trece, por la abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora ENMA GRACIELA DEL CID CABRERA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada DALIS DASSAELA REYNAUD en su condición de apoderada legal de la señora ENMA GRACIELA DEL CID CABRERA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del HOSPITAL DE EMERGENCIAS MILITAR; CONDENÓ al demandado a pagar la cantidad de L.140,853.00; desglosados de la siguiente manera: PREAVISO: L.21,000.00; AUXILIO DE CESANTIA: L.84,000.00; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: L.10,412.00; VACACIONES: L.14,000.00; VACACIONES PROPORCIONALES: L.6,490.00; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: L.4,500.00; mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la presente sentencia condenatoria, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la Clínicas de Emergencia Policiales en fecha 5 de enero del año 2004, como Médico, devengando un salario de L.9,000.00; durante laboró en la institución desarrollo sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en el trabajo, pero en fecha 11 de diciembre de 2012 recibió un memorándum donde se le indicó que se le rescindía el contrato en fecha 31 de diciembre de 2012; que el contrato que celebró la demandante con la institución demandada era de servicios profesionales, mismo que es contrario a derecho ya que era trabajadora de dicha institución, desempeñándose en el puesto de Médico, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo, siendo el contrato que celebró con el Hospital de Emergencia Policial una simulación de contrato, constituyendo un fraude a la ley, en vista que en el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese término de duración, adicionalmente el artículo 20 establece los tres elementos para que exista contrato de trabajo, el cual la demandante cumple con dichos elementos; la Corte Suprema de Justicia ha sostenido el criterio que sólo se puede celebrar Contrato de Servicios Profesionales, cuando la naturaleza de los servicios lo permita, siendo que debe de haber independencia técnica y administrativa, pero que además sea de aquellas actividades temporales, en el caso que nos ocupa, tal situación no es posible porque las labores de la demandante son de naturaleza permanente, subordinadas, por lo que se pierde la independencia, por tal razón no era posible celebrar Contrato de Servicios Profesionales, y en el caso de la demandante la plaza que ocupaba está siendo ocupada por el Doctor Ariel González, por lo que el contrato suscrito entre la demandante y la demandada debió celebrarse por tiempo determinado, según lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que no es del conocimiento los argumentos vertidos por la demandante en el demanda, pues como se puede apreciar según lo manifestado que su cancelación contractual fue realizada mediante memorándum suscrito por el señor René Maradiaga Panchamé, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva “Fundación Hospital Policial” y no por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad o por la Jefatura de Recursos Humanos como correspondería si la actora hubiese sido contratada de forma permanente o contractual por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, razón por la cual, lo manifestado por la demandante en el presente hecho es irrelevante e improcedente al caso que nos ocupa; por desconocer la contratación que contrajo la misma con la “Fundación Hospital Policial”, en virtud de que dicha fundación no forma parte del Estado de Honduras del cual ejerce la representación legal de la Procuraduría General de la República según los artículos 1 de su Ley Orgánica y Constitución de la República respectivamente, razón por la cual, se considera que la actora equivocó su camino interponiendo su reclamo contra el Estado de Honduras mediante la Procuradora General de la República cuando realmente lo debió interponer ante las autoridades respectivas de la Fundación en referencia dado que ésta goza de personalidad jurídica propia según Resolución No. 571-2006 emitida por el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, lo cual demuestra claramente que el demandado no contrajo obligación alguna de forma contractual ni mucho menos laboral con la demandante, razón por la cual el reclamo presentado por la misma ante ese Juzgado es improcedente por carecer de fundamentos legales para su reclamo ante la falta de personalidad para responder sobre la causa contra el demandado, al ser la referida Fundación, una entidad particular al Estado de Honduras, siendo por ello improcedente al caso los artículos 20, 24, y 47 del Código del Trabajo a que hace alusión la demandante por la sencilla razón que no existió contratación alguna entre el demandado y la parte actora.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada Dalis Dassaela Reynaud, en su condición de apoderada legal de la señora Enma Graciela del Cid Cabrera, contra el Estado de Honduras, a través del Hospital de Emergencias Militar; condenó al demandado al pago a favor de la demandante de la cantidad de L.140,853.00, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, decimocuarto mes proporcional, mas los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la presente acción se contrae a una demanda de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó el despido, tal y como lo dispone el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, por lo que se debe acreditar durante la secuela del juicio una de las causas establecidas en el artículo 112 del citado cuerpo legal, según las invocadas por el patrono en la nota de despido notificado a la demandante, en ese sentido corresponde entonces a las partes probar los hechos alegados en virtud de que es principio universal en materia probatoria que “quien afirma un hecho está obligado a probarlo” ya que siendo la prueba el medio legal de que se valen las partes para demostrar la real verdad de los hechos que alegan, es preciso entonces, que la misma se produzca para que se pueda calificar, por lo que corresponde a la parte demandante acreditar el despido ilegal e injusto alegado y a la parte demandada la justificación del mismo y que en el caso de autos la carga de la prueba correspondía a la parte demandada, quien al no proponer medios probatorios en la audiencia primera de trámite, no logró acreditar durante la sustanciación del juicio la justa causa que facultara al empleador a dar por finalizada la relación laboral sin responsabilidad de su parte, teniendo en cuenta la naturaleza permanente de las labores ejercidas por la demandante en su condición de médico del Hospital de Emergencia Policial, funciones que denotan ser permanentes en la institución pues ese es su rubro; en consecuencia la cláusula del vencimiento se debe tener como nula de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y Código del Trabajo; asimismo que con base al Principio Protectorio como corazón del Derecho del Trabajo, que su esencia radica no en nivelar a las personas sino en tutelar los derechos del trabajador con el ánimo de equilibrar las desigualdades que surgen en la relación de trabajo, siendo uno de sus reglas la aplicación de la norma mas favorable al trabajador, deberá tenerse que el contrato suscrito por la parte demandante en atención a las funciones ejercidas, como un contrato indefinido y que en el caso de autos la parte actora haciendo uso de dicha prerrogativa, solicita a este tribunal el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; la parte demandante en el acápite cuantía de la demanda también reclama el pago de vacaciones, vacaciones proporcionales, decimocuarto mes proporcional; conceptos a los que está obligado a pagar el patrono independientemente de la forma en que termine la relación laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del análisis de las diligencias y las pruebas aportadas al proceso especialmente la documental, queda fehacientemente acreditada la relación laboral que mantuvo la actora con el Hospital de Emergencia Policial, donde prestó sus servicios como Médico, iniciada desde el mes de enero del año 2004, hasta el 31 de diciembre del año 2012, fecha en que la institución dio por terminada la relación de trabajo notificada mediante memorando, donde se le recuerda que su contrato de servicios profesionales finalizaba el 31 de diciembre del año 2012, modalidad de contrato que en la práctica se ha desnaturalizado completamente, tomando en cuenta que la materia objeto del contrato es de naturaleza permanente; basta observar la secuencia y continuidad de la relación de trabajo para determinar que subsiste la causa que dio origen a la materia de trabajo para la prestación del servicio, además de concurrir en la relación laboral los elementos esenciales del contrato de trabajo, como ser la prestación personal de servicio desempeñada en la institución por la actora como Médico de Planta en el Hospital de Emergencias Policial, la subordinación y dependencia del trabajador bajo las órdenes del patrono, sujeta a horario de trabajo y un salario mensual como retribución del servicio prestado ver (fls. 38y 39) de autos; en consecuencia y por disposición de la ley, la demandante ha adquirido su derecho de empleada permanente bajo lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Trabajo, que literalmente expresa: Que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo. Aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato escrito; que también garantiza el derecho de la trabajadora a gozar del status de permanencia según lo dispuesto en el artículo 52, párrafo último de la misma norma laboral al expresar: “Que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido”. De manera que siendo la relación de trabajo de naturaleza laboral permanente, no existe razón o causa para ejecutar el despido o terminación del contrato de trabajo, que no ha dejado de serlo por razón del nombre que le ha dado, por lo que le corresponde a la demandante a su completa elección, bien el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, o el reintegro a su puesto de trabajo, habiendo elegido la demandante el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales.- 5. Mediante auto de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ALEXANDRA VICTORIA AMADOR CÁCERES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de enero de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su único motivo de casación establece lo siguiente: “Se impugna por falta de aplicación el articulo 3 en relación con el 6, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regula la jurisdicción que ha debido conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el artículo 719 numeral 1 inciso a) del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada.”.- III. Que es preciso recordar que la casación por infracción de ley en materia laboral se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda de casación aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna. En el caso sub júdice, el impetrante señala como infringidos “… por falta de aplicación el artículo 3 en relación con el 6, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo…” con lo que resulta la impugnación resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que se omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, puesto que el acusador invoca artículos correspondientes a otra de carácter general en uno y procesal en otro, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Además de lo anterior, cita de forma incorrecta el precepto autorizante puesto que el que señala está comprendido en el Código Procesal Civil y no en el Código del Trabajo, por lo que el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado. Razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso.- IV. Es importante también tener presente que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- V. Asimismo, resulta pertinente recordarle al Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad y precisión son requisitos esenciales en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- VI. Que por la razón antes expuestas procedente es desestimar el recurso en la pretensión que encierra su único motivo de casación.- VII. Finalmente en el caso de autos en el que resulta acreditado que el representante judicial de la parte demandada (el Estado de Honduras) no se hizo presente a la audiencia primera de trámite perdiendo con ello el momento procesal oportuno para proponer los medios probatorios dirigidos a despejar la incógnita sobre los hechos controvertidos, conviene recordar que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley y que todo acto que ejecuten fuera de ésta es nulo e implica responsabilidad.- Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo.- Consecuentemente es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia, así como al Tribunal Superior de Cuentas. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 624-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL