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Sentencia CL-623-13 — Registro 4530

Resumen

Segunda instancia reformó parcialmente la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el pago de las indemnizaciones legales, prestaciones laborales y salarios adeudados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que este primer cargo resulta ser inadmisible, ya que se invoca, entre otros, como violados los artículos 22 y 26 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de ser normas sustantivas que otorguen derechos y obligaciones recíprocas o las extingan, sino que las mismas son de carácter general; en adición, realiza en su explicación alegatos propios de instancia e insta la revisión de la valoración probatoria realizada por el juzgador, lo cual es inapropiado en este extraordinario recurso, cuando se alega la violación por interpretación erronea de la Ley.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; por otro lado, la Recurrente señala como violadas, normas que no ostentan carácter sustantivo, como es el caso de los artículos 19 y 37 literales b) y k) del Código del Trabajo"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de abril de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de diciembre de dos mil siete, por el Abogado ARIEL RIVERA MIRANDA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores; en relación a la demanda para la nulidad de un acto administrativo en materia de personal, que se anule totalmente el mismo por haber sido adoptado prescindiendo del procedimiento establecido, que se reconozca la situación jurídica individualizada y para su restablecimiento se condene al pago de las prestaciones así como el pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta la fecha en que se ejecute la sentencia haciendo sobre estos montos los ajustes sobre la base del mínimo fijado por una norma de orden público y de obligatorio cumplimiento como es el Arancel del Profesional del Derecho, mas costas; promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de septiembre del año dos mil cinco, por el Abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en nombre propio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, por medio del Procurador General de la República de ese entonces señor SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, Abogado, casado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de octubre del año dos mil siete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que REVOCO la sentencia de fecha veinte de noviembre del año dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, apoderado del Abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central y que aparece a folios numero noventa y ocho frente (98 f) al folio numero cien frente (100 f) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar procedente la acción incoada por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, apoderado del Abogado JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA, por no estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo Numero 443 SRH-2005, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en consecuencia se anula el mismo.- CUARTO: Se reconoce la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1) Se condena al Estado de Honduras al pago de las prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho de conformidad con la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de la emisión del acto impugnado hasta que se ejecute la sentencia; quedando diferido su calculo a la etapa de ejecución de la sentencia por no constar en autos suficientes datos que coadyuven a su liquidación; y en cuanto al ajuste solicitado sobre el arancel del profesional del Derecho, SIN LUGAR.” Sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil siete, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado ARIEL RIVERA MIRANDA, en su condición ya indicada, formalizando su recurso de casación de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. MOTIVO UNICO: “INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL EN LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA” en virtud de violación a los artículos 228, 53, numerales 5 y 6, 5 numeral 66 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: articulo 900 numeral 1) 902 numeral 1), 903 numerales 1) y 7) del Código de Procedimiento Civiles. DOCTRINA: Ley del Servicio Civil y su Reglamento. EXPLICACION DE LA VIOLACION. UNICO: La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en su tercer considerando refiere “que la relación de servicio puede cesar ya sea por cesantía renuncia, despido o muerte del servicio” restándole al momento de emitir su fallo el valor legal a la renuncia interpuesta por el señor JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA dirigida ante el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores en fecha veintiocho de agosto del dos mil cinco sin condenar que el acuerdo de cancelación 443-SRH fue consecuencia directa de la voluntad expresada por el demandante obviando a la vez que el acuerdo de cancelación fue emitido tres días después de interpuesta la renuncia, satisfaciendo la administración, el deseo del servidor de no seguir laborando para la Secretaría de Relaciones Exteriores y que ahora maliciosamente el demandante desconoce a su conveniencia, pues honorables magistrados a simple vista es de notar la amoralidad del demandante, pues una vez que el mismo interpuso la renuncia la administración cumplió con su voluntad emitiendo el acuerdo de cancelación tres días después de haber interpuesto la renuncia, pues la administración no podía obligar al actor a laborar para la institución en contra de su propia voluntad, en tal sentido la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo violenta la normativa jurídica, puesto que en el artículo 5 numeral 66 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil claramente establece que: “Renuncia: es la comunicación escrita por medio de la cual el empleado pone fin voluntariamente a la relación jurídica de trabajo con el Estado” RENUNCIA que para la Corte de Apelaciones no tiene ningún valor legal, así mismo el artículo 228 del mismo cuerpo de leyes refiere que: Todo empleado tendrá derecho a renunciar de su puesto sin responsabilidad administrativa de su parte...” De igual forma honorables Magistrados el mismo considerando tercero considerado como “inconsistente e ilógico el argumento de la autoridad nominadora” pero como pude ser inconsistente e ilógico? Si la figura jurídica de la renuncia para el caso que nos ocupa adquiere fuerza legal como prueba objetiva ya que consta en autos la RENUNCIA interpuesta por el señor MATUTE OCHOA firmada por su puño y letra como una voluntad manifestada por escrito y siendo la figura jurídica de la Renuncia una de las causas por las cuales la misma Corte de Apelaciones reconoce como una de las formas por la que la relación de servicio puede cesar, y que la misma, fue tomada como parte fundamental y valida en la sentencia preferida por el Juez de primera instancia estableciendo en los considerándoos séptimo y octavo lo siguientes “CONSIDERANDO (7): que no cabe duda alguna, que tal acto administrativo objeto de revisión, que deja sin valor y efecto el nombramiento del demandante en el Cargo de Asesor Jurídico, en la Comisión Especial de Demarcación HONDURAS-EL SALVADOR, se encuentra en correspondencia propia y directa con la voluntad libre y espontánea, hasta ese momento unilateral, manifestada en la nota de fecha 28 de agosto de 2005 firmada por el señor MATUTE OCHOA por otra causal que no fuere su propio deseo de extinguir por la vía de la renuncia su relación de servicio, extinción que se concretiza debidamente con la emisión del acto administrativo emitido en fecha 31 de agosto de 2005 identificado con el numero 443-SRH y que tácitamente acepta aquella voluntad, al dejar sin valor y efecto el vinculo que a ambos adhería, como ser el acuerdo de nombramiento de su persona en el cargo de ASESOR JURIDICO en dicha comisión. CONSIDERANDO (8): Que por lo anterior expuesto, resulta inverosímil el ejercicio de cualquier acción tendiente a reclamar la Administración Publica concepto alguno en pago de prestaciones laborales, o ajuste a salario de conformidad al arancel del Profesional del Derecho, pues el Acuerdo de Cancelación ha sido emitido conforme a la voluntad del Servicio Publico, y que se manifiesta en el derecho de todo ciudadano, de Renunciar y Escoger libremente su Trabajo, de conformidad a lo establecido en el articulo 127 de la Constitución de la República, y recogió mas ampliamente el artículo 228 del reglamento de la Ley de Servicio Civil”; por lo anterior honorables Magistrados al momento de emitir su fallo si existe contravención entre la justicia y el derecho que prevalezca el primero. En consecuencia Honorables Magistrados la autoridad nominadora solo procedió a cumplir la voluntad expresa del señor MATUTE OCHOA ya que la cancelación del mismo se efectuó no de manera unilateral, sino mas bien en correspondencia propia y directa con la voluntad libre y espontánea manifestada en la nota de fecha veintiocho de agosto del dos mil cinco firmada con el puño y letra del señor JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA existiendo entonces violación a la ley en la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones pues la misma no le atribuye el valor legal correspondiente a la figura jurídica de la renuncia violentando así los artículos 228, 53 numerales 5 y 6, 5 numeral 66 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.” RESULTA: Que en providencia de fecha seis de diciembre de dos mil siete, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del recurrente y dio traslado de los autos al Fiscal del Ministerio Público para que en el término de diez días emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de merito, haciéndolo en fecha veinte de enero del año dos mil ocho, la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, de la manera siguiente: “OPINION: Con base en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del presente recurso en su único motivo.” RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de merito. CONSIDERANDO: Que el impetrante abogado ARIEL RIVERA MIRANDA, en el motivo UNICO expresa: “INFRACCIÓN DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL EN LA PARTE DISPOSITIVA DE LA SENTENCIA” en virtud de violación a los artículos 228, 53 numerales 5 y 6, 5 numeral 66 del Reglamento de la ley de Servicio Civil.- precepto autorizante: artículo 900 numeral 1), 902 numeral 1) 903 numerales 1) y 7) del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: articulo 900 numeral 1), 902 numeral 1), 903 numerales 1) y 7) del Código de Procedimientos civiles. DOCTRINA: Ley del Servicio Civil y su Reglamento”. Sin embargo en la forma que se expresa este motivo le falta claridad y precisión pues alega en un mismo motivo la “infracción de Ley o de doctrina legal” que son dos causas de infracción, pues la conjunción “o” denota disyuntiva entre la infracción de ley y la doctrina legal. Asimismo las normas Reglamentarias que cita como infringidas no son susceptibles de impugnación en el recurso extraordinario de casación; en vista de no tener el carácter de leyes sustantivas.- El Precepto autorizante está citado incorrectamente. Por lo que es procedente desestimar el motivo único que invoca el Censor. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 No. 5 y 316 de la Constitución de la República, 1 y 80 No. 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 916 y 919 No. 1 del Código de Procedimientos Civiles, FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación en su único motivo.- 2) Sin costas.- Y MANDA: que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil ocho. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación registrado bajo el No. 453-07.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL