Sentencia CL-611-14 — Registro 4661
Resumen
Demanda ordinaria laboral para reclasificación de profesor titular I a profesor titular III, costas del juicio; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós (22) días del mes de Septiembre del año dos mil catorce por medio de la SALA PENAL, integrada por los MAGISTRADOS, CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1)ABSOLVIENDO al señor M. R. M. P., del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADO en perjuicio de A. M. M. DEL CID. 2) NO CONDENO en costas al Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional la Abogada A. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SON PARTES: El Abogado S. C. en su condición de Fiscal del Ministerio Público como Parte Recurrente y el Abogado A. A. G. actuando en su condición de Defensor Publico del señor M. R. M. P., como Parte Recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: A. M. M. del C. de diez años edad, residía junto a su madre en la colonia San José de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, quien fue revisada por el médico D. C. S. en fecha treinta de noviembre del dos mil ocho a las cinco de la tarde, encontrando himen íntegro anular sin ruptura, no dilatable, que no permite el paso de un dedo, área anal esfínter de buen tono, pliegues conservados sin evidencia de lesiones, área genitales y paragenitales, sin evidencia externa de lesiones. Segundo: A. M. M. fue examinada psicológicamente por la Licenciada S. M. P. H., el veintisiete de agosto del dos mil nueve encontrándola poco comunicativa y con sentimientos depresivos leves que afectan su estado de ánimo, y no presentó indicadores de agresión sexual alguno, de acuerdo con la observación y las pruebas proyectivas practicadas por la psicóloga antes mencionada.” C O N S I D E R A N D O I.- El Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Interpuesto por la Abogada A. A. M., actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de los mismo. II.-LA RECURRENTE ABOGADA A. A. M., ACTUANDO EN SU CONDICION DE FISAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIO A FORMALIZAR SU RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL DE LA MANERA SIGUIENTE:” EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. I. POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: MOTIVO UNICO: “Por violación de los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El derecho al Debido Proceso, el cual se encuentra regulado en el artículo 90 de La Constitución de la República, establece que “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; el cual requiere mínimamente, la fijación legal de un programa de carácter legal e inalterable para la investigación y juzgamiento de delitos en el que se resguarde la observancia de formas relacionadas con la acusación, defensa, prueba, sentencia y recursos; derecho éste que se encuentra vulnerado cuando en audiencia de debate fue inadmitida al representante de la sociedad la incorporación por lectura autorizada de conformidad a lo establecido en el articulo 311 del Código Procesal Penal, de la declaración rendida en audiencia inicial por la ofendida, con la que se intentaba probar que la menor se contradijo en el desarrollo del debate, con lo expresado en la deposición ofrecida en audiencia inicial, pues en el juicio refiere al ser preguntada sobre los hechos, que no ha sucedido nada y que nadie la ha tocado, después de expresar en la audiencia inicial que había sido objeto de tocamientos por parte del imputado, quien es su padrastro, manteniendo esta última versión al ser entrevistada por la psicóloga forense, en consecuencia se hace evidente que ha existido una contradicción en la declaración de la víctima que permite su incorporación por lectura, según lo establecido en el precepto legal supraindicado, específicamente en el numeral seis que establece que pueden incorporarse por lectura: “Las declaraciones del acusado y los testimonios practicados durante la etapa preparatoria, cuando sean contradictorios con lo manifestado después en el acto del juicio…”. De igual forma la inadmisibilidad del medio de prueba supra relacionado causó perjuicio a la sociedad al quebrantarse el artículo 82 de la Constitución de la República que establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías dentro de las que se destacan a) “El Derecho a la igualdad de armas procesales” entendiéndose por ésta, tal y como lo desarrolla (Junio Joan Pico 1. las garantías constitucionales del Proceso. Editor Barcelona, 1997, Pág. 132) “como aquella exigencia de que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, para evitar el desequilibrio entre ellas, por lo que resulta necesario que ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, es decir tiene por objeto evitar la situación le privilegio o supremacía de una de las partes, garantizando así la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio”; b) “El derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, cuya intervención probatoria alcanza su esplendor en el juicio, sin embargo para que ello suceda corresponde que previamente al debate se tomen ciertos recaudos que permitan bajo el principio de concentración, reunir todo el plexo probatorio, permitiendo a cada parte proponer la prueba propia. Sobre éste último aspecto si bien es cierto el Tribunal tiene que fundar un juicio de certeza respecto de la circunstancia que amerite el rechazo de la prueba, o bien constatar su ineficacia probatoria o ilegalidad; en el caso que nos ocupa no sucedieron ninguna de las dos, considerando que el Tribunal en la audiencia respectiva se limitó a manifestar que el interrogatorio hecho a la menor, no se había agotado; que no e sabía cuales eran las contradicciones indicadas por el Ministerio Público y que claramente no se apreciaba que la menor no recordara haber dicho nada, en tal sentido arbitrariamente declaró sin lugar la declaración por lectura autorizada vertida audiencia inicial por la menor M. DEL C., cuando resultaba procedente acceder a su incorporación, pues como se ha indicado se cumplía la hipótesis sexta del artículo 311, que autoriza la incorporación por lectura del testimonio vertido en audiencia inicial y al no haberlo hecho así, ha imposibilitado al Ministerio Público acreditar su pretensión, ya que se trata de la declaración de la menor víctima, que constituye la declaración más relevante dentro del proceso. Es importante señalar también Honorables Magistrados, que en el caso subjudice el Ministerio Público desde el inicio de la causa calificó los hechos como constitutivos de Actos de Lujuria Agravados, para lo cual recabó la prueba pertinente para acreditar el mismo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos, como es el caso de la declaración de la menor, quien en la etapa probatoria del proceso depuso libre de coacción alguna y a interrogatorio del Ministerio Público respondió lo siguiente: “P/¿Me podrías decir que ha ocurrido con tu padrastro? C/Esa noche mamá se acostó y yo me acosté después me dormí, yo no supe a que hora abrió la puerta él y cuando sentí que me ardía me desperté y lo miré a él parado,P/ ¿Qué más? C/ entonces yo le grité a mi mamá y tenía bajado el blumer,P/ ¿Estabas desnuda? C/ si, P/¿Cuándo yo sentí que me ardía que quiere decir? C/que me ardía la cosita y le hablé a mi mamá y lo miré a él parado P/ ¿Cuándo vos te despertas a quien te referís? C/ a él, señalando al imputado, P/¿Quién es él? C/ M. R., P/Qué es de vos? C/ padrastro, P/Cuándo lo volteaste a ver, que miraste? C/estaba parado y lo miré como desnudo, P/¿vos dormiste con ropa ese día? C/ sí, P/ ¿por donde ingresó él? C/ por la ventana, P/¿anteriormente te ha tocado él? si me ha tocado, P/¿Qué partes? C/ encima de la pierna, P/ Vos sabes el porque te tocaba él? C/no, P/El se desnudó enfrente de voz? C/no pero él se levantaba a tocarme a mi, P/ Lo hizo mas de una vez eso? C/ si”. El juzgador según se desprende del acta de debate no permitió la incorporación por lectura de la declaración de la ofendida, aduciendo que se desconocen las contradicciones que indica el Ministerio Público, ya que el interrogatorio no ha sido agotado, fundamento que es totalmente desacertado, en virtud que resulta claro que la contradicción es en cuanto a que en debate niega la agresión sexual de que fue objeto por parte de su padrastro y que denunció en la audiencia inicial. Por otra parte, el propio Tribunal en el numeral segundo de la sección de valoraci5n probatoria, acepta que existe una contradicción entre lo manifestado por la menor en la entrevista con la psicóloga, que es lo mismo relatado en la audiencia inicial, con lo expresado en el juicio oral y público, donde no señaló en ningún momento que fuera víctima de agresión sexual, dicho en otras palabras que el acusado la hubiera tocado, de manera que atendiendo esta circunstancia, el Tribunal devenía en el deber de admitir la incorporación por lectura de la declaración de la menor requerida por el Ministerio Público y al no hacerlo, ha violentado El Derecho de Defensa y El Debido Proceso. Deseamos llamar la atención a las posiciones doctrinarias existentes en torno a la retractación de la víctima en un proceso, y el porque sucede, en este sentido diversas autores consideran que son varias las etapas cronológicas por las cuales atraviesa una víctima del delito de abuso sexual infantil, una de ellas es la llamada retractación, en esta subyacen sentimientos de culpa, también puede que los menores sientan que todas las amenazas efectuadas por el abusador se cumplan. Es en esta etapa donde el niño necesita mayor comprensión de parte de la Justicia llámese jueces, fiscales, asesores de menores, abogados, organismos institucionales, médicos, psicólogos, entre otros de sus padres y demás familiares y de un ambiente contenedor para no flaquear y sostener lo que han relatado. Por ello, a menos que el niño reciba un apoyo sustancial ante su denuncia, normalmente se retracta. La presión ejercida sobre la víctima por la familia, por el abusador y aún por los profesionales puede abrumar al menor abusado y obligarlo a retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino que generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella. Así, la retractación les permite volver al seno de la familia y eludir el sistema legal. Los jueces son llamados a reflexionar previo a emitir una opinión de mérito, para lo cual deben tener en cuenta el relato del niño abusado, los indicadores físicos que éste presenta, el relato de las personas allegadas al menor y los estudios médicos1 psicológicos y psiquiátricos. Establecido lo anterior debemos señalar, que si procedía por, parte del juzgador la admisión por lectura de la declaración de la menor que resulta relevante para determinar la responsabilidad del imputado, sin embargo al no permitírsele al e9te acusador hacer uso del medio de prueba relacionado con el delito objeto del proceso, por no considerar las contradicciones indicadas por el Ente Acusador, se ha violentado el derecho al Debido Proceso, y consecuentemente el derecho de Defensa, que incluye el ofrecimiento de pruebas que apoyen fácticamente sus pretensiones, y que harán valer en juicio ante el respectivo Tribunal. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, a fin de restituir al defensor de la sociedad hacer uso de los instrumentos probatorios necesarios que le permitan correctamente perseguir SU finalidad en igualdad de armas.” RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE EL TRIBUNAL DE INSTANCIA HA VULNERADO EL DERECHO A LA DEFENSA Y LA GARANTÍA GENERICA DEL DEBIDO PROCESO, CONSAGRADOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTICULOS 82 Y 90 PARRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA.- I. El Artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación mediante el establecimiento de este Motivo Casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la Ley Procesal y ello obedece a la intención del Legislador de dar apertura al Recurso de Casación, en acatamiento de lo dispuesto en el Artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general toda norma legal puede engarzarse con una Norma Constitucional, más el Recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia, en una buena técnica, el peticionario debe de echar mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de Casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro, en contraposición con los Recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores[2]. La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. En análisis del Recurso interpuesto, el Censor desarrolla un Único Motivo denunciando la Violación de las Garantías Constitucionales contenidas en los Artículos 82 y 90, Principio de Inviolabilidad de la Defensa y del Debido Proceso respectivamente, ambas normas relacionadas a la actividad procesal y de observancia obligatoria por el órgano jurisdiccional. Puntualmente la Recurrente desarrolla el Motivo, alegando que se le ha vulnerado su derecho cuando en la Audiencia del Debate se le fue inadmitida la incorporación por lectura autorizada de conformidad a lo establecido por el Artículo 311 del Código Procesal Penal, de la declaración rendida en audiencia inicial por la Ofendida, con la que se intentaba probar que la menor se contradijo en el desarrollo del debate, con la deposición ofrecida en la Audiencia Inicial , pues en el juicio refiere al ser preguntada sobre los hechos, que no ha sucedido nada y que nadie la ha tocado, después de haber expresado en el Audiencia Inicial que había sido objeto de tocamientos por parte del Imputado, quien es su padrastro, manteniendo esta versión al ser entrevistada por la Psicóloga Forense, en consecuencia se hace evidente que ha existido una contradicción en la declaración de la victima que permite su incorporación por lectura. Sigue manifestando la Recurrente, que de igual forma la inadmisibilidad del medio de prueba supra relacionado causa perjuicio a la sociedad al quebrantarse el Artículo 82 de la Constitución de la Republica que establece que “El Derecho de Defensa es inviolable” el cual tiene entre sus alcances el Derecho a un proceso con todas las garantías entre las que se destaca el “Derecho de Igualdad de Armas” y el “Derecho de intervenir probatoriamente en el proceso penal”, por lo que el juzgador, según la Recurrente, al no permitir la incorporación por lectura de la declaración de la Ofendida, aduciendo que desconoce las contradicciones que indica el Ministerio Público, el fundamento del mismo es desacertado, en virtud que resulta claro que la contradicción es en cuanto a que en el Debate (la Ofendida) niega la agresión sexual de que fue objeto por parte de su padrastro y que denuncio en la Audiencia Inicial. II. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala considera importante recordar que la Garantía genérica del Debido Proceso que consagra el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República tiene una íntima conexión con el Derecho a la Defensa que reconoce el Artículo 82 párrafo primero de la Carta Magna, de este modo tal garantía se concreta en una serie de Derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc…. En este sentido, debemos analizar si en el caso bajo examen, se ha vulnerado en alguna de sus vertientes la Garantía del Debido Proceso en perjuicio del Ministerio Publico. A criterio de esta Sala, el reclamo formulado mediante el Recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como violentadas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte Acusadora de realizar actos procesales para reforzar las imputaciones formuladas contra el Acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal, en una condición desventajosa en relación a su contraparte, como consecuencia de una situación material o por disposición de una ley, sin que el Tribunal procurase balancear dichas diferencias, a efecto de colocar a los litigantes en un mismo plano de oportunidad frente al proceso, conclusión que es resultante del siguiente análisis: Establece el Artículo 311 del Código Procesal Penal que excepcionalmente podrá introducirse a la Audiencia de Debate por lectura las declaraciones de testigos rendidas en la Etapa Preparatoria, para efectos clarificar cualquier contradicción que se advierta entre la dada en aquella ocasión con la que se esté rindiendo en el juicio; con esto el Tribunal de Sentencia podrá determinar el grado de credibilidad que tiene el testigo que esta declarando al debate, al poder ver si ha existido contradicción en declaraciones anteriores y el porqué de estas contradicciones. No es estéril insistir que lo que el Tribunal de Sentencia valorara es la declaración que en ese momento este recibiendo en la Audiencia de Debate y no la que se haya introducido por lectura para efectos de contradicción. Las declaraciones que pueden recibirse en la Etapa Preparatoria son las declaraciones tomadas bajo el protocolo de prueba anticipada, las declaraciones recibidas en la audiencia inicial y las declaraciones tomadas por los Agentes de Policía en la etapa de Investigación Preliminar, cada uno de los tipos de declaraciones enumerados tiene su grado de fiabilidad en cuanto a la información que poseen, así: a).- La declaración rendida bajo protocolo de prueba anticipada es tomada con más detalle y mas rigurosidad, debido al riesgo que existe de que ésta no pueda brindarse de manera posterior, por ello los letrados de las partes procuran ser mas exhaustivos en su interrogatorios; b).- Las declaraciones tomadas en la audiencia inicial si bien existe contradictorio, son menos exhaustivas e incluso su registro es menos detallado conforme lo indica el Artículo 298 del Código Procesal Penal, esto debido a que estas declaraciones tiene como objeto provocar la decisión que el Juez de Garantía deba de dar al final de la audiencia sin que, como regla general, puedan trascender a otras etapas del proceso; c).- Las declaraciones administrativas tomadas por los Agentes de Investigación, si bien son esenciales en la etapa de investigación preliminar para orientar a los Agentes de Policía en la recabación de información, en el plano judicial son las menos fiables, debido a contrario a lo que ocurre con los dos tipos de declaraciones que se han hecho mención donde se realizan bajo el control jurisdiccional y con el contradictorio del Ministerio Público y la Defensa, en las declaraciones administrativas solo participa el declarante y el investigador, quien se encarga de levantar un acta donde hace constar lo que escucho y entendió de la persona y sin que exista un tercero que pueda corroborar la exactitud de lo dicho y de lo transcrito en el acta. III. Retornando al caso de examine, el Ministerio Público en la Audiencia de Debate solicito la introducción por lectura de la declaración rendida por la menor ofendida A. M. M. DEL C., por considerar que ésta contenía una versión distinta a la que la menor estaba dando en la audiencia de debate, específicamente en cuanto a que en aquella ocasión la niña mencionó que había sido objeto de tocamientos por parte del Imputado, mientras que en la audiencia de debate señala que no ocurrió nada, El Tribunal de Sentencia resolvió declarar sin lugar lo solicitado por el Ministerio Público, ya que el interrogatorio no había sido agotado y por no saber cuales son las contradicciones indicadas por el Ministerio Público. (F. 89 Vuelto). Al respecto, la Sala de lo Penal determina que el Tribunal de Sentencia debió haber introducido por lectura la declaración rendida por la menor en la etapa preparatoria a efecto de verificar la existencia de dicha contradicción y tener un elemento más para valorar la declaración de la menor rendida en la Audiencia de Debate, más con ello la Sala de lo Penal, haciendo una Inclusión Hipotética de la diligencia indebidamente omitida por los Juzgadores, llega a la conclusión que aún con la introducción de la declaración solicitada que fuese incorporada no se hubiesen dado elementos para modificar la valoración dada por los Juzgadores a la declaración de la menor en el Debate y que se explica en la Sentencia impugnada. Concluye la Sala de lo Penal que la omisión en que incurrió los Juzgadores de la Instancia no tiene la incidencia como para afectar alguno de los pronunciamientos de la Parte Dispositiva de la Sentencia, es pues que el ejercicio de la Defensa en este caso si bien tiene una afectación formal (el hecho de no acceder a la introducción por lectura de una declaración previa al debate), no tiene una afectación material (la declaración previa no tiene la fuerza para afectar la credibilidad de la declaración de la menor dada en la audiencia del debate) y ante la ausencia de dicha afectación material es procedente declarar sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 del Código Procesal Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarando SIN lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo, interpuesto por la Abogada A. A. M., en su condición de Fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declarar firme y ejecutable la Sentencia de fecha veintinueve (29) de Abril del dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida. MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- MAGISTRADO PONENTE ZUNIGA MEDRANO.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO.- MAGISTRADO COORDINADOR.- MARCO VINICIO ZUNIGA MEDRANO.- MAGISTRADO.- JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- MAGISTRADO.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil catorce.- Certificación de la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil catorce, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-466-2012.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
[2] Vid en este sentido: LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115, cuando expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto..”