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Sentencia CL-583-13 — Registro 4524

Resumen

Segunda instancia reformó parcialmente a lugar demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario se les pague los salarios en cumplimiento del contrato de trabajo suscrito por tiempo determinado, en virtud del despido directo, ilegal e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de febrero de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de noviembre de dos mil trece, por el abogado AUGUSTO ALVARADO ESCOBAR, mayor de edad, soltero, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de los señores WENDY CRISTINA TALAVERA REYES, IARA NICOLE GALINDO RAMÍREZ, FARAH HELEN MUÑOZ SILVA y otros; en relación a la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario se les pague los salarios en cumplimiento del contrato de trabajo suscrito por tiempo determinado, en virtud del despido directo, ilegal e injusto y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dos de febrero de dos mil diez, por los señores WENDY CRISTINA TALAVERA REYES, casada, Licenciada en Periodismo, IARA NICOLE GALINDO RAMÍREZ, FARAH HELEN MUÑOZ SILVA, CESIA JAEL CASTAÑEDA BUDDE, con domicilio en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, CINTHIA YAMILETH ROJAS FAJARDO, ELVIS ENRIQUE MORALES VALDÉZ, MOISES LEVÍ TURCIOS MONTES, MIRNA LIZZETH FONSECA MALDONADO, KARLA CONCEPCIÓN ACEITUNO IRÍAS, casada, GABRIELA DENNISSE ZAVALA IRIAS, OLIVIA ESTHER PALOMO VELÁSQUEZ, WILMER ANTONIO PINEDA, casado, ALBERTO BARRERA LÓPEZ, casado, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, YOLANDA LAGO MARTÍNEZ, casada, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, CATALINO IRAN MADRAZO ABREU, casado, de nacionalidad Cubana, CARLOS ALONSO DÍAZ NAJAR, MILDRED ZULEMA RIVERA BURGOS, casada, con domicilio en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés, MARCELINO ESTRADA ALVARADO, unión libre, con domicilio en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, GISSELLE MAGALY BARAHONA ROSALES, casada, ROXANA MELANI RODRÍGUEZ ALVARADO, CARLOS JAVIER FÚNEZ CARDOZA, casado, CARLOS ROBERTO ALVAREZ MENJIVAR, JULIO ROLANDO GÓMEZ MOLINA, casado, IVÁN EDGARDO TORRES AMAYA, casado y ODYS ANTONIO VENTURA CRUZ, todos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la COMISIÓN NACIONAL PROINSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID), por medio de su Presidente, señor MIGUEL ERNESTO FLORES CISNEROS, mayor de edad y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de septiembre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal demandado. SEGUNDO: REFORMAR parcialmente la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, el veinticinco de Julio del dos mil trece (25/07/13), relacionada con la demanda laboral promovida por los señores: WENDY CRISTINA TALAVERA REYES, IARA NICOLE GALINDO RAMIREZ, FARAH HELEN MUÑOZ SILVA, CESIA JAEL CASTAÑEDA BUDDE, CINTHIA YAMILETH ROJAS FAJARDO, ELVIS ENRIQUE MORALES VALDEZ, MOISES LEVI TURCIOS MONTES, MIRNA LIZZETH FONSECA MALDONADO, KARLA CONCEPCION ACEITUNO IRIAS, GABRIELA DENNISSE ZAVALA IRIAS, OLIVIA ESTHER PALOMO VELASQUEZ, WILMER ANTONIO PINEDA, ALBERTO BARRERA LOPEZ, YOLANDA LAGO MARTINEZ, CATALINO IRAN MADRAZO ABREU, CARLOS ALONSO DIAZ NAJAR, MILDRED ZULEMA RIVERA BURGOS, MARCELINO ESTRADA ALVARADO, GISSELLE MAGALY BARAHONA ROSALES, ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO, CARLOS JAVIER FUNEZ CARDOZA, CARLOS ROBERTO ALVAREZ MENJIVAR, JULIO ROLANDO GOMEZ MOLINA, IVAN EDGARDO TORRES AMAYA y ODYS ANTONIO VENTURA CRUZ contra el COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) a través de su representante legal; reforma que se contrae a: Declarar SIN LUGAR la demanda de merito, en consecuencia, se exonera de toda responsabilidad laboral económica al COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID) que se derive de la presente demanda. TERCERO: CONFIRMAR el fallo de la referencia en todos sus demás aspectos. CUARTO: SIN COSTAS…”; que el a quo en la parte resolutiva de la sentencia declaró sin lugar la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar y la excepción perentoria de prescripción interpuestas por el apoderado demandado, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que la relación laboral con el Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos fue suscrita mediante contratos de trabajo por tiempo determinado, iniciando dicha relación de la manera siguiente: 1) Wendy Cristina Talavera Reyes, el 4 de marzo de 2009; 2) Iara Nicole Galindo Ramírez, el 5 de enero de 2009; 3) Farah Helen Muñoz Silva, el 10 de mayo de 2009; 4) Cesia Jael Castañeda Budde, el 1 de enero de 2009; 5) Cinthia Yamileth Rojas Fajardo, el 15 de enero de 2009; 6) Elvis Enrique Morales Valdez, el 26 de enero de 2009; 7) Moises Leví Turcios Montes, el 25 de marzo de 2009; 8) Mirna Lizzeth Fonseca Maldonado, el 27 de enero de 2009; 9) Karla Concepción Aceituno Irías, el 25 de febrero de 2009; 10) Gabriela Dennisse Zavala Irías, el 5 de enero de 2009; 11) Olivia Esther Palomo Velásquez, el 17 de abril de 2009; 12) Wilmer Antonio Pineda, el 26 de enero de 2009; 13) Alberto Barrera López, el 1 de diciembre de 2008; 14) Yolanda Lago Martínez, el 1 de diciembre de 2008; 15) Catalino Irán Madrazo Abreu, el 1 de marzo de 2009; 16) Carlos Alonso Díaz Najar, el 1 de marzo de 2009; 17) Mildred Zulema Rivera Burgos, el 20 de mayo de 2009; 18) Marcelino Estrada Alvarado, el 15 de junio de 2009; 19) Gisselle Magaly Barahona Rosales, el 15 de febrero de 2009; 20) Roxana Melani Rodríguez Alvarado, el 1 de mayo de 2009; 21) Carlos Javier Fúnez Cardoza, el 21 de abril de 2009; 22) Carlos Roberto Álvarez Menjivar, el 1 de mayo de 2009; 23) Julio Rolando Gómez Molina, el 16 de junio de 2009; 24) Iván Edgardo Torres Amaya, el 16 de abril de 2009; 25) Odys Antonio Ventura Cruz, el 20 de abril de 2009; que en fecha 1 de octubre de 2009, se personaron ante las oficinas del Comité, los señores Miguel Ernesto Flores Cisneros y Mónica Navarro, quienes manifestaron verbalmente, que llegaron a nombre y representación de CONAPID a hacerles efectivo a los demandantes los salarios atrasados, pagándoles los mismos con cheques librados a nombre de CONAPID, y en el mismo acto, en forma individual, se les manifestó que los IX juegos quedaban cancelados y que los contratos de trabajo quedaban terminados en ese mismo instante, sin expresarles la causa o motivo alguno; que tomando en consideración que los contratos de trabajo fueron suscritos por tiempo determinado, la ruptura de estos, sin que medie responsabilidad del trabajador, la parte patronal estará en la obligación de reconocer y hacer efectivo el pago de los salarios que correspondan al tiempo enunciado en aquellos, asimismo, al pago de una indemnización correspondiente a un mes de salario, tal y como lo preceptúa la legislación laboral.- 2. La parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID), contestó dicha demanda señalando que no existe ninguna razón para que el COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS sea demandado a través de CONAPID, ya que el comité fue creado como un organismo de carácter temporal con personalidad jurídica del cual la CONAPID no ostenta la representación legal; que los demandantes manifiestan que si no se prueba la justa causa en que se fundamentó el supuesto despido, debe ser condenada a pagar el salario correspondiente a los meses de octubre, noviembre y veinte (20) días del mes de diciembre del año 2009, mas un mes de salario en concepto de indemnización, conceptos que no son aplicables al presente caso, ya que la cantidad o indemnización, que valga la redundancia no corresponde pagar, se encuentra regulada y limitada a lo que establecen los artículos 120 y 121 del Código del Trabajo; que no se acepta la infundada demanda, ya que como bien lo manifiestan los demandantes de existir tal relación laboral fue con el Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos, con quien a través de su representante legal supuestamente suscribieron los contratos, situación que no les consta ya que la función de la CONAPID únicamente fue como administradora del presupuesto, mismo que en su momento fue trasladado hacia el Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos, que existió como un Organismo de carácter temporal con personalidad jurídica del cual la CONAPID no ostenta la representación legal y por tal razón no tiene conocimiento de la existencia o no de tales contratos y los salarios que en ellos se estipulan.- Que opuso la excepción perentoria de falta de acción para demandar, en virtud que entre los demandantes y la Comisión Nacional Pro-instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), nunca ha existido un contrato o relación laboral, ya que únicamente en su momento fungió como Administradora del Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos, que fue creado como un organismo de carácter temporal con personalidad jurídica, en donde en el decreto de su creación, se nombra como presidente de la misma al Comisionado Presidencial, ciudadano Roberto Nodarse, quien fue la persona que en representación de la Comisión celebró varios contratos, con el agravante que esos IX Juegos Deportivos Centroamericanos no se llevaron a cabo y la CONAPID, no ostenta la representación legal de ese comité que por su carácter temporal con que fue creado ya no existe y al dejar de existir lo principal que es el comité, también desaparece lo accesorio como ser la estructura de administrador que se había creado, agregado a esto que ya no existe ninguna asignación presupuestaria que este pendiente de ejecutar; asimismo, se interpuso la excepción perentoria de prescripción argumentando que el término de la prescripción para demandar, establecido en el articulo 864 del Código del Trabajo, empezó a correr el día siguiente a que el Ministerio del Trabajo extendió la certificación donde se da por agotada la vía administrativa, es decir, el 4 de diciembre del año 2009 y empezando a contabilizar el tiempo desde ese día, transcurrieron más de sesenta días, hasta el día que presentaron la demanda que fue el 2 de febrero del 2010.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veinticinco de julio de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral para el pago del tiempo que faltaba para que venciera el plazo pactado en los contratos de trabajo por despido injustificado, promovida por los señores Wendy Cristina Talavera Reyes, Lara Nicole Galindo Ramírez, Farah Helen Muñoz Silva, y otros, en contra del COMITE ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTOS DEL DEPORTE (CONAPID); condenó a la demandada a pagarles a los demandantes la cantidad de L.1,089,333.27, desglosados de la siguiente manera: Wendy Cristina Talavera Reyes la cantidad de L.48,000.00); Lara Nicole Galindo Ramírez, L.80,000.00; Farah Helen Muñoz Silva, L.53,333.33; Cesia Jael Castañeda Budde, L.40,000.00; Cinthia Yamileth Rojas Fajardo, L.40,000.00; Elvis Enrique Morales Valdez, L.34,666.66; Mirna Lizzeth Fonseca Maldonado, L.14,666.66; Karla Concepción Aceituno Irías, L.26,666.66; Gabriela Dennisse Zavala Irías, L.40,000.00; Olivia Esther Palomo Velásquez, L.32,000.00; Wilmer Antonio Pineda, L.66,666,66; Alberto Barrera López, L.120,000.00; Yolanda Lago Martínez, L.66,666.66; Carlos Alonso Díaz Najar, L.40,000.00; Gisselle Magaly Barahona Rosales, L.26,666.66; Roxana Melani Rodríguez Alvarado, L.106,666.66; Carlos Javier Fúnez Cardoza, L.40,000.00; Carlos Roberto Álvarez Menjivar, L.106,666.66; Julio Rolando Gómez Molina, L.26,666.66; Ivan Edgardo Torres Amaya, L.80,000.00; declaró sin lugar la demanda laboral promovida por los señores Catalino Iran Madrazo Abreu, Mildred Zulema Rivera Burgos, Marcelino Estrada Alvarado y Odys Antonio Ventura Cruz, para el pago del tiempo que faltara que venciera los contratos; por lo que absuelve a la demandada de las pretensiones provenientes del presente reclamo de dichos demandantes; declaró sin lugar las excepciones perentoria de falta de acción o derecho para demandar y la excepción perentoria de prescripción interpuestas por el apoderado demandado, sin costas; bajo el criterio que la demandada no probó en juicio los motivos por los cuales dio por finalizado los contrato de trabajo que los unía con los demandantes, en cambio los demandantes acreditaron el despido injustificado de que fueron objeto el 01 de octubre del año 2009, mediante el acta levantada por el Inspector de Trabajo en fecha 07 de octubre del año 2009; que quedó acreditado en autos que la demandada según decreto ejecutivo No. PC.-08-2007, de fecha 15 de marzo del año 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día Miércoles 13 de junio del año 2007 donde declaró el interés nacional de los IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, era la responsable de la administración general ya que a la CONAPID se le había asignado la partida presupuestaria y por lo tanto era la encargada de entregar al presidente del comité organizador de los IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, los fondos necesarios para cubrir todos los gastos de las actividades de los IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS; que por las razones anteriormente expuestas este Tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda y procede condenar al COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la CONAPID, a que pague el salario que habría devengado los demandantes en el tiempo que faltara para que se venciera el plazo o finalizare dichos contratos; y como quedó establecido en autos que los demandantes fueron despedidos en fecha 01 de octubre del año 2009 y los contratos de los trabajadores tenían fecha de vencimiento el 20 de diciembre del año 2009, o sea que la demandada es condenada a pagar dos meses con veinte días que es el tiempo que faltaba por que vencieran los contratos; que en cuanto a los demandantes Catalino Iran Madrazo Abreu, Mildred Zulema Rivera Burgos, Marcelino Estrada Alvarado y Odys Antonio Ventura Cruz, no procede dicho reclamo laboral en virtud de haberse acreditado en autos que cuando la empresa demandada decidió finalizar dicha relación, en fecha 01 de octubre del año 2009, ya los contratos de estos habían finalizado; que el apoderado demandado interpuso en su escrito de contestación la excepción perentoria de falta de acción para demandar basada en el hecho que entre los demandantes y la demandada nunca ha existido un contrato o relación laboral, ya que únicamente fungió como Administradora del Comité Organizador de los IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, que fue creado como un organismo de carácter temporal con personería jurídica, en cuanto a dicha excepción este tribunal es del criterio que esta excepción no se ajusta a derecho porque los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República establecen que se puede promover sus acciones en justicia aún aquellos que erróneamente se consideren asistidos de razón y en cuanto a la excepción perentoria de prescripción interpuesta por el apoderado demandando la cual basa en el hecho que el término de la prescripción para demandar establecido en el artículo 864 del código del Trabajo, empezó a correr el día siguiente a que el Ministerio del Trabajo extendió la certificación donde se da por agotado la vía administrativa es decir el 04 de diciembre del año 2009 y empezó a contabilizar el tiempo desde ese día, transcurriendo más de sesenta días hasta el día que presentaron la demanda que fue el día 02 de febrero del año 2010, que en relación a esta excepción perentoria de prescripción si bien es cierto el cierre de las diligencias administrativas fue en fecha 03 de diciembre del año 2009 y que los demandantes interpusieron la demanda ante este tribunal en fecha 02 de febrero del año 2010, pero lo que no cuenta el apoderado demandado al momento de interponer su excepción es que los tribunales de justicia se encontraban en periodo de vacaciones desde el 16 de diciembre del año 1999 al 05 de enero de enero del año 2010 y ese periodo vacacional es inhábil para efectos de los términos judicial al tenor de lo establecido en el decreto No. 91-95 del 16 de mayo de año 1995, razón por la cual procede declarar sin lugar la misma.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de septiembre de dos mil trece, dictó sentencia declarando ha lugar parcialmente el recurso de apelación y reforma parcialmente la sentencia definitiva venida en apelación, en el sentido de declarar sin lugar la demanda promovida por los señores Wendy Cristina Talavera Reyes, Lara Nicole Galindo Ramírez, Farah Helen Muñoz Silva y otros, en contra del COMITE ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de la COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTOS DEL DEPORTE (CONAPID), en consecuencia, se exonera de toda responsabilidad laboral económica al demandado que se derive de la presente demanda; confirmó el fallo de la referencia en todos sus demás aspectos, sin costas; bajo el criterio que la nulidad de actuaciones para que pueda ser estimada, debe reunir una serie de requisitos, en el sub judice se advierte que el recurrente pretende obtener la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma, la cual debe solicitarse en el momento que se advierta, en el caso de autos, el recurrente denunció el defecto procesal a través de la interposición de las excepciones dilatorias del caso, mismas que fueron desestimadas en sentencia interlocutoria dictada por el a quo el 31 de julio del 2012, actuación judicial que a la fecha es firme, por no haber sido impugnada a través de los recursos que la ley pone al alcance de las partes, por tanto no es atendible la nulidad de actuaciones señalada y pretendida por el recurrente; que consta en las presentes diligencias que la relación laboral entre las partes inició mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado de ahí que el pago de salarios adeudados que la patronal hizo a los actores el 1 de octubre del 2009 y en ese mismo acto les notificaron que los IX juegos deportivos centroamericanos quedaban cancelados, por cuya razón los contratos de trabajo se daban por terminados; no es mas que el cumplimiento de una obligación que la ley impone a la parte que unilateralmente termina el contrato de trabajo o relación laboral, y en ese sentido, los actores conocían por notificación expresa la causa o motivo que movió al empleador a tomar esa determinación, de lo que se desprende ser contrario a la verdad que aduzcan desconocimiento de la causa o motivo de la rescisión laboral; y si bien es cierto que la misma se produjo antes de la fecha pactada para su vencimiento, el patrono tuvo razones justificadas y válidas para ello, puesto que desapareció el objeto de los contratos, por consiguiente no había razones para continuar con la relación laboral; y, siendo que a los demandantes se les hizo efectivo el derecho económico que a la terminación del contrato les asistía, sus pretensiones carecen de respaldo legal.- 5. Mediante auto de fecha siete de octubre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado AUGUSTO ALVARADO ESCOBAR, en su condición de representante procesal de los señores WENDY CRISTINA TALAVERA REYES, IARA NICOLE GALINDO RAMÍREZ, FARAH HELEN MUÑOZ SILVA y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de noviembre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado AUGUSTO ALVARADO ESCOBAR, en su condición de representante procesal de los señores WENDY CRISTINA TALAVERA REYES, IARA NICOLE GALINDO RAMÍREZ, FARAH HELEN MUÑOZ SILVA y otros, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado AUGUSTO ALVARADO ESCOBAR, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha tres de diciembre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado MARLON JAVIER MEZA SANTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que la abogada la abogada WENDY NINOSKA AVILA ALVAREZ, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “PRIMERO: CASA, la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés y en consecuencia: REFORMA la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis (06) de septiembre del año 2013 SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda laboral para el pago del tiempo que faltaba para que venciera el plazo pactado de los contratos de trabajo por despido injustificado promovida por los señores: 1)Wendy Cristina Talavera Reyes, 2) Iara Nicole Galindo Ramírez, 3)Farah Helen Muñoz Silva, 4) Cesia Jael Castañeda Budde, 5) Cinthia Yamileth Rojas Fajardo, 6) Elvis Enrique Morales Valdez, 8) Mirna Lizzeth Fonseca Maldonado, 9) Karla Concepción Aceituno Irías, 10) Gabriela Dennisse Zavala Irías, 11) Olivia Esther Palomo Velásquez, 12) Wilmer Antonio Pineda, 13) Alberto Barrera López, 14) Yolanda Lago Martínez, 16) Carlos Alonso Díaz Najar, 19) Gisselle Magaly Barahona Rosales, 20) Roxana Melani Rodríguez Alvarado, 21) Carlos Javier Fúnez Cardoza, 22) Carlos Roberto Álvarez Menjivar, 23) Julio Rolando Gómez Molina, 24) Iván Edgardo Torres Amaya, contra el COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de a COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID), a través del señor ARTURO BENDAÑA, en su condición de Vicepresidente, TERCERO: Declara sin lugar la demanda laboral promovida por los señores: CATALINO IRAN MADRAZO ABREU, MILDRED ZULEMA RIVERA BURGOS, MARCELINO ESTRADA ALVARADO Y ODYS ANTONIO VENTURA CRUZ, para el pago del tiempo que faltara para que vencieran los contratos; por lo que absuelve al COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de a COMISION NACIONAL PROINSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE (CONAPID), a través del señor ARTURO BENDAÑA en su condición de Vicepresidente de las pretensiones provenientes del presente reclamo de los demandantes: CATALINO IRAN MADRAZO ABREU, MILDRED ZULEMA RIVERA BURGOS, MARCELINO ESTRADA ALVARADO Y ODYS ANTONIO VENTURA CRUZ. CUARTO: Se excluye al señor MOISES LEVI TURCIOS MONTES, en virtud de que no haber comparecido al Juzgado de primera instancia a presentar la demanda. QUINTO: CONDENA al COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, a través de a COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE(CONAPID), representada por el señor ARTURO BENDAÑA en su condición de Vicepresidente a pagarle a los trabajadores: 1) Wendy Cristina Talavera Reyes, 2) Iara Nicole Galindo Ramírez, 3) Farah Helen Muñoz Silva, 4) Cesia Jael Castañeda Budde, 5) Cinthia Yamileth Rojas Fajardo, 6) Elvis Enrique Morales Valdez, 8) Mirna Lizzeth Fonseca Maldonado, 9) Karla Concepción Aceituno Irías, 10) Gabriela Dennisse Zavala Irías, 11) Olivia Esther Palomo Velásquez, 12) Wilmer Antonio Pineda, 13) Alberto Barrera López, 14) Yolanda Lago Martínez, 16) Carlos Alonso Díaz Najar, 19) Gisselle Magaly Barahona Rosales, 20) Roxana Melani Rodríguez Alvarado, 21) Carlos Javier Fúnez Cardoza, 22) Carlos Roberto Álvarez Menjivar, 23) Julio Rolando Gómez Molina, 24) Iván Edgardo Torres Amaya, la cantidad de UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIETOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L. 1,089,333.27), desglosados de la siguiente manera:

  1. Wendy Cristina Talavera Reyes la cantidad de cuarenta y ocho mil lempiras( L. 48,000.00), 2) Iara Nicole Galindo Ramírez la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00), 3) Farah Helen Muñoz Silva la cantidad de cincuenta y tres mil trescientos treinta tres lempiras con treinta y tres centavos (L. 53,333.33), 4) Cesia Jael Castañeda Budde la cantidad de cuarenta mil lempiras (L. 40,000.00), 5) Cinthia Yamileth Rojas Fajardo la cantidad de cuarenta mil lempiras (L. 40,000.00), 6) Elvis Enrique Morales Valdez la cantidad de treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 34,666.66), 8) Mirna Lizzeth Fonseca Maldonado la cantidad de catorce mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 14,666.66), 9) Karla Concepción Aceituno Irías la cantidad de veintiséis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 26,666.66), 10) Gabriela Dennisse Zavala Irías la cantidad de cuarenta mil lempiras (L. 40,000.00), 11) Olivia Esther Palomo Velásquez la cantidad de treinta y dos mil lempiras (L. 32,000.00), 12) Wilmer Antonio Pineda la cantidad de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 66,666.66), 13) Alberto Barrera López la cantidad de ciento veinte mil lempiras (L. 120,000.00), 14) Yolanda Lago Martínez la cantidad de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 66,666.66), 16) Carlos Alonso Díaz Najar la cantidad de cuarenta mil lempiras (L. 40,000.00), 19) Gisselle Magaly Barahona Rosales la cantidad de veintiséis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 26,666.66), 20) Roxana Melani Rodríguez Alvarado la cantidad de ciento seis mil lempiras seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 106,666.66), 21) Carlos Javier Fúnez Cardoza la cantidad de cuarenta mil lempiras (L. 40,000.00), 22) Carlos Roberto Álvarez Menjivar la cantidad de ciento seis mil lempiras seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 106,666.66), 23) Julio Rolando Gómez Molina la cantidad de veintiséis mil seiscientos sesenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 26,666.66), 24) Iván Edgardo Torres Amaya la cantidad de ochenta mil lempiras (L. 80,000.00). e) Declara sin lugar las excepciones perentorias de falta de acción o derecho para demandar y la excepción perentoria de prescripción interpuesta por el apoderado demandado.- SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado…….”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que la Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se reforme el fallo de segundo grado, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado. Que el defecto técnico antes relacionado impide la prosperidad del Recurso.- IV. Que la parte recurrente solicita nulidad subsidiaria de actuaciones en la forma siguiente: “Las normas procesales, son disposiciones de orden público y como tal, de observancia obligatoria; el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil trece (2013) se lee en su PARTE DISPOSITIVA: FALLA: PRIMERO: HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado demandado. SEGUNDO. REFORMAR parcialmente la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, el veinticinco de julio del año dos mil trece (25/07/13) reforma que se contrae a: Declarar SIN LUGAR la demanda de mérito, TERCERO: CONFIRMAR el fallo de la referencia en todos los demás aspectos, CUARTO: SIN COSTAS. La sentencia es el producto de la razón encaminada a la verdad procesal y a la recta aplicación del derecho, para tal fin el Juez está obligado a cumplir la norma técnica procesal que le señale el legislador en la elaboración de fallos. La sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que reforma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés en abierta inobservancia de lo preceptuado en el artículo 206. Numeral 1 del Código Procesal Civil, contiene irregularidades que la invalidan, ya que en la parte resolutiva dice reformar parcialmente la sentencia apelada, y a su vez manifiesta que la reforma se contrae a declarar sin lugar la demanda, y por otra parte confirma, en donde se deriva una manifiesta contravención al debido proceso. El Recurso de Apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho la resolución del inferior, ya sea para confirmarla, revocarla o reformarla, o sea tres modos distintos de enmendar la resolución del inferior; en el primer caso debe resolver declarando sin lugar el recurso de Apelación, en el segundo con lugar la apelación y en el último, con lugar parcialmente la apelación. Si bien es cierto la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación, procedió a reformar la sentencia, declaró sin lugar la demanda, pero al mismo tiempo confirmó otros aspectos de la misma, no existiendo congruencia en los pronunciamientos del fallo, como lo que establece el artículo 208 Numeral 1 del Código Procesal Civil. La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando consta en autos, declararse de oficio, aunque la pates no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes ni por el lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria, que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, violentó normas procedimentales que no pueden eludirse ni modificarse por convención de los particulares, y que fácilmente se llega a la conclusión que la mencionada sentencia no fue dictada conforme a derecho, por lo es procedente anularla de conformidad a lo preceptuado por los artículos 9, 10, 11, 1589, del Código Civil, en relación con el artículo 200 del Código Procesal Civil. Que al no cumplir la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con la ley procesal invocada que es de orden público, la cual no puede eludirse ni modificarse por convención de los particulares, su contravención implica que no ha juzgado con las formalidades derechos y garantías que la ley establece, lo que acarrea nulidad absoluta del fallo dictado, nulidad que debe cuando consta en autos ser decretada aun de oficio. Resulta, que sin haberse cumplido con lo ordenado en el artículo 208 numeral 1 del Código Procesal Civil, esto es violatorio del trámite y pureza del proceso por lo cual, en forma subsidiaria, a tenor de lo dispuesto en los artículos 212 numeral 6, y, 214 numeral 3 del Código Procesal Civil, en relación con los artículos 11, 1586 números 1 y 2, 1589 del Código Civil; se solicita la nulidad de actuaciones a partir de la audiencia de fecha seis de septiembre del año dos mil trece, que contiene el fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto señalo otro vicio, que anula la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, vicio que se encuentra residenciado con la inclusión en la mencionada sentencia como demandante al señor MOISES LEVI TURCIOS MONTES. Si leemos detenidamente la sentencia de primera instancia, dictada en fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, el A-Quo en su CONSIDERANDO PRIMERO, manifestó: A excepción del señor MOISES LEVI TURCIOS MONTES, que no compareció al Juzgado al momento de presentar la demanda, por lo que su demanda se tiene como no presentada, tal como lo dejó establecido el receptor HECTOR ARTURO CASTRO TORO que recibió la presente demanda, señalando al efecto el folio número 2 de los autos; y es por este motivo que en la CONDENA no aparece el mencionado señor MOISES LEVI TURCIOS MONTES. Sin embargo en el fallo dictado por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de septiembre del año dos mil trece, aparece el señor MOISES LEVI TURCIOS MONTES, en su condición de demandante, cosa que no es cierta, pues el fallo de primera instancia no lo consideró como tal por la razón por él expuesta, este vicio a no dudarlo ANULA el fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia recurrida reúne los requisitos de forma necesarios para la reforma del fallo impugnado, por lo cual no se aprecia ninguna violación procesal en la sentencia impugnada, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado; razón por la cual lo pertinente es desestimar la pretensión que encierra el único cargo formulado en este recurso.- VII. Que por las razones expuestas procede declarar no ha lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito y sin lugar la nulidad subsidiaria de actuaciones solicitada por la parte recurrente.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR la petición de nulidad subsidiaria de actuaciones formulada por la parte recurrente. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 583-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL