Sentencia CL-582-14 — Registro 4660
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones en virtud de despido directo, ilegal e injustificado de que fue objeto la demandante, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicio; segunda instancia confirmó sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el cargo que antecede olvida el Impetrante que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio. En el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la forma de la terminación de la relación laboral, ya que si bien es cierto que la demandada tiene plenas facultades en su libertad administrativa, también lo es que para poder despedir a un trabajador debe enmarcarse en la Ley"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
C E R T I F I C A C I O N
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., siete de octubre de dos mil ocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal del señor LUIS ALBERTO CACERES PONCE, en relación a la demanda para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y que se adopten las medidas necesarias para su pleno restablecimiento condenando al Estado de Honduras a pagar una indemnización por concepto de prestaciones laborales, más los salarios caídos o dejados de percibir, vacaciones no concedidas y demás derechos adquiridos autorizados por las leyes vigentes del país, con especial condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha trece de marzo de dos mil seis, por el señor LUIS ALBERTO CACERES PONCE, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, por intermedio de la Procuradora General de la República señora ROSA AMÉRICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional en fecha doce de noviembre de dos mil siete, mediante la cual falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil siete, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, misma que declaró improcedente la acción incoada por el señor LUIS ALBERTO CACERES PONCE, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, en su condición antes mencionada, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso de la manera siguiente: “...PRIMER MOTIVO: VIOLACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES AL CASO DEL PLEITO. Por aplicación indebida del artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el Artículo 21 de Su Reglamento, porque EL puesto de Coordinador Regional, que ocupaba mi representado, NO ES PUESTO EXCLUIDO NI TAMPOCO DE CONFIANZA, porque no se encuentra taxativamente nominado en el articulo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, ni en el articulo 21, de su Reglamento, por lo que no se puede invocar como argumento valido el hecho de que en el acuerdo de nombramiento y cancelación aparezca la formula “PUESTO EXCLUIDO”, ya que han habido varias ejecutorias en los tribunales de lo Contencioso Administrativo en el sentido “QUE EL CRITERIO PARA CREAR O CALIFICAR UN PUESTO EXCLUIDO”, fuese la simple mención en el acuerdo de nombramiento o cancelación de que el puesto al cual se nombra o se cancela al Servidor Publico diciendo que esta excluido del Régimen de Servicio Civil, entonces para los cargos o puestos públicos no habría razón que existiera la Ley de Servicio Civil, que es la Ley que garantiza y protege los derechos de los servidores públicos que están bajo el Régimen de Servicio Civil. En el presente caso se evidencia una franca oposición con la esencia misma del Estado de Derecho, el cual exige que todo acto deba emitirse en la forma prescrita por las leyes. CONCEPTO DE LA INFRACCION, La violación consiste en la omisión o falta de aplicación en su pertinencia antes señalada, de las disposiciones citadas porque las sentencias censuradas dictadas por el Juez y por extensión de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no cumple lo que dichas normas disponen, encontrándose obligado el tribunal sentenciador a aplicarlas a este caso concreto por ser jurídicamente e ilógicamente inaceptable que la Administración publica del Estado como entes que están regulados dentro de un Estado de derecho deben ser responsables y máximos garante de los derechos y garantías individuales y respetuosos y deben someterse al derecho interno de nuestro país en toda la estructura jerárquica de las leyes. En el artículo 256 de la Constitución de la Republica establece, que el Régimen de Servicio Civil regulara las relaciones de empleo y función publica que se establecen entre el Estado y sus servidores, fundamentados en principio de idoneidad, eficiencia y honestidad. La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de meritos. El Estado protegerá a sus servidores dentro de la carrera administrativa. En el articulo 257 de la misma Constitución establece que: La Ley regulara el Servicio Civil y en especial las condiciones de Ingreso a la Administración publica; y las promociones y ascensos a base de meritos y aptitudes; la garantía de permanencia, los traslados, suspensiones y garantías; los deberes de los Servidores Públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten. En ningún caso nuestra Constitución dice que se regulara el Servicio Civil en la Ley General de la Administración Pública. Sino que esta regulada en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Con más abundancia jurídica el cargo de Coordinador Regional NO ES EXCLUIDO, porque la Ley de Servicio Civil es la que regula la carrera administrativa y protege a todos los servidores públicos, excepto a los que se indican en el articulo 3 de la antes referida Ley y en dicha denominación no se encuentra el puesto de Coordinador Regional, como excluido; de modo que si este es un cargo excluido, tendría que comprenderse necesariamente dentro de los calificados, como “Empleados de Confianza” y aplicarles el articulo 21 numeral 2 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en otras palabras no se pueden crear puestos ni empleados de confianza, o excluidos si no se dan estas circunstancias, con lo que se elimina la posibilidad de que un Secretario de Estado, pretenda quitarle el Estatus, a un acuerdo de nombramiento o de cancelación para atribuirle otro carácter distinto a un servidor publico en contravención a la Constitución de la Republica, la Ley de Servicio Civil, y su Reglamento.- PRECEPTO AUTORIZANTE: autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley el artículo 903 número 1 del Código de Procedimientos Civiles. SEGUNDO MOTIVO INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LAS LEYES APLICABLE DEL CASO DEL PLEITO. Que el Juzgado de Primera Instancia al dictar su sentencia y por extensión la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo contencioso Administrativo interpreto erróneamente lo dispuesto en el artículo 31 del decreto legislativo numero 218-96, mediante el cual reformo la Ley General de la Administración Publica. Creo como órganos de apoyo interno de las Secretarias de Estado los siguientes cargos a) Director de cooperación externa. b) Gerente Administrativo. c) Gerente de Presupuesto. d) Auditor Interno Jefe. e) Sub Gerente de Presupuesto. f) Sub Gerente de Recursos Humanos. g) Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. h) Director Legal. i) Director de Comunicaciones institucional. Y j) Director de Planeamiento y Evaluación de Gestiones. COMO PUEDE OBSERVARSE EL CARGO DE COORDINADOR REGIONAL, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL DECRETO 218-96. Tal como se encuentra acreditado en autos con el documento que se acompaño, elaborado por la Dirección de Servicio Civil.— CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.- La interpretación errónea se da cuando la Honorable Corte de Apelaciones de lo contencioso Administrativo al confirmar la Sentencia de Primera Instancia hace suyo el precepto citado y en la motivación de su fallo en el CONSIDERANDO SEGUNDO estableció que de la revisión del proceso que se conoció en apelación se constato que quedo debidamente probado que el demandante ocupaba un cargo de confianza excluido del Régimen de Servicio Civil de conformidad con el articulo 33 relacionado con el articulo 109 del reglamento de Organización, Funcionamiento Y Competencia Del Poder Ejecutivo y en el CONSIDERANDO TERCERO estableció que el cargo desempeñado por el demandante como Coordinador Regional De La Secretaria De Estado En Los Despachos De Agricultura Y Ganadería es un puesto excluido de libre remoción por parte de la autoridad nominadora, en consecuencia el acuerdo de cancelación se emitió de conformidad a derecho. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no se percato que Los Artículos 33 relacionado con el 109 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, aprobado en Consejo de Ministros mediante Decreto numero PCM-008-97 de fecha 2 de junio de 1997, no se puede invocar como argumento valido porque en el capitulo 1, disposiciones generales artículo 1 dice Que: EL PRESENTE REGLAMENTO REGULA LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO, Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 218-96 DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Donde se desprende que este Reglamento de ninguna manera regula disposiciones de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Que si bien es cierto que el artículo 33 Relacionado con el artículo 109 del referido reglamento establece que las funciones de los Coordinadores Regionales como también definen que para efectos de la Ley de Servicio Civil se consideran Empleados de Confianza, de la Secretaría de Estado, por lo tanto a tales empleados no se les aplicara el Régimen de Servicio Civil. Este argumento no es valido por lo siguiente: El Decreto Ejecutivo PCM-008-97 del 7 de Junio de 1997, que contiene el reglamento no a regulado ni ha desarrollado ninguna norma de la Ley de Servicio Civil, lo que reguló fueron las reformas de la Ley General de la Administración Publica hechas mediante Decreto 218—96, y en este Decreto no esta nominado el puesto de Coordinador Regional sino que fue agregado adicionalmente en el Decreto Ejecutivo PCM -008- 97, en su articulo 33 además el Reglamento Ejecutivo que se pretende sustentar, no es un Reglamento que esta supliendo a la Ley de Servicio Civil, y no desarrollan preceptos de una ley anterior complementándolos y aclarándolos, pero la potestad reglamentaria debe ejercerse dentro de los limites de la ley que se desarrolla o ejecuta, no se puede ir mas a1lá de sus previsiones, ni tampoco restringir su verdadero alcance. Por eso se dice que guardan una posición de efectiva subordinación respecto a la Ley que desarrollan o ejecutan es decir que deben ser conforme a la ley, y los limites que se derivan de su naturaleza son los siguientes: 1) los Reglamentos no pueden derogar, suspender ni modificar La Constitución De La Republica, La Ley De Servicio Civil Y Su Reglamento Y El Decreto 218-96 que Reformó La Ley General De La Administración Publica, leyes que no han sido reformadas. 2) Un Reglamento no puede estatuir contra los principios generales del derecho, por ejemplo la irretroactividad de la ley; 3) el reglamento de ejecución no puede alterar el espíritu de la ley, variando su sentido y alcance esencial; 4) los Reglamentos no deben contrariar las disposiciones expresas o virtuales de la Constitución, ni regular las posiciones subjetivas de la administración o de los particulares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de Casación por infracción de Ley el Articulo 903 numeral 1) del código de Procedimientos Civiles.
TERCER MOTIVO.- POR APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY AL
CASO DEL PLEITO. la aplicación indebida del artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil relacionado con el artículo 21 De Su Reglamento, CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: la aplicación indebida consiste en que la sentencia censurada al confirmar la sentencia de primer instancia hace suyos los fundamentos de derecho utilizados por el A-quo en su fallo donde incorrectamente utiliza este articulo cuando no es aplicable al presente caso que igual manera la Honorable Corte de Apelaciones en su CONSIDERANDO SEGUNDO estableció que de la revisión del proceso que se conoció en apelación se constato que quedo debidamente probado que el demandante ocupaba un cargo de confianza excluido del Régimen de Servicio Civil de conformidad con el articulo 33 relacionado con el artículo 109 del reglamento de Organización, Funcionamiento Y Competencia Del Poder Ejecutivo y en el CONSIDERANDO TERCERO estableció que el cargo desempeñado por el demandante como Coordinador Regional De La Secretaria De Estado En Los Despachos De Agricultura Y Ganadería es un
puesto excluido de libre remoción por parte de la autoridad nominadora, en consecuencia el acuerdo de cancelación se emitió de conformidad a derecho. Donde la Honorable Corte no se percato que el cargo de Coordinador Regional, no se encuentra en el listado de nombramientos y puestos del personal de confianza remitido por el Secretario de Agricultura y Ganadería, dentro del plazo establecido en el articulo 22 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y dicha Secretaria de Estado no justifico los motivos por los cuales considera que puede ser de confianza el cargo de Coordinador Regional.- Que la Dirección de Servicio Civil, no emitió dictamen dentro del término señalado en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil sobre dicho listado donde conste el cargo de Coordinador Regional; .- Que dentro de la lista de personal de confianza no se encuentra el puesto de Coordinador Regional; que el cargo de Coordinador Regional de la secretaria de Agricultura y Ganadería, no se encuentra taxativamente nominado en el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil y en el artículo 21 de su Reglamento; Que para crear o calificar un puesto excluido solo debe hacer mención en el Acuerdo de Nombramiento o Cancelación, sin estar nominado taxativamente en el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil y articulo 21 de su Reglamento; Que la Secretaria de Agricultura y Ganadería no cumplió con los requisitos para calificar un empleado de confianza de acuerdo al Artículo 21 numeral 2) del Reglamento de La Ley de Servicio Civil, Que el cargo de Coordinador Regional no esta nominado dentro de los puestos que creó el Decreto 218-96. Que contiene las reformas de la Administración Pública. Y en dicho Decreto no existe algún artículo que haya reformado el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil. Que esta claro que los actos que se dicten en virtud de una ley que expresamente los excluya de la vía administrativa El Juzgador debe considerar dos elementos básicos: 1.- en primer lugar, que debe ser una ley formal es decir aprobada por el congreso nacional, la que excluya el acto de la vía Contenciosa Administrativa. Esto significa que si la exclusión se encuentra en una norma subordinada a una ley (por ejemplo un reglamento), tal exclusión no tendrá ningún valor, y el acto siempre quedara sujeto a la Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo. 2.- En Segundo lugar, que la ley debe excluir expresamente el acto de la Vía Contenciosa Administrativa. Este segundo elemento nos indica que la exclusión debe ser expresa, es decir, que la ley debe establecer inequívoca y expresamente que la jurisdicción de la que queda excluido el acto será la de lo contenciosa administrativa. En consecuencia si la ley contiene expresiones que no corresponden a este requisito no debe entenderse que el acto queda excluido de la acción contenciosa administrativa.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley el articulo 903 No.1 del Código de Procedimientos Civiles. SUBSIDIARIAMENTE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES. Con Fundamento en los artículos 1586, ordinal 2º, 1589, 1595, 1602, del Código Civil hay Nulidad absoluta en el acto jurisdiccional de la sentencia de la primera instancia y por extensión nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por haberse dictado ambos fallos sin haberse observado los procedimientos a que se refieren en los artículos 3, reformado de la Ley de Servicio Civil y 21 de su reglamento y articulo 31, del decreto 218, que reforma a la Ley General de Administración Publica y no ajustarse a la jerarquía normativa de las leyes. Porque el artículo 320 de la Constitución de la Republica, preceptúa que: En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una Legal ordinaria se aplicara la primera. (Con esta Norma Constitucional se establece la Supremacía Constitucional en relación a las leyes secundarias en otras palabras se constituye la Jerarquía de la Leyes. Y se trata de hacer prevalecer las Normas Constitucionales sobre las normas secundarias, lo que FACULTA AL JUEZ PARA APLICAR DIRECTAMENTE LA NORMA CONSTITUCIONAL, PARA CREAR DERECHOS AL LLENAR LAGUNAS LEGALES EN CASOS CONCRETOS AL IMPARTIR JUSTICIA. Igualmente aplicara la norma legal sobre otra norma subalterna. En el mismo orden de ideas los reglamentos que desarrollan las normas secundarias en detalle no pueden contradecir las leyes, pues deben emitirse según Ley, no decir más, ni regular lo contrario a la Ley en consecuencia de acuerdo a la supremacía de la Ley, El articulo 64 de la misma Constitución de la Republica establece que: No se aplicaran Leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la Republica si los disminuyen, restringen o tergiversan. Además los servidores del estado no tienen mas facultades que la expresamente les confiere la Ley y todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad y debe ajustarse a la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico y no podrán ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la Republica. En conclusión al Juzgador aplico un Reglamento dejando por un lado la Constitución de la Republica, La Ley de Servicio Civil sin respetar la Jerarquía de las leyes tal como esta establecido en el articulo 7 de la Ley General de la Administración Publica, que literalmente dice “Que los actos de la administración Publica deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: 1.- La Constitución de la Republica 2.- los Tratados Internacionales Ratificados por Honduras 3) La Ley General de la Administración Publica 4) Las Leyes Administrativas Especiales 5) Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la Republica 6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes 7) Los demás Reglamentos Generales o Especiales. Esa Honorables Corte puede observar que el Reglamento que esta aplicando el Señor Juez y por extensión la Corte de Apelaciones se encuentra en la Categoría 6 y 7 lo que no puede ser posible que al dictarse una sentencia se tome la jerarquía de las leyes de abajo hacia arriba si lo lógico es que los Tribunales deben de aplicarla de arriba hacia abajo en virtud que se debe respetar el principio de legalidad porque estamos en un Estado De Derecho”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha diecisiete de enero de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes al señor Fiscal de este Despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, haciéndolo la Abogada LORENA MARÍA SOTO ANDINO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha treinta de abril de dos mil ocho, de la siguiente manera: “...IV.- OPINIÓN Por las razones expuestas, el Ministerio Público, dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus tres motivos y se pronuncia en pro de la nulidad planteada”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que el Recurrente, Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA, apoderado del señor LUIS ALBERTO CACERES PONCE, en el primer motivo alega: “VIOLACION DE LAS LEYES APLICABLES AL CASO DEL PLEITO. Por aplicación indebida del artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, relacionado con el artículo 21 de su Reglamento, porque El puesto de Coordinador Regional, que ocupaba mi representado, NO ES PUESTO EXCLUIDO NI TAMPOCO DE CONFIANZA, porque no se encuentra taxativamente nominado en el artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil, ni en el artículo 21, de su Reglamento, por lo que no se puede invocar como argumento válido el hecho de que en el acuerdo de nombramiento y cancelación aparezca la formula “PUESTO EXCLUIDO” ya que han habido varias ejecutorias en los tribunales de lo Contencioso Administrativo en el sentido “QUE EL CRITERIO PARA CREAR O CALIFICAR UN PUESTO EXCLUIDO”, fuese la simple mención en el acuerdo de nombramiento o cancelación de que el puesto al cual se nombra o se cancela al Servidor Público diciendo que esta excluido del Régimen del Servicio Civil, entonces para los cargos o puestos públicos no habría razón que existiera la Ley de Servicio Civil, que es la Ley que garantiza y protege los derechos de los servidores públicos que están bajo el Régimen del Servicio Civil. En el presente caso se evidencia una franca oposición con la esencia misma del Estado de Derecho, el cual exige que todo acto deba emitirse en la forma prescrita por las leyes. PRECEPTO AUTORIZANTE: autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley el artículo 903 número 1 del Código de Procedimientos Civiles.” CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “INTERPRETACION ERRONEA DE LAS LEYES APLICABLE DEL CASO DEL PLEITO. Que el Juzgado de Primera Instancia al dictar su sentencia y por extensión la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo interpretó erróneamente lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Legislativo número 218-96, mediante el cual reformó la Ley General de la Administración Pública. Creo como órganos de apoyo interno de las Secretarías de Estado los siguientes cargos a) Director de cooperación externa. b) Gerente Administrativo. c) Gerente de Presupuesto. d) Auditor Interno Jefe. e) Sub Gerente de Presupuesto. f) Sub Gerente de Recursos Humanos. g) Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales. h) Director Legal. i) Director de Comunicaciones institucional. Y j) Director de Planeamiento y Evaluación de Gestiones. COMO PUEDE OBSERVARSE EL CARGO DE COORDINADOR REGIONAL, NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL DECRETO 218-96. tal como se encuentra acreditado en autos con el documento que se acompaño, elaborado por la Dirección de Servicio Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de Casación por infracción de Ley el Articulo 903 numeral 1) del código de Procedimientos Civiles.” CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega: “APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY AL CASO DEL PLEITO. La aplicación indebida del artículo 3 reformado de la Ley de Servicio Civil relacionado con el artículo 21 de su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de ley el artículo 903 No 1 del Código de Procedimientos Civiles.” CONSIDERANDO: Que las disposiciones que se citan como infringidas en los tres motivos anteriormente expuestos, son de carácter general, inviolables en el recurso extraordinario de casación, y por tanto inadmisibles los cargos. CONSIDERANDO: Que el Recurrente alega también nulidad absoluta de actuaciones en forma subsidiaria, argumentando que se dictaron las sentencias sin haberse observado los procedimientos a que se refieren en los artículos reformados de la Ley de Servicio Civil y 21 de su reglamento y 31 del Decreto 218 que reforma la Ley General de la Administración Pública y no ajustarse a la jerarquía normativa de las leyes, que el artículo 320 de la Constitución de la República preceptúa que en los casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera, lo que faculta al Juez para aplicar directamente la norma constitucional para crear derechos al llenar lagunas legales en casos concretos al impartir justicia; que el juzgador aplicó un reglamento dejando por un lado la Constitución de la República, la Ley de Servicio Civil sin respetar la jerarquía de las leyes tal como esta establecido en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública. CONSIDERANDO: Que contrario a lo que argumenta el impetrante, las nulidades procesales son referidas al proceso mismo, y las que se acusan en este caso son propias de la cuestión de fondo que han debido alegarse en el recurso por la vía de la infracción de la ley, razón por la cual procede desestimar dicha nulidad. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, con el parecer del Fiscal Especial de Casación y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5), 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190, 899, 916, 917, 919, 920 numeral 2), 929 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA:
- DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria de actuaciones. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada Pineda Cardona.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. COORDINADORA. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. NICOLAS GARCIA ZORTO. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha 7/10/2008, recaída en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo No.466-07.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL