Sentencia CL-581-13 — Registro 4523
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones de trabajo, salarios dejados de percibir y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que los cargos que anteceden no resultan admisibles a razón de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El anterior cargo no resulta atendible a razón de lo siguiente: a) hace referencia a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las cuales no han sido citadas en la formulación del cargo; y, b) que la norma que cita como violada en su formulación se ha omitido el cuerpo legal al cual pertenece, ya que si bien se transcribe en la explicación, le resta claridad al motivo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. trece de abril de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de noviembre del dos mil trece, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES ORELLANA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en Santa Rosa, Copan, en su condición de representante procesal de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones de trabajo, salarios dejados de percibir y costas del juicio; interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras seccional de Santa Rosa, Copan, en fecha catorce de diciembre del dos mil doce, por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES ORELLANA, actuando en su condición de representante procesal de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y con domicilio en Santa Rosa, Copan, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), por medio de su Director General de ese entonces, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de julio del dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Copan, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del dos mil trece, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Copan, que en su parte conducente se dicto de la siguiente manera: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, SALARIOS CAIDOS, COSTAS PROCESALES, promovida por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES, en su condición de Apoderado Legal de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO, contra la institución REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través de su director el señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, en su condición de Director general del Registro Nacional de las Personas , todos de Generales conocidas en la presente causa; 2) DECLARA SIN LUGAR LA PRESCRIPCION POR VIA DE ALEGACIN OPUESTA POR LA PARTE DEMANDANTE. 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó la relación laboral el día uno de septiembre del dos mil dos, en el cargo de Oficial Civil Departamental de Copán; mediante acta de fecha dieciocho de julio del dos mil once, solicitó suspensión del permiso que gozaba sin goce de sueldo y se diera el reintegro a su cargo, resolviendo el Registro suspender a partir del once de julio del dos mil once el permiso que gozaba la demandante, autorizando su reintegro, en fecha cinco de julio del dos mil once, el Directorio del Registro mediante punto de acta número 532, conoció expediente sobre la rectificación del acta de nacimiento de la menor MEYLIN IVETH TABORA HERNANDEZ, y en la cual se resolvió suspender de sus labores por el término de ocho días, sin goce de sueldo al Registrador Municipal de La Unión, Copán, señor JESUS TORRES GUEVARA, por orden de la Oficialía de Santa Rosa, Copán, mandó a proceder investigación de las actuaciones de la demandante y realizar audiencias de descargo que procedan, la Autoridad Nominadora del registro tuvo conocimiento que la señora VILLAMIL se reintegraba el once de julio del dos mil once, por lo que debió de darle curso a lo ordenado en el acta del cinco de julio del dos mil once, lo que no ocurrió en el término que establece la ley y de conformidad al articulo 863 del Código del Trabajo, por lo que la investigación tenia once meses y seis días, de conformidad con la cédula de notificación de fecha once de mayo del dos mil doce, siendo un despido ilegal e injusto por estar prescrita la acción para despedir.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), contestó dicha demanda señalando que rechaza lo alegado por la demandante ya que fue cancelada sin responsabilidad alguna para la institución en virtud de la falta grave cometida, consistente en la realización de rectificación del acta de nacimiento numero 0412-2005-00251 de la menor MEYLIN IVETH TABORA HERNANDEZ, inscrita en el municipio de La Unión, Copan, originalmente como MEYLIN ELENA TABORA HERNANDEZ, en fecha veinticinco de junio del dos mil nueve, firmando las resoluciones, obviando requisitos y procedimiento esencial para tal caso, dándose cuenta el Directorio de la Institución hasta el año dos mil doce, mediante un informe presentado por la Inspectoria General, extralimitándose en sus funciones, se realizó audiencia de descargo el diecisiete de mayo del dos mil doce, no pudiendo desvirtuar los hechos que se le imputaban, realizando el tramite para la cancelación.- 3.- El Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Copan, en fecha treinta y uno de mayo del dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda de mérito y la prescripción por vía de alegación opuesta por al parte demandante y sin costas; bajo el criterio que se probó la falta grave cometida en su cargo por parte de la demandante, no dando lugar la excepción planteada en virtud que se presentó ante el Directorio el informe emitido por la Inspectoria, resolviendo dentro de sus atribuciones como órgano máximo, siendo efectiva la cancelación el ocho de junio del dos mil doce, tal como lo señala el articulo 863 del Código del Trabajo, haciéndolo dentro del término calculando que el diecisiete de mayo se realizó audiencia de descargo, en sesión del uno de junio se decidió cancelar.- 4.- La Corte de Apelaciones de Santa Rosa, Copán, en fecha veinticinco de julio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva CONFIRMANDO la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que se probó que la demandante se extralimitó en sus funciones, cometiendo falta grave tipificada en el articulo 59 numeral 1 del reglamento interno de la institución, teniendo como sanción su cancelación, sin responsabilidad para la empresa.- 5.- Que mediante auto de fecha siete de octubre del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, actuando en su condición de representante procesal de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa, Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha dieciocho de noviembre del dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado ADALBERTO AQUILES REYES, actuando en su condición de representante procesal de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado ADALBERTO AQUILES REYES, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha tres de diciembre del dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de apoderado de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el abogado ADALBERTO AQUILES REYES ORELLANA, en su primer y tercer motivo de casación alega: “PRIMER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a ambas partes, relacionada con el documento visible a folios 59 al 61, como el que obra a folios 69 al 71 de la primera pieza de autos que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 112 literales i) y l) relacionado con el 97 ordinales 1), 2) y 3), todos del Código del Trabajo, en relación con el 863 del mismo Código. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente el medio probatorio documental que se refieren a los puntos de actas del Directorio del Registro Nacional de las Personas, el primero de fecha 5 de julio del 2011 y el segundo del 1 de junio del 2012, visibles a folios 59 al 61 y del 69 al 71 de la primera pieza, en el primero, entre otras cosas, dicho órgano directivo de la demandada instruye a la Inspectoría General para que proceda a investigar las actuaciones de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO y se le apliquen las audiencias de descargo y en el segundo se le cancela de su cargo.- Si la Honorable Corte recurrida hubiese apreciado CORRECTAMENTE esos medios de prueba, hubiera establecido que el término de un mes que le concede al patrono el artículo 863 del Código del Trabajo para poder sancionar una falta, en el caso que nos ocupa, ya había transcurrido, porque dicha disposición claramente establece, que: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaría”, por lo que resulta evidente y manifiesto que la demandada tuvo conocimiento y hasta instruyó se le hiciera audiencia de descargo, por la falta imputada a la demandante, desde el 5 de junio del 2011 y es hasta el 1 de junio del 2012, es decir casi un año después, que le notifica el despido, por lo cual dicha medida era extemporánea por encontrarse totalmente prescrita, lo cual resulta tan notorio que de simples operaciones aritméticas se hubiese advertido, sin embargo no fue estimado así por el Tribunal recurrido y por ello se infringió en forma indirecta lo dispuesto en los artículos 112 literales i) y 1) relacionado con el 97 ordinales 1), 2) y 3) del Código del Trabajo, en relación con el 863 del mismo Código, por lo que se ha incurrido en un craso y manifiesto error de hecho, por la apreciación errónea de las pruebas anteriormente singularizadas, en relación a la demás prueba en su conjunto. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea…TERCER MOTIVO: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de apreciación errónea de la Prueba documental propuesta y admitida a ambas partes relacionada con el documento visible a folios 4, 5 y 6, 59 al 61, como el que obra a folios 18 y 19, 69 al 71 de la primera pieza de autos que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación del artículo 863 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, del mismo Código y 129 de la Constitución de la República. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho al apreciar erróneamente el medio probatorio documental que se refieren a los puntos de actas del Directorio del Registro Nacional de las Personas, el primero de fecha 5 de julio del 2011 y el segundo del 1 de junio del 2012, visibles a folios 4, 5 y 6, 59 al 61 y del 18, 19, 69 al 71 de la primera pieza, en el primero, entre otras cosas, dicho órgano directivo de la demandada instruye a la Inspectoría General para que proceda a investigar las actuaciones de la señora PATRICIA YAMILETH VILLAMIL PERDOMO con referencia a la rectificación del acta de nacimiento de la menor Meylin Iveth Tabora Hernández y se le apliquen las audiencias de descargo y en el segundo se le cancela de su cargo, imputándosele la comisión de esa falta.- Si la Honorable Corte recurrida hubiese apreciado CORRECTAMENTE esos medios de prueba, relacionados con la prueba en su conjunto, hubiera establecido que el término de un mes que le concede al patrono el artículo 863 del Código del Trabajo para poder sancionar una falta, en el caso que nos ocupa, ya había transcurrido, porque dicha disposición claramente establece, que: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria”, por lo que resulta evidente y manifiesto que la demandada tuvo conocimiento y hasta instruyó se hiciera audiencia de descargo, por la falta imputada a la demandante, desde el 5 de junio del 2011, fecha en que el Directorio del Registro Nacional de las Personas instruyó se hiciera la audiencia de descargo a la demandante, pero es hasta el 1 de junio del 2012, es decir casi un año después, que le notifica el despido, por lo cual dicha medida era extemporánea por encontrarse totalmente prescrita, lo cual resulta tan notorio que de simples operaciones aritméticas se hubiese advertido, sin embargo no fue estimado así por el Tribunal recurrido y por ello se infringió en forma indirecta lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado del mismo Código y 129 de la Constitución de la República, por lo que se ha incurrido en un craso y manifiesto error de hecho, por la apreciación errónea de las pruebas anteriormente singularizadas, en relación a la demás prueba en su conjunto. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su apreciación errónea.”.- III.- Que los cargos que anteceden no resultan admisibles a razón de que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio.- IV.- Que el Censor en su segundo motivo de casación expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por interpretación errónea del 863 del mismo Código, en relación con el 862 párrafo primero del mismo Código y de los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 deI Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo 863 del Código del Trabajo dispone claramente, que: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria”, lo cual determina que el patrono o empleador solo dispone del término de un (1) mes para sancionar a sus empleados, el cual comienza a partir de dos momentos precisos, el primero que opera desde que se dio causa para la terminación del contrato de trabajo y el segundo, desde que fueren conocidos los hechos que dieren lugar al mismo. La prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que se determinan, tal como se determina en el artículo 862 párrafo primero del referido Código, como también así lo señalara este Tribunal en la sentencia dictada el 23 de octubre del 2009, en el expediente SL 379-08 al establecer que: “la PRESCRIPCIÓN es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento ó conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia ó estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social...” En el caso que nos ocupa, el Ad-Quem señala que: “...Ia decisión de disciplinar una falta en el desempeño de sus funciones, se hizo dentro del tiempo que la ley laboral establece ya que hasta ese momento el patrono tuvo conocimiento pleno que la empleada había cometido una falta comprobada en el trabajo y que acarreaba disciplina, consecuentemente, la prescripción alegada, no era procedente...” (lo en negritas es nuestro), es decir, dicho Tribunal le da un alcance diferente a la norma, imponiendo situaciones no contempladas o contenidas en ella, como es la condición de que la falta imputada al trabajador, sea plenamente comprobada, cuando tal disposición no lo dispone así y tal interpretación errónea de dicha norma, provoca que ese término de un mes sea indefinido y afecte notoriamente los derechos del trabajador. Reitero, la interpretación de la norma de prescripción del despido del trabajador, realizada por la Corte recurrida, es que se debe esperar que el patrono o empleador considere tener plenamente comprobada la falta para poder disciplinar la misma, cuando la norma contenida en el artículo 863 del citado cuerpo normativo, no determina esa situación ni tiene ese alcance y por ello la interpretación realizada por el juzgador resulta errónea, ya que la prescripción debe estar claramente definida y no al arbitrio de una de las partes. La esencia de la prescripción extintiva la constituye la carencia de la utilización de la facultad de exigir a otro una condena basada en la inactividad u omisión del titular, falta de ejercicio del derecho unida al no reconocimiento del mismo por el sujeto pasivo que así excepciona en juicio contra la acción, de acuerdo al artículo 863 del Código del Trabajo, se le brinda al empleador o patrono la oportunidad para sancionar una falta, pero se pone a dicha oportunidad un límite temporal, determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral; después de ese lapso, no hay un verdadero interés, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica; en ese sentido la recomendación 166, de la Organización Internacional del Trabajo en el artículo número 10 establece: “Se debería considerar que el empleador ha renunciado a su derecho de dar por terminada la relación de trabajo de un trabajador a causa de una falta de éste si no hubiera adoptado esta medida dentro de un período de tiempo razonable desde que tuvo conocimiento de la falta”; recomendación que forma parte del Convenio 158 de la OIT y se encuentra en armonía con la disposición contenida en el artículo 863, que establece claramente que el término de la prescripción es de un mes, que comienza a correr desde que se dio la causa para la terminación de éste, o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria, por lo que esa es la correcta y debida interpretación de dicha disposición. Es de estimar, que en materia laboral, rigen entre otros principios, el denominado pro homine, el cual incorporado en múltiples tratados internacionales, es un criterio hermenéutico que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la que especifica: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza” y el 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que establece lo siguiente: “Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sin pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado”, por lo que una interpretación restrictiva y arbitraria de la norma que determina la prescripción del despido, afecta y restringe los derechos laborales reclamados.”.- V.- El anterior cargo no resulta atendible a razón de lo siguiente: a) hace referencia a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, las cuales no han sido citadas en la formulación del cargo; y, b) que la norma que cita como violada en su formulación se ha omitido el cuerpo legal al cual pertenece, ya que si bien se transcribe en la explicación, le resta claridad al motivo.- VI.- El Impetrante de forma subsidiaria alega nulidad la que expone de la siguiente manera: “Fundamentado en las normas procesales del Código del Trabajo y en aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil, se pide se declare la nulidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones recurrida, en virtud de que se ha violentado la formalidad que manda la ley en el fallo objeto de este recurso, ya que se modifica el de primera instancia, al incluir en el numeral tercero la orden para que el demandado pague los derechos adquiridos a favor de la demandante, lo cual debió haber provocado su reforma, pero el Tribunal no lo hizo así, limitándose a confirmar el emitido por el a-quo, violentando el debido proceso. Además, se advierte que dicho fallo se ha dictado en audiencia, en los términos que señalan los artículos 720, 724 y 760 del Código del Trabajo, ya que en su redacción aparecen espacios vacíos o incompletos, lo cual hace denotar que el Tribunal recurrido, reitero, no ha respetado el debido proceso.- Además quiero poner en conocimiento de este Tribunal Supremo, que los fallos que ha declarado el Pleno de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, el Magistrado Propietario Don RODRIGO HUMBERTO GIRON, se ha declarado últimamente enemigo manifiesto de mi persona, por lo que considero que su integración en este Tribunal Ad-Quem, ha causado imparcialidad en sus fallos; extremo este que lo acredito con la fotocopia que se acompaña.”.- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII.- Que por las razones antes expuestas procede desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de mayo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha trece de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 581-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL