Sentencia CL-577-14 — Registro 5437
Resumen
Demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe que el despido se fundó en una de las justas causas reconocidas por la ley; segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad Quem carece de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia con las pretensiones deducidas, ya que se declara ha lugar al recurso de apelación y se revoca el fallo del a quo, sin emitir los pronunciamientos correspondientes a si se declara con o sin lugar la demanda de mérito, si se condena o absuelve de responsabilidad económica a la demandada, lo cual constituye una omisión de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, en este caso la sentencia definitiva proferida por el Tribunal de segunda instancia, lo cual a su vez es una violación al debido proceso, lo que acarrea su nulidad, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VII.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- VIII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 211 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria por ley de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de noviembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de diciembre de dos mil catorce, por la abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, mayor de edad, hondureña, soltera, y con domicilio en La Ceiba, departamento de Atlántida, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO; en relación a la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe que el despido se fundó en una de las justas causas reconocidas por la ley, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo desempeñado al momento del despido en iguales o mejores condiciones por haber sido separada del mismo por despido directo, arbitrario, injusto e ilegal, pago de salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales derivados de la contratación colectiva dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras de la Sección de La Ceiba, Departamento de Atlántida, por la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, mayor de edad, hondureña, soltera, Licenciada en Letras y Lenguas y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO señor JUAN DIEGO ZELAYA AGUILAR, mayor de edad, hondureño, casado, Licenciado en Finanzas y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “FALLA: a) Declarando HA LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal demandado contra a Sentencia Definitiva de fecha 24 de septiembre del año que corre por el Juzgado de Letras de esta sección Judicial.-b) REVOCANDO la Sentencia Definitiva de fecha 24 de septiembre del año que corre por dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que fue contratada de manera permanente en fecha 05 de Marzo de 2012, por el Instituto Nacional de Formación Profesional, para prestar sus servicios en la Oficina Regional Litoral Atlántico en esta ciudad, ocupando el cargo de DIRECTORA REGIONAL, con un horario de trabajo de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., siendo su último salarlo devengado Lps. 44,719.73 mensuales. Que al momento de la contratación no suscribió ningún tipo de contrato, únicamente se elaboró la correspondiente acción de personal de nombramiento. Que presto sus servicios para el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) por un periodo superior a los 2 años, habiendo demostrado eficiencia en el puesto, sin incurrir durante ese tiempo en ninguna causal justa de despido de las que contempla la Ley, durante el tiempo que presto sus servicios para el Instituto Nacional de Formación Profesional, nunca fue objeto de llamados de atención o algún tipo de sanciones, pues fue una empleada responsable, que siempre se preocupó por desempeñar su trabajo de la mejor manera, en fecha 20 de Marzo de 2014, fue notificada sobre la decisión tomada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en fecha 13 de febrero de 2014 de dar por terminada la relación laboral que la unía al INFOP a partir del 25 de marzo de 2014, sin mencionar la causa o motivo que la mueva a tomar tal determinación en la forma que exige el articulo 117 del Código del Trabajo, por lo que después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.- 2.- La parte demandada el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que de conformidad a la Resolución contenida en el memorando CDSO-13-03-2014-05 de fecha 13 de febrero del 2014, la demandante no fue objeto de despido alguno, sino que ésta fue Removida de su cargo por virtud de no contar con la confianza de la nueva administración del Instituto, pues como es de conocimiento público, a partir del 27 de enero del 2014, se conformó un nuevo gobierno en el Estado; y en esa línea se nombró como nuevo director el Licenciado JUAN DIEGO ZELAYA y este de conformidad a ley solicitó que a la demandante se le removiera de su cargo para nombrar a un nuevo funcionario de su confianza en ese puesto, situación que en anteriores administraciones y la actual, dicha situación se maneja que cuando cese el actual director, de igual manera cesarán en sus cargos los funcionarios de confianza nombrados en su equipo nuevo de trabajo, todo por virtud que la LEY AMPARA REMOVER A ESTE PERSONAL sin problema alguno y en amparo del contrato colectivo vigente, de conformidad al Articulo 15 inciso e) de la Ley de INFOP contenida en el Decreto No. 10 del 28 de Diciembre de 1972, que a la letra dice: NOMBRAR, SUSPENDER O REMOVER A PROPUESTA DEL DIRECTOR EJECUTIVO, A LOS ASESORES, JEFES DE DEPARTAMENTO O SECCION, DIRECTORES DE OFICINAS REGIONALES O DE CENTROS DE FORMACION QUE EL INSTITUTO ESTABLEZCA.- Que al respecto la Cláusula No. 2 del Contrato Colectivo vigente, que a la letra dice: EL SINDICATO RECONOCE LA LIBRE ADMINISTRACION Y DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) DE CONFORMIDAD CON SU LEY CONSTITUTIVA, REGLAMENTOS Y LAS DISPOSICIONES INTERNASEMITIDAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN CONSONANCIA CON LA LEY.- Por otra parte la Cláusula No, 3 que a la letra dice: EL PRESENTE CONTRATO COLECTIVO REGULA LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO, SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES QUE SEÑALA EL CODIGO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.- Por lo anteriormente expuesto en el presente caso de autos lo que se dio NO FUE UNA CANCELACION DE NOMBRAMIENTO, SINO QUE FUE UN ACTO DE REMOCION amparado en el articulo 15 inciso e) de las ATRIBUCIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO contenidas en la Ley de INFOP, en consecuencia el acto derivado para dar cumplimiento a lo contenido en el memorando CD-SO-13-03-2014 de fecha 19 de marzo del 2014 notificado por la Jefe de la División de Recursos Humanos de INFOP se efectuó en ESTRICTO APEGO A DERECHO, por lo cual no se dio ninguna cancelación de nombramiento sino que de remoción; concepto que de acuerdo al DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL PAGINA 672, establece como concepto de REMOCION LA PRIVACION DE CARGO O EMPLEO, EL VOCABLO DE ORIGEN CANONICO ES HOY DE USO MUY GENERAL ESPECIALMENTE EN ESFERA ADMINISTRATIVA. Concepto precitado que aplica al caso que hoy nos ocupa y por el cual teniendo plena facultad el Consejo Directivo, éste LO UNICO QUE HIZO FUE REMOVER a la parte demandante de su cargo, amparado en LEY y no arbitrariamente, como se alega. En ese sentido todo funcionario o altos ejecutivos de INFOP tienen amplio conocimiento que ellos son de libre nombramiento de la Dirección Ejecutiva previa autorización del Honorable Consejo Directivo, en el sentido que así como son nombrados para desempeñar sus puestos también se someten a las reglas del juego que cuanto llega una nueva administración, si no gozan de la confianza del nuevo Director, ellos pueden ser Removidos sin problema alguno de sus actuales cargos, de conformidad a la Cláusula Segunda del Contrato Colectivo vigente en relación al articulo 15 inciso e) de la Ley de INFOP contenida en el Decreto Ley No. 10 del 28 de Diciembre de 1972. Asimismo conforme al artículo 16 inciso b) de la Ley de INFOP contenida en el Decreto Ley N°. 10 del 28 de Diciembre de 1972, atribuciones del DIRECTOR EJECUTIVO, que a la letra dice: EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DEL INSTITUTO; al respecto EL REPRESENTANTE LEGAL DE INFOP es el Señor Director y ninguna otra persona en su defecto, mismo que solicitó conforme a ley la remoción del cargo de la demandante.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, en consecuencia condenó al demandado a reintegrar a la demandante al puesto en iguales o mejores condiciones, indemnizándola con todos los salarios, aumentos y beneficios legales y contractuales derivados de la contratación colectiva, sin costas.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de octubre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo que declaró con lugar la demanda; con el criterio las atribuciones del Consejo Directivo entre las cuales se lee en el inciso c la atribución de remover a propuestas del Director Ejecutivo entre varios personeros, a los Directores de Oficinas Regionales, siendo este el cargo que ocupaba la demandante en la Oficina Regional del Litoral Atlántico antes de su remoción y para el caso que nos ocupa se entiende así: para remover a los directores de oficinas regionales al Consejo Directivo le basta la propuesta del Director Ejecutivo del INFOP, de manera que, para realizar tal acción de personal el patrono, en este caso INFOP, no necesita tener una causa legal para dar por terminada la relación laboral que le une con el trabajador, basta como ya se dijo, la propuesta del Director Ejecutivo y esto por una sencilla razón: es empleado de confianza, el tratadista Mario de la Cueva en el Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo refiere que: “los trabajadores de confianza son aquellos cuya actividad se relacione en forma inmediata y directa con la vida misma de las empresas, con sus intereses, con la realización de sus fines y con su dirección administración y vigilancia generales”. La calificación de empleado de confianza es reconocido el Apoderado Legal apelante al contestar la demanda de mérito: SIC “que esta fue Removida de su cargo por virtud de no contar con la confianza de la nueva administración del instituto”, condición que no es negada por la parte demandante y recurrida, sino que al contrario, indican que no se realizo el trámite que exige el articulo 111.7 del Código del Trabajo, es importante observar que de la misma manera en que se removió a la demandante de sus funciones, de esa misma manera fue nombrada según Acción de Personal ofertada por la misma demandada, de lo que podemos observar una muestra evidente de la naturaleza discrecional tanto del nombramiento como de la remoción, de manera que es una atribución del empleador, ante una falta que vulnere la confianza del empleador, o bien, como en el caso de autos, ante un cambio de jefatura decidir si se mantiene o no la relación laboral, pues es entendible que no se desee laborar con personal ajeno a los directos intereses y que no se acoplen a los planes y a las directrices que, tal puesto de confianza exige. Es importante establecer que la confianza requerida por la naturaleza de las funciones a desempeñar va más allá de la buena fe que comprende confianza objetiva, es decir la que de regular define las relaciones obrero patronales, sin embargo, existen cargos que para ser ocupados se exigen además, una confianza que los entendidos en la materia llaman calificada y que solo la llegan a desempeñar quienes son acreedores de esa confianza, así las cosas, el cargo de confianza implica la posibilidad de que se pueda prescindir de los servicios del funcionario sin observar el procedimiento que aconseja el articulo 111.7 del Código del Trabajo, por lo tanto tratándose de empleados de confianza y por la naturaleza del mismo no gozan de la cobertura del articulo 129 de la Constitución de la República, es decir de la estabilidad laboral, pese a ello, como establecimos antes, no significa que a estos trabajadores no se les reconozca los derechos laborales adquiridos durante el tiempo de la prestación, en este sentido la demandada ha reconocido que se le pagarán a doña María Santa Ana Zavala Andino todos los derechos laborales que le asisten.- 5.- Que mediante auto de fecha once de noviembre del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, actuando en su condición de apoderada de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada ANA MIRIAN MARQUEZ NUÑEZ, actuando en su condición de apoderada de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación junto con nulidad, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que el Impetrante solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, bajo el siguiente fundamento: “Además de las infracciones detalladas en los Motivos de Casación anteriormente expuestos; la Sentencia Definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, a las Nueve y Treinta de la mañana (9:30 A.M.) del día 29 de Octubre de 2014 en la Apelación Laboral registrada con el número 0101-2014-00368 y que es el objeto de la presente demanda de casación; adolece de defectos que la vician de nulidad como los siguientes: 1) Los artículos 10.2, 11.1, 206.2 y 208.1 del Código Procesal Civil exigen que los hechos en que se funden las sentencias definitivas deben ser alegados por las partes, puesto que se prohíbe al Tribunal apartarse de la causa de pedir, debiendo las sentencias ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las pretensiones deducidas, requisitos que no se fueron cumplidos por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en la Sentencia en cuestión, puesto que en el Tercer Fundamento de Derecho señala que si se accede al reintegro de mi Patrocinada seria contra producente para el buen desarrollo de las actividades laborales; hecho que no fue alegado por ninguna de las partes y mucho menos objeto de prueba alguna. 2) El articulo 719 numeral 2 del Código del Trabajo señala que las providencias que se dicten en las audiencias públicas, se notificarán oralmente en estrados; no obstante el Ad Quem no notificó en estrados ni de ninguna otra forma la Sentencia que nos ocupa a las partes intervinientes, a pesar de estar presentes. 3) El articulo 200.2.C) del Código Procesal Civil establece que las sentencias deben incluir los fundamentos legales del fallo, expresando concretamente las normas jurídicas aplicables al caso; no obstante, el Ad Quem en la Parte Dispositiva de la Sentencia objeto de la presente demanda de casación laboral, cita artículos que nada tienen que ver con el caso, como ser: los artículos 401, 402, 403, 413, 417, 418 y 419 del Código del Trabajo, que se refiere a la responsabilidad patronal por los riesgos profesionales de los trabajadores, citando también los artículos 168, 169, 173, 174, 187 reformado, 188, 190, 192 y 200 del Código de Procedimientos Comunes, como si se tratara de un juicio iniciado antes de la vigencia del Código Procesal Civil, cuando el presente juicio inicio el 03 de Junio de 2014. 4) El articulo 197.2 del Código Procesal Civil señala que en las resoluciones, los Tribunales deben indicar los recursos que caben contra las mismas, el órgano ante el cual debe interponerse y el plazo para recurrir; requisito que tampoco fue cumplido por el Ad Quem al dictar la Sentencia objeto de la presente demanda de casación laboral. 5) Los artículos 206.3 y 208.2 del Código Procesal Civil exigen que los Tribunales se pronuncien en las Sentencias que dicten sobre todos los puntos objeto del litigio y hagan las declaraciones correspondientes; no obstante, el Ad Quem no se pronuncia sobre la Demanda, únicamente revoca la Sentencia dictada por el A Quo sin manifestarse respecto de la Demanda principal y sin pronunciarse respecto de los valores que corresponden a la Demandante y que deberá pagar el Patrono demandado. Por las razones antes expuestas y en cumplimiento a lo que señalan los artículos 211, 212.4 y 213.1 del Código Procesal Civil se solicita a ese Máximo Tribunal anule la sentencia impugnada mediante la presente demanda de casación laboral por el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales.”.- V.- Que revisada la sentencia recurrida y de conformidad al control de oficio de la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la Ley, se aprecia que el fallo del Ad Quem carece de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia con las pretensiones deducidas, ya que se declara ha lugar al recurso de apelación y se revoca el fallo del a quo, sin emitir los pronunciamientos correspondientes a si se declara con o sin lugar la demanda de mérito, si se condena o absuelve de responsabilidad económica a la demandada, lo cual constituye una omisión de los requisitos que deben reunir las resoluciones judiciales, en este caso la sentencia definitiva proferida por el Tribunal de segunda instancia, lo cual a su vez es una violación al debido proceso, lo que acarrea su nulidad, debiendo reponerse las actuaciones al estado en que se cometió tal infracción.- VI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VII.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- VIII.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 8 número 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 719, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 193, 197, 200, 206, 208, 211, 212 y 214 numeral 2) del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva proferida por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 29 de octubre de 2014, visible a folios 12 al 17 del expediente de segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de noviembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 577-14.
MIRNA LIZETTE ALVARADO
SECRETARIA POR LEY