Sentencia CL-524-14 — Registro 5017
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; segunda instancia confirmó sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la prescripción para despedir opuesta en primera instancia por la demandante, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; la presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a éste Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de julio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha tres de diciembre de dos mil catorce, por el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora DOMINGA DE JESÚS MEDINA RIVERA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha doce de abril de dos mil trece, por el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, de generales conocidas, en su condición de representante procesal de la señora DOMINGA DE JESÚS MEDINA RIVERA, mayor de edad, soltera, obrera, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, por medio de su Gerente General señor OSMEL EFRAIN SALGADO VASQUEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación y REFORMÓ DE OFICIO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de agosto de dos mil catorce, en el único sentido de corregir el monto consignado en concepto de vacaciones proporcionales en la cantidad de L.8,940.29, siendo el valor correcto de L.3,401.68; CONFIRMANDO la mencionada sentencia en los demás extremos; que el a quo en la parte resolutiva de la sentencia declaró SIN LUGAR la prescripción para despedir invocada por el apoderado legal de la demandante; declaró SIN LUGAR la demanda para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales promovida por el abogado Leslie Esau Carbajal Conde, en representación de la señora Dominga de Jesús Medina Rivera, contra la empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR); absolviendo a la demandada de la responsabilidad de pagar a la demandante por dichos conceptos; CONDENÓ a la empresa demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad de L.8,940.29, por los conceptos de decimotercer mes L.806.81; decimocuarto mes proporcional L.4,731.81, sin costas en ambas instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada desde el 20 de agosto del 2001, desempeñándose últimamente en el cargo de Oficinista Postal, en la Oficina de Despachos Internacionales de esta ciudad de San Pedro Sula, siendo sus obligaciones la clasificación de los paquetes o encomiendas de acuerdo al destino de envío hacia los Estados Unidos de Norteamérica y el acomodamiento de dichos paquetes o encomiendas en sacas (bolsas para correo) para despacho; en fecha 07 de febrero del 2013, la empresa demandada, le notificó a la demandante por escrito que daba por terminada la relación de trabajo que mantenían vigente, a partir de entonces, la demandada comenzó las gestiones correspondientes en la oficina del Ministerio del Trabajo de esta ciudad, donde le extendieron el respectivo cálculo de prestaciones laborales que se acompaña y que utilizó para tratar, sin resultado alguno, que se le hiciera efectivo el pago de todos sus derechos laborales por la ilegal terminación del contrato de trabajo, conforme a lo que la ley establece para estos casos, en consideración a que su despido fue directo, ilegal e injustificado, siendo un acto unilateral del patrono, que obedeció además, a causas ajenas a la voluntad del trabajador e inexistentes; la demandante fue despedida de su trabajo porque mientras realizaba su trabajo de despachadora de paquetes hacia los Estados Unidos de Norteamérica, supuestamente unas compañeras de trabajo que laboraban en las ventanillas de cobro de la Oficina de Despachos Públicos habrían incluido cinco paquetes incorrectamente pesados y cobrados entre la saca (bolsa) de paquetes que la demandante se encargaba única y exclusivamente de clasificar según su destino hacia los Estados Unidos de Norteamérica, pues su labor como despachadora no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de pesado y cobro de los paquetes, ya que esa responsabilidad le corresponde exclusivamente a la referida Oficina de Despachos Públicos (y a su encargada en particular), pues es la oficina encargada de atender al usuario, y para dicha labor se encuentra equipada con calculadoras, balanzas, pesas y con la información correspondiente de los cánones que según el peso del paquete se deba cobrar; de manera que la demandante al momento de recibir todos los paquetes cuyos despachos hacía dicho país del norte se requieren, solo se encarga de clasificarlos según su destino, una vez que ya hayan sido revisados en su contenido, pesados y cobrados por las encargadas de atender al público en las ventanillas de la Oficina de Despachos Públicos, por lo que la demandante por su puesto de trabajo, ignora y no es responsable del contenido de los paquetes, del peso de los paquetes y del canon pagado por el servicio de envío de los paquetes al momento de recibirlos en la Oficina de Despachos Internacionales en que laboraba, y se limita a clasificarlos y ponerlos en sacas (bolsas) según su destino, cometiendo así una ilegalidad la demandada al despedir a la demandante sin haber cometido infracción o falta alguna y peor aún, sin habérsele comprobado ser responsable del mal cobro investigado y sin apegarse a la ley y al Reglamento Interno del Trabajo y para terminar de violar cualquier normativa laboral existente aplicable al presente caso por parte de la institución demandada, HONDUCOR despidió extemporáneamente a la demandante pues existe contradicción entre las fechas señaladas por la demandada en la citación para audiencia de descargo que le hizo a la demandante y la que ya le imputaba responsabilidad y el despido.- 2. La parte demandada, la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en fecha 07 de enero del año 2013, en el Centro de Clasificación Postal de Toncontín, la oficina de Operaciones y la Inspectoría General Postal de la Empresa de Correos de Honduras practicaron de manera sorpresiva una verificación de sellos postales a todos los envíos procedente de la Administración Postal de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos de Norte América, para lo cual se levantó la respectiva acta de los hallazgos encontrados, esta verificación se llevó a cabo en virtud que se tenía información que varios empleados de San Pedro Sula estaban enviando paquetes a otros países sin pagar el precio correcto conforme a la tarifa vigente establecida por HONDUCOR, además le cobraban al cliente el precio normal conforme a la tarifa, sin embargo, al momento de pegarle o adherirle los sellos postales a dichos paquetes le pegaban o adherían menos sellos postales, con el agravante que le pegaban sellos ya usados es decir que ya habían sido utilizados, lo anterior estaba causando un gran perjuicio a la economía de la empresa; esto fue efectivamente comprobado al realizar la mencionada operación sorpresiva encontrándose que las trabajadoras, María Esthela Castellanos Rivera, Alma García Vásquez y Enmy Yaneth Banegas, ellas eran las empleadas que estaban cometiendo faltas muy graves en el desempeño de su trabajo en complicidad con la demandante Dominga de Jesús Medina Rivera, por lo que al comprobarse las faltas se procedió a imponerles la sanción de despido a todas las empleadas antes mencionadas conforme al Código de Trabajo , el Contrato Colectivo y el Reglamento Interno de Trabajo de la institución, para lo cual se realizó una investigación exhaustiva con el derecho que le asiste la ley al trabajador de ser escuchadas en audiencia de cargo y descargo, quedando comprobado que hubo por parte de la demandante una violación a sus deberes laborales, al no hacer con eficiencia, cuidado y esmero sus obligaciones por el cual la empresa le remuneraba un salario; la actora se centra únicamente a decir que la acción por parte del patrono ya había prescrito para efectuar el despido, porque la empresa conoció de los hechos el 07 de enero del 2013 y que el despido fue a partir del 07 de febrero del corriente año, y que la empresa tenía hasta el 05 de febrero del año en curso; lo anterior es una apreciación subjetiva incorrecta por parte de la abogada actora ya que efectivamente la empresa conoce de los hechos investigados el 07 de enero del año 2013, que es cuando se hace la operación sorpresiva y del cual se levanta el acta de verificación de porte de sellos postales, es a partir de esa fecha cuando comienza a correr el término de prescripción, por lo que el mes se cumple hasta el 07 de febrero a las doce de la media noche del año 2013, en el presente caso la abogada actora está contando el mes únicamente de 30 días, sin embargo, el Código Procesal Civil establece en su artículo 124 numeral 4) Los plazos señalados por meses o por años se computaran de fecha a fecha. Cuando en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el ultimo día del mes, lo anterior significa que el término comenzó a correr el día 07 de enero y vencía el 07 de febrero del año 2013, no obstante, el día 07 de febrero la demandante ya no era empleada de HONDUCOR, de hecho el salario pagado a la demandante en el mes de febrero del 2013 es únicamente de seis días.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha seis de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la prescripción para despedir invocada por el apoderado legal de la demandante; declaró sin lugar la demanda para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales promovida por el abogado Leslie Esau Carbajal Conde, en representación de la señora Dominga de Jesús Medina Rivera, contra la empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR); absolviendo a la demandada de la responsabilidad de pagar a la demandante por dichos conceptos; condenó a la empresa demandada a pagar a favor de la demandante la cantidad de L.8,940.29, por los conceptos de vacaciones proporcionales, decimotercer mes y decimocuarto mes proporcional, sin costas; bajo el criterio que la empresa ha probado los motivos que dan lugar a la terminación de trabajo los que ha juicio de este tribunal son justos, llevando al convencimiento de ello la prueba documental aportada, consistente en audiencia de descargos y acta de ampliación de investigación relacionada en los numerales que anteceden, así como de las declaraciones rendidas que constan en las mismas actas; la declaración rendida ante este juzgado del señor Donatilo Reyes Reyes, como inspector de CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR), quien es conteste al ser preguntado; la demandada con las actas relacionadas ha logrado probar los motivos que la llevan a dar por terminada la relación laboral, invocados en la nota de terminación realizada, pues de las declaraciones vertidas por las señoras Enmy Yaneth Banegas, Maria Estela Castellanos, la demandante tenía conocimiento, de los hechos en relación a los envíos o paquetes postales que le fueran encontrados según investigación realizada por inspector general de correos, consistente en la revisión en Toncontín de los despachos N. 0002/1 0003/, con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, encontrados en los despachos realizados por la demandante y que le fueran entregados por dichas señoras según afirman en sus manifestaciones, las que no fueron desvirtuadas por la parte demandante con prueba idónea, quien se ha limitado a invocar faltas en la forma de realización de los actos los que del estudio minucioso resultan estar validados pues se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento Reglamentario establecido por la ley, por ende demostrado que no realizó la labor con eficiencia, cuidado y esmero apropiado y con falta de probidad en el actuar circunstancias que riñen con el contrato de trabajo, que hacen imposible la relación laboral convirtiendo en las faltas cometidas en graves.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando no ha lugar el recurso de apelación y reformó de oficio la sentencia definitiva venida en apelación, en el único sentido de corregir el monto consignado en concepto de vacaciones proporcionales en la cantidad de L.8,940.29, siendo el valor correcto de L.3,401.68; confirmando la mencionada sentencia en los demás extremos, sin costas; bajo el criterio que la trabajadora reconoció su participación en los hechos por los cuales la patronal puso fin al vinculo laboral, conducta que no puede considerarse ajustada a la buena fe que debe prevalecer en la relación de trabajo y que desde luego, causa un perjuicio económico a la institución demandada y a la vez se pierde la confianza depositada para el manejo de valores; en base a lo antes expuesto y observándose que HONDUCOR siguió el procedimiento en la normativa interna vigente, dentro del tiempo que establece la Ley, pues de acuerdo al artículo 863 del Código del Trabajo el empleador tiene un mes para ejercitar su potestad disciplinaria e imponer la sanción que corresponda, plazo que inició a contabilizarse a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que generaron y terminaron con el despido de la demandante (7 de enero del 2013); plazo que según el artículo 124.4 del Código Procesal Civil aplicado en forma supletoria, se computa de fecha a fecha, finalizando el 7 de febrero del mencionado año, tal como lo computó el a quo, razones por las cuales no resultan atendibles los argumentos del recurrente.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, en su condición de representante procesal de la señora DOMINGA DE JESÚS MEDINA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha tres de diciembre de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, en su condición de representante procesal de la señora DOMINGA DE JESÚS MEDINA, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la abogada LOURDES MARIA BUESO CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que por su carácter de extraordinaria, la demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible; en tal sentido, la Corte de Casación para poder examinar la sentencia impugnada, primero debe ponderar si en la formalización del recurso se han llenado los requisitos de ley, comprobando si las normas que se suponen infringidas han sido señaladas con la correcta precisión, si se ha citado debidamente el precepto autorizante, y si el concepto de la infracción se ha expuesto con toda claridad; siendo también necesario, previo al estudio de la exposición de motivos, que el impetrante haya plasmado en forma adecuada el alcance de su impugnación, ya que, de su correcto desarrollo, depende que el Tribunal de Casación pueda conocer los límites dentro de lo cuales debe circunscribir su poder de decisión.- II. Que el abogado LESLIE ESAU CARVAJAL CONDE, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “Debiendo este Tribunal Supremo reemplazar este pronunciamiento ahora impugnado, casando parcialmente la sentencia, dictando sentencia definitiva Declarando Con Lugar la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento de mérito, y Condenando a la institución estatal EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR), representada legalmente a través de su Gerente General OSMEL EFRAIN SALGADO VASQUEZ, a pagarle además de los ya condenados Derechos Adquiridos (Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional y Décimo Cuarto Mes Proporcional) a la trabajadora DOMINGA DE JESUS MEDINA RIVERA, la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales consistentes en el Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, Vacaciones Pendientes de Dos Años (conforme a la Cláusula 44 literal “f” del Contrato Colectivo de Trabajo HONDUCOR-SITRAHONDUCOR, Salario Adeudado, y la Bonificación por Cesantía contenida en la Clausula 51 del Contrato Colectivo de Trabajo HONDUCOR-SITRAHONDUCOR; y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde el momento de la terminación del contrato de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria que dicte este Supremo Tribunal convertido en sede de instancia; más las costas del juicio.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la prescripción para despedir opuesta en primera instancia por la demandante, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; la presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a éste Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 524-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL