Sentencia CL-509-13 — Registro 4517
Resumen
Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la antigüedad, se reconozca como permanente la relación laboral por tiempo indefinido y reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones por despido directo e ilegal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: “Infracción Directa de la Ley” llamada también falta de aplicación: Dice la Doctrina que la falta de aplicación de una norma a un hecho que el fallador considera existente o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considera inexistente constituyen infracción directa porque envuelven ignorancia de la ley o rebeldía contra ella, sin embargo, la aplicación de una disposición a un hecho que el juzgador encuentra demostrado no se convierte en infracción directa porque el recurrente considere que el hecho no existió y lo plantee en la demanda de casación a través de errores de hecho en la apreciación de la prueba, como tampoco se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. En resumen, tanto la Doctrina como este Tribunal Supremo lo han venido sosteniendo, tal como lo refiere el Recurrente en la explicación del cargo, la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). Resulta ser que del análisis del expediente de mérito se desprende que la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza del contrato y el carácter temporal o no de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que es preciso recordar que el cargo en la casación laboral es el ataque que se hace a un fallo por violar normas legales sustantivas de alcance nacional, ya sea por vía directa o indirecta. Es decir que consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el ad-quem. Sin embargo, al revisar el motivo que antecede se establece que el Recurrente alegando aplicación indebida de la norma señalada como violada, no indica cual era la norma llamada a sustituir la misma; además, al igual que en el primer cargo, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de la valoración de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este tipo de infracción directa a la ley, ya que los hechos no se discuten pues lo que se controvierte es el derecho, lo cual vuelve inestimable este segundo cargo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha once de octubre de dos mil trece, por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la antigüedad, se reconozca como permanente la relación laboral por tiempo indefinido y reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones por despido directo e ilegal, más el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde el momento del despido hasta que conforme a las normas procesales correspondientes quede firme la sentencia condenatoria respectiva, y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diez, por los señores NELSON LEONEL SILVA PERALTA, vigilante y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, aseadora, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Roberto Nieto Cruz, en su condición de Apoderado de los señores Nelson Leonel Silva y Trinidad Betulia Hernández; II. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de abril del año dos mil trece, así: a) REVOCANDO el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda promovida por NELSON LEONEL SILVA PERALTA Y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por NELSON LEONEL SILVA PERALTA Y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, para el reintegro a su puesto de trabajo. Reconocimiento de la calidad de empleados permanentes en su relación laboral y pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCA TOTALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto absuelve al Estado de Honduras del reintegro, del reconocimiento de la permanencia y del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a REINTEGRAR a los trabajadores NELSON LEONEL SILVA PERALTA Y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que tenían al momento del despido, mas a título de daños y perjuicios a pagarles a los Demandantes los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con arreglo a derecho sean reintegrados los trabajadores Nelson Leonel Silva Peralta y Trinidad Betulia Hernández Ruiz; c) a reconocerles su calidad de empleados PERMANENTES desde la fecha en que iniciaron su relación laboral. III. CONFIRMAR TOTALMENTE EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada. IV. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con el Estado de Honduras en los Despachos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, así: Nelson Leonel Silva Peralta, el 1 de abril del año 2006, en la ciudad de Juticalpa, Olancho, mediante modalidad de Contrato de Servicios Profesionales hasta el 30 de enero de 2010 en el cargo de Vigilante, luego siguió laborando ininterrumpidamente hasta la fecha 4 de marzo del 2010, siempre en el mismo cargo; y, Trinidad Betulia Hernández Ruiz, inició el 1 de abril del año 2006, en la ciudad de Juticalpa, Olancho, mediante modalidad de Contratos de Servicios Profesionales hasta el 26 de enero de 2010 en el cargo de Aseadora, luego siguió laborando ininterrumpidamente hasta la fecha 25 de febrero del 2010, siempre en el mismo cargo, por el cual fueron despedidos ilegal e injustificadamente, notificados de la terminación de la relación laboral por la demandada; que en una forma malintencionada para evadir la ilegalidad de los despidos, en los Memorándum se les notifican a los demandantes que los Contratos últimos habían finalizado, pero los Memorándum tienen fechas de 26 y 12 de febrero de 2010, aunque les fueron entregados hasta en fechas 4 de marzo y 25 de febrero, respectivamente, pues sucede que DINADERS omitió notificarles el preaviso respectivo de terminación de los contratos el día en que debieron finalizar éstos, pero los demandantes continuaron la relación de trabajo después de que finalizaron, situación que desnaturaliza los Contratos de Servicios Profesionales y los convierte en Contratos de Trabajo indefinido, pues tanto las notificaciones son extemporáneas, la relación de trabajo continuó con aprobación tácita de DINADERS, la relación de trabajo se volvió continua al haber subsistido la causa que le dio origen al contrato inicial, sin importar la forma y términos de duración de los distintos contratos que se otorgaron, así por lo tanto en base a la ley el tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, se tiene como premisa legal en aplicación fidedigna del principio indubio pro operario a falta de la existencia de contrato escrito de la relación de trabajo comprendida entre las fechas 30 de enero al 4 de marzo de 2010 de Nelson Leonel Silva y del 26 de enero al 25 de febrero de 2010 de Trinidad Betulia Hernández; que los Contratos de Servicios Profesionales que suscribieron con DINADERS en forma ininterrumpida que en la práctica y legalmente, se constituyen en Contratos Individuales de Trabajo, por cuanto reuníamos los tres elementos esenciales para que exista contrato de trabajo; que DINADERS conforme lo establece la Ley y su Reglamento General es una institución desconcentrada con autonomía técnica, administrativa y financiera; en su parte final el artículo 10 establece que el personal gozará de los beneficios laborales que según su categoría corresponde, en el presente caso es aplicable lo que establece el CAPITULO V DEL TRABAJO de la Constitución de la República, Código del Trabajo y demás leyes laborales aplicables, pues en ningún momento les es aplicable la Ley de Servicio Civil y su Reglamento pues la Dirección General de Servicio Civil ya ha establecido que el personal que labora en DINADERS no está incorporado al Régimen de Servicio Civil, por lo tanto el Juzgado de Trabajo es el competente para conocer el presente caso.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (DINADERS), contestó dicha demanda señalando que los actores de esta acción iniciaron su relación laboral con el Estado de Honduras mediante Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado que por su naturaleza no confieren ni otorgan derechos más que los consignados en ellos mismos; que se rechaza lo argumentado por los demandantes en relación a las fechas que dicen haber continuado con su relación laboral extremo que será objeto de prueba en el curso de esta acción laboral que de por si no es la competencia y jurisdicción que debe conocer el conflicto jurídico provocado por los demandantes las cuales al momento del origen de la relación laboral se comprometieron a someterse en caso de conflicto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo extremo que se puede colegir del examen a los referidos contratos de Servicios Profesionales; que los demandantes no fueron despedidos como pretenden hacer ver, lo que sí es cierto es que el Estado de Honduras les notificó que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales había llegado a su terminación tal y como lo establecía el mismo, fecha del conocimiento de los demandantes desde la fecha de suscripción del referido contrato por cuanto que en su cláusula cuarta establece la duración del contrato; que los demandantes persisten en hacerle ver a ese Tribunal que es competente para el conocimiento de este conflicto, haciendo discernimientos que servidores públicos están sometidos al conocimiento laboral y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dicho sea de paso lo hacen de manera antojadiza y a su beneficio, pero se ha dejado establecido que las disposiciones del Código de Trabajo son normas de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento de igual manera las normas que resultan de la competencia y jurisdicción de los tribunales son de orden público y no pueden eludirse ni modificarse el conocimiento de un asunto por un tribunal incompetente, lo cual da lugar a la nulidad de todo lo actuado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Nelson Leonel Silva Peralta y Trinidad Betulia Hernández Ruiz, contra el Estado de Honduras, en consecuencia, absolvió al Estado de Honduras a que se reconozca como permanente la relación laboral por tiempo indefinido, al reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir a favor de los demandantes, sin costas; bajo el criterio que los demandados tenían expeditos los derechos para acudir ante autoridad competente solicitando si sus contratos estuvieren vigentes, la permanencia en su puesto de trabajo, quienes no lo hicieron sino hasta que sus contratos ya habían vencido y se les informó que no serian renovados, que los demandantes no acreditaron en autos que habían sido despedidos directa e ilegalmente, sino lo que aconteció fue que sus contratos llegaron a su fin, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de junio de dos mil trece, dictó sentencia reformando la de primera instancia, en el sentido de revocar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda promovida por los demandantes, en consecuencia, declaró con lugar la demanda para el reintegro de los demandantes a los puestos de trabajo, reconocimiento de la calidad de empleados permanentes en su relación laboral y pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; revocó totalmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto absuelve al Estado de Honduras al reconocimiento de dichos conceptos, por lo que condenó al Estado de Honduras, a reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que tenían al momento del despido, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir, a reconocerles su calidad de empleados permanentes desde la fecha en que iniciaron su relación laboral, confirmó totalmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada aportó varios medios de prueba al juicio, también lo es que con los mismos no acreditó haber tenido justas causas para dar por terminados los contratos de trabajo de los demandantes, en consecuencia, procede el reintegro solicitado por éstos; que si bien es cierto la juez a-quo señala que el momento procesal oportuno para reclamar una permanencia en su puesto de trabajo, es cuando el contrato se encuentra vigente y no cuando éstos han llegado a su fin y que había sido criterio de los Juzgados y Tribunales, al respecto es de hacer notar que es cierto que fue criterio de los Tribunales en el pasado lo señalado por la juez a-quo, sin embargo desde el mes de marzo del año 2013, este tema fue objeto de conversatorio por parte de los Juzgados de primera y segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia, concluyéndose que no era necesario que el contrato estuviera en vigencia para solicitar su permanencia, el Juez al analizar el caso, resolvería sobre el despido y sobre la permanencia, la hubiesen o no solicitado antes de vencerse el contrato.- 5. Mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha once de octubre de dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado ROBERTO NIETO CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. De conformidad con lo establecido en los artículos 764 literal a) y 765 del Código del Trabajo, el recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica sustantiva laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con el artículo 303 párrafo 2°) de nuestra Constitución de la República; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional en el ámbito del trabajo y de la seguridad social requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, formula su primer motivo de casación de la manera siguiente: “Por ser la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el día jueves trece de junio del año dos mil trece, violatoria de ley sustantiva de orden nacional comprendida en los artículos 26 y 46 literal b) y c), del Código del Trabajo.- La relación de las normas citadas en el presente juicio es la siguiente: El artículo 26 en su parte introductiva expresa que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las condiciones que de él se derivan, según la ley, la costumbre, el uso o la equidad; el 46 en su literal b) indica que el Contrato Individual de Trabajo puede ser por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación, y literal c), para obra o servicios determinados, cuando se ajusta globalmente ó en forma alzada el precio de los servicios del trabajador; en relación con el artículo 1347 y 1348 del Código Civil, estos últimos que pertenecen al Título I de las obligaciones Capitulo I, el primero indica que las obligaciones derivadas de la ley no se presumen.- Solo son exigibles las expresamente determinadas en este Código O EN LEYES ESPECIALES, y se regirán por los preceptos de la ley que las hubiere establecido, y el segundo expresa que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley en las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1º. Párrafo primero del Código del Trabajo, por infracción directa de las normas legales indicadas. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JURIDICA: Este primer motivo, con todo respeto señalamos a la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala Constitucional- Laboral Administrativo, que la violación directa se produce cuando la Señora Abogada María Adela Kafatty Alvarado de Dubón, en su fallo, dejó de aplicar las normas citadas en el preámbulo; la falta de aplicación de la norma legal a un hecho en que el mismo fallador considera existente, se produce la violación directa de las normas sustantivas, las cuales paso a exponer en forma concreta lo siguiente: 1.- Me remito a sentencias que se encuentran: a) A folios 235 al 245 vuelto de la primera pieza de autos, mediante el cual la sentencia promovida por Marcio Jaime Rodríguez Gutiérrez contra HONDUTEL, en su considerando siete (7) sostiene la Corte de Apelaciones del Trabajo, que el demandante suscribió contrato con Hondutel por tiempo limitado, por lo cual REVOCO dicho fallo declarando SIN LUGAR LA DEMANDA; b) A folio 240, también la Honorable Magistrada doña Adela Kafatty de Dubón, participó en la sentencia en el juicio promovido por Tania Glamalyn Romero Rodríguez, contra Hondutel, que también reclamaba el reintegro, igual que el anterior, tomando como base dicho fallo que la demandante había sido contratada por Contratos de Trabajo por tiempo determinado; c) En el juicio promovido por Marianela Rivas contra Hondutel, (ver folio 244, 245 y vuelto), también la señora Magistrada María Adela Kafatty, tuvo participación en dicho fallo, y en el considerando siete (7), sostuvo que la institución demandada había contratado por tiempo limitado a la demandante, sosteniendo que la terminación del contrato de trabajo por esta causa NO ACARREA RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LAS PARTES. Los demandantes don NELSON LEONEL SILVA PERALTA y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, solicitaron a posteriori, el reconocimiento de la relación en forma permanente y a su reintegro, lo que no es procedente, porque si bien es cierto, los demandantes firmaron contratos de prestación de servicios profesionales, en ninguna parte de dicho contrato se desnaturaliza la relación laboral como lo sostiene el fallo del Tribunal de Segunda Instancia, según el considerando cuatro (4), únicamente porque los demandantes, una se desempeñaba como Aseadora, lástima que no analizó por completo dicho contrato, que no solamente era esa actividad, sinó que asear baños, limpiar muebles, preparar café, manejar materiales y líquidos de limpieza, colocar materiales y documentos, recibir y entregar correspondencia, atender el teléfono, manejar la fotocopiadora, atender el archivo y las tareas afines para la señora TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ; ¿Porqué afirmamos que es por tiempo limitado?, porque todos los contratos tenían vencimiento, fecha determinada según la cláusula cuarta, y también afirmamos que los servicios según el literal c) del artículo 46 del Código del Trabajo, sostiene el precio de los servicios fue en forma alzada, ¿Por qué?: Por habérsele señalado en la cláusula antes indicada el monto total de cada contrato, es decir, NO EXISTE un salario mensual, sinó una cantidad globalmente ajustada a sus servicios.- En igual caso el señor NELSON LEONEL SILVA PERALTA, no solo se le contrató de Vigilante, sinó el flujo dentro y fuera de la oficina de sus activos, y bien lo dice dicho contrato del proyecto, controlar el acceso de los empleados, anotar la hora de entrada y salida del personal, atender la planta telefónica en horas no laborales, anotar la entrada y salida de los vehículos del proyecto y otras afines a sus actividades; también igual que la anterior, se estableció el monto del contrato en forma global y para laborar ambos en el proyecto denominado CEFAR OLANCHO, proyecto el cual ya no existe, por lo que no podemos ACEPTAR que la Corte de Apelaciones del Trabajo, en los fallos anteriormente citados mantenga conceptos diferentes al presente, pues es de vuestro conocimiento que no ha existido REFORMAS de ninguna norma legal del Código del Trabajo desde el Decreto que reformó el Artículo 120, reformado según Decreto 247-89 de fecha 15 de diciembre de 1989, por lo que no pueden haber cambios sustanciales, y se debe atener al contenido del contrato, aplicando en su parte introductiva el artículo 26 del Código del Trabajo, que expresa que el contrato de trabajo obliga UNICAMENTE A LO EXPRESAMENTE PACTADO, y no puede la Corte del Trabajo expresar que la actividad para lo cual fueron contratados los demandantes no probaron que al vencimiento de sus contratos de trabajo, subsistía la causa que le dio origen ó la materia del trabajo para la prestación de servicios, ó la ejecución de obras iguales o análogas, con lo cual violenta el artículo 47 del Código del Trabajo. Al no hacerlo, y según tesis de la Abogada María Adela Kafatty, en cuanto al Recurso de Casación Laboral, en su página 69, indica que la infracción directa se produce cuando se deja de aplicar una norma a un hecho que el fallador considera consistente, es decir a los CONTRATOS POR TIEMPO DETERMINADO.- Más adelante sostiene que según el Tratadista Enrique Arambulá Durán, que la violación directa de la ley, parte de la base que en la sentencia no se aplique la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso; y por disposición del artículo 1346 del Código Civil, se debió aplicar las normas señaladas del Código del Trabajo, en vista que este artículo ordena que las obligaciones nacen de la ley, y el 1348, expresa una ampliación en cuanto a que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Concluyendo: En este primer motivo, don Guillermo Cabanellas en su Enciclopedia denominada Tratado de Derecho Laboral, en el tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen III, Contrato de Trabajo, señala las causas de disolución del contrato de trabajo: 1) Causas derivadas del consentimiento de ambas partes.- El consentimiento para ponerle fin a la relación jurídica, deriva del propio contrato o de un acuerdo bilateral posterior a éste, las causas provenientes del consentimiento son: a) El cumplimiento del tiempo del contrato; b) Las causas estipuladas en el contrato y c) El mutuo discenso, una sola causa es portadora de un contrato, cuando ya la relación jurídica contractual ha tenido ejecución, y consiste en el mutuo acuerdo de los contratantes para la disolución; también señala el cumplimiento del tiempo del contrato que se relaciona con el artículo 48 del Código del Trabajo, en cuanto que éstos expiran cuando el tiempo convenido del servicio objeto del contrato. Todos estas relaciones de las normas con la doctrina, no es posible cambiarlas por un deseo mortal que va en contra del Estado de Derecho, en el cual todavía podemos decir que vivimos, por tanto dicho motivo deberá ser declarado CON LUGAR.”.- III. Que previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: “Infracción Directa de la Ley” llamada también falta de aplicación: Dice la Doctrina que la falta de aplicación de una norma a un hecho que el fallador considera existente o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considera inexistente constituyen infracción directa porque envuelven ignorancia de la ley o rebeldía contra ella, sin embargo, la aplicación de una disposición a un hecho que el juzgador encuentra demostrado no se convierte en infracción directa porque el recurrente considere que el hecho no existió y lo plantee en la demanda de casación a través de errores de hecho en la apreciación de la prueba, como tampoco se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él. En resumen, tanto la Doctrina como este Tribunal Supremo lo han venido sosteniendo, tal como lo refiere el Recurrente en la explicación del cargo, la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09). Resulta ser que del análisis del expediente de mérito se desprende que la cuestión debatida tiene relación con la naturaleza del contrato y el carácter temporal o no de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio. - IV. Por otra parte, es importante recordarle al Recurrente que también lo tiene dicho la Doctrina así como este Supremo Tribunal, que la casación por infracción de ley se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda de casación aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna, pero resulta que también derivado del análisis del sub-lite, el Impetrante señala como infringidos preceptos que no tienen el carácter de normas sustantivas, formulando así un cargo defectuoso que resulta claramente inaceptable para este Tribunal de Casación, puesto que omite lo esencial para el recurso extraordinario de casación, vale decir, la indicación del precepto legal sustantivo de orden nacional que se estima violado por el juzgador, no debiendo olvidar que por ley sustantiva se entiende toda norma de derecho positivo, de carácter nacional, por medio de la cual se consagran derechos y obligaciones correlativos. Finalmente, realiza alegatos propios de instancia, obviando lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo.- V. Que en el segundo motivo se expone: “Por ser la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo el día jueves trece de junio del dos mil trece, violatoria de ley sustantiva de orden nacional contenida en el artículo 117 del Código del Trabajo, que fue indebidamente aplicado en la sentencia de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, utilizando su contenido como sí a los señores NELSON LEONEL SILVA PERALTA y TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, se les haya notificado por escrito algún despido, lo cual es totalmente falso, y es todo lo contrario de lo que afirma la sentencia de primera instancia según el considerando número ocho, sosteniendo que no existe el despido sinó una terminación laboral, en virtud de haber llegado a su fin el contrato por tiempo determinado. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación jurídicamente está comprendido en el artículo 765 numeral 1º. Párrafo primero del Código del Trabajo por aplicación indebida. EXPRESON DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JURIDICA Esta Honorable Corte Suprema de Justicia, mantiene jurisprudencia en lo que es el concepto de la aplicación indebida en los fallos anteriormente citados, lo cual sin duda alguna se continuará con este marco legal, porque no es con un conversatorio que se reforma las leyes, tal como lo expone el Tribunal de Segunda Instancia en su considerando ocho, que ésta circunstancia fueron del pasado, hoy se aplica a manera de personal las normas legales, como en el caso de la aplicación indebida, que es aquella que sin existir errores de hecho o de derecho, se aplica una norma jurídica a un hecho probado PERO NO REGULADO POR ELLA, como es el caso del artículo 117 del Código del Trabajo, que la Corte de Apelaciones en su fallo precisamente en el considerando tres, se le notificó la finalización de su contrato de trabajo, sin entender el Tribunal de Segunda Instancia, que para que exista una plaza en forma permanente, debe estar acreditada en el Renglón Presupuestario, y tampoco entienden que el Memorandum que se le entregó al señor NELSON LEONEL SILVA PERALTA y que obra a folio número siete de la primera pieza de autos, jamás puede sostenerse bajo el marco de un despido injustificado, pues dicho memorándum se refiere que el contrato que por tiempo limitado finalizó el 30 de enero del año 2010, no iba a ser renovado.- El objetivo de este memorándum está en su segundo párrafo que dice: “A fin de que obtenga el finiquito de los bienes a usted asignados, se le solicita realizar el descargo respectivo de los mismos el día de hoy en la Oficina de Bienes, a cargo de la Doctora Fanny Barahona, ó en su defecto al Ingeniero Oscar Eduardo Rivera Henríquez”.- Bajo los mismos términos se le notificó a la señora TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, el cual obra a folio doscientos veinte de la primera pieza de autos. Los contratos con los demandantes, finalizaron el 30 de enero del 2010 con el señor NELSON LEONEL SILVA PERALTA, y el 26 de enero del 2010 con la señora TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ; esta fecha Honorables Magistrados, están bien definidas en la cláusula cuarta del último contrato que firmaron los demandantes, ¿cómo se puede tomar un despido que no existe?, porque ya en el contrato que firman los demandantes, sabían específicamente hasta que fecha iban a estar laborando en el Proyecto CEFAR-OLANCHO, y no puede tomarse un recordatorio con el fin de que entregaran sus instrumentos de trabajo, como un despido, si ya no existía la relación de trabajo, y mucho menos que en su cláusula novena los demandantes estaban entendidos del espíritu y la letra del contrato, y que aceptaban en consecuencia todas y cada una de las cláusula y condiciones estipuladas.- Si esto lo sabían los demandantes al firmar el contrato, me expreso, ¿dónde podría encontrar un despido que no existe, y que la Honorable Corte en su considerando tres, trata de sembrar las condiciones del artículo 117 del Código del Trabajo, solo porque se dijo en un CONVERSATORIO, como si este tuviera el peso de la ley para convertirse en un mandato expreso, y que no obstante, que la sentencia dictada el jueves trece de junio del año dos mil trece por la Corte de apelaciones del Trabajo, y el conversatorio es a posterior, pero ya la Honorable Magistrada María Adela Kafatty de Dubón, estaba aplicando apreciaciones personales, y lo que es peor, echando a la borda todos los antecedentes que fueron citados en el motivo anterior, por tal razón esta norma (artículo 117 del Código del Trabajo), fue aplicada con abuso de derecho, porque mi representado nunca habló de despido, porque este no existió, y además porque los demandantes laboraron hasta la fecha que expresa el último contrato del año dos mil diez, en caso de duda Honorables Magistrados, señalo el folio 257 vuelto de la primera pieza de autos, en cuanto a las planillas de pago, los demandantes laboraron para el proyecto que ya no existe CEFAR-OLANCHO hasta el mes de enero del 2010, porque se pidió para ver si era verdad lo expuesto por los demandantes, y se constató que en el mes de febrero del año 2010 NO LABORARON porque no aparecen en las planillas de pago.”.- VI. Que es preciso recordar que el cargo en la casación laboral es el ataque que se hace a un fallo por violar normas legales sustantivas de alcance nacional, ya sea por vía directa o indirecta. Es decir que consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el ad-quem. Sin embargo, al revisar el motivo que antecede se establece que el Recurrente alegando aplicación indebida de la norma señalada como violada, no indica cual era la norma llamada a sustituir la misma; además, al igual que en el primer cargo, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión de la valoración de las pruebas, lo cual resulta ser inapropiado en este tipo de infracción directa a la ley, ya que los hechos no se discuten pues lo que se controvierte es el derecho, lo cual vuelve inestimable este segundo cargo.- VII. Que como tercer motivo de casación se sostiene: “Por ser la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo el día jueves trece de junio del dos mil trece, violatoria de ley sustantiva de orden nacional comprendida en los artículos738 y 739 del Código del Trabajo.- Los artículos antes citados es porque la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo no analizó todas las pruebas allegadas en tiempo, las cuales estaba obligado para tener una libre formación del convencimiento de las mismas, inspirándose en los principios científicos relevantes del pleito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra legítimamente comprendido en el artículo 765 numeral 1º. párrafo segundo del Código del Trabajo, por apreciación errónea ó falta de aplicación de determinada prueba por error de hecho. EXPRESION DE LA INFRACCION JURIDICA: La doctrina nos explica que para que exista error de hecho, debe existir la violación de la ley por los siguientes elementos: 1.- Mala apreciación de la prueba documental; 2.- Que la mala apreciación originada por el error de hecho respecto a la prueba, no se debe relacionar con ninguna norma legal; 3.- Que el error de hecho genera como consecuencia obligada la violación de la ley sustantiva, y 4.- Que dicho error expresado, deber ser manifiesto, ó sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada a través de la prueba. El error de hecho, resulta más que todo un proceso subjetivo del juzgador, de estar equivocado su razonamiento al apreciar la probanza, es simplemente un fenómeno de convencimiento de la existencia o nó de un hecho, como a continuación expongo a esta Honorable Corte Suprema de Justicia: a) PRONADERS se constituyó mediante Decreto No.12-2000, formulado por el Congreso Nacional de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el viernes 5 de mayo del 2000, la cual se encuentra a folios 74 al 77 de la primera pieza de autos.- La actividad principal y única está determinada en el artículo 1, en cuanto se crea el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales, a través del desarrollo humano, social, ambiental y productivo, es decir, es una institución específicamente para desarrollar proyectos rurales, los cuales tienen tiempo determinado (ver artículo 8 de dicha ley); ¿cuál es el enfoque general y el marco donde debe actuar PRONADERS?, es en los proyectos rurales campesinos.- Esta noción legal no fue apreciada como la prueba base que tiene la institución, que es y será el desarrollo de proyectos, y los proyectos no son los mismos y no pueden tener tiempo indefinido; b) El Reglamento o Acuerdo No.1036-00 publicado el martes 5 de septiembre del 2000, amplía la visión y el objetivo de la ley, lo cual quedó definido en el artículo 2 que el Reglamento llama proyecto, que dice, que un proyecto de desarrollo rural del Gobierno de Honduras, ha sido convenido con una o más agencias de cooperación internacional ó con una institución del Estado o privada del país.- Todo el contenido de la ley y su reglamento se refiere a proyectos que son consensuados con las comunidades rurales; c) ACUERDO No.DE-DINADERS-003-2010, que es el Reglamento que tiene por objeto regular las relaciones y administración del personal. Que si bien es cierto, la relación de trabajo con los demandantes expiró el 26 y 30 de enero del 2010, estos presentaron su demanda hasta el 2 de junio del 2010, y en su artículo 15 expresa que el personal contratado para los proyectos rurales, serán capacitados para el manejo de los proyectos que genera la institución. Los contratos de trabajo por tiempo determinado del señor NELSON LEONEL SILVA PERALTA, que obran a folio del 102 al 144 y los de la señora TRINIDAD BETULIA HERNANDEZ RUIZ, que obran a folios del 168 al 211 de la primera pieza de autos. Cuando la Honorable Corte no apreció esta prueba documental, no apreció el contenido de todas las funciones de los demandantes, al solo argumentar en el considerando cuatro que un demandante era la Aseadora y otro el Vigilante; minimizó y escondió las actividades de los demandantes, y además no se dio por enterada que dichos contratos fueron ejecutados por el proyecto de CEFAR en OLANCHO (ver cláusula primera de dichos contratos), tampoco hizo énfasis en la cláusula cuarta de los contratos, que el pago se hizo en forma alzada y por tiempo determinado; esta mala apreciación de la prueba documental antes citada, es originada por un error de hecho, en relación a la prueba documental citada, porque la señora Magistrada María Adela Kafatty en su considerando cuatro al final expresa, que se ha desnaturalizado completamente la celebración de los contratos por servicios profesionales y técnicos; cabe mencionar Honorables Magistrados, que la celebración es el acto de la firma de los contratos, y no entiendo porqué al firmarse un convenio de trabajo por tiempo determinado, con precio de alzada y para un proyecto, se puede desnaturalizar al momento de la celebración. d) Según memorándum que obra a folio 152 y 221 de la primera pieza, a los demandantes se les informó ó notificó que en virtud que su contrato por tiempo limitado finalizó el 30 de enero del 2010, no será renovado, el objeto de estos memorándum es por sí los demandantes tenían bienes, para que procedieran a realizar sus descargos ante las oficinas de Bienes correspondientes, o en su defecto al Ingeniero Oscar Eduardo Rivera Henríquez; no obstante la apreciación personalísima de la Honorable Corte del Trabajo, es que se aferra que estos documentos fueron la notificación del despido al margen de lo dispuesto en el Artículo 117 del Código del Trabajo, según el considerando tres de la sentencia.- En esta apreciación que hace la Honorable Corte, vulnera el contrato de trabajo por tiempo determinado, al ignorar la cláusula cuarta, donde se establece la duración del contrato, la forma de pago de los servicios de los demandantes, la cantidad en forma global de los contratos y por último para realizarse en un proyecto denominado CEFAR-OLANCHO. La mala apreciación del memorándum para que los demandantes liquidaran sus bienes de la institución que el Estado de Honduras les prestó para que laboraran, para la Corte del Trabajo, es un despido, lo cual queda evidenciado la prepotencia personal, el abuso de autoridad, al declarar estos documentos como un supuesto despido; al no haberse analizado ni tan siquiera el documento que obra a folio 150 de fecha 17 de marzo del 2010, firmado por el señor Nelson Silva, solicitando copia de los contratos, comprendidos del 17 de mayo del 2006 al 31 de enero del 2010, se dá por enterado en forma expresa y determinante que su relación laboral finalizó con el último contrato.- En igual forma la señora Trinidad Betulia Hernández Ruiz, solicitó el 17 de marzo del 2010, copia de los contratos comprendidos del 1º. Al 26 de enero del 2010, el cual obra a folio 217. No obstante que en los citados contratos se indicó que la autoridad competente es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, aceptada por los demandantes, según cláusula octava de los contratos, y que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece jurisdicción sobre estos tipos de contratos según el artículo 3 literal a). Es inobjetable que la apreciación errónea ó falta de apreciación de la prueba documental señalada, conducen a la Corte de Apelaciones del Trabajo a través de su fallo a errores de hecho, pues ni la inspección que obra a folio 257 vuelto de la primera pieza de autos, el tribunal de primera instancia constató que solo el mes de enero del año dos mil diez, aparecen en planillas los empleados temporales demandantes, y no en el mes de febrero, como afirma la Corte sentenciadora que los demandantes continuaron laborando, por lo que este motivo teniendo su marco legal definido, deberá CASAR en sentencia que dicte esta Honorable Corte Suprema de Justicia.”.- VIII. Que este tercer cargo, al igual que los anteriores, resulta inadmisible, ya que el Impetrante vuelve a incurrir en defectos técnicos al señalar como violadas normas que no ostentan la condición de ser sustantivas, ya que las invocadas (737 y 738 del Código del Trabajo) son de naturaleza adjetiva o procesal; por otra parte en la formulación del cargo no singularizó la prueba siendo hasta en su explicación que lo hace aunque en forma contradictoria al señalar: “Es inobjetable que la apreciación errónea ó falta de apreciación de la prueba documental señalada, conducen a la Corte de Apelaciones del Trabajo a través de su fallo a errores de hecho…”, ya que si una prueba no es apreciada no puede denunciarse simultáneamente que ha sido apreciada erróneamente. También vuelve a realizar alegatos propios de instancia y relaciona normas no enunciadas en su formulación, como es el caso de los artículos 117 del Código del Trabajo y 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. - IX. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- X. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 509-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL