Sentencia CL-503-14 — Registro 5014
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido verbal, ilegal e injusto; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el alcance de la impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que el recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se revoque el fallo recurrido, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “I.SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días de julio del dos mil dieciséis. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia en el recurso de casación SP 150-2014 por infracción de doctrina legal, interpuesto contra la sentencia de fecha once de febrero del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Niñez de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual declaró culpable al joven K. F. V. M. por la infracción al tipo penal de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, imponiéndole las siguientes medidas socio-educativas y reglas de conducta siguientes: 1) Asistir a un centro educativo, traer al juzgado la constancia de matrícula. 2) Estar al cuidado y vigilancia de su madre la señora O. O. M. S.. 3) Abstenerse de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares. 4) Prohibición de salir del país. 5) Presentarse al tribunal una vez por mes a firmar el libro de control que para tal efecto se lleva en la secretaría del despacho. Dichas reglas de conducta son por un lapso de tres (3) años, restándole el tiempo que ha estado firmando; en caso de incumplimiento de algunas de las medidas se revocarán las mismas y se le librará la orden de aprehensión y una vez detenido será recluido por el tiempo que le falte para cumplir dichas medidas a un centro de acuerdo a su edad. Interpuso el recurso de casación por infracción de doctrina legal, la abogada R. V. en su condición de defensora pública del joven K. F. V. M., quien sustituyó el poder conferido en los también defensores públicos M. R. A. y A. A. G., con las facultades a ellos conferidos. SON PARTES: Los abogados M. R. A. y A. A. G. en su condición de defensores públicos del menor, como recurrentes y la abogada R. L. C. en su calidad de representante del Ministerio Público como recurrida. II. HECHOS PROBADOS “Que el día cinco de septiembre como a eso de las doce del medio día; agentes policiales realizaban patrullaje de rutina en el sector de la colonia El Confite de esta ciudad, los policías J. A. L. Y J. L. en la motocicleta M-12 frente de las instalaciones de la escuela J. V. V., en ese momento observan a dos jóvenes con los nombres de K. F. B. M., R. V. P. F. que caminaban a pie con dirección a la escuela uno de ellos vestía de camiseta color blanco pantalones jeans color azul él llevaba en su mano derecha una mochila de color azul y negro; por lo que al solicitarle el registro personal ambos salieron huyendo del lugar lográndole dar la detención quienes al practicarles el registro personal de rutina solicitándole al joven K. F. V. M., que portaba la mochila que la abriera encontrándole una bolsa plástica de color transparente las cuales contenían en su interior droga (MARIHUANA) por lo que lo trasladaron a las oficinas del centro integrado de trabajo interinstitucional de esta ciudad y ponerlos a la orden de las autoridades competentes.” III. RECURSO DE CASACIÓN La recurrente abogada R. V. formalizó su recurso de casación por infracción de doctrina legal de la siguiente manera: “I. MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE DOCTRINA LEGAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de Doctrina Legal por falta de aplicación del criterio adoptado en las Sentencias No. SP-365-2007 de fecha 28 de septiembre de 2010, No. SP-239-2009 de fecha 10 de mayo de 2012, y No. SP-446-2011 de fecha 8 de noviembre de 2012, sobre el delito de Tráfico, particularmente en cuanto a que en los hechos declarados probados no se deduce: 1. Que la cantidad de droga incautada no corresponda con la dosis personal inmediata para el consumo. 2. El ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del acusado. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. FUNDAMENTACIÓN: PRIMERO: En la presente causa, el Tribunal de Sentencia declaró expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: “Que el día cinco de septiembre como a eso de las doce del medio día, agentes policiales realizaban patrullaje de rutina en el sector de la colonia el confite de esta ciudad, los policías J. A. L. y J. L. en la motocicleta M-12 frente de las instalaciones de la escuela J. V. V., en ese momento observaron a dos jóvenes con los nombres de K.. F. B. M. R. I. P. F. que caminaban a pie con dirección a la escuela uno de ellos vestía de camiseta color blanco pantalones jeans color azul el llevaba en su mano derecho una mochila de color azul y negro; por lo que al solicitarle un registro personal ambos salieron huyendo del lugar lográndole dar la detención quienes al practicarles el registro personal de rutina solicitándole al joven K. F. V. M., que portaba la mochila que la abriera encontrándole una bolsa plástica de color transparente las cuales contenían en su interior droga, (MARIHUANA) por o que lo trasladaron a las oficinas del centro integrado de trabajo interinstitucional de esta ciudad y ponerlos a la orden de las autoridades competentes.” SEGUNDO: La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde.[1] Asimismo, ha señalado que para que prospere un alegato de violación de Doctrina Legal, el Censor debe centrar su argumentación recursiva en una falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de la Doctrina Legal fijada por el más alto tribunal de justicia, en este caso, en Derecho Penal sustantivo, conformada por tres o más fallos que acrediten de forma indubitable, una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial, y una vez establecido lo anterior, comprobar que el Juzgador ha dejado de aplicar la interpretación jurídica de la norma penal en el fallo impugnado.[2] TERCERO: El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba declaró culpable al joven K. F. V. M., por el delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. En este sentido, previo a pronunciarnos sobre la infracción de Doctrina Legal, cabe hacer notar que el Sentenciador confunde el tipo penal de Tráfico, comprendido en el art. 18, con el de Posesión contemplado en el art. 24, ambos de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Droga y Sustancias Psicotrópicas. De conformidad con el principio de aplicación de la ley penal establecido en el art. 2-A, numeral 3 del Código Penal, el tipo delictivo de Tráfico, al ser complejo, absorbe al de Posesión, ya que éste resulta ser una infracción consumida en aquel; razón por la que procedemos a pronunciarnos únicamente sobre la falta de aplicación de Doctrina Legal en cuanto al delito de Tráfico, todo esto, sin mencionar el hecho que no se cita el art. 24 (Posesión) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico de Droga y Sustancias Psicotrópicas en la fundamentación jurídica de la Sentencia. Igualmente cabe mencionar que el Sentenciador cita el art. 17 de la aludida normativa, disposición que comprende la fabricación, y que no guarda relación alguna con la presente causa. CUARTO: Dicho esto, el reproche consiste en que, de acuerdo con la declaración de hechos probados, no se aprecia la concurrencia de los presupuestos para la configuración del delito de Tráfico establecidos por la jurisprudencia, y que constituyen Doctrina Legal, al existir tres fallos de la Sala de lo Penal en la misma línea (art. 360 párrafo segundo del Código Procesal Penal), al carecer el cuadro fáctico de elementos que permitan deducir que la cantidad de droga incautada no corresponda con la dosis personal inmediata para el consumo, y el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del joven K. F. V. M.. QUINTO: En este sentido, conviene señalar los distintos pronunciamientos de la Sala de lo Penal, en cuanto a este criterio. En primer término hacemos referencia a la Sentencia No. SP-365-2007 de fecha 28 de septiembre de 2010, en la que la Sala sostuvo: “El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de jure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el Juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga y que mencionó al momento de su captura que la misma era para su consumo personal. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad permitida para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos.” SEXTO: En segundo término nos referimos a la Sentencia No. SP-239-2009 de fecha 10 de mayo de 2012, misma que reitera el criterio anterior al señalar: “Uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.., teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Ciertamente que en esta clase de asuntos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin mas ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de jure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un Derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga incautada, misma que el encartado en su declaración rendida ante el Tribunal afirmó que estaba destinada para su consumo personal. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad cual no ha ocurrido en el caso de autos.” SÉPTIMO: Finalmente en tercer lugar, aludimos a la Sentencia No. SP-446- 2011 de fecha 8 de noviembre de 2012, que señala: “La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, desarrolla el artículo 5 conceptos legales para efectos de la aplicación de la ley, los que entre otros en su numeral 34 ésta el Tráfico Ilícito de Drogas, el cual debe de entenderse como Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas. El Tráfico de Droga es un acto dirigido al comercio de la droga, que supone la realización de actos previos o simultáneos para ese fin y que son recogidos por el concepto legal citado. No debe de entenderse Tráfico de Drogas las acciones aisladas e independientes que reproduzcan cada uno de los verbos descriptores (no rectores) del artículo 5.34 mencionado, dado que entraríamos en confrontación con los demás tipos penales que contiene la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Que el análisis del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas permite determinar sin dificultad que el Hecho Único declarado probado por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés y que confirmara la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, no hace la descripción del elemento subjetivo del tipo penal que el Recurrente denuncia como inobservado, cual es el ánimo de comercialización de la droga para que se configure el delito de Tráfico Ilícito.” En el contexto de la Sentencia en cuestión, conviene señalar que la misma comprende otras Sentencias con la misma línea jurisprudencial, estas son: 1. Sentencia fecha 16 de diciembre del 2005, en el Expediente 2473-2004 que establece: “La narración de este hecho deberá contener no sólo los elementos objetivos de tipo, en este caso la posesión, sino también deberán notarse en él actos que indiquen el elemento subjetivo del tipo, constituido por el propósito de dicha posesión, que en general se ven reflejados en los actos ofertorios o medios inmediatos y vinculantes a los que ya nos hemos referido. Ante la ausencia advertida de tales actos en los hechos probados, únicamente queda la posesión...” 2. Sentencia fecha 22 de enero del 2007, en el Expediente 060-2006, que sostiene: “... al analizar la Sala este motivo, determina que efectivamente el recurrente tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio de la imputada, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento del allanamiento...” 3. Sentencia fecha 10 de noviembre del 2004, en el Expediente 3009-2003, en la que la Sala argumentó: “Este motivo es de recibo, es cierto que el Tráfico de Drogas, es un delito de peligro abstracto, pero también es cierto que en la misma ley existen varias hipótesis o figuras de participación, por ello ya esta sala, se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo en este caso fue detenido por la autoridad, sin determinar la razón para ello, con marihuana en una bolsa y en una especie de peluche, en el que se encontró marihuana, en una cantidad mayor que para el consumo, en carrucos; la posición económica del imputado nos permite inferir que no tiene la capacidad de comprar el alucinógeno, no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; al estar en su poder al momento de ser trasladada a otro lugar, presupone el transporte y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo), por lo que es procedente casar la sentencia...” 4. Sentencia de fecha 19 de noviembre del 2002, en el Expediente 336-2002, que señala: “... Que los hechos declarados probados deben analizarse como un todo no se deduce en ellos el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte de los acusados O.V.M.S. y a R.A.L., que es un arcano como todo lo perteneciente a la interioridad de las personas, que no siendo susceptible de captar por los sentidos, ha de deducirse de hechos externos que representen esa utilización reveladora del ánimo de la comercialización de la mercancía, cosa que no sucede en el presente caso, donde en los hechos probados consta que a la persona que se le daba seguimiento es al acusado V.S.H., prófugo según los antecedentes, no constando que a los Señores C.A.C., M.J.M.E. y J.A.Q., se le incautó droga o que éstos incriminaron a los señores Q.V.M.S. y a RJLL., como proveedores, para deducir la comercialización o tráfico de marihuana por parte de ellos...” OCTAVO: Del análisis de las Sentencias citadas surge la Doctrina Legal adoptada por la Sala, misma que podemos sintetizar de la manera siguiente: Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, debe constar en la declaración de hechos probados que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato, además debe comprender el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del acusado. NOVENO: Al contrastar la declaración de hechos probados con la Doctrina Legal aludida, se configura la infracción por falta de aplicación de la línea jurisprudencia de la siguiente manera: 1. En la declaración de hechos probados no consta la cantidad incautada, ya que en los mismos únicamente se hace referencia a que al joven K. F. V. M. le encontraron “una bolsa plástica de color transparente las cuales contenían en su interior droga, (MARIHUANA) por o que lo trasladaron a las oficinas del centro integrado de trabajo interinstitucional.” En este sentido, del hecho de encontrarle una bolsa plástica conteniendo marihuana, no puede deducirse su cantidad, y por tanto, resulta imposible sostener que dicha cantidad es incompatible con la cantidad estimada para el consumo personal inmediato. 2. En la declaración de hechos probados no consta el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del acusado, sino únicamente que al acusado se le encontró una bolsa plástica con marihuana, lo que vuelve imposible deducir que su ánimo era comercializarla. Ambos criterios debieron haber sido comprendidos dentro de la declaración de hechos probados para configurar la infracción al tipo penal de Tráfico, elementos que, tras el estudio anterior, no concurren en la presente causa. DÉCIMO: Con lo argumentado, se deja en evidencia que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, no aplico la Doctrina Legal establecida por la Sala de lo Penal, adoptada en las Sentencias No. SP-365-2007 de fecha 28 de septiembre de 2010, No. SP-239-2009 de fecha 10 de mayo de 2012, y No. SP-446-2011 de fecha 8 de noviembre de 2012, al subsumir equívocamente la conducta del imputado en el delito de Tráfico, prescindiendo de los presupuestos configuradores. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA: Al no plasmarse en la declaración de hechos probados en la Sentencia del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, los presupuestos configuradores que componen la acción típica o conducta objetiva, ni los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el fáctum no comprende la cantidad de droga incautada ni el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del acusado, estimamos que nuestro defendido no ha cometido el delito de Tráfico. En este sentido, se pide que se interprete que esos hechos probados son atípicos, no son antijurídicos y ni culpables, y aplicando la ley de manera correcta, el joven K. F. V. M. debe ser declarado inocente por éste alto Tribunal, en consecuencia, solicitamos dicte Sentencia Absolutoria a su favor.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1) La recurrente denunció la infracción de doctrina legal establecida por esta sala en los fallos SP 365-2007, SP 239-2009 y SP 446-2011, definiendo como norma autorizante el artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicó la censora que el cuadro fáctico da por probado: “…que el 5 de septiembre agentes de policía realizaban un patrullaje de rutina, cuando frente a las instalaciones de la escuela V. V. observaron a los jóvenes K. F. V. M. y R. I. P.-F. que caminaban a pie con dirección a la escuela, uno de ellos llevaba una mochila color azul y negro, por lo que al solicitarles un registro personal de rutina ambos salieron corriendo, dándole detención más adelante a K. F. V. M. que portaba la mochila, encontrando en su interior una bolsa plástica que contenía en su interior droga (marihuana)…” Expresó la reclamante que conforme los hechos declarados probados no se aprecia la concurrencia de los presupuestos para la configuración del delito de tráfico de drogas, establecidos por la jurisprudencia y que constituyen doctrina legal al existir tres fallos de la Sala de lo Penal en la misma línea, al carecer el cuadro fáctico de elementos que permitan deducir que la cantidad de droga incautada no corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo y tampoco el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte del joven infractor, conforme lo ha establecido este tribunal de Casación en los fallos SP 365-2007 de fecha 28 de septiembre del 2010, SP 239-2009 de fecha 10 de mayo del 2012 y 446-2011 de 08 de noviembre del 2012; que establecen en resumen: “…que corresponde al juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas, para hacer un estudio armonioso y conjunto de su totalidad y formar así su convicción judicial, pues la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a considerar, para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas no solo es requisito la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea en mayor a la cantidad permitida para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva la sociedad...” 2) Por doctrina legal debemos entender, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. El Código Procesal Penal asigna a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de atacar un fallo proferido por un tribunal de sentencia cuando se oponga a los principios consolidados por el máximo tribunal del país en la aplicación e interpretación de la ley penal sustantiva. Ante la eventual oposición, podrá invocarse la doctrina legal de aquel órgano jurisdiccional para que esos principios se respeten y así mantener una armonía y afianzamiento del ordenamiento jurídico. De esa forma, cuando la Corte Suprema de Justicia haya sostenido a través de tres sentencias una misma interpretación de determinado precepto penal, esa interpretación tendrá casi el alcance de la propia ley para atacar por la vía casacional su infracción. Solo a través de la defensa de la jurisprudencia emanada del órgano jurisdiccional supremo del país se puede garantizar una unificación del ordenamiento jurídico, puesto que sus interpretaciones de la ley penal material deben ser irradiadas al resto de tribunales y así asignen éstos esas enseñanzas doctrinales a sus propias resoluciones. Ante ello, se hace indispensable que la jurisprudencia de este alto tribunal, emitida sobre la interpretación de la norma penal sustantiva, esté al alcance de los operadores de justicia, algo que solo se podrá lograr mediante una eficiente publicación de las correspondientes resoluciones que sobre la materia se profieran. Por otro lado, la doctrina legal que se considera infringida en casación es aquella que versa sobre el derecho penal sustantivo, por lo que, de invocarse reiteradas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, sobre aspectos procesales, ocasionaría el rechazo de la impugnación[3]. 3) Ante los argumentos de la censora, este tribunal de Casación procede a analizar los fallos que relaciona el impetrante y determinar con ello si en efecto dichos criterios jurisprudenciales se han constituido en doctrina legal. El primer fallo que relaciona la recurrente es el SP 365-2007 de fecha 28 de septiembre del 2010, en el que esta sala resolvió un recurso de casación por quebrantamiento de forma, en el cual el impetrante denunciaba violación a las reglas de la sana crítica; esta sala en resumen estableció: “En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga, etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Ciertamente que en esta clase de casos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin más ejercicio probatorio, la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de iure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga y que mencionó al momento de su captura que la misma era para su consumo personal. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad permitida para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala estima que el Juzgador no ha violado las máximas de la experiencia, al sostener que el ánimo o intención del acusado, se debe fundar en el análisis conjunto y armonioso de la prueba y no solamente en la forma o disposición en que el acusado poseía la droga -carrucos o cigarrillos- o en la cantidad de droga incautada. Vale destacar que en todo caso, no resulta inverosímil y por ende si parece razonable y creíble, que la cantidad de marihuana decomisada el imputado E. N. C. L. estaba destinada al consumo personal, si se toma en cuenta lo que ordinariamente se considera como consumo diario medio del consumidor normal y el acopio de la sustancia estupefaciente para un máximo de uno o varios días inmediatos” En el fallo SP 239-2009 dictada en fecha 10 de mayo del 2012, en la cual se resolvió un recurso de casación por quebrantamiento de forma, en el que se denunciaba violación a las reglas de la sana crítica, este tribunal de Casación expuso: “El Juzgador apoya su sentencia en las declaraciones de los testigos de cargo, basadas en lo observado por éstos al momento de la captura del acusado y en virtud de las cuales no se desprende fehacientemente que éste realizaba acciones dirigidas a entregar o comercializar la marihuana incautada, de tal manera que dictó sentencia absolutoria, no obstante que conforme al dictamen pericial toxicológico, una de las muestras analizadas, concretamente la número dos (#2), no es compatible con la cantidad considerada para consumo personal inmediato. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico o difusión de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el juicio (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no, consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, “cortado”, adulteración o empaquetado de la droga etc.), teniendo siempre en cuenta en primer lugar que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico y no a la defensa la tenencia para el consumo. Ciertamente que en esta clase de asuntos, las conclusiones de la prueba pericial toxicológica, no deben ser concluyentes para establecer, por sí solas y sin más ejercicio probatorio, sobre la finalidad que persigue el acusado en posesión de la droga incautada. En este sentido, la prueba pericial vista de esta forma, es una prueba útil y necesaria para determinar científicamente el tipo de sustancia, su peso, cantidad o calidad, más no inevitablemente concluyente para determinar el elemento subjetivo del tipo. El establecimiento de límites rígidos de carácter cuantitativo a partir de los dictámenes toxicológicos, para determinar el ánimo o elemento tendencial en el procesado, traería el riesgo de crear un sistema de presunciones absolutas “iuris et de iure” de destino al tráfico cuando en aquellos se exprese que la cantidad de droga examinada no se corresponde con la dosis personal inmediata para el consumo, soslayando la intención del sujeto que es lo que en todo caso debe prevalecer, dando lugar a un derecho penal de mera sospecha que entra en abierta contradicción con el principio de culpabilidad que debe imperar en todo Estado democrático de Derecho. Corresponde entonces al Juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; y es que en la medida de que la cantidad de droga poseída es uno de los indicios a tener en consideración, habrá que examinar el resto de los indicios concurrentes en el caso concreto. De las declaraciones de los testigos de cargo, el juzgador solo ha logrado concluir que el acusado estaba en posesión de la droga incautada, misma que el encartado en su declaración rendida ante el Tribunal afirmó que estaba destinada para su consumo personal. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no solo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala estima que el Juzgador no ha violado las máximas de la experiencia, al sostener que el ánimo o intención del acusado, se debe fundar en el análisis conjunto y armonioso de la prueba y no solamente en la forma o disposición en que el acusado poseía la droga -carrucos o cigarrillos- o en la cantidad de droga incautada. Vale destacar que en todo caso, no resulta inverosímil y por ende si parece razonable y creíble, que la cantidad de marihuana decomisada al imputado C. E. H. D. estaba destinada al consumo personal, si se toma en cuenta lo que ordinariamente se considera como consumo diario medio del consumidor normal y el acopio de la sustancia estupefaciente para un máximo de uno o varios días inmediatos.” Y por último la recurrente hace referencia al fallo SP 446-2011 de fecha 08 de noviembre del 2012, en el que se resolvió un recurso de casación por infracción de ley cuando aún el Código Procesal Penal no había sufrido reformas, se estableció: “Que es procedente realizar un análisis general de la ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas: A) Normativa: Honduras inició su postura en contra del tráfico de drogas con la firma de la convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, conocida como la Convención de Viena de 1988 y ratificada en 1990, convirtiéndose en ley nacional, lo que siguió con la aprobación de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por el Congreso Nacional de Honduras, bajo el decreto número 126/89. Esta es una ley especial, creada con el propósito de regular todo lo relativo a los delitos de drogas, creando una serie de tipos penales para ese efecto. Es importante destacar que las normas generales contenida en el Código Penal (artículos 1 al 115) son aplicables a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, por disposición del artículo 12 del Código Penal, siempre que no se contravengan con lo regulado en la ley especial. B) Bien Jurídico: El bien jurídico que protegen los tipos penales contenidos en la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, es la Salud de la Población del Estado de Honduras, es decir, la salud de la comunidad conformada por el conjunto de personas miembros de la sociedad. Es un bien de carácter difuso y por cuanto es un tipo penal de peligro. C) Objeto Material: El objeto material de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, son las drogas, estupefacientes y sustancias ilícitas y controladas. La Ley conceptualiza que debemos entender por droga, por estupefacientes y por sustancias controladas en su artículo 5 en sus numerales 12, 17 y 33 respectivamente. D) Clases de Tipología: Los tipos penales contenidos en la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica pueden ser clasificados en: i) Contra la Producción: Artículos 16, 17 y 24; ii) Contra la Facilitación del Consumo: Artículos 18 y 20; iii) Contra la Cooperación con Actividades Ilícitas Relativas a Drogas: Artículos 19, 22 y 23; iv) Preceptos que Regulan Figuras Cualificadas: Artículos 25, 28 y 29; v) Contra la Inducción: Artículo 21; y vi) Contra el Consumo: Artículos 26 y 27. CONSIDERANDO (3): Que La Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, desarrolla el artículo 5 conceptos legales para efectos de la aplicación de la ley, los que entre otros en su numeral 34 ésta el Tráfico Ilícito de Drogas, el cual debe de entenderse como “Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas”. El Tráfico de Droga es un acto dirigido al comercio de la droga, que supone la realización de actos previos o simultáneos para ese fin y que son recogidos por el concepto legal citado. No debe de entenderse Tráfico de Drogas las acciones aisladas e independientes que reproduzcan cada uno de los verbos descriptores (no rectores) del artículo 5.34 mencionado, dado que entraríamos en confrontación con los demás tipos penales que contiene la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, quitándoles su eficacia, al grado que todo acto en donde se vea involucrada drogas o sustancias controladas tendría que ser calificado como tráfico ilícito de drogas y no tendría sentido de la existencia de los otros tipos penales contenidos en la Ley, todo por un grave error de interpretación legal y ciertamente esta no es la intención del legislador. Esto ya había sido advertido por la Sala de lo Penal, cuando en la Sentencia de fecha 16 de diciembre del 2005, en el Expediente 2473-2004 se expuso: “…Si bien es cierto, el artículo 5 numeral 34 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas define el Tráfico Ilícito; no menos cierto es, que esta definición no resulta útil para la tipificación del delito, ya que además de que en la misma se han incluido, todos los verbos rectores de los diferentes delitos establecidos en la Ley Especial, el Código Penal mediante el artículo 2-A numeral 1, obliga a la aplicación del precepto especial con preferencia al precepto general. Esto implica la obligación legal de aplicar la norma dentro de la Ley Especial, que sea más afín con el hecho finalmente probado. La narración de este hecho deberá contener no sólo los elementos objetivos de tipo, en este caso la posesión, sino también deberán notarse en él actos que indiquen el elemento subjetivo del tipo, constituido por el propósito de dicha posesión, que en general se ven reflejados en los actos ofertorios o medios inmediatos y vinculantes a los que ya nos hemos referido. Ante la ausencia advertida de tales actos en los hechos probados, únicamente queda la posesión…” CONSIDERANDO (4): Que constituyen elementos objetivos del tipo penal de Tráfico Drogas Ilícitas o Controladas: A) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona natural. El artículo 18 de Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, lo identifica como “el que trafique...”, sin exigir ninguna cualidad o condición especifica; B) Sujeto Pasivo: El Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras, como persona jurídica, por cuanto en los delito de Tráfico Ilícito de Drogas podrá participar la Procuraduría General de la República como acusador Privado, además del derecho de ser notificado por parte del Tribunal el resultado del proceso y deducir la responsabilidad civil, la cual se limita a la indemnización de daños; C) Conducta Criminosa que implica el núcleo del reproche formulado, el cual constituye en este caso el tráfico ilícito de drogas prohibidas o controladas a través de su comercialización; D) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: producir, fabricar, poseer dolosamente, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país, realizar transacciones a cualquier título, y financiar. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando la conducta criminosa por medio de cualquiera de sus modalidades. La Corte Suprema de Justicia ha sentado doctrina legal que el dolo específico que debe de concurrir es el de comercializar sin el cual no se configura el tipo penal de Tráfico Ilícito de Droga, así en el Expediente 060-2006, consta la sentencia de fecha 22 de enero del 2007, donde se señalo: “…al analizar la Sala este motivo, determina que efectivamente el recurrente tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio de la imputada, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento del allanamiento, siendo el cuadro fáctico narrado subsumible en el tipo de facilitación de local descrito en el artículo 22 de la Ley sobre el uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas…”, además en Sentencia de fecha diez de noviembre del 2004 en el expediente 3009-2003, esta Sala de lo Penal explicó: “… Este motivo es de recibo, es cierto que el Tráfico de Drogas, es un delito de peligro abstracto, pero también es cierto que en la misma ley existen varias hipótesis o figuras de participación, por ello ya esta sala, se ha pronunciado en el sentido de que para determinar si existe: tenencia, transporte, tráfico, consumo o posesión, es necesario recurrir a indicadores externos o indicios que nos permitan determinar la intención del sujeto activo; en este caso fue detenido por la autoridad, sin determinar la razón para ello, con marihuana en una bolsa y en una especie de peluche, en el que se encontró marihuana, en una cantidad mayor que para el consumo, en carrucos; la posición económica del imputado nos permite inferir que no tiene la capacidad de comprar el alucinógeno, no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; al estar en su poder al momento de ser trasladada a otro lugar, presupone el transporte y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo), por lo que es procedente casar la sentencia, anular el pronunciamiento en cuanto a tener como autor al imputado del delito de tráfico y calificarlo como transporte…” Suma la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2002, en el Expediente 336-2002, donde la Corte Suprema de Justicia especifica: “… Que los hechos declarados probados deben analizarse como un todo y no se deduce en ellos el ánimo tendencial o de tráfico o la oferta para la venta por parte de los acusados O.V.M.S. y a R.A.L., que es un arcano como todo lo perteneciente a la interioridad de las personas, que no siendo susceptible de captar por los sentidos, ha de deducirse de hechos externos que representen esa utilización reveladora del ánimo de la comercialización de la mercancía, cosa que no sucede en el presente caso, donde en los hechos probados consta que a la persona que se le daba seguimiento es al acusado V.S.H., prófugo según los antecedentes, no constando que a los Señores C.A.C., M.J.M.E. y J.A.O., se le incautó droga o que éstos incriminaron a los señores O.V.M.S. y a R.A.L., como proveedores, para deducir la comercialización o tráfico de marihuana por parte de ellos…” Finalmente, para efectos de hacer constar la Doctrina legal, se cita la sentencia 06 de noviembre del 2006, que consta en el Expediente 263-2005, donde se estableció: “…Esta Sala de lo Penal tal como afirma el recurrente considera infringida la Ley sustantiva penal, por aplicación indebida del artículo 18 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y concluye que el hecho probado de la sentencia recurrida es incongruente con la parte resolutiva del fallo, pues el Ad-Quem al ratificar el cuadro fáctico del A-quo con respecto al acusado configura con mayor propiedad y precisión un delito de Facilitación de Local para Tráfico Ilícito de Drogas, en tanto acredita que fue la Policía al allanar la casa de habitación del acusado encontró "bolsas plásticas, pinzas quirúrgicas, dos mil trescientos noventa y cinco lempiras y hierba seca y un polvo blanco que al ser remitidos al Laboratorio resultaron positivos de drogas denominadas marihuana y cocaína". Es decir, que el Tribunal sentenciador no ha descrito actos imputables al acusado orientado a la venta o comercialización ilícito de drogas. Por lo expuesto, el motivo invocado por el recurrente es procedente en casación…” El tipo penal en estudio, tiene las siguientes características: A) Según su Estructura: i) Tipo Especial: Porque describe un modelo de comportamiento básico o fundamental, pero además contiene otros nuevos o adicionales. Así pues el tipo penal de Tráfico contiene modalidades criminosas contenidos en otros tipos penales, más se le diferencia por el dolo especifico de comercialización; ii) Tipo Penal Simple: El delito de Tráfico Ilícito de Drogas si bien su modalidad criminosa es variada, la conducta criminosa reprochada se centra en la comercialización de drogas ilícitas o controladas; B) Según su Contenido: i) Tipo de Mera Actividad: La descripción del tipo penal se agota en una acción del autor que no requiere la producción de un resultado; ii) Tipo Penal de Conducta Instantánea: El delito de Tráfico Ilícito de Drogas contiene un supuesto de hecho en el cual la realización del comportamiento se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Comisión: Describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal Determinado: Las diferentes modalidades de comportamientos están definidas en el concepto que de la acción de tráfico proporciona la ley; C) Según el Sujeto Activo: i) Tipo Unisubjetivo: El delito puede ser realizado con la participación de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común: El delito no exige ninguna condición especial al sujeto activo, por lo que cualquier persona podrá tener dicha calidad; D) Según el Bien Jurídico Protegido: i) Tipo Monoofensivo: Al amparar el tipo penal un solo bien jurídico, cual es la Salud de la Población del Estado de Honduras; ii) Tipo Penal Abstracto: Conforme a la voluntad del legislador, el tipo penal protege el peligro potencial que la conducta representa al bien jurídico protegido, por lo que no es necesario la existencia de un peligro concreto o lesión alguna (Al respecto ver sentencia de fecha 10 de noviembre del 2004, en el Exp 3009-03). CONSIDERANDO (5): Que el análisis del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas permite determinar sin dificultad que el Hecho Único declarado probado por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés y que confirmara la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, no hace la descripción del elemento subjetivo del tipo penal que el Recurrente denuncia como inobservado, cual es el ánimo de comercialización de la droga para que se configure el delito de Tráfico Ilícito. El hecho probado indica que el acusado M. A. A. N., al tratar de ingresar al Estadio Excélsior de la Ciudad de Puerto Cortes, fue requisado por la autoridad policial quien le encontró 5.7 gramos de cocaína, siendo ésta una droga de carácter ilícita, más no señala que ésta droga sea con el objeto de venta, permuta o transacción en general.” 4) Estima este tribunal de casación, para que prospere un alegato de violación de doctrina legal, el censor debe centrar su argumentación recursiva en una falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de la doctrina legal fijada por el más alto tribunal de justicia, en este caso, en Derecho Penal sustantivo, conformada por tres o más fallos que acrediten de forma indubitable, una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial y una vez establecido lo anterior, comprobar que el juzgador ha dejado de aplicar la interpretación jurídica de la norma penal en el fallo impugnado[4]. En el caso bajo estudio esta Sala de lo Penal advierte, que los dos primeros fallos (SP 365-2007 y SP 239-2009) presentados por el censor como supuesta doctrina legal de este tribunal, no constituyen una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial en relación al último fallo señalado, es decir el SP 446-2011, pues los dos primeros fallos citados se refieren a la forma en que el juzgador debe valorar las pruebas periciales en el delito de tráfico de drogas, es decir se discute que el A-quo debe integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de pruebas incorporadas al juicio, para luego de un estudio conjunto y armonioso de su totalidad formar su convicción judicial; argumento que no guarda relación directa con el derecho penal sustantivo, es decir, en el presente caso con la ley de uso indebido y tráfico ilícito de drogas, en el cual encontramos los diferentes tipos penales y sus elementos objetivos y subjetivos de todos aquellos delitos que tengan que ver con el tráfico de drogas o estupefacientes; las ya mencionadas sentencias resuelven problemas estrictamente procesales de como el juzgador debe valorar la prueba y específicamente el valor probatorio a los dictámenes toxicológicos; en ese sentido podemos concluir que los fallos señalados por el recurrente no constituyen una misma línea de interpretación jurisprudencial del derecho penal sustantivo. 5) Ahora bien en virtud del Control de Convencionalidad, que establece que los órganos del Estado en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la interpretación que sobre ésta ha realizado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual se constituye en un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, resulta necesario que los jueces y tribunales sean los primeros llamados a ejercer el control de convencionalidad. En tal sentido la CADH en su artículo 8.2.h establece las garantías judiciales exigibles en el marco de un proceso, dentro del cual se encuentra el derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, que procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. En ese sentido, debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, esto es, antes de que sea obligatoria y tenga que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto. En ese sentido, el derecho a impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. De acuerdo a la CIDH, el recurso contemplado en el artículo 8.2.h debe ser ordinario y eficaz, independientemente de la denominación que se le de. En esa misma línea, los Estados no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir el fallo ya que dicha posibilidad debe ser accesible sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Por ello, la CIDH ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente (CIDH. Caso Mohamed vs Argentina)[5]. 6) En aras del respeto a ese derecho a recurrir que tiene una persona sometida a proceso penal y por consiguiente al derecho de defensa que tanto la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos regulan, esta Sala de lo Penal advierte que, si bien la censora no pudo acreditar con los fallos citados por ella (SP 365-2007, SP 239-2009 y SP 446-2011) la existencia de una doctrina legal referente al derecho penal sustantivo, en cuanto a los elementos necesarios para la configuración del delito de tráfico ilícito de drogas, sí existe una línea jurisprudencial definida por este alto tribunal, con la cual se ha conformado doctrina legal respecto a cuales son los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la tipificación del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, mismas que aparecen enunciadas en la sentencia SP 446-2011 invocada por la recurrente, cuyos argumentos centrales fueron insertados anteriormente en este fallo. En la dicha sentencia se establecen amplios criterios jurisprudenciales respecto a la conformación de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la configuración del tipo penal de Tráfico ilícito de Drogas, pues en dicho fallo este alto tribunal hace referencia a tres sentencias con una misma línea hermenéutica, ellas son las sentencias: SP 060-2006 de fecha 22 de enero de 2007, SP 3009-2003 de fecha 10 de noviembre de 2003 y SP 336-2002 de fecha 19 de noviembre de 2002; en las cuales este supremo tribunal ha coincidido en que el dolo específico que debe de concurrir es el de comercializar, sin el cual no se configura el tipo penal de Tráfico Ilícito de Droga. En el caso subjudice y de la relación de los hechos probados realizada por el A-quo, no es posible establecer ese elemento subjetivo, es decir el dolo o intencionalidad a través del cual se acredite que el joven K. F. V. M. poseía dicha droga para su comercialización o venta, pues este elemento no puede desprenderse del cuadro fáctico. Los hechos probados no son posible encajarlos en el delito de tráfico ilícito de drogas por el que fue condenado el menor, pues no relatan la cantidad de droga decomisada y si esa cantidad es o no compatible para el consumo personal inmediato; otra circunstancia que no permite encuadrar los hechos a la norma penal utilizada por el A-quo, es que no determina como estaba elaborada la droga, es decir, si para preparación de cigarrillos o lista para consumir o vender, circunstancias que permiten deducir si la droga era para la venta o no. Tampoco podemos subsumir estos hechos en lo regulado en el artículo 26 de la Ley Especial de Drogas, pues esta norma claramente establece que: “La persona que sea sorprendida en posesión de cigarrillos de marihuana o su equivalente en hoja seca o pasta básica o de cualquier otra droga que produzca dependencia, en una cantidad mínima, tal que, de acuerdo con el dictamen del departamento Médico Legal del Poder Judicial o de un médico empleado por el Estado, a falta de aquel, sea considerado para su consumo personal inmediato, se le aplicarán las siguientes medidas de seguridad…” Este artículo refiere que debe existir un dictamen médico que establezca la cantidad de droga decomisada y si es compatible para el consumo personal inmediato, circunstancias que no fueron plasmadas por el sentenciador en su fundamentación fáctica. En tal sentido al no incluirse en los hechos probados todos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para la configuración del delito del tráfico o posesión ilícito de drogas según la doctrina legal establecida por esta sala, es procedente declarar con lugar el presente recurso de casación, ordenando el dictado de una sentencia absolutoria a favor del joven K. F. V. M.. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360, y 369 del Código Procesal Penal; 18 y 26 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Doctrina Legal en su único motivo interpuesto por la Abogada R. V. en su condición de Defensora Pública del joven K. F. V.. SEGUNDO: En consecuencia CASA la sentencia de fecha once de febrero del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, absolviendo de toda responsabilidad penal al menor K. F. V. M. por el delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras y ordena la suspensión definitiva de las medidas socio-educativas y reglas de conducta impuestas. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO.- JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ.- MAGISTRADO COORDINADOR.- RAFAEL BUSTILLO ROMERO.- MAGISTRADO.- ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA.- MAGISTRADA.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ.- SECRETARIA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.- Certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-150-2014.
LUCILA CRÚZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Vid. Entre otras, Sentencias dictadas por la Sala de lo Penal en los Recurso de Casación No. SP-129-2009, de fecha 28 de octubre de 2010; No. SP-250-2009, de fecha 13 de abril de 2011; No. SP-240-2011, de fecha 18 de mayo de 2013; y No. SP-208-2011, de fecha 25 de abril de 2013.
[2] Vid. Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el Recurso de Casación No. SP-240-2012, de fecha 15 de abril de 2013.
[3] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomer Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico). Agencia española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras, Septiembre del año 2004. Páginas 588 y 589.
[4] Vid Sentencia de Casación Penal SP 240-2012 dictada por la Sala de lo Penal en fecha 15 de abril del 2013.
[5] Convención Americana sobre Derechos Humanos “Comentario”. Fundación Konrad Adenauer Stifung. Editores Christian Steiner y Patricia Uribe. Año 2013