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Sentencia CL-48-14 — Registro 4620

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo y pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo resulta inadmisible puesto que en su formulación se ha incurrido en defectos técnicos. En primer lugar, confrontado el mismo con la sentencia impugnada se desprende que el ad-quem al reformarla fundamenta su decisión aplicando el artículo 117 del Código del Trabajo y no el señalado como infringido por interpretación erronea (Artículo 112 literal b) del Código del Trabajo), no siendo por ende viable el ataque a la sentencia por el concepto invocado; por otra parte, pretende el recurrente en la explicación del motivo la revisión del material probatorio, cuando es sabido que el concepto de violación formulado es atendible pero con independencia de toda cuestión probatoria; y finalmente se realizan inapropiados alegatos de instancia.- IV.- Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.- V. También resulta pertinente recordar lo que también ha señalado este Supremo Tribunal, en cuanto a que los requisitos de la demanda de casación más que un culto a la forma son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y en su lugar opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, conforme con la técnica casacional es imperativo para el censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar, por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos y en su caso los probatorios y fácticos del fallo gravado, porque el no hacerlo implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquél frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VI. Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, a favor del señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA, hondureño, mayor de edad, casado, abogado y con domicilio en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho, que confirmó el auto de prisión dictado en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil siete, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés; con relación a la causa instruida contra el señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.ANTECEDENTES 1) Que en fecha uno de noviembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el abogado WALTER LEONEL RAMIREZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.2) Que en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil siete, el Juzgado instructor, en audiencia inicial, decretó auto de prisión en contra del señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, en virtud de haberse acreditado el indicio racional de participación del encausado en el delito que se le imputa; citando como fundamento de su decisión los artículos 254, 255 y 349 numeral 3) del Código Penal.3) Que en fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, confirmó la resolución que se deja relacionada en el inciso que precede, por considerar que existe plena prueba de que se ha cometido un delito, de la concurrencia de todos los elementos del tipo penal y que existe indicio racional que el imputado ha tenido participación en el mismo; citando como fundamento jurídico el artículo 297 del Código de Procesal Penal. 4) El recurrente abogado JULIO CESAR LAGOS REYES, compareció ante este Tribunal, en fecha seis de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor del señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha cinco de diciembre del año dos mil ocho por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que confirmando la resolución dictada en fecha veintiuno de diciembre del año dos mil siete, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes por la cual, en audiencia inicial, se decretó auto de prisión en contra del señor JUAN FRANCISCO GONZALES EUCEDA por imputársele el delito de VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente, Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES expresa que las garantías violadas con la resolución impugnada son: a) Infracción al Derecho de Defensa, relativa a que se ha dictado un auto de prisión con infracción del derecho de legalidad, puesto que la acción imputada no se subsume en ninguna de las dieciocho (18) atribuciones que se le establece en el artículo 16 de su Ley Orgánica al Ministerio Público. Alegando que la omisión imputada a su defendido, al no estar expresada en la Ley en forma expresa, debió dar lugar a un sobreseimiento. Asimismo indica que el delito investigado por su poderdante, lejos de constituir un ilícito penal, obedeció a su calificación en sede fiscal como delito forestal; b) Derecho a un debido proceso, puesto que se ha alegado una deficiente redacción formal de la sentencia recurrida, careciendo de una adecuada motivación y sin concretar los hechos alegados y probados en la Audiencia Inicial; c) Derecho de Defensa (II), por no haberse valorado la prueba evacuada en descargo del imputado, lo cual lesiona la igualdad de partes; d) Derecho de Protección Judicial Efectiva, ya que un recurso no puede considerarse como efectivo cuando resulta ilusorio en sus resultados.CONSIDERANDO: Que analizado el caso y ponderados los argumentos de las partes procesales, la Sala Constitucional resuelve así la controversia constitucional planteada: Infracción al Derecho de Defensa, examinada la resolución de la Corte de Apelaciones no se encuentra violación alguna al Derecho de Defensa; tomando en consideración que el deber de un funcionario público no se debe entender como constreñido a los que refiere la Ley Orgánica que rige el cargo o puesto. Existen deberes legales que son propios de la función, más en el caso de los operadores de Justicia que, por la naturaleza de su cargo, están obligados por ley, y en el marco de la responsabilidades de los funcionarios que ya dimana del artículo 321 constitucional, no sólo a los deberes legales orgánicos sino a velar por la integridad del ordenamiento jurídico y a no obrar con desconocimiento de lo que prescriben las leyes. Asimismo, el artículo 16 numeral 18 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es taxativo en ello, pues al referir: “…18. Las demás comprendidas en el ámbito de sus fines y los que le señalen las leyes y reglamentos”, estableciendo con ello una enumeración abierta (“numerus apertus”), con lo cual se desvanece el alegado suscitado por el Amparista. En cuanto a la calificación del delito, en el sentido que éste se enmarca en un delito forestal y no un delito contra la Administración Pública según prescrito en el Código Penal esta es una alegación de instancia en la cual, por respeto a la independencia judicial no cabe hacer distinciones; calificación judicial ésta que puede o no ser compartida por las partes procesales, pero cuya jurisdicción no es objeto de liza o controversia constitucional. Que prosiguiendo el análisis del caso, se observa como segunda infracción alegada al Derecho de Defensa el no haberse valorado, supuestamente, la prueba evacuada en descargo del imputado según vertida en Audiencia Inicial, lo cual resultaría para el amparista lesivo de la igualdad de partes. El acto procesal impugnado ante la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula consistió en una Audiencia Inicial (sustanciada al tenor del artículo 294 procesal penal) la cual tiene su equivalente en los diversos sistemas procesales penales de índole mixta o pro acusatorio. El derecho aplicable al caso señala a la letra: “La parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo” (párrafos tercero y cuarto del artículo citado). Del análisis detenido del artículo no se deriva, como pretende el recurrente, que deba hacerse una valoración a fondo de los elementos de prueba presentados por las partes, lo que se verá más adelante en la etapa pertinente del proceso, como es el Juicio Oral y Público. Se dice que el Juez pronunciará resolución con la prueba incorporada y disponible, fallando de inmediato lo correspondiente en derecho. Tal es el presente caso. El Juez cumplió aquí con su función, analizó en forma suficiente que habían elementos de prueba en la causa como para dar por acreditado la existencia de un ilícito penal (en este caso, Violación a los Deberes de los Funcionarios), encontrando indicios racionales de la participación del agraviado en el caso. Con ello no se ha prejuzgado la culpabilidad del imputado ni se ha violentado su derecho de defensa, constando únicamente desde un examen constitucional que se ha cumplido con la legalidad procesal aplicable (artículos 294 en relación al artículo 297 numeral primero). El Profesor Alberto Binder comparte esta concepción del proceso, y en su libro “El Control de la Acusación”[1], asimila esta Audiencia Inicial a una etapa preparatoria del proceso; es decir, aquella: “… (en) que los elementos de prueba que allí se reúnen no valen aún como prueba. Hemos visto ya que existe una garantía básica que consiste en el juicio previo, es decir, que ninguna persona puede ser condenada sin un juicio en el que se presente prueba que permitirá comprobar su culpabilidad o su inocencia. El juicio es, pues, el momento de la prueba, en un sentido sustancial. Lo anterior no es sino la recolección de los elementos que servirán para probar la imputación en el juicio; ése es, precisamente, el sentido de las palabras “preparatorio de la acusación”, con las que calificamos al procedimiento previo al juicio” (El énfasis no es añadido). - Por lo dicho, no es de recibo el reclamo de no valoración de prueba que ha formulado el recurrente en censura del acto reclamado. CONSIDERANDO: Otros presupuestos del recurso fueron: Derecho a un debido proceso, referidas a una deficiente redacción formal de la sentencia, supuestamente careciendo de una adecuada motivación y sin concretar los hechos alegados y probados en la Audiencia Inicial, la cual cabe denegar utilizando la misma línea argumental; pues se deriva de lo anterior que esta etapa del proceso cumple una función de discusión o debate preliminar (utilizando la terminología propuesta por el Dr. Alberto Binder) sobre los actos conclusivos de la investigación, en la cual se discute si existen fundamentos para dar por acreditada, o no, la existencia de un ilícito penal y elementos racionales para fundamentar una acusación en contra de una determinada persona, lo cual es un aspecto sucesivo y concomitante del proceso en los desarrollos de audiencia intermedia y de Juicio Oral y Público; es decir, no se trata en este momento de redactar hechos probados y/o de establecer, bajo grado positivo de certeza, que la persona imputada participó en el hecho justiciable, sino que establecer la existencia de un hecho ilícito y la convicción de la participación del imputado en dicho hecho bajo un juicio de probabilidad, obtenido con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hagan presentes en la Audiencia Inicial. (En el mismo sentido, Binder, A., Op. Cit., p. 247; y el artículo 297 del Código Procesal Penal Comentado Honduras[2]). CONSIDERANDO: Que finalmente, que procede valorar la infracción alegada por el recurrente en el sentido que en el presente caso se le ha denegado el Derecho de Protección Judicial Efectiva. Dado que la efectividad de este derecho se encuentra en concordancia con numerosos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la recta aplicación e interpretación del artículo 8.1 en relación al 25.1 de la Convención de Derechos Humanos; como son la garantía de audiencia en un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, y la posibilidad de un recurso sencillo u rápido, o a cualquier otro recurso ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. En este caso, examinada la resolución de la Corte de Apelaciones no se encuentra violación alguna al Derecho de Protección Judicial Efectiva, puesto que de los antecedentes del proceso se desprende que el peticionario ha tenido la oportunidad de acceder a los recursos ordinarios en la causa (como son el recurso de apelación y de reposición), así como a la acción constitucional de Amparo que se resuelve en este acto. Está acreditada pues la accesibilidad del recurso, y que no ha violentado el derecho a recibir una respuesta en un plazo razonable (Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha precisado en días calendario en que consiste un plazo razonable, si ha brindado criterios jurisprudenciales de interpretación[3] y definición). Ilustrativas a este respecto resultan las sentencias Suárez Rosero vs. Ecuador, párrafo 73 (Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35) y el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párrafo 93.[4]; en las cuales se ejemplifican diferentes casos en que se ha excedido por el Estado el tiempo necesario para emitir la resolución definitiva en caso penal, infringiendo con ello el derecho a ser juzgado en un plazo razonable; o bien cuando se incurre en un retardo injustificado en perjuicio del derecho de protección judicial efectiva; criterios de los cuales no resultan de ningún modo infringidos en el caso concreto; sobre todo considerando que cada petitorio de parte se ha resuelto dentro de un plazo judicial no mayor de un año, desde impetrado; resolviéndose fundadamente en todas las instancias, por lo cual no puede alegarse en derecho que exista denegación, ni retardo injustificado en el servicio de Justicia.CONSIDERANDO: Que la Sala no observa quebrantamiento al derecho constitucional invocado y en consecuencia deniega la Garantía de Amparo de que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 298, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numerales segundo y tercero, 41, 45 y 62 de la Ley de Justicia Constitucional; y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para que se continúe con el tramite del proceso ordinario. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. ROSALINDA CRUZ DE WILLIAMS. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el seis de mayo de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 462-P199-P200=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL

[1] BINDER, Alberto. El Control de la Acusación, Colegio de Abogados de Honduras, Centro de Capacitación, Copias fotostáticas, Tegucigalpa M.D.C., 2001, p. 238.

[2] Vid. PALACIOS MEJÍA, José María y FERNÁNDEZ ENTRALGO, Jesús. Código Procesal Penal Comentado Honduras, Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras, LITOCOM, Tegucigalpa M.D.C., 2000, p. 483 y 484.

[3] MEJÍA RIVERA, Joaquín, Derechos Humanos y Proceso Penal, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa M.D.C., 2005, p. 159 y subsiguientes.

[4] Citadas en: MEJÍA RIVERA, Joaquín, Derechos Humanos y Proceso Penal, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa M.D.C., 2005, p. 160 y 161.