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Sentencia CL-469-13 — Registro 4514

Resumen

demanda ordinaria laboral en virtud de despido indirecto, para que el patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, salarios dejados de percibir desde la fecha en que le notificó al patrono la decisión de darse por despedido en forma indirecta hasta que quede firme la sentencia condenatoria

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de la modalidad de violación a la ley por error de hecho, se considera oportuno referirse a su concepto. Dice la Doctrina que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A tal efecto, no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciación de ciertos medios probatorios, cuando el juzgador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no le adjudica los efectos jurídicos que pretende el recurrente a dichos medios de prueba por considerarlos ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran.- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, si bien es cierto dictó sentencia reformando la proferida por el a-quo únicamente “en cuanto a declarar con lugar la demanda de mérito únicamente en lo que respecta al pago del salario correspondiente al mes de enero y 7 días del mes de febrero del año 2012”, también lo es que al confirmarla en los demás aspectos hace suyos los pronunciamientos del a-quo, advirtiendo con ello que si se analizó la prueba en su conjunto, valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeciòn a la tarifa legal de pruebas.- V. También resulta conveniente recordar lo que la Doctrina nos enseña en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, en cuanto a que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho; es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- VI. Adicional a lo anteriormente motivado, resulta que también el cargo ha sido formulado de manera imprecisa al citar entre otras disposiciones, el artículo 115 del Código del Trabajo que si bien es una norma de carácter sustantiva, contiene varios párrafos que debieron ser concretados ya que los mismos hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes, no debiendo olvidar el Impugnante la exigencia de derecho objetivo como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, en cuanto a que la claridad permanece incólume, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia Laboral, cuando exige que los motivos se harán constar en el recurso con expresión de las normas de derecho cuya infracción los sustente y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción invocada."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Adicional a lo anteriormente motivado, resulta que también el cargo ha sido formulado de manera imprecisa al citar entre otras disposiciones, el artículo 115 del Código del Trabajo que si bien es una norma de carácter sustantiva, contiene varios párrafos que debieron ser concretados ya que los mismos hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes, no debiendo olvidar el Impugnante la exigencia de derecho objetivo como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, en cuanto a que la claridad permanece incólume, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia Laboral, cuando exige que los motivos se harán constar en el recurso con expresión de las normas de derecho cuya infracción los sustente y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción invocada.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de octubre del año dos mil trece, por el abogado SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME, actuando en causa propia y en su condición de apoderado del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA, en relación a la demanda ordinaria laboral en virtud de despido indirecto, para que el patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados, salarios dejados de percibir desde la fecha en que le notificó al patrono la decisión de darse por despedido en forma indirecta hasta que quede firme la sentencia condenatoria, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de marzo del año dos mil doce, por los señores SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME y ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA, ambos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, en contra de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, por medio de su Gerente General de ese entonces, señor JOSE DARIO GAMEZ PANCHAME, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de junio del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Sergio Daniel Rivera Sagastume, quien actúa en causa propia y como apoderado legal actor. SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, el veintitrés de Abril del dos mil trece (23/04/13) relacionada con la demanda interpuesta por los señores SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME y ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), representada legalmente por el señor JOSE DARlO GAMEZ PANCHAME, todos de generales relacionadas en los autos; reforma que se contrae a declarar CON LUGAR la demanda ordinaria de mérito, únicamente en lo que respecta al pago del salario correspondiente al mes de Enero y 7 días del mes de Febrero del año 2012 a los demandantes; en consecuencia, SE CONDENA a la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) a través de su representante legal, a pagar la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTO CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (Lps.180,904.62), valor que se desglosa así: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME: Salario Adeudado por el mes de Enero y 7 días de Febrero del 2012: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (Lps. 90,452.31). ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA: Salario Adeudado por el mes de Enero y 7 días de Febrero del 2012: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (Lps. 90,452.31). TERCERO: CONFIRMANDO la sentencia relacionada en los demás aspectos… SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la demandada así: Sergio Daniel Rivera Sagastume el 1 de julio del año 2011 mediante contrato de servicios profesionales, y Erick Plutarco Souza Mourra el 27 de julio del año 2011 mediante contrato de servicios profesionales, que el 1 de enero del 2012 firmaron contratos como empleados de confianza, reconociéndole su antigüedad, que el 8 de febrero del año 2012 le informaron al patrono la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo mediante despido indirecto, amparados en los hechos siguientes: a) haberles retenido y no haberles pagado el salario correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de enero del 2012, que en el mes de enero del 2012 se le quitaron todas las funciones y a la fecha de la presentación de la demanda no se le habían asignado ningún tipo de labores, lo anterior fue aceptado por el apoderado del patrono en la audiencia de conciliación celebrada el 14 de marzo del 2012, el despido fue notificado al patrono el 8 de febrero del 2012, constando lo sucedido por un Inspector del Trabajo.- 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, contestó dicha demanda señalando que la demandada fue objeto de una intervención por orden del Presidente de la República en Consejo de Ministros de fecha 28 de junio del 2011, mediante decreto ejecutivo PCM-050-2011, que era estrictamente para el puerto marítimo de Puerto Cortés, por lo tanto la vigencia del mismo cesó en fecha 28 de diciembre del 2011, al mismo tiempo o sea en fecha 28 de junio del 2011, acuerda nombrar como miembros de la comisión interventora a los señores Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich quien lo presidiría, Luis Beltran Gómez Barahona, en calidad de secretario, Giordano Bruno Fontana Hedman como miembro comisionado, que tanto el decreto ejecutivo PCM-050-2010 como el acuerdo ejecutivo No,022-2011, eran de ejecución inmediata a partir del 28 de junio del 2011 y teniendo la comisión interventora de la ENP en el Puerto Marítimo de Cortés, facultades para contratar dentro del término del 28 de junio al 28 de diciembre del 2011; que los demandantes argumentan que fueron contratados el 1 de enero del 2012 mediante suscripción de contrato individual por tiempo indefinido que fue firmado por el señor Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich en su condición de presidente de la comisión interventora, dicho contrato en cuanto a su cumplimiento no obliga legalmente a la empresa, pues de acuerdo a la vigencia de las facultades que tuvo, estas expiraron el 28 de diciembre del 2011, por lo tanto solo obliga a los contratantes como personas naturales, pues no fueron contratados por el gerente o sub gerente de la misma, quienes eran los funcionarios facultados para contratar a partir del 29 de noviembre del 2011, que los demandantes no tuvieron ninguna participación en las labores diarias de la Empresa Nacional Portuaria ni como asesor mediante contrato por servicio profesional ni como asesor de la gerencia mediante contrato individual por tiempo indefinido.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortes, Cortés, en fecha veintitrés de abril del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar las demandas tendientes al pago de prestaciones e indemnizaciones sociales, salarios adeudados, salarios dejados de percibir desde la fecha del despido indirecto, absuelve a la demandada de toda responsabilidad en el presente juicio con respecto a los demandantes, sin costas. Criterio: que los contratos otorgados a los demandantes eran por tiempo determinado transcurrido el cual se extinguían de pleno derecho, que los contratos para la prestaciones de servicios profesionales suscritos por los demandantes con la comisión interventora tenían como causa de justificación las facultades de administración que el decreto PCM-050-2011 le atribuyó a la Comisión, la cual no tenía mas atribuciones que las que expresamente le fueron conferidas en dicho decreto, mismo que estableció que la comisión interventora duraría en sus funciones un plazo de seis meses el cual en ningún momento fue prorrogado, habiendo por tanto vacado en sus cargos a partir del 28 de diciembre del 2011, por lo que al haber contratos de los demandantes en fechas posteriores, estos no obligan a la empresa demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo en cuanto a declarar con lugar la demanda de mérito únicamente en lo que respecta al pago del salario correspondiente al mes de enero y 7 días del mes de febrero del año 2012, en consecuencia se condena a la demandada al pago de esos conceptos, confirma en los demás aspectos, sin costas. Criterio: que siendo que sus funciones eran asistir a la comisión interventora, por quien fueron contratados, hecho vinculante con la naturaleza y eventualidad de los fines y objetivos para los cuales fue conformada la comisión interventora, motivo por el cual a los demandantes les corresponde el pago del salario del mes de enero y 7 días de febrero de 2012, es decir, hasta la fecha en que los actores decidieron ausentarse de las instalaciones, amparando sus pretensiones en un despido que jamás existió.- 5- Que mediante auto de fecha diecinueve de agosto del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME actuando en su condición personal y como apoderado del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha uno de octubre del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME actuando en su condición personal y como apoderado del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURRA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha diecisiete de octubre del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JONATHAN RENE GALLARDO REYES, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME en el único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante que obra a folios 7 y 8, 11 y 12, 25, 47 y 48, 49 y 50, 68, 93, 94, 209 de la primera pieza de autos y del medio de prueba reconocimiento judicial propuesto por la parte demandante que obra a folio 207 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantiva nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 114 párrafo primero, inciso f) y 115 del Código del Trabajo en relación con los artículos 116 inciso c) y último párrafo, 118 párrafo segundo y 120 inciso b) del Código del Trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: 1) Contrato individual de trabajo del señor SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTIME que obra a folio 25 y en el 93 de la primera pieza de autos. 2) Contrato individual de trabajo del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURA que obra a folio 68 y 94 de la primera pieza de autos. 3) Certificación del nombramiento del nuevo Gerente General de Empresa Nacional Portuaria de fecha 27 de enero de 2012 que obra a folio 209 de la primera pieza de autos. 4) Nota de despido indirecto del señor SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME que obra a folios 7 Y 8 de la primera pieza de autos. 5) Nota de despido indirecto del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURA que obra a folio 47 Y 48 de la primera pieza de autos. 6) Acta de notificación de despido indirecto del señor SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME que obra a folio 11 y 12 de la primera pieza de autos. 7) Acta de notificación de despido indirecto del señor ERICK PLUTARCO SOUZA MOURA que obra a folio 49 Y 50 de la primera pieza de autos. RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obra a folio 207 de la primera pieza de autos concretamente inciso a) en la que se constató que los demandantes no aparecen en la nomina de pago de los empleados de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La motivación que además de ser un requisito interno de la sentencia, permite sin duda examinar el raciocinio empleado por el Juzgador, en este caso el de segunda instancia, para determinar si su análisis está libre de error o no. Ad quem acepta que efectivamente el Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones nombró una Comisión Interventora en la Empresa Nacional Portuaria y ha determinado que los miembros de la referida comisión permanecieron en sus cargos hasta la fecha en que fue nombrado el nuevo Gerente de la Empresa Nacional Portuaria” Posteriormente el Tribunal de Alzada razona para justificar la reforma de la sentencia de primera instancia y poder condenar a la Empresa Nacional Portuaria al pago de los salarios del mes de enero y 7 días de febrero de 2012 a favor de los trabajadores que estos “ejecutaron actividades mínimas que deben ser remuneradas”. Siendo lo anterior el estado del juicio, posible es determinar y demostrar el yerro cometido por el Ad quem que lo hizo infringir indirectamente las normas sustantivas laborales invocadas en este motivo. Si en la sentencia recurrida se acepta que los miembros de la Comisión Inventora de la Portuaria duraron en sus cargos hasta el nombramiento del nuevo Gerente de la Empresa Nacional Portuaria, lo que ocurrió 27 de enero de 2012, entonces debe apreciarse correctamente que el contrato individual de trabajo suscritos por el Presidente de esa Comisión con los sendos trabajadores tiene efectos jurídicos y por tanto la sentencia impugnada del Tribunal de Alzada aprecia erróneamente esta prueba cuando en ella se sostiene que a “los actores dada la naturaleza de su contratación no los unía con la E.N.P. ningún nexo jurídico laboral que generara derechos y obligaciones correlativas” No puede ser posible esta afirmación cuando a los que suscribieron el contrato de trabajo se les ha reconocido el carácter con que lo hicieron. Demostrado el nexo laboral que existió entre las partes, constituye otro yerro que la sentencia condene a pagar a la Empresa Nacional Portuaria los salarios de los trabajadores del mes de enero de 2012 (además 7 días del mes febrero de 2012) cuando esta ha sido una de las causas por las cuales los trabajadores se dieron por despedidos indirectamente y la misma sentencia exima del pago de los demás derechos e indemnizaciones laborales a favor de los demandantes. En efecto el Ad quem ha reconocido en su sentencia impetrada que los señores Sergio Daniel Rivera Sagastume y Erick Plutarco Souza Mourra ejecutaron actividades a favor de la empresa estatal demandada y como producto de ese servicio debe ser remunerado el mes de enero y 7 días de febrero de 2012; esta aseveración lleva a concluir que se apreció erradamente las notas de despido indirecto entregadas por los trabajadores a la empresa estatal demandada ya que las dos primeras causales en ambas notas de despido indirecto era el incumplimiento de pago de salario de la primera y segunda bisemanal del mes de enero de 2012 y precisamente sobre esto recae una de las condenas de la sentencia recurrida (otra es el pago de los 7 días de salario del mes de febrero de 2012). De lo expuesto se colige que está probado en autos que los señores Sergio Daniel Rivera Sagastume y Erick Plutarco Souza Mourra tenían un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido y que al no recibir su salario de la primera y segunda bisemanal del mes de enero de 2012 ejercitaron el derecho que confiere el artículo 114 párrafo primero inciso f) del Código del Trabajo de poner fin a la relación laboral a través de un despido indirecto por falta de pago de su salario y como consecuencia de ese ejercicio tiene derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones laborales según el artículo 115 del Código del Trabajo, cuyo concepto y cuantía determinan los artículos 116 inciso c) y último párrafo, 118 párrafo segundo y 120 inciso b) del Código del Trabajo, que están íntimamente relacionados con las normas jurídicas laborales de orden nacional violadas por la sentencia. Lo aseverado en este motivo es suficiente y claro para casar parcialmente la sentencia impetrada.”.- III. Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de la modalidad de violación a la ley por error de hecho, se considera oportuno referirse a su concepto. Dice la Doctrina que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. A tal efecto, no es posible sustentar ataque a la sentencia con fundamento en error de hecho en la apreciación de ciertos medios probatorios, cuando el juzgador parte de la base de la presencia de ellos en el proceso, pero no le adjudica los efectos jurídicos que pretende el recurrente a dichos medios de prueba por considerarlos ineficaces para desvirtuar los hechos que otros medios de prueba demuestran.- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, si bien es cierto dictó sentencia reformando la proferida por el a-quo únicamente “en cuanto a declarar con lugar la demanda de mérito únicamente en lo que respecta al pago del salario correspondiente al mes de enero y 7 días del mes de febrero del año 2012”, también lo es que al confirmarla en los demás aspectos hace suyos los pronunciamientos del a-quo, advirtiendo con ello que si se analizó la prueba en su conjunto, valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeciòn a la tarifa legal de pruebas.- V. También resulta conveniente recordar lo que la Doctrina nos enseña en lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, en cuanto a que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho; es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- VI. Adicional a lo anteriormente motivado, resulta que también el cargo ha sido formulado de manera imprecisa al citar entre otras disposiciones, el artículo 115 del Código del Trabajo que si bien es una norma de carácter sustantiva, contiene varios párrafos que debieron ser concretados ya que los mismos hacen referencia a situaciones jurídicas diferentes, no debiendo olvidar el Impugnante la exigencia de derecho objetivo como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la Casación, en cuanto a que la claridad permanece incólume, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia Laboral, cuando exige que los motivos se harán constar en el recurso con expresión de las normas de derecho cuya infracción los sustente y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes a la infracción invocada.- VII. Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VIII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de abril del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 469-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL