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Sentencia CL-450-14 — Registro 4617

Resumen

Demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones laborales por decisión unilateral del patrono de no renovar el contrato de trabajo; segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda y sin pago de costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por las siguientes razones: a) acusa la sentencia por infracción directa, es decir falta de aplicación, instando la revisión del material probatorio, lo cual es vedado a este Tribunal con base al tipo de infracción que invoca la Impetrante; b) se citan como infringidas normas que no ostentan el carácter de preceptos legales sustantivos nacionales de orden laboral; y, c) cita como precepto autorizante el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, lo cual es impreciso, ya que el numeral primero comprende dos párrafos que se refieren a distintas causas o motivos del recurso. Las razones antes expuestas impiden la prosperidad de los motivos formulados.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que por su medio se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, los dos motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional de fondo solicitado.- V. Que por las razones antes expuestas resulta inestimable el recurso de mérito casación en la pretensión que encierran los dos motivos expuestos"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de mayo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de octubre de dos mil catorce, por la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones laborales por decisión unilateral del patrono de no renovar el contrato de trabajo, en labores que se desarrollan de forma permanente y continua, salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha dieciséis de mayo de dos mil trece, por la señora ALBA LUZ MEMBREÑO SANCHEZ, mayor de edad, soltera, Maestra Especial, hondureña, con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO., mayor de edad, casada, hondureña, de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante judicial de la parte demandada; en consecuencia se REFORMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Cortés, en audiencia pública de fecha veintidós (22) de mayo del presente año (2014), en las diligencias iniciadas con la demanda Laboral promovida por la señora ALBA LUZ MEMEBREÑO SANCHEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS través de la Procuraduría General de la República, la que se contrae a: absolver de costas de primera instancia al ESTADO DE HONDURAS, través de su representante.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada en su demás extremos, es decir, respecto de declarar a lugar demanda para el pago de prestaciones laborales y salarios caídos. SIN COSTAS” y el Tribunal a quo resolvió así: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE LAS PRESTACIONES LABORALES POR DECISIÓN UNILATERAL DEL PATRONO DE NO RENOVAR EL CONTRATO DE TRABAJO, ADEMÁS DEL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, MÁS LAS COSTAS DEL JUICIO PROMOVIDA POR LA SEÑORA ALBA LUZ MEMBREÑO SANCHEZ EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS POR ACTOS POR ACTOS OCURRIDOS EN LA ESCUELA AECO 18 DE NOVIEMBRE, DE LA COMUNIDAD 18 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA, REPRESENTADO POR LA ABOGADA ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO EN SU CONDICIÓN DE PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- EN CONSECUENCIA: CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS AL PAGO DE LAS CANTIDADES SIGUIENTES: PREAVISO: (DOS MESES): LPS.14,466.67; AUXILIO DE CESANTIA (DOS MESES) LPS.14,466.67; VACACIONES EN BASE A EDUCACION (30 DÍAS): LPS.6,200 00; DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2013 (3.12 DÍAS): LPS.751.80; DÉCIMO CUARTO MES PROPORCIONAL AÑO 2012-2013 (17.67 DIAS): LPS.3,651.86. HACIENDO UN TOTAL DE TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.39,537.00).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIO EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA.- CON COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción que fue contratada por la secretaria de Estado en los Despachos de Educación Pública, a través del señor Raúl Adelmo Ramos García, en su condición de Presidente de AECO de la escuela 18 de Noviembre, el 02 de febrero de 2011, renovando su contrato para el año lectivo de 2012, devengando un salario de L.6,200.00; para impartir clases a los alumnos de Primero y Segundo Grado de Educación Primaria en la Escuela denominada “18 de Noviembre, ubicada en la Aldea del mismo nombre, con un contrato que se firmaba año con año. Que en el año 2013 se presentó sus labores ya que el año lectivo comienza el 02 de febrero, y tenía la obligación de presentarme a sus labores en la escuela para la matricula respectiva, así lo hizo, y fue cuando de forma verbal la Directora del Centro Educativo la Presidenta de la AECO le comunicó que no le iban a renovar el contrato, decisión que fue tomada en forma unilateral poniéndole fin de esa manera a la relación laboral sin justificar una causal como lo señala la cláusula sétima del contrato. Que citó a los señores Irma Lizeth Martínez Avilés en su condición de promotora de Proheco y al señor Raúl Adelmo Ramos García en su condición de Presidente de la Aeco 18 de Noviembre, a la Inspectoría de Trabajo de esa ciudad, y en la audiencia cuando se presentó el reclamo al cederle la palabra a la señora Irma Lizeth Martínez Avilés manifestó que era instrucción del Ministro de Educación y la Licenciada Yuny Goldberg en su condición de Coordinadora General de Proheco, mediante oficio 0137-SE- 2013 que instruía que las Aeco deberían contratar a maestros de educación primaria, Licenciados en Pedagogía y Licenciados en Educación básica, manifestando que esa fue la razón por la que ya no se le renovó el contrato y por tal razón no se le podía reintegrar al trabajo, pero también en el instructivo indica que pueden ser considerados los docentes sin títulos que se encuentren en programas de profesionalización, lo que deberán acreditar con su historial académico, extremo que ella acreditó pero que fue inútil pues no la reintegraron al trabajo ni le pagaron sus derechos laborales.- 2. La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, no tiene facultades de contratar a ningún personal para que brinden clases en Escuelas PROHECO “Santiago Madrid,” pues quien tiene esa facultad es la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) de la Aldea 30 de Mayo del Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, por lo que la demandante no ha tenido vínculo laboral alguno con la Secretaría de Educación y si laboró durante los años anteriores no fue con la Secretaría de Educación, sino que con la AECO antes mencionada. Que los docentes que laboran en el Sistema Educativo Público nacional, son nombrados por los diferentes Directores Departamentales del país, de conformidad al procedimiento que establece el Estatuto del Docente Hondureño y su reglamento; quien no le renovó el contrato fue el Presidente de la AECO, Asociación Educativa Comunitaria que tiene personalidad jurídica propia y por ende la facultada para contratar al personal más calificado. Que la demandante no es empleada de la Secretaría de Educación, por lo tanto no tiene ni ha tenido vínculo laboral alguno con el Estado de Honduras, pues quien la contrato fue el presidente de la AECO el señor Raúl Adelino Ramos García, Asociación que ostenta personalidad jurídica propia y cuyo presidente tiene como atribución la de representar legalmente a la AECO, pues así lo estable el artículo 18 inciso b) del Reglamento Especial de las Asociaciones Educativas Comunitarias creado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 007-99 y por ende el tiene la potestad de contratar personal, de cancelar ha dicho personal, renovar contrato o no, así como también puede ser demandada y defenderse de cualquier acto que se le impute, ya que los presidentes de las AECOS, tienen como atribución representar legalmente a la AECO.- Por tal motivo no debieron demandar al ESTADO DE HONDURAS, en virtud de no tener la demandante vinculo laboral con la Secretaria de Educación, ya que el convenio celebrado entre la Secretaría de Educación y la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) de la Aldea 30 de Mayo, Municipio de Puerto Cortes, Departamento de Cortes, en la cláusula sexta establece que no existe ninguna relación laboral entre la Secretaría y el personal contratado por la AECO, tampoco se derivará ninguna responsabilidad entre el personal contratado por la AECO, en tal sentido el Estado de Honduras no esta obligado con acciones que realicen las AECOS. En consecuencia a quien debieron demandar es al Presidente de la AECO y no al Estado de Honduras.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando; con lugar la demanda ordinaria laboral; en consecuencia condenó al demandado al pago de las cantidades siguientes: preaviso, auxilio de cesantía (dos meses), vacaciones en base a educación (30 días), decimotercer mes proporcional año 2013, decimocuarto mes proporcional año 2012-2013, haciendo un total de treinta y nueve mil quinientos treinta y siete lempiras exactos (lps.39,537.00); mas a titulo de daños y perjuicio el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta que quede firme la presente sentencia; con costas; bajo el criterio que la demandante fue contratada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, a través del Presidente de la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) 30 de Mayo señor RAUL ADELMO RAMOS GARCIA, desde el 01 de Febrero del año 2011, pero laboró como Maestra en la Escuela 18 de Noviembre, según Contratos, en los cuales se observa el Membrete de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, de la República de Honduras, así como también las Constancias de Trabajo que, en donde que observa que la misma es extendida por la Directora Distrital de Educación Región No. 12, con lo cual se acredita que la misma es extendida actuando dicha Directora Distrital en nombre de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación. Que a la demandante no se le renovó contrato de Trabajo como año a año se lo hacía, por el presidente de la AECO de la Escuela 18 de Noviembre, por una orden emanada por el señor Secretario de Estado en los Despachos de Educación, de contratar solamente como maestros a profesionales egresados de Escuelas normales que ostenten título de Maestros de Educación Primaria, Bachilleres en Educación, Licenciados en Pedagogía y Licenciados en Educación Pública, por lo cual quien dicta la forma de proceder de las AECO y PROHECO, así como su sostenimiento es la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación como lo manifestó el Presidente de la AECO de la Escuela 18 de Noviembre; las AECO y PROHECO, no cuentan con patrimonio propio, y las mismas son financiadas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación quien dicta las pautas y directrices que deben ser acatadas así como con donaciones de países amigos, pero que el personal de las AECO y PROHECO son voluntarios, por lo que solamente sirven de intermediarios para el pago y supervisión entre los Maestros que brindan clases en las respectivas Escuelas en las distintas comunidades y la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, como lo manifestó el Presidente de la AECO de la Escuela 18 de Noviembre; la parte demandada no ha podido desvirtuar el reclamo y los hechos alegados por la parte demandante.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo; la que se contrae a absolver de costas de primera instancia al ESTADO DE HONDURAS; confirmó la sentencia apelada y antes relacionada en su demás extremos, es decir, respecto de declarar a lugar demanda para el pago de prestaciones laborales y salarios caídos; sin costas, bajo el criterio que la demandante se desempeñó como docente en la Escuela Santiago Madrid, situada en la aldea 30 de mayo del Municipio de Puerto Cortés, Cortés; prestación de servicios que se inició el 01 de febrero de 2011 y finalizó el 31 de diciembre de 2012 y que se derivó del convenio celebrado entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación y la AECO del domicilio de la aldea en mención, sin que fuera posible la renovación de su contrato en observancia de las instrucciones giradas por el Secretario de Estado de Educación, a través del oficio No 0137-SE-2013, en el que se instruía para que los directivos de las AECOS contrataran profesionales egresados de escuelas normales con títulos de Educación Primaria, Bachilleres en Educación, Licenciados tanto en Pedagogía como en Educación Básica, pues la accionante es Bachiller en Ciencias y Letras según se desprende de los contratos; que si bien la AECO tiene personalidad jurídica propia; operativa, funcional y económicamente depende de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, pues por una parte, acata instrucciones de quien dirige dicha secretaría; y, por otra, carece de patrimonio o recursos propios, tal es así que en el convenio antes mencionado, se establece el compromiso de la Secretaría para la asignación de fondos para la contratación del personal docente, concretándola mediante transferencias mensuales circunstancias fácticas de las que emana una vinculación jurídica entre la accionante y el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría tantas veces mencionada, de la cual se originan derechos y obligaciones laborales, aun y cuando ésta sea producto de la suscripción de contratos denominados privados y de servicios profesionales, dada la naturaleza de la actividad contratada y el objeto del convenio antes mencionado. Por lo anterior, al finalizar la relación de trabajo en la forma que se ha establecido y sin justa causa, el demandado responde por los derechos económicos laborales reclamados por la trabajadora. Que si bien el demandando es vencido en juicio al ser atendidas todas las pretensiones de la parte actora, lo cierto es que litigo con argumentos tanto legales como racionales; extremo por el cual es procedente absolver de costas de primera instancia.- 5. Que mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha siete de octubre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado PERCIE OBDULIO MEJIA, apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, expone un primer y segundo motivo en la forma siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta tanto el Juez A QUO, como el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en: Constancia emitida por la Sub-Gerente de Recursos Humanos No Docentes, de fecha 4 de septiembre de 2013, los Contratos de Servicios Profesionales celebrados entre la Asociación Educativa Comunitaria AECO y la demandante, Acta Numero 11, emitida por la Junta Directiva de la Asociación Comunitaria AECO, de la Colonia 30 de Mayo del Municipio de Puerto Cortes, de fecha 16 de febrero del año 2013, Certificación de la Resolución No. 023-SE-2003, de fecha 10 de enero de 2003, Convenio entre la AECO de la Colonia 30 de Mayo, de Puerto Cortés y la Secretaria de Educación. (Folios 15, del 50 al 62). PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos… SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 64 numeral 1) del Código Procesal Civil, por no haberse tomado en cuenta que mi representada el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación, en ningún momento suscribió contratos de servicios profesionales con la demandante, por lo tanto mi representado no está legitimado en la presente demanda, ya que con la demandante nunca tuvo vínculo laboral alguno. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 10 del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos…”.- III. Que los cargos que anteceden resultan inadmisibles por las siguientes razones: a) acusa la sentencia por infracción directa, es decir falta de aplicación, instando la revisión del material probatorio, lo cual es vedado a este Tribunal con base al tipo de infracción que invoca la Impetrante; b) se citan como infringidas normas que no ostentan el carácter de preceptos legales sustantivos nacionales de orden laboral; y, c) cita como precepto autorizante el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo, lo cual es impreciso, ya que el numeral primero comprende dos párrafos que se refieren a distintas causas o motivos del recurso. Las razones antes expuestas impiden la prosperidad de los motivos formulados.- IV. El Tribunal Casacional no está facultado para hacer una completa revisión del proceso que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, ya que ésta no es una tercera instancia; por ello, es imprescindible que el cargo sea completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que por su medio se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal 1° del Código del Trabajo, esta Sala estaría facultada para examinar el enfrentamiento que quien recurre hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada, pudiéndose ocupar, excepcionalmente, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, los dos motivos de casación expuestos adolecen de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional de fondo solicitado.- V. Que por las razones antes expuestas resulta inestimable el recurso de mérito casación en la pretensión que encierran los dos motivos expuestos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMÁS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de junio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de mayo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 450-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL