Sentencia CL-444-14 — Registro 17586
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, se decrete la permanencia mediante acuerdo mas los aumentos decretados por ley, pago de derechos y costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que omite realizar con la debida claridad y determinación todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, indicando el juicio de que se trate, sus partes, defecto procesal de prescripción y lo relacionado con el tema de las costas.- IV. Que dentro de esa técnica especial en la formulación del recurso de casación, el alcance de la impugnación integra la manifestación clara y precisa del recurrente con el fin que persigue con el recurso, porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V.- Por lo anteriormente señalado, en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis dias del mes de junio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de octubre del año dos mil catorce, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, se decrete la permanencia mediante acuerdo mas los aumentos decretados por ley, pago de derechos y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio del dos mil trece, por la señora LUZ BEATRIS RUBI DUARTE, mayor de edad, soltera, Ingeniera Industrial, hondureña y de este domicilio; contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Procuradora General de la República, de ese entonces señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de julio del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente forma: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, LUZ BEATRIZ RUBI DUARTE. Contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora general de la república ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, siendo en la actualidad ABRAHAM ALVARENGA URBINA a que se declare la relación de trabajo de la demandante sea permanente y al reintegro a su puesto de trabajo a LUZ BEATRIS RUBI DUARTE por lo menos como Coordinadora de Almacén Administrativo y Custodia de Evidencias y a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación laboral hasta que la demandante sea reintegrada su puesto de trabajo; 3) DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION Y SIN COSTAS .”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el treinta y uno de mayo del dos mil once, desempeñándose en el cargo de Coordinadora de Almacén Administrativo y Custodia de Evidencias, según contratos de enero a marzo del dos mil trece y para los meses de abril a junio no firmó contrato, entendiéndose que se volvió una relación de trabajo permanente y continuó, al mismo tiempo que pagaron el salario el mes de mayo regularmente, fue notificada vía fax el dos de mayo del dos mil trece de la nota de cancelación de fecha treinta de abril, expresando que la comisión interventora del Ministerio Público, en uso de sus atribuciones concedidas en virtud de la situación presupuestaria que atraviesa la institución, ha decidido no renovar su contrato temporal de prestación de servicios, reconociéndole sus servicios prestados, siendo la notificación defectuosa en total violación al derecho de defensa, violentando lo establecido en el artículo 177 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, sin cometer falta alguna ni haberla sancionado por la comisión por algún hecho.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio del MINISTERIO PUBLICO, contestó dicha demanda señalando que la demandante inició su relación laboral de manera temporal, mediante la suscripción de un contrato de servicios técnicos y/o profesionales, hasta el treinta de junio del dos mil once, realizando una prórroga hasta el treinta de abril del dos mil trece, no oponiendo oposición a tal modalidad de contratación, no dándose su renovación por razones presupuestarias, no imponiéndole sanción alguna habiendo agotado la vía administrativa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda promovida; declarando sin lugar el defecto procesal de prescripción y sin costas; bajo el criterio que siendo que la demandante ha laborado para la demandada por más de 680 días, amparado en los artículos 47 y 347 del Código del Trabajo, que señala que los contratos por tiempo determinado son excepcionales, estando la demandada obligada a estipular justa causa para su terminación; en cuanto al defecto procesal de prescripción no procede por notificarle que su contrato no seria renovado el treinta de abril compareciendo a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y seguridad Social el seis de mayo dando por agotado el procedimiento administrativo en veinte de mayo del dos mil trece interponiendo la demanda el veintiséis de junio del mismo año, dentro del término de ley.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo y sin costas; bajo el criterio que si bien la relación comenzó por medio de contrato de prestación de servicios, se mantuvo vigente por un año once meses consecutivos, prorrogados mediante resoluciones emitidas por el Fiscal General para desempeñar el mismo cargo, reconociéndoles su salarios hasta el treinta de abril del dos mil trece que se dio la notificación de la no renovación, tiempo en que ya había adquirido su derecho a empleada permanente por disposición expresa, por lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha doce de septiembre del dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de representante legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha veinte de octubre del dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de representante legal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que en proveido de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a él conferido, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha doce de noviembre se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada IRIS GEORGINA ANARIBA CASTILLO, en su condición de apoderada de parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un tribunal de apelación, alegándose violación de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR desarrolla el alcance de la impugnación o sea el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “Con el presente Recurso de Casación se pretende que se Case en su totalidad la sentencia recurrida por existir infracción de ley, y una vez Casada, que esta Honorable Corte Suprema de Justicia convertida en sede de esta instancia, dicte sentencia declarando Sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral entablada por la señora LUZ BEATRIZ RUBI DUARTE, y Absolver de toda responsabilidad laboral al Ministerio Público.”.- III.- Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que omite realizar con la debida claridad y determinación todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, indicando el juicio de que se trate, sus partes, defecto procesal de prescripción y lo relacionado con el tema de las costas.- IV. Que dentro de esa técnica especial en la formulación del recurso de casación, el alcance de la impugnación integra la manifestación clara y precisa del recurrente con el fin que persigue con el recurso, porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V.- Por lo anteriormente señalado, en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de julio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 444-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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