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Sentencia CL-443-14 — Registro 5690

Resumen

Segunda instancia condenó al Ministerio Público a que se declare la simulación del contrato de trabajo, al reintegro al puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación laboral hasta que el demandante sea reintegrado al puesto de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite establecer todos los pronunciamientos respecto a cada una de las pretensiones oportunamente deducidas, tal es el caso de la excepción opuesta de prescripción y en adición, la casación debió ser pretendida de forma parcial, ya que el fallo al ser confirmatorio del de primer grado acoge los pronunciamientos vertidos y que le son favorables al Recurrente, a saber: declaró sin lugar la demanda en cuanto a que se declare la nulidad del contrato de trabajo del demandante; absolviendo al demandado a declarar dicha nulidad; declaró sin lugar el defecto procesal de prescripción opuesto por el representante procesal demandado.- IV. Que el recurso extraordinario tiene como límite el que le señale la parte interesada y que de oficio no pueden revisarse decisiones del juzgador de segundo grado que no hayan sido sometidas expresamente al conocimiento de este Tribunal, por ende los defectos técnicos anteriormente relacionados vuelven ineficaz e inestimable el recurso de casación laboral que nos ocupa"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de agosto del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los abogados JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA Y FABIO CANTILLANO CHAVEZ, a favor de la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, hondureña, mayor de edad, casada, Secretaria Comercial, y con domicilio en el municipio Nuevo Celilac, departamento de Santa Bárbara, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha veintinueve de enero del año dos mil nueve, que revocó la resolución dictada por el Juzgado Tercero de Letras departamental de Santa Bárbara, en fecha seis de enero del año dos mil nueve; con relación a la causa instruida contra la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, por suponerla responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES

  1. Que en fecha quince de mayo del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, la abogada ELIZABETH HERNANDEZ DIAZ, actuando en su condición de agente de tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, por considerarla responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) El hecho por el cual se juzga a la impetrante es el siguiente: “De las investigaciones practicadas por esta sede fiscal, se determinó que la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, quien se desempeña como Alcaldesa del Municipio de Nuevo Celilac, en el departamento de Santa Bárbara, desde el veinticinco de enero del año dos mil seis, procedió a comprar un vehículo con las características siguientes: TIPO: VOLQUETA; COLOR: BLANCO, MOTOR: 5481AP881055029; CHASIS: 2M2N187V8JC025926; SERIE: 2M2N187V8JC025926; AÑO: 1988; vehículo que compró en fecha veintinueve de septiembre el año dos mil seis, al señor YOVANY ALEXANDER PACHECO BAIRES, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 380,000.00); cantidad que se obtuvo de un préstamo que solicitó la misma municipalidad por un valor de UN MILLON, QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS 1,500.000.00), en el mes de septiembre del año dos mil seis, tramitado con el propósito de adquirir para beneficio de la municipalidad una retroexcavadora y una volqueta.- SEGUNDO: La señora TEODOLINDA, como Alcaldesa de la Municipalidad de Nuevo Celilac, abuso de su autoridad, no sólo al momento de omitir el procedimiento establecido en las disposiciones generales del presupuesto del ingreso de la Republica, en su articulo 39 párrafo antepenúltimo del año dos mil seis, que establece que: “los contratos de suministros de Bienes y Servicios requerirán Licitación Pública cuando el monto supere los DOSCIENTOS CINCUETNA MIL LEMPIRAS (LPS 250,000.00) y Licitación Privada cuando exceda de CIEN MIL LEMPIRAS (LPS 100,000.00)”; sino que, además violentó lo establecido en el articulo 84 de la Ley de Contratación del Estado que establece; “Se prohíbe la compra de maquinaria o equipo usado, así como las compras a abastecedores únicos salvo las excepciones contempladas en la ley; indicando en su articulo 155 de la misma ley, la adquisición de maquinaria y equipo usado”. CONSIDERANDO(1): Que una vez ubicados en el caso que se juzga, se debe conocer que en fecha seis de enero del año dos mil nueve, el Juzgado instructor, en Audiencia Inicial, dictó resolución mediante la cual: a) decretó sobreseimiento provisional a favor de la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, b) dejo sin ningún valor y efecto las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado, de fecha once de junio del año dos mil ocho, c) se abstuvo de decretar la apertura a juicio oral y público y d) decretó la extinción de la acción penal luego de que transcurran cinco años de firme la resolución, por considerar que hay plena prueba de la comisión de un delito, pero no el indicio racional de que la imputada haya participado o haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas dan margen para sospechar que si las tuvo; citando como fundamento jurídico los artículos 139 párrafo segundo y 141 párrafo primero, 151, 152, 294 y 295 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO(2): Que tanto los apoderados judiciales de la Procuraduría General de la República, y del Ministerio Público, no contentos con la resolución emitida por el Juez Instructor, interpusieron recurso de apelación ante el tribunal de alzada, quien en fecha veintinueve de enero del año dos mil nueve, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó sentencia, mediante la cual declaró: a) ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados DAVID EDGARDO SABILLON, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República y JOSE MANUEL IZAGUIRRE, en su condición de representante legal del Ministerio Público; b) no ha lugar el Recurso de Apelación interpuesto por los abogados JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA Y FABIO CANTILLANO CHAVEZ, en su condición de apoderados legales de la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, c) revoca la resolución impugnada, y d) decreta la apertura a juicio en la causa que se le sigue a la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, por suponerla responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Argumenta la segunda instancia que por considerar que ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría General de la República, ni los defensores de la imputada han presentado elementos nuevos de prueba, que lleve a la convicción que ha habido dolo o culpa por parte de la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, ya sea para apropiarse o lucrarse de cantidades de dinero que son arcas de la Municipalidad que ella rectora y para probarse lo antes manifestado tendrá que llevarse a cabo el juicio oral y público; fundamentando su decisión en los artículos 13, 349, No 2 del Código Penal; 84 de la Ley de Contratación del Estado; artículo 4 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO(3): Que como ha quedado señalado en los antecedentes de la presente sentencia, la resolución recurrida es la dictada el veintinueve de enero de dos mil nueve, la que tiene como resultado que se declare la procedencia de la apertura a juicio en la causa instruida a la señora TEODOLINDA ANDERSON MEJIA, por considerarla responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la Administración Pública, ello en consecuencia de la revocatoria de la resolución impugnada, y al mismo tiempo ordena al Juez de Instrucción que cumpla lo estipulado en el artículo 302 del Código procesal Penal, es decir que decrete el auto de apertura a juicio CONSIDERANDO (4): Que tanto en el escrito de interposición del recurso de amparo como en la formalización del mismo, los recurrentes han expuesto que estiman que la Corte de Apelaciones seccional de Santa Bárbara, ha vulnerado a su defendida, el derecho de petición, el derecho a la defensa, han inobservado los requisitos constitucionales sine quanon, para decretar un auto de prisión, o en su caso auto de apertura a juicio o formal procesamiento, señalados en el artículo 92 de la carta Magna. CONSIDERANDO(5): Que de la lectura del problema jurídico planteado por la defensa en la interposición y en la formalización del recurso, se observa que el impetrante se aleja de lo establecido en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, relativo a la actividad fundamental en la acción de amparo, y es el desarrollo del concepto de la violación que a juicio del recurrente causa a su representado la sentencia impugnada. Se dice lo anterior, en vista de que lo expuesto por el impugnante constituye un alegato de instancia al hacer planteamientos tales como: “…fuimos contundentes y categóricos al expresar que en la presente causa no existe delito alguno, pues en la acción ejecutada por nuestra representada no existió dolo”; hace relación a la valoración de declaraciones testificales y además desarrolla parte de la teoría del delito relativa a la acción, al comportamiento humano, y dentro de este, hace referencia al ámbito subjetivo del tipo de injusto, en este caso constituido por el dolo. CONSIDERANDO(6): Que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, no obstante que para proceder a realizar un análisis de constitucionalidad, legitima a la Sala la exposición que haga el recurrente, la que consiste en primer lugar en determinar el derecho fundamental que se considera vulnerado, y en segundo lugar, explicar de manera clara y puntual y desde una óptica constitucional, las razones por las cuales estima que la sentencia recurrida le vulnera los derechos señalados, que es lo que se conoce como un planteamiento de constitucionalidad. CONSIDERANDO(7): Que en el caso que se conoce, el impetrante realiza exposiciones de instancia, con la pretensión que se revierta la decisión del inferior, e intenta convencer a la sala de lo Constitucional cuestionando la valoración probatoria, para llegar a determinar la no existencia de dolo ni culpa. Así las cosas, la respuesta judicial en análisis no puede ser analizada por la Sala de lo Constitucional, por no tratarse de un asunto de constitucionalidad. CONSIDERANDO(9): Que por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye que el amparo de merito debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 69, 80, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 3, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 18, 24, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó El Magistrado CHINCHILLA BANEGAS. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el dieciséis de septiembre de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de agosto de dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No 569-P280-P285=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA CONSTITUCIONAL