Sentencia CL-435-14 — Registro 5067
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales; segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante pretende en la solicitud que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo, en cuanto declare sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y con lugar el interpuesto por la parte demandante, lo cual resulta inapropiado, ya que lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado. Además se solicita la casación total cuando la sentencia impugnada contiene pronunciamientos en favor de la parte Recurrente, como es el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos y salarios adeudados en consecuencia se debió pedir casación parcial. Las falencias antes relacionadas impide a éste Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal de Casación no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que lo expuesto sean completo en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaz en lo que se pretende con el recurso.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito; por ello es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de agosto de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de octubre de dos mil catorce, por el abogado MILANIO GALDAMEZ VELEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor REINALDO MAJANO PEREZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, vacaciones causadas de acuerdo a la antigüedad, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcionales, salarios dejados de percibir, horas extras, salarios caídos, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, por el señor REINALDO MAJANO PEREZ, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la empresa mercantil denominada ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS S.A. de C.V., por medio de su representante legal señor MARCO ANTONIO RAUDALES, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró parcialmente HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en consecuencia, se REFORMA la misma, la que consiste en: I) incluir en el numeral 3) de la parte resolutiva que “es parcialmente” con lugar la excepción perentoria de prescripción; II) Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de horas extras y por lo tanto se ABSUELVE a la demandada de dicho pago; confirmando la referida sentencia en todos sus demás extremos; sin perjuicio de los derechos reconocidos y consignados por la demandada ante la iudex aquo a favor del demandante; que el a quo en la parte resolutiva de la sentencia declaró con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, pago de derechos adquiridos como ser aguinaldo y vacaciones proporcionales, decimocuarto mes proporcional, promovida por el señor Reinaldo Majano Pérez, contra la empresa ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS S.A. DE C.V., en consecuencia, ABSOLVIÓ a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; CONDENÓ a la demandada a pagar al trabajador demandante la cantidad L.233,773.47 desglosados de la manera siguiente: preaviso L.58,333.33; auxilio de cesantía L.58,333.33; auxilio de cesantía proporcional L.11,828.70; vacaciones causadas L.24,000.33; vacaciones proporcionales L.4,055.56, decimotercer mes proporcional L.39,444.44; decimocuarto mes proporcional L.14,444.44; salario adeudado 14 días L.24,000.33; sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en fecha 25 de abril de 1980, con la empresa CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V., haciéndosele al demandante una cancelación obligada, no respetando sus derechos como empleado ni como persona, utilizando la ventaja de ser ellos los patronos; se le presentó al demandante una proforma de renuncia por lo que se vio obligado a firmarla, asimismo, lo pusieron a firmar un finiquito, teniendo la ventaja de no cancelársele el preaviso, y luego de hacer dicha cancelación se le hizo firmar otro contrato con la misma empresa, dejándolo con dicho contrato hasta la fecha 30 de julio de 2011, haciendo el mismo juego el patrono cancelándole la cesantía y los derechos adquiridos y no así el preaviso, ejecutando siempre el cargo de Gerente de Créditos, en cada contrato que venía firmando y todo esta patraña montada por el patrono, esto era más que todo para evadir y violentar los derechos que la ley otorga a todo trabajador de conformidad con el artículo 120 reformado con el decreto 150 del 2008 del Código del Trabajo, después del contrato que se le canceló supuestamente por ahorrarse el pago de uno de los derechos que la ley le otorga a un empleado asalariado; en fecha 1 de agosto del año 2011, al demandante se le hizo firmar un nuevo contrato con la empresa CEMCOL COMERCIAL, S.A. DE C.V., teniendo el mismo cargo, salario y los mismos empleados a su cargo como sus subalternos; utilizando la demandada las mismas artimañas desde que armó una fórmula para supuestamente tener ganancia al no pagarle al demandante los derechos que ya tenía ganados por ley con toda su antigüedad y no bastándole lo que había hecho el patrono con todos sus derechos, le hizo firmar el último contrato con la empresa hoy demandada ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS, S.A. DE C.V., despidiendo injustificadamente al demandante en fecha 14 de octubre de 2013, por una falta que no existe ni se encuentra tipificada en el Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil denominada ARRENDAMIENTOS y FINANCIAMIENTOS S.A. de C.V., contestó dicha demanda señalando que no es cierto que el demandante inició sus labores con un grupo de empresas que se conocen comercialmente como CEMCOL, lo cual es fácilmente comprobable con la simple lectura de la demanda, ya que el actor ha demarcado en el preámbulo de la misma, que viene a demandar a “Arrendamientos y Financiamientos, S.A. de C.V.” reconociendo de esta manera quién era su patrono, por lo tanto, la fecha de inicio de labores con la demandada tuvo lugar en fecha 1 de agosto del 2012; la demandada ante la crisis económica, se vio en la necesidad de suprimir durante el 2013 una gran cantidad de puestos de trabajo dentro de la empresa, siendo el que ocupaba don Reinaldo Majano uno de éstos, a todos los empleados a quienes se vio en la necesidad de despedir se les pagó sus prestaciones y derechos en un 100%, sin rebajas ni negociaciones; el caso del demandante no es la excepción, pues la demandada le envió su nota de terminación de contrato el 14 de octubre del 2013, tal como él mismo lo menciona, haciéndole saber que le daba el preaviso de un mes, por lo que su relación laboral finalizaría el 14 de noviembre del 2013, y comunicándole asimismo que su cheque de liquidación estaría disponible el 15 de octubre del 2013, adicionalmente, a pesar de que la empresa estaba dándole el preaviso de ley, optó por pagárselo, como una mera liberalidad, lo cual le comunicó en la misma carta de despido; resulta que el demandante no se presentó a laborar al día siguiente de recibir su carta de despido, es decir, que el 15 de octubre del 2013 ya no se presentó a su trabajo, no recogió su cheque de liquidación ni su quincena del mes de octubre; la demandada en uso de las facultades de dirección y administración de su empresa, tiene todo el derecho para disponer de los puestos de trabajo, crearlos, modificarlos, fusionarlos o suprimirlos, obviamente con la obligación de respetar los derechos que les corresponden a los trabajadores; ante estas circunstancias, la demandada se ve obligada a consignar judicialmente el importe de las prestaciones que le corresponden al demandante, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 1454 del Código Civil, norma genérica aplicable a obligaciones de cualquier naturaleza, incluidas las laborales; lo anterior, para efectos de extinguir la obligación laboral indicada así como cualquier otra que pudiera derivarse del vínculo laboral que la empresa sostuvo con el demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por el señor Reinaldo Majano Pérez, contra la empresa ARRENDAMIENTO Y FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V.; absolvió a la demandada al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; condenó a la demandada a pagar al trabajador demandante la cantidad L.233,773.47 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, salario adeudado 14 días; declaró con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, interpuesta por la parte demandada contra el reclamo de pago de horas extraordinarias, sin costas; bajo el criterio que la causal invocada por la empresa como ser la reestructuración de personal, no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, por lo que este Tribunal considera que dicho despido es injusto en consecuencia es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios; consta de autos que la sociedad demandada reconoció deber al demandante el pago de sus prestaciones sociales por la cantidad de L.216,338.04, los cuales consignó en fecha 28 de enero del año 2014, al momento que presentó su escrito de contestación de demanda; siendo que la demandada reconoció el pago de sus prestaciones laborales las cuales procedió desde el momento que le comunicó la terminación de la relación de trabajo además de haber dado el preaviso también lo reconoció en su totalidad a pesar de que el trabajador se retiró de su trabajo al día siguiente de habérsele entrega la nota de terminación en fecha 14 de octubre del año 2013, y no volvió a su trabajo ni a cobrar el pago de la quincena laborada en el mes de octubre del año 2013, la cual reconoce deber al demandante y la consignó en el pago de prestaciones que realizó, demostrando la empresa la buena fe de pagar lo que creía deber; por tal razón no procede condenar a la demandada el pago de los llamados los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios en vista que la sociedad demandada siempre tuvo la intención de cumplir con la obligación de pago de las prestaciones sociales por despido injusto al demandante y que no se realizó por culpa del demandante; que no procede el reclamo de pago de horas extraordinarias reclamadas la parte actora por las circunstancias siguientes: 1) el demandante desempeñaba el cargo de gerente de crédito, el cual es un cargo de dirección ya que tenia personal a su cargo, lo que significa que se encontraba excluido de la regulación de la jornada máxima legal que dispone el artículo 325 inciso a) del Código del Trabajo; 2) que si bien es cierto en el contrato individual de trabajo se estableció que el demandante tenía derecho a la remuneración que la ley indique por laborar tiempo extraordinario, también no es menos cierto que la demandada nunca lo pagó y el trabajador nunca lo reclamó durante laboró para la demandada por lo que el silencio guardado por parte del trabajador hace presumir que nunca las laboró o para el caso nunca tuvo derecho al pago de esos conceptos; 3) el derecho a reclamar esos conceptos también a pesar que no le corresponde también le prescribió el derecho a reclamar el cual prescribe en el término de dos meses el cual empieza a contarse el día en que fue pagado o debió pagarse el salario ordinario correspondiente al periodo en que hubiere sido laborado el trabajo extraordinario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia declarando parcialmente ha lugar el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia; reformó la misma, la que consiste en: I) incluir en el numeral 3) de la parte resolutiva que “es parcialmente” con lugar la excepción perentoria de prescripción; II) Declarar sin lugar la demanda para el pago de horas extras y por lo tanto se absuelve a la demandada de dicho pago; confirmando la referida sentencia en todos sus demás extremos; sin perjuicio de los derechos reconocidos y consignados por la demandada ante la iudex aquo a favor del demandante, sin costas; bajo el criterio que consta que la demandada al momento de notificar que la relación de trabajo finalizaría el 14 de noviembre del 2013, asumió la responsabilidad económica que deriva como consecuencia de un despido injustificado, al ofrecerle pagar el total de su liquidación de conformidad con la Ley y que esos montos de dinero estarían disponibles al cierre del día siguiente en el departamento de planillas (15 de octubre del 2013); terminación que fue aceptada en principio por el demandante, prueba de ello es que se abocó al mencionado departamento y tuvo copia del cálculo de liquidación, sin que en ese momento hiciera objeción alguna por los conceptos y valores en el detallado, ni acudió ante la autoridad administrativa si es que consideraba que con ello sus derechos estaban siendo conculcados; por otra parte, el trabajador no siguió laborando para la empresa demandada al retirarse de su puesto de trabajo el mismo día en que se efectuó la mencionada notificación, pese a que en ésta se le expuso de forma clara la fecha en que terminaría dicha vinculación, de manera que sí el accionante no obtuvo los montos de dinero a él ofertados y que son superiores a la condena de primera instancia, fue porque no regresó a su centro de trabajo para tal fin; y en vez de retirarlos decidió promover la demanda cuatro días después de la fecha en que se produjo la mencionada notificación (18 de octubre del 2013), razón por la cual al contestarse la demanda se efectuó la respectiva consignación, misma que fue rechazada al estimarse que en ésta no se cubría con todas sus pretensiones; en base a lo antes expuesto, la buena fe observada por parte de la patronal y la aceptación en principio de la terminación de la relación de trabajo por parte del actor, hacen improcedente la condena de los salarios dejados de percibir tal y como lo reconoció la iudex aquo y por ende, no resulta atendible la pretensión de la parte demandante; que pese a que la iudex aquo en la parte motivada de la sentencia recurrida estableció que el reclamo por horas extras no procede por ser un empleado de confianza y porque le prescribió el derecho para reclamar, no hizo pronunciamiento a ese respecto en la parte resolutiva como lo establecen los artículos 206 y 208 del Código Procesal Civil aplicado de forma supletoria por disposición del artículo 858 del Código de la materia, referente a resolver todos los puntos litigiosos objeto del debate; es por ello que esta Alzada en base a lo expuesto en el fundamento anterior, considera que debe pronunciarse declarando sin lugar tal pretensión para suplir la mencionada omisión.- 5. Mediante auto de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ELDA LIZETH MARTINEZ VARELA, en su condición de representante procesal del señor REINALDO MAJANO PEREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de octubre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado MILANIO GALDAMEZ VELEZ, en su condición de representante procesal del señor REINALDO MAJANO PEREZ, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la abogada TATIANA CORINA ARRIAGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casación requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado MILANIO GALDAMEZ VELEZ, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación promovido por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintisiete de junio del año en curso (2014 ) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial en la demanda presentada por el señor REINALDO MAJANO PEREZ contra la empresa ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS S. A. DE C. V. a través de su representante legal. SEGUNDO: Declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción. TERCERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada en fecha veintisiete de junio del año en curso (2014) por el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- CUARTO: CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL promovida por el señor REINALDO MAJANO PEREZ de generales expresadas en el escrito de demanda contra la empresa ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS S. A. DE C. V. por conducto de su representante legal señor MARCO ANTONIO RAUDALES, en consecuencia CONDENA a la sociedad mercantil ARRENDAMIENTOS Y FINANCIAMIENTOS S. A. DE C. V. a pagar al señor REINALDO MAJANO PEREZ la cantidad de CUATROCIENTOS SESESENTA Y NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ( Lps. 469, 070. 95 ) los que se desglosan de la siguiente: a ) Preaviso la cantidad de cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y cuatro centavos (Lps. 58, 333. 34); b ) Auxilio de Cesantía la cantidad de cincuenta y ocho mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y cuatro centavos ( Lps. 58,333. 34 ); c ) Cesantía proporcional once mil novecientos noventa y siete lempiras con veintidós centavos (Lps. 11, 997. 22 ); d ) Vacaciones causadas y trabajadas 10 días veinticuatro mil lempiras (Lps.24,000.00); e) Vacaciones proporcionales cinco mil ocho cientos cuarenta lempiras (Lps.5,840.00); f) Aguinaldo proporcional treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras (Lps. 39, 444. 00); g) Decimo cuarto mes proporcional catorce mil cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con cuarenta y cuatro centavos (Lps.14,444. 44 ); h) Horas extras: 896 horas extras con el recargo del 25 %, doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y cinco lempiras con veintiocho centavos (Lps. 233, 345. 28 ); i ) Salario no pagado por 14 días laborados veintitrés mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos ( Lps. 23, 333. 33); más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que con sujeción al las normas procésales del Código Del Trabajo debe de quedar firme la sentencia condenatoria.- CON COSTAS, por carecer de motivos racionales para litigar.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante pretende en la solicitud que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo, en cuanto declare sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y con lugar el interpuesto por la parte demandante, lo cual resulta inapropiado, ya que lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado. Además se solicita la casación total cuando la sentencia impugnada contiene pronunciamientos en favor de la parte Recurrente, como es el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos y salarios adeudados en consecuencia se debió pedir casación parcial. Las falencias antes relacionadas impide a éste Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal de Casación no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que lo expuesto sean completo en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaz en lo que se pretende con el recurso.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito; por ello es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 435-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL