Sentencia CL-421-14 — Registro 4631
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación laboral de carácter indefinido, nivelación salarial; segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el recurso referido ha sido formulado en forma defectuosa ya que la sentencia impugnada al ser confirmatoria de la primera instancia, contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, declarando sin lugar la demanda en cuanto al reconocimiento de la nivelación salarial al máximo que se les paga a otros empleados que desempeñan iguales actividades dentro de la ENEE, absolviéndola de tales conceptos; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no pedir la casación total de la sentencia, que implica su anulación total como equivocadamente lo hizo. La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca el Censor, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre del año dos mil catorce, por medio de la SALA DE LO PENAL, integrada por los Magistrados CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO, en su calidad de Coordinador, MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO y JACOBO ANTONIO CÁLIX HERNÁNDEZ, dicta sentencia conociendo el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: 1) CONDENANDO a la señora M. C. P. C. por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de M. A. C. A.; a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL. 2) NO CONDENA en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada G. B. A., actuando en su condición de Defensora Pública de la señora M. C. P. C..- SON PARTES: La Abogada D. M. R. en su condición de Defensora Pública de la señora M. C. P. C., como parte recurrente y la Abogada I. A. F. en su condición de representante del Ministerio Público, como parte recurrida.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: En fecha dos de noviembre del año dos mil nueve, entre siete y ocho de la noche, en la Colonia Valle de Sula, número dos, Sector de la Colonia López Arellano de la Ciudad de Choloma, Municipio del Departamento de Cortés, en el apartamento número uno, propiedad de la señora M. E. M., donde vivía el señor M. A. C. A., llegó su esposa M. C. P. C., de quien hacía seis meses se encontraba separada. Pero que aún mantenían vínculos de comunicación y luego de una discusión entre ambos, M. C. P. C., le infirió con un cuchillo una herida punzo cortante en el tórax que le ocasionó la muerte.
CONSIDERANDO
I.- El Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Abogada G. B. A., en su condición de Defensora Pública de la encausada M. C. P. C.; reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo. II.- La recurrente Abogada G. B. A., en su condición de Defensora Pública de la encausada M. C. P. C., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY. “MOTIVOS: Infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 118 del Código Penal y falta de aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma sustantiva infringida es el artículo 118 del Código Penal que establece: “Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendentes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40), años de reclusión.”- Artículo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece ese artículo por las razones siguientes así: El Juzgador en referencia declaró como probados los siguientes hechos: PRIMERO: En fecha dos de noviembre del año dos mil nueve, entre siete y ocho de la noche en la Colonia Valle de Sula, número dos, Sector de la Colonia López Arellano de la Ciudad de Choloma, Municipio del Departamento de Cortés, en el apartamento número uno, propiedad de la señora M. E. M., donde vivía el señor M. A. C. A., llegó su esposa M. C. P. C., de quien hacía seis meses se encontraba separada. Pero que aun mantenían vínculos de comunicación y luego de una discusión entre ambos, M. C. P. C., le infirió con un cuchillo, una herida punzo cortante en el tórax que le ocasionó la muerte. PRIMERO: Al analizar el contenido del hecho probado se puede observar: Que el mismo Tribunal manifiesta que si bien la señora M. C. P. C., es la esposa del señor M. A. C. A., y quedó debidamente acreditada en la prueba documental con la presentación de la Certificación de Acta de Matrimonio, donde consta que en fecha tres de agosto del año dos mil siete contrajeron matrimonio, pero que hacía seis meses o más se encontraban separados, versión que se acredita con la declaración de los testigos: M. E. M. H. “Expresó haber escuchado una discusión que tenían su inquilino M. Á. C. y la muchacha, de la cual dijo no haberla visto antes del día en que murió este, que ella vio a una muchacha de la cual no puede decir si es la acusada porque no la conocía antes”, “en el interrogatorio de la Fiscalía se le pregunta a la misma testigo “conocía a Don M. Á. C.? Y contesta él llegó a alquilar un cuarto atrás de mi casa y por eso lo conocía. La imputada en su deposición manifestó. “que su domicilio es en la López Arellano”. Y los hechos ocurridos sucedieron en la Colonia del Valle. En cuanto a la prueba de la defensa en la declaración de la señora I. R. P. G., manifiesta que: “La señora M. C. me busco para donde vivir y le di de vivir, ella que decía que salía a lavar ajeno por la separación de su esposo”. “ Porque le manifestó que le diera donde vivir? Porque se había separado de él”, con quien vivía ella? Contesta sola,”. ¿Conoció al esposo de la señora M. C.? Contesta no”. En consecuencia de lo anterior en ese momento de que sucedieron los hechos el vínculo marital y de familia, tal como le establece el artículo 41 del Código de Familia, haciendo la deducción lógica ya no había relación entre la acusada y el occiso. SEGUNDO: Se desprende de lo anterior que al momento de ocurrir el hecho el vínculo que los mantuvo un tiempo en esa relación había terminado, pues eso lo manifestó la acusada y por consiguiente no fue demostrado lo contrario, por parte del ente acusador en este caso la Fiscalía y a quien corresponde probarlo, por lo que la condena contra mi representada es injusta desde todo punto de vista, debiendo haber sido condenada por el delito de HOMICIDIO SIMPLE. TERCERO: Es entendido en el presente caso que el agravio ocasionado a mi representada es haberle dictado sentencia por el delito de PARRICIDIO, sin que para el caso se cumpliesen los elementos del tipo que rigen dicha figura delictiva, pues como se dijo antes el artículo 118 del Código Penal establece: Que es reo de parricidio quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital…”, y quedó acreditado de que la imputada estaba separada del marido por lo tanto ya no había esa autoridad que el marido ejerce sobre la mujer o en la dirección de los asuntos conyugales, o la licencia que deba dar a su consorte para realizar ciertos actos jurídicos concernientes a la vida de casados. Tal como lo define el Diccionario Jurídico de Cabanellas con la definición de lo que es marital. Analizando y tratando de colocar la relación que tenía la acusada con el hoy occiso no encaja debido a que desde el momento que la imputada manifiesta en juicio oral que tenía más de seis meses de estar separada del marido o de no tener relación íntima con el ofendido, es decir vida marital continua, como se exige para el tipo penal de parricidio y que el mismo estaba viviendo en otro lugar sita Colonia Villa de Sula, por lo que ya no había relación entre la acusada y el occiso. CUARTO: De lo antes expuesto considéranos que el Tribunal sentenciador debió tomar en cuenta los aspectos antes indicados para dictar su sentencia condenatoria por HOMICIDIO SIMPLE y en ningún momento debió de llegar a la convicción que el mismo se trataba de un PARRICIDIO, pues como se dijo antes correspondía no había relación entre la acusada y el occiso.
DEL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY EN SU ÚNICO MOTIVO, INTERPUESTO POR LA DEFENSA PÚBLICA.
I.- La Recurrente denunció la Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Precepto contenido en el Artículo 118 del Código Penal y la Falta de Aplicación del Artículo 116 del mismo cuerpo legal. Explicó la recurrente, que conforme lo establecen los Hechos Probados se puede observar que el Tribunal A-quo manifestó, que si bien, la señora M. C. P. C. es la esposa del señor M. Á. C. A., ya hacía SEIS MESES SE ENCONTRABAN SEPARADOS, por tanto, al ocurrir los hechos que motivaron catalogar las acciones como Parricidio, el vínculo matrimonial entre la imputada y el ofendido no existía, pues la relación entre ambos había terminado. Considera, que el agravio sucede al dictarse una Sentencia Condenatoria en contra de la encartada M. C. P. C. por un delito de PARRICIDIO sin que se cumplieran los Elementos Objetivos de dicho tipo penal, pero sí encaja debidamente en el tipo penal de HOMICIDIO, pues en ellos se establece como verdad incuestionable, que la encausada le quitó la vida al señor C. A., delito por el cual debe ser condenada. II.- Observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente ha señalado como vicios de la sentencia, la Infracción de Ley por Aplicación Indebida del Artículo 118 del Código Penal y la Falta de Aplicación del Artículo 116 del mismo cuerpo legal, desarrollando ambos motivos en un mismo apartado, por lo que, no se ha ajustado a lo que establece el Artículo 363 del Código Procesal Penal que ordena: “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo”, por tanto, la recurrente debió plasmar su reproche de manera separada; ahora bien, al desplegarse y plantearse de manera correcta la impugnación que se pretende formular objetando la calificación legal hecha por el A-quo, es pertinente en consecuencia con el Derecho de Defensa y la tutela judicial, resolver el fondo del Recurso. III.- La Sala ya ha reiterado, que tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En consecuencia, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los Hechos Probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. IV.- De conformidad al Recurso presentado, es procedente analizar el Cuadro Fáctico de la sentencia impugnada y determinar si en éstos se encuentran presentes los Elementos Objetivos y Subjetivos para la configuración del tipo penal de PARRICIDIO y con ello, determinar si hay perfecta armonía entre los Hechos Probados y la Norma Penal utilizada por el Sentenciador. Al respecto, el artículo 118 del Código Penal describe: “Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. El primer Elemento Objetivo lo constituye el “dar muerte a alguna persona”, mismo que se refleja en el Cuadro Fáctico cuando el Sentenciador da por probado que el señor M. Á. C. A. pierde la vida como consecuencia de una herida punzo cortante en el tórax propinada por la señora M. C. P. C.. El segundo Elemento Objetivo exigido en la norma referida, lo constituye, la concurrencia de alguno de los vínculos familiares que se exigen, dar muerte a un “ascendiente o descendientes, o su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital”; sobre este particular los sucesos probados revelan que: “…la señora M. C. P. C. era la esposa del señor M. Á. C. A., que hacía seis meses se encontraban separados, pero aún que mantenían vínculos de comunicación…” Claramente, la exigencia de parentesco señalada en el delito de PARRICIDIO, al concurrir lo distingue del tipo de HOMICIDIO; convirtiéndolo en un delito autónomo. V.- En el caso examiné, el vínculo apreciado por el A-quo y consignado en los hechos probados lo es el matrimonial (cónyuge). Para la apreciación de la concurrencia de éste elemento del tipo, la doctrina considera oportuna la valoración de la naturaleza de la relación matrimonial al momento de suceder los hechos, verbigracia, se debe tener en cuenta si la relación matrimonial (o marital) realmente sigue viva o, por el contrario, está efectiva y manifiestamente destruida. Resulta, ilustrativo lo dicho por DE DIEGO DIEZ, quien precisamente comentando nuestra legislación apunta: “La razón del tipo, no se encuentra en la concurrencia formal de un vínculo conyugal, sino en la realidad subyacente, de manera que, en la misma forma que el Artículo 118 del Código Penal extiende el tipo del parricidio a quien dé muerte a la “persona con quien hace vida marital”, aunque no exista legalmente vínculo matrimonial, igualmente debe entenderse excluido en aquellos casos en que la relación conyugal no subsiste más que de modo formal por encontrarse los esposos separados, de hecho o de derecho, de forma prolongada o por haber desaparecido el afecto marital. Para la apreciación de este elemento del tipo ha de estarse a si la relación matrimonial (o marital) realmente sigue viva o, por el contrario está efectivamente y manifiestamente destruida[1]”. La Sala de lo penal, reflexiona para la determinación de la concurrencia del tipo penal de PARRICIDIO, considerando que, en el caso particular de la hipótesis de dar muerte al cónyuge es pertinente considerar la existencia del llamado “affectio maritales”, es decir, debe ser claro que en la relación matrimonial o análoga relación de hecho, además de la relación objetiva de parentesco debe concurrir una relación de afecto personal efectiva, considerando que en los casos particulares en los que el vínculo “afectivo normal” de la relación se encuentre roto, como puede ser cuando se dan distanciamientos notorios y durante cierto tiempo de la pareja, cuando es claro que en la relación existe un deterioro de la relación afectiva sentimental, separaciones prolongadas aún de hecho, es correcto entender la no concurrencia del vínculo agravante referido a la relación matrimonial, pues justamente en el tipo de PARRICIDIO se reprocha a quien da muerte a una persona con la cual comparte normal y cotidianamente sin separaciones una relación afectiva ya sea en matrimonio el caso de los cónyuges o, bien la persona con quien se hace vida marital. VI.- De conformidad a lo antes expuesto, la Sala de lo penal, en su función de contralor de legalidad penal sustantiva, considera, que el elemento objetivo de -“Parentesco”- si bien, se describe en el hecho probado. El mismo no concurre, ya que en los mismos hechos probados declaran como verdad incuestionable que la imputada M. C. P. C., era la esposa del ofendido M. Á. C. A. al momento de suscitarse los Hechos, pero, tenían 6 meses de encontrarse separados, es decir, ese vínculo conyugal necesario para tipificar la acción cometida por la encartada no era presente, pues la relación se encontraba “desvinculada”, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de conformidad a la descripción fáctica de los hechos en los cuales se plasma, se encontraban “separados” y si bien, se dice mantenían vínculos de comunicación, no se deja constancia que con ese vínculo de comunicación se mantuviera aún la relación afectiva, no se trata entonces, de que no existiese formalmente el vínculo matrimonial al momento de los hechos, sino más bien, que al estar separados, es decir, ya no convivían juntos, ese vínculo formal no llena las exigencias propias del tipo penal de PARRICIDIO que se calificó, por lo supra referido, por tanto, no puede darse un delito de PARRICIDIO, pues faltaría uno de los Elementos Objetivos para su configuración legal. Ahora bien, tal como lo refiere la recurrente, los Hechos que ha establecido el Sentenciador contienen los elementos indispensables para enmarcar la acción cometida por la señora P. C. en el delito de HOMICIDIO SIMPLE, pues al descartarse la exigencia de parentesco que califica al PARRICIDIO, el hecho –de dar muerte- se ajusta de manera armónica con la Norma Penal del Artículo 116 del Código Penal, ya que la Fundamentación Fáctica refiere cómo la ahora imputada M. C. P. dio muerte al señor M. Á. C. A. con una herida corto punzante en el tórax, delito por el cual debe ser condenada, en tal sentido es procedente declarar Con Lugar el presente Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Pública. VII.- Observa esta Sala de lo Penal, que el Sentenciador al determinar la pena concreta, razonó diciendo que lo procedente era imponer a la acusada M. C. P. C., la pena mínima señalada por el delito que le acusaban, pues se había acreditado en Audiencia de Individualización de Pena, que la imputada no contaba con Antecedentes Penales, por tanto, no denotaba peligrosidad. En ese sentido, este Tribunal de Casación, considera correctos los argumentos para la determinación de la pena abstracta que utilizó el Sentenciador A-quo, pues las razones que llevaron a imponerle la pena mínima aún persisten, por tanto, es procedente imponerle a la acusada M. C. P. C. la pena mínima señalada para el delito de HOMICIDIO SIMPLE. POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación de los Artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 360 y 369 del Código Procesal Penal; 69, 141 del Código Penal.- FALLA: PRIMERO: Declarar HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada G. B. A., en su condición de Defensora Pública de la señora M. C. P. C. SEGUNDO: CASA PARCIALMENTE LA SENTENCIA de fecha diecisiete de julio del dos mil doce, dictada por el Tribunal de Sentencia San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el sentido siguiente: 1) Condena a la señora M. C. P. C. como Autora Responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio M. Á. C. A.. 2) Como consecuencia de la condena y en vista de no existir Agravantes, se le impone a la acusada la Pena mínima de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de la condena. 3) Se mantiene incólume el resto de la sentencia en sus demás resoluciones y argumentaciones. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes.- Redactó: EL MAGISTRADO CÁLIX HERNÁNDEZ.- NOTIFÍQUESE.
CARLOS DAVID CÁLIX VALLECILLO
MAGISTRADO COORDINADOR
MARCO VINICIO ZÚNIGA MEDRANO
MAGISTRADO
JACOBO CÁLIX HERNÁNDEZ
MAGISTRADO
[1] Véase. De Diego Diez, Alfredo. Delitos contra la vida y la integridad corporal, (cometarios al Código penal hondureño vigente).OIM, Tegucigalpa Honduras. 2009. Pág. 88.