Sentencia CL-401-14 — Registro 5006
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos laborales; segunda instancia revocó la sentencia declaró sin lugar la excepción de prescripción y con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las siguientes razones: a) se omite señalar el precepto autorizante que sustenta el motivo; b) la norma que señala el Recurrente como infringida (artículo 862 del Código del Trabajo) comprende dos párrafos que era necesario precisar, para la prosperidad del cargo; y, c) en la explicación se indican disposiciones que no han sido señaladas como violadas en la formulación, tal es el caso de los artículos 864 y 867 del Código del Trabajo.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el Recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen solicitado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de junio de dos mil ocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, a favor de SI MISMO y LOS HEREDEROS DE LUIS ANDRES ZÚÑIGA, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, de fecha dieciséis de enero del dos mil seis. ANTECEDENTES
- Que en fecha siete de noviembre del año dos mil cinco, la Procuraduría General de la República, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, tuvo por presentada la solicitud para que emitiera dictamen previo a la Declaratoria de nulidad del avalúo realizado en la colonia Tres de Mayo. 2) Que en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil cinco, la Contaduría General de la República, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante Resolución número doce (12), estableció el justiprecio en Sesenta y Nueve Lempiras con Cincuenta Centavos (L.69.50) el metro cuadrado (m²), resultando un valor total de Diecinueve Millones Setecientos Ochenta Mil Doscientos Setenta y Seis Lempiras con Ochenta y Cinco Centavos (L.19,780,276.85), por el inmueble ubicado en la colonia Tres de Mayo, expropiado mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-035-2005 de fecha siete de septiembre del año dos mil cinco, por considerar que no existe conformidad con el Dictamen de Avaluó del mismo; fundamentando su decisión en el artículo 82-A de la Ley de Propiedad. 3) Que en fecha dieciséis de enero del año dos mil seis, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó Sentencia, mediante la cual declaró sin lugar por extemporáneo el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, por considerar que el plazo para la apelación se venció el día domingo ocho de enero del año dos mil seis, en virtud de haber sido notificada en fecha cinco de enero del año dos mil seis, la Resolución Número doce (12) de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil cinco, en el Diario El Heraldo; citando como fundamento legal el artículo 82 de la Ley de Propiedad. 4) El recurrente Abogado OSCAR SIRI ZÚÑIGA, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de enero del año dos mil seis, reclamando amparo a favor de SI MISMO y LOS HEREDEROS DE LUIS ANDRES ZÚÑIGA, afirmando que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 90, 103, 106, 314, 315, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-035-2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en su edición del día 28 de septiembre de 2005, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, declaró la procedencia de la expropiación por causas de necesidad pública, de los terrenos que ocupan la denominada Colonia Tres de Mayo de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central. CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo informado por la Contaduría General de la República y a lo expuesto por el mismo recurrente, en fecha 5 de enero de 2006, fue publicada en el Diario EL HERALDO, la resolución de fecha 16 de diciembre de 2005, dictada por la Contaduría General de la República, en la que se fija el justiprecio a pagar por la expropiación de los terrenos donde se ubica la Colonia TRES DE MAYO de Comayagüela, estableciendo que dicho valor es de SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (69.50 Lps) por metro cuadrado. CONSIDERANDO: Que en fecha 9 de enero de 2006, no conforme con el justiprecio fijado por la Contaduría General de la República, el Abogado OSCAR SIRI ZUNIGA, interpuso recurso de apelación. CONSIDERANDO: Que en resolución de fecha 16 de enero de 2006, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo declaró inadmisible el recurso interpuesto, arguyendo que la notificación de la resolución impugnada se produjo el día 5 de enero de 2006, fecha en que apareció publicada en el Diario EL HERALDO, y siendo que el artículo 82 reformado de la Ley de Propiedad, establece un plazo de tres días para tales efectos, el mismo se venció el día domingo 8 de enero de 2006, siendo por lo tanto extemporáneo el recurso de apelación presentado por el Abogado OSCAR SIRI ZUNIGA, en fecha 9 de enero de ese mismo año. CONSIDERANDO: Que contra la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, el Abogado OSCAR SIRI ZUNIGA, interpuso recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando que la resolución impugnada ha vulnerado en su perjuicio el derecho de defensa, el derecho de propiedad y el principio de competencia reglada, consagrados respectivamente en los artículos 82, 106, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que según expone el recurrente, la infracción de los preceptos constitucionales invocados se ha producido, cuando la Corte de Apelaciones con vulneración de su derecho de defensa, ha declarado inadmisible el recurso interpuesto, computando dentro del término en referencia, días inhábiles, inobservando con ello lo dispuesto supletoriamente por el artículo 47 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, 40 del Código Civil y 131 del Código de Procedimientos Comunes, disposiciones legales de las que se desprende, que no se contarán los días inhábiles a los efectos de computar el plazo para interponer el mencionado recurso, concluyendo que por tales razones, el mismo fue presentado en tiempo y forma. Por otro lado, el Quejoso sostiene que con ello la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, avala la resolución administrativa mediante la cual se procede a la expropiación de bienes que le pertenecen a él y su familia, sin que exista una previa indemnización, lo que constituye una violación de lo dispuesto por el artículo 106 del Texto Fundamental, donde se establece que “…..nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley, sin que medie previa indemnización justipreciada…” CONSIDERANDO: Que el artículo 82 No. 3) de la Ley de Propiedad establece, que dentro de los tres días siguientes naturales a la emisión del dictamen rendido por la comisión evaluadora, la Contaduría General de la República emitirá la resolución correspondiente en la que se fijará el justiprecio, indicando por otro lado, que contra tal resolución únicamente cabrá el recurso de apelación, mismo que deberá interponerse ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo dentro de los tres días siguientes a su notificación. CONSIDERANDO: Que en el caso que ahora nos ocupa, la cuestión toral a resolver, es sí el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR SIRI ZUNIGA ante la Contaduría General de la República, ha sido presentado dentro del término señalado al efecto. CONSIDERANDO: Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contaduría General de la República establece, que esta es un órgano que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (hoy Secretaría de Finanzas), con jerarquía de Dirección General. CONSIDERANDO: Que el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo dice, que los órganos y entidades de la Administración Pública estarán sujetos a dicha ley, cuando declaren, reconozcan o limiten derechos de los particulares. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece, que para todos los plazos establecidos por días se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación decretada, de oficio o a petición de los interesados por el órgano competente, siempre que hubiere causa urgente. Por su parte, el artículo 47 de la misma ley, prevé que para los efectos de computación de los plazos, se entenderán días hábiles administrativos, todos los del año, excepto los sábados, en aquellas oficinas donde no se labore por disposición gubernamental, los domingos, feriados nacionales y los que se mandare que vaquen las oficinas públicas. CONSIDERANDO: Que el Código Civil establece una serie de reglas que hacen alusión a distintos métodos de interpretación de la ley que resultan aplicables a distintas ramas del ordenamiento jurídico, así tenemos que en el artículo 17 se refiere al método gramatical cuando expresa que “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador…”. Por su parte, el artículo 19 párrafo primero del mismo texto normativo, alude al método de interpretación lógico o sistemático, al señalar que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía…” CONSIDERANDO: Que una interpretación gramatical de lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Propiedad al señalar el término que tiene el interesado para impugnar la resolución de la Contaduría General de la República en la que se fija el justiprecio, nos lleva concluir que para efectos de computar el plazo de tres días, solamente pueden ser tomados en cuenta los días hábiles, puesto que en el mismo artículo al referirse a otras actuaciones, como son el término previsto para que se reúna la comisión evaluadora, una vez que hayan sido nombrados los peritos, o el plazo que tiene la Contaduría General de la República para dictar su resolución, después de que dicha comisión haya rendido su dictamen, se hace referencia a “días naturales” (es decir, hábiles e inhábiles), en cambio, cuando lo hace respecto al referido plazo, simplemente expresa que este consta de tres días, con lo que resulta evidente que el legislador no ha querido incluir en el cómputo los días inhábiles. CONSIDERANDO: Que por otro lado, y como antes queda dicho, la Contaduría General de la República es un órgano ubicado dentro de la Secretaría de Finanzas, y por ende sujeto a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. De este modo una interpretación sistemática y armónica con lo que dispone el artículo 47 que se refiere al cómputo de los plazos fijados en días, y que excluye a los inhábiles, nos lleva a concluir que esta última norma es aplicable al caso que nos ocupa, siendo que la resolución impugnada precisamente está referida a la determinación del justiprecio a pagar, a favor de las personas que por causa de necesidad pública se ven privadas del derecho de propiedad sobre los inmuebles objeto de expropiación. CONSIDERANDO: Que en atención a las circunstancias antes apuntadas podemos afirmar, que sí la publicación de la resolución impugnada que surte los efectos de la notificación fue practicada el día 5 de enero de 2006, resulta que el plazo para la interposición del recurso de apelación ante la Contaduría General de la República, venció el día 10 de enero de 2006, de ahí que la inadmisibilidad del mismo decretada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo ha vulnerado el derecho de defensa y la garantía genérica del debido proceso en perjuicio del Quejoso, puesto que éste no ha obtenido una respuesta motivada sobre la procedencia o improcedencia de sus pretensiones, no obstante que ha cumplido con los presupuestos procesales, de tiempo y de forma que la ley exige para la interposición del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se otorgue el amparo interpuesto por el recurrente, a los efectos de que el Tribunal Ad Quem admita el recurso interpuesto por el Quejoso, y se pronuncie de manera motivada sobre el fondo de la cuestión controvertida. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República, 82 No.
- de la Ley de Propiedad , 2 de la Ley Orgánica de la Contaduría General de la República, 1, 46, 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 17, 19 del Código Civil, 1, 3 No. 2), 9 No. 3) literal b) y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Otorgando el amparo interpuesto contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso-Administrativo, en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado GOMEZ MORENO. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello, CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO, COORDINADOR, CARLOS ARMANDO FLORES CARIAS, SUYAPA THUMANN CONDE, JOSÉ ROLANDO ARRIAGA MANCIA, MARTHA CASTRO ROQUE, Firma y Sello LUCILA CRUZ MENENDEZ, Secretaria General.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre del año dos mil ocho, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de junio del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 50-103=2006.-
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL