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Sentencia CL-384-14 — Registro 4452

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se acompañan documentos donde se dio por terminado el contrato de trabajo por causas justas que facultan al trabajador para darse por despedido de manera indirecta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido indirecto ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) En la explicación del cargo hace relación al material probatorio cuando seleccionado la senda de la violación directa no procede estimar el aspecto probatorio del juicio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de abril de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de octubre de dos mil catorce, por el abogado HECTOR RENE MALDONADO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se acompañan documentos donde se dio por terminado el contrato de trabajo por causas justas que facultan al trabajador para darse por despedido de manera indirecta, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, en fecha veinte de noviembre de dos mil trece, por el abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en su condición de representante procesal de los señores FRANCISCO PINEDA I., casado, motorista, CESAR AUGUSTO ZELAYA, casado, jornalero, JOSE BENITO GARCIA CARDONA, soltero, cobrador de buses, JOSE NIANUEL GUZMAN AGUILAR, casado, cobrador de buses, JOSE NERY MUÑOZ TORO, soltero, jornalero, JOSE WILFREDO RODRIGUEZ MEJIA, soltero, jornalero, JULIO CESAR ZALDIVAR PERDOMO, soltero, jornalero, LUIS ANTONIO CHAVEZ GUZMAN, casado, jornalero, RAMON DANIEL FUENTES DIAZ, casado, jornalero, RENE DANILO MELGAR ZERON, soltero, jornalero, ROSA PAZ MEJIA, unión libre, jornalero, MARLO ANIBAL LEIVA MEJIA, soltero jornalero, RAUL PALACIOS RUBIO, soltero, jornalero, ANGEL LEIVA MEJIA, casado, jornalero, MARIO ROBERTO HENRIQUEZ REYES, soltero, motorista, y MIGUEL ANGEL RIOS PAZ, soltero, despachador de buses, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”, por medio de su Presidente, señor JOSE ANTONIO PINEDA PEÑA, mayor de edad, casado, Doctor en Química y Farmacia, hondureño y del domicilio de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de junio de dos mil catorce, proferida por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de los salarios adeudados, prestaciones laborales e indemnización y salarios caídos los cuales serán calculados a quedar firme la presente sentencia, por despido ilegal e injusto promovida por los demandantes contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”; CONDENÓ a la demandada al pago a favor de los trabajadores: Cesar Augusto Zelaya Ordoñez, la cantidad de L.269,857.91, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.139,081.08; auxilio de cesantía proporcional: L.4,477.90; vacaciones: L.5,454.20; vacaciones proporcionales: L.2,986.18; treceavo mes: L.4,499.69; catorceavo mes: L.993.44; ajuste de salario 2011, 2012 y 2013: L.96,002.94; José Benito García Cardona, la cantidad de L.153,488.21, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.58; auxilio de cesantía: L.32,725.16; auxilio de cesantía proporcional: L.5,612.37; vacaciones: L.9,544.85; vacaciones proporcionales: L.3,741.58; treceavo mes: L.4,733.43; catorceavo mes: L.1,277.18; ajuste de salario 2011, 2012 y 2013: L.79,541.06; José Manuel Guzmán Aguilar, la cantidad de L.258,263.22, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.98,174.88; auxilio de cesantía proporcional: L.5,227.85; vacaciones: L.10,908.40; vacaciones proporcionales: L.3,485.24; treceavo mes: L.49969; catorceavo mes: L.8,005.94; ajuste de salario 2011, 2012 y 2013: L.111,598.74; José Nery Muñoz Toro, la cantidad de L.225,967.07, por los conceptos de preaviso: L.19,883.98; auxilio de cesantía: L.178,955.82; auxilio de cesantía proporcional: L.3,976.80; vacaciones: L.13,256.00; vacaciones proporcionales: L.2,651.20; treceavo mes: L.5,752.01; catorceavo mes: L.1,491.26; José Wilfredo Rodríguez Mejía, la cantidad de L.215,804.57, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.57,268.68; auxilio de cesantía proporcional: L.6,613.22; vacaciones: L.5,454.20; vacaciones proporcionales: L.4,409.72; treceavo mes: L.4,499.69; catorceavo mes: L.8,005.94; bono educativo: L.1,591.90; ajuste de salario 2011, 2012 y 2013: L.111,598.74; Julio Cesar Zaldívar Perdomo, la cantidad de 107,455.23, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.58; auxilio de cesantía: L.65,450.32; auxilio de cesantía proporcional: L.2,454.39; vacaciones proporcionales: L.1,636.26; treceavo mes: L.4,499.69; catorceavo mes: L.993.44; ajuste de salario 2013: L.1,599.60; horas extras diurnas y nocturnas L.14,458.95; Luis Antonio Chávez Guzmán, la cantidad de L.287,503.24, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.139,081.08; auxilio de cesantía proporcional: L.2,432.58; vacaciones: L.10,908.40, vacaciones proporcionales: L.1,622.63; treceavo mes L.4,499.69; catorceavo mes: L.993.44; ajuste de salario mínimo: L.111,602.94; Ramón Daniel Fuentes Díaz, la cantidad de L.174,031.06, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.40,906.20; auxilio de cesantía proporcional: L.2,615.29; vacaciones: L.10,908.40; vacaciones proporcionales: L.1,742.62; treceavo mes: L.4,499.69; catorceavo mes: L.993.44; ajuste de salario mínimo 2011, 2012 y 2013: L.96,002.94; René Danilo Melgar Zerón, la cantidad de L.160,042.55, por los conceptos siguientes: preaviso: L.17,206.64; auxilio de cesantía: L.25,809.96; auxilio de cesantía proporcional: L.6,811.03; vacaciones: L.7,743.06; vacaciones proporcionales: L.4,539.73; treceavo mes proporcional: L.5,530.73; catorceavo mes proporcional: L.1,843.58; ajuste de salario mínimo: L.87,976.80; pago de días feriados: L.286.78; pago de séptimos días: L.2,294.24; Rosa Paz Mejía, la cantidad de L.204,464.04, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.58; auxilio de cesantía: L.57,269.03; auxilio de cesantía proporcional: L.571.08; vacaciones: L.4,427.00; vacaciones proporcionales: L.380.72; treceavo mes: L.4,693.70; catorceavo mes: L.1,187.45; bono educativo: L.3,183.80; ajuste de salario mínimo 2011, 2012 y 2013: L.116,389.04; Marlo Aníbal Leiva Mejía, la cantidad de L.238,682.35, por los

conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.81,812.40; auxilio de cesantía proporcional: L.2,841.64; vacaciones: L.5,454.20; vacaciones proporcionales: L.1,895.34; treceavo mes; L.4,499.69; catorceavo mes: L.993.44;

ajuste de salario mínimo 2011, 2012 y 2013: L.124,823.16; Raúl Palacios Rubio, la cantidad de L.212,663.19, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,363.66; auxilio de cesantía: L.163,776.60; auxilio de cesantía proporcional: L.7,954.66; vacaciones: L.10,908.00; vacaciones proporcionales: L.5,304.02; treceavo mes: L.4,499.50; catorceavo mes: L.993.40; ajuste de salario mínimo 2013: L.2,863.35; Ángel Leiva Mejía, la cantidad de L.310,782.47, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,362.48; auxilio de cesantía: L.139,081.08; auxilio de cesantía proporcional: L.2,590.75; vacaciones: L.10,908.40; vacaciones proporcionales: L.1,728.99; treceavo mes: L.4,499.69; catorceavo mes: L.8,005.94; bono educativo: L.1,591.90; ajuste de salario mínimo 2011, 2012 y 2013: L.124,823.16; Mario Roberto Henríquez Reyes, la cantidad de L.164,686.50, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,363.44; auxilio de cesantía: L.89,998.92; auxilio de cesantía proporcional: L.6,043.47; vacaciones: L.5,454.40; vacaciones proporcionales: L.4,028.07; treceavo mes: L.4,675.20; catorceavo mes: L.1,168.80; bono educativo: L.1,591.90; ajuste de salario mínimo: L.35,362.30; Miguel Ángel Ríos Paz, la cantidad de 227,945.78, por los conceptos siguientes: preaviso: L.16,361.66; auxilio de cesantía: L.196,339.92; auxilio de cesantía proporcional: L.3,864.16; treceavo mes: L. 4,499.50; catorceavo mes: L.993.40; ajuste de salario mínimo: L.5,887.14, haciendo un total de L.3,211,637.75, en la demanda el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta que sus representados recibieron un anticipo de L.145,318.13, quedando un saldo de L.3,066,319.62, con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la demandada mediante contrato verbal de trabajo de la siguiente manera: Francisco Pineda I., el 17 de noviembre de 1998; Cesar Augusto Zelaya, el 4 de febrero de 1996; José Benito García Cardona, el 26 de diciembre de 2008; José Manuel Guzmán Aguilar, el 1 de diciembre de 2000; José Nery Muñoz Toro, el 9 de abril de 1995; José Wilfredo Rodríguez Mejía, el 31 de octubre de 2005; Julio Cesar Zaldívar Perdomo, el 3 de mayo de 2005; Luis Antonio Chávez Guzmán, el 4 de mayo de 1996; Ramón Daniel Fuentes Díaz, el 26 de abril de 2008; René Danilo Melgar Zerón, el 16 de diciembre de 2009; Rosa Paz Mejía, el 2 de agosto de 2006; Marlo Aníbal Leiva Mejía, el 16 de abril de 2003; Raúl Palacios Rubio, el 4 de enero de 1992; Ángel Leiva Mejía, el 27 de abril de 1996; Mario Roberto Henríquez Reyes, el 4 de diciembre de 2001 y Miguel Ángel Ríos Paz, el 1 de marzo de 1989, estipulándose de común que el salario a devengar, fecha y lugar de pago, se realizaría en forma puntual; la demandada al inicio de sus operaciones, específicamente para la fecha en que los demandantes suscribieron sus contratos laborales en ese entonces su funcionamiento y servicio era muy bueno, con el tiempo la dirección de esta Cooperativa cambió, al grado que últimamente estaba funcionando muy mal administrativamente, muchas de sus unidades no viajan a San Pedro Sula, desde junio del año pasado, en virtud que sus unidades se encontraban en pésimas condiciones de funcionamiento, no se les daba su rol de trabajo y sus sueldos ya no era el mismo, por lo que dio lugar a los reclamos legales, de exigir los pagos o el pago de sus prestaciones y la empresa demandada le argumentó a los demandantes que con motivo de los reclamos, que el arreglo de las unidades sería muy pronto, obligándosele a llegar puntualmente a la terminal de esta ciudad, en donde no se establecía el rol de salida para el día siguiente a la ciudad de San Pedro Sula, era una completa incertidumbre laboral y falta de cumplimiento en los contratos de trabajo, por lo que se obligaron los demandantes a tomar la decisión unánime de darse por despedidos indirectamente al tenor de lo establecido en los artículos 114 letra e), f) y i); 115 del Código del Trabajo; en virtud de la demora del pago de salarios, decidieron todos los trabajadores afectados, celebrar reunión de conciliación en fecha 20 de agosto del 2013, con dicho Presidente de la Cooperativa para llegar a un acuerdo con relación a los pagos, pero solo fueron palabras ante las autoridades del trabajo, por lo que en fecha 29 de agosto del mismo año, se le envió oficio al mismo presidente de la demandada para dar por terminados los contratos de trabajo de los demandantes por las causas antes mencionadas.- 2. La parte demandada, la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”, contestó dicha demanda señalando que los demandantes abandonaron el trabajo, lo que se probará con el incumplimiento de los roles que se les habían asignado por lo que queda desvirtuado la existencia de un supuesto despido injusto; los demandantes en los últimos meses tuvieron un comportamiento incorrecto y finalmente no se presentaron a trabajar desde el 1 de octubre del 2013 hasta la fecha, esto se demostrará en juicio; el Código del Trabajo establece el término de sesenta días para que el trabajador pueda reclamar a su patrono, cuando crea que ha habido violación de los derechos que a su favor establece la legislación laboral vigente, pues bien, como los demandantes establecen en su plan de la demanda, que fueron objeto de un supuesto despido injusto en el mes de agosto del año 2013 y no se volvieron a presentar a trabajar, tal y como taxativamente lo reconocen, en la demanda que promueven ya a la fecha han transcurrido mas de sesenta (60) días, que el artículo 864 del Código del Trabajo norma para hacer reclamaciones que pudieran favorecerles y la demanda en cuestión fue presentada el 20 de noviembre del 2013 en donde se desprende que ha prescrito su acción para reclamar contra la demandada.- 3. El Juzgado Primero de Letras Departamental de Santa Bárbara, en fecha once de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenó a la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”, al pago a favor de los trabajadores: Cesar Augusto Zelaya Ordoñez, la cantidad de L.269,857.91, José Benito García Cardona la cantidad de L.153,488.21, José Manuel Guzmán Aguilar, la cantidad de L.258,263.22, José Nery Muñoz Toro, la cantidad de L.225,967.07, José Wilfredo Rodríguez Mejía, la cantidad de L.215,804.57, Julio Cesar Zaldívar Perdomo, la cantidad de 107,455.23, Luis Antonio Chávez Guzmán, la cantidad de L.287,503.24, Ramón Daniel Fuentes Díaz, la cantidad de L.174,031.06, René Danilo Melgar Zerón, la cantidad de L.160,042.55, Rosa Paz Mejía, la cantidad de L.204,464.04, Marlo Aníbal Leiva Mejía, la cantidad de L.238,682.35, Raúl Palacios Rubio, la cantidad de L.212,663.19, Ángel Leiva Mejía, la cantidad de L.310,782.47, Mario Roberto Henríquez Reyes, la cantidad de L.164,686.50, Miguel Ángel Ríos Paz, la cantidad de L.227,945.78, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, treceavo mes, catorceavo mes, ajuste de salario mínimo, respectivamente, haciendo un total de L.3,211,637.75, en la demanda el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta que sus representados recibieron un anticipo de L.145,318.13, quedando un saldo de L.3,066,319.62, con costas; bajo el criterio que la parte demandada con los medios de prueba evacuados en la audiencia segunda de trámite no logró desvirtuar e indicar con claridad los hechos controvertidos de la demanda de un despido indirecto ilegal e injustificado y específicamente cuando se señala que el empleador incumplió con la relación laboral y la obligación de pago de salario con los ahora demandantes, medios de prueba que al ser analizado no llevan al Juez al convencimiento que el demandado tenga motivos justos para dicho incumplimiento y al no probar la justa causa de despido se le debe a los empleados de COTISBA sus prestaciones y considerando que en base a los documentos aportados a este juicio las actas donde consta la posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio el cual nunca se concreto y es de importante destacar ciertos aspectos para la valoración de la prueba; con el medio de prueba testifical ofertado por la parte demandante se acredito que el empleador no proporciono los utensilios, (unidad de Buses) para que cada trabajador desarrollara las actividades para las que fueron contratados, como también la falta de pago en los días y fechas acordadas y al relacionar todas las actuaciones del presente juicio, la conducta del demandado se califica como despido indirecto aunado a esto con las disposiciones del Código de Trabajo considerando el articulo 30 que establece que la inexistencia del contrato escrito exigido por este código laboral es imputable al patrono y el patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo u omita alguno de sus requisitos hará presumir en caso de controversia que son ciertas las estipulaciones del trabajador alegadas por el trabajador sin perjuicio de prueba en contrario, presumiéndose que toda relación de trabajo personal esta regida por un contrato de trabajo, para algunos tratadistas basta que el trabajador justifique el contrato de trabajo y las circunstancias que le faltó el trabajo y que en el caso de despido este fue justificado o injustificado, y no existe razón para que el patrono se oponga a que el trabajador regrese a su empleo, pero si se opone debe probar que fue el trabajador que abandonó el trabajo, que la parte demandada en la contestación de la demanda expone que la misma es improcedente ya que alega que fueron los ahora demandantes quienes incumplieron con sus labores al abandonar sus puestos de trabajo, pero con sus medios de prueba no logró desvirtuar los puntos controvertidos de los hechos planteados por los demandantes, no cabe duda que con todo lo expuesto en las declaraciones rendidas por los testigos en base a las reglas de la sana critica y al no estar sujeto este Juez a la tarifa de prueba es un despido indirecto por parte del demandado, asimismo al no probar la causa de despido de los trabajadores ya que se constató el incumplimiento por el retraso de salarios por parte del demandado teniéndose como hecho probado el despido injustificado en referencia, amparado en el articulo 114 literal f) y l) del Código Laboral.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, en fecha veintidós de julio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, con costas; bajo el criterio que el recurrente centra su reclamo básicamente en que los trabajadores abandonaron sus labores y no cumplían con los roles a ellos asignados, señalando que tal situación la demostró con el documento público expedido por el Inspector Regional del Trabajo de la ciudad de Santa Bárbara; es cierto que se efectuó inspección al expediente numero 05-13 contentivo de la demanda ejecutiva laboral, donde el Juez establece que se encuentran dos actas de comparecencia voluntaria, que difieren en el sentido que una es de fecha veinte de septiembre y otra de fecha treinta de septiembre del año dos mil trece, situación que no varia el resultado de la decisión que adopta este Tribunal, en consideración que estos documentos solo plasman los acuerdos de pago de prestaciones sociales a los que llegaron el Presidente de la Cooperativa y el apoderado legal de los trabajadores, en presencia del Inspector Regional del Trabajo de la Santa Bárbara, además la parte demandada, no impugnó la autenticidad del documento público, como lo ordena el articulo 274 del Código Procesal Civil, no siendo suficiente que se haya solicitado la inspección por parte del Juez, para impugnar su autenticidad, si no que debía haberse cotejado, con los originales; por lo consiguiente el documento presentado por el demandante, posee fuerza probatoria y hace prueba en juicio, como lo estipula

el articulo 273 de la normativa procesal civil adjetiva; este Tribunal ad quem, reconoce la existencia laboral entre el patrono la Cooperativa “COTISBA” y los trabajadores, aún y cuando no haya habido contrato de trabajo, sustentado en las actividades que estos realizaban, entre las que se encuentran, ser conductores de automotores terrestres (buses), personas que efectuaban labores de cobro de pasajes y ayudantes de los conductores, dicho extremo fue corroborado por los testigos Daniel Antonio Sabillón Fernández y Nery Edgardo Bueso Reyes; esta debidamente probado que la demandada no cumplía con sus obligaciones, por cuanto no le pagaba a sus trabajadores en las fechas establecidas, así como que no le proporcionaba los instrumentos necesarios para efectuar el trabajo, como lo refieren los testigos antes aludidos; por lo consiguiente, los trabajadores se encontraban facultados para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, amparado en el articulo 114 numeral F y J del Código del Trabajo en relación con el articulo 115 del mismo cuerpo legal, quedando debidamente probado que le comunicaron al patrono la terminación del contrato, según nota de fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece.- 5. Mediante auto de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al Recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha tres de octubre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado HECTOR RENE MALDONADO, en su condición de representante procesal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERURBANO, SANTA BARBARA LTDA. “COTISBA”, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del abogado HECTOR RAMON TROCHEZ V., en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- De conformidad con lo establecido en los artículos 764 literal a) y 765 del Código del Trabajo, el recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo y/o seguridad social, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica sustantiva laboral una resolución judicial definitiva amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, esto último en consonancia con el artículo 303 párrafo 2°) de nuestra Constitución Política; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del Derecho Laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello, como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la Ley. Es por tales razones que la demanda casacional en el ámbito del trabajo y de la seguridad social requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el abogado MIGUEL ANGEL ALVARADO PINEDA, en su primer motivo de casación expresa: “Infracción Directa del artículo 114 letra f) del Código de Trabajo, en relación con el artículo 115 del mismo cuerpo legal.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o., párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA Esta Suprema Corte tiene establecido que para que se produzca la Infracción directa de la ley sustantiva es necesario que sea clara la Ley, de modo que su interpretación no ofrezca dudas; que el fallador le haya dado o reconocido en su sentido exacto y que a pesar de ello la sentencia esté en contradicción con la Ley, por el motivo siguiente: PORQUE APLICO CORRECTAMENTE LA LEY CONSIDERADA EN SI MISMO, pero a un hecho inexistente en los autos o no demostrado en Juicio, así mismo para que se configure la infracción de Ley por error de hecho en la apreciación o falta de apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: 1.- Debe existir una mala apreciación o UNA FALTA DE APRECJACION DE LA PRUEBA; 2.- Esa mala o falta de apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría frente a una cuestión diferente; 3.- Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley substantiva y 4.- El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría en la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en el juicio.- EXPLICACION DEL MOTIVO El artículo 114 del código de trabajo establece: Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto: a)....; b)....; c)....; d)....; e)....; f) no pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley....g)....- Igualmente el artículo 115 del código de trabajo establece que para que la terminación del contrato de trabajo por despido indirecto surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono.- La Corte Sentenciadora en la parte MOTIVADA de la sentencia que se recurre afirma: “Que los trabajadores en fecha 29 de Agosto del año dos mil trece (2013), enviaron oficio al presidente de dicha empresa, donde se le ponía en conocimiento, que se daban por terminado el contrato de trabajo por causas justas que facultan a los trabajadores según el artículo 114 del código de trabajo”. Sin embargo, eso es absolutamente falso e ilegal, pues la supuesta comunicación de los actores al patrono para romper unilateralmente la relación laboral y que exige el artículo 115 del mismo código de trabajo NO fue comunicada personalmente por los trabajadores demandantes, sino que por interpósita persona distinta a los trabajadores, no obstante y a pesar de ello, en completa contradicción con la señalada norma sustantiva, la sentencia recurrida confirma el fallo de primera instancia y aunque si bien es cierto la Corte Sentenciadora en el fallo que se recurre aplica el artículo 114 del código de trabajo, lo hace a un Hecho Inexistente y No demostrado en el Juicio.- Lo cual claramente lleva al Juzgador a infringir la norma sustantiva citada y causarle un grave perjuicio económico a la demandada, al condenarla al pago de prestaciones sociales tomando en cuenta un despido indirecto ilegalmente.- Por lo tanto y estando evidenciada la Infracción Directa de la Ley sustantiva contenida en éste Motivo, es procedente la prosperidad del cargo y CASAR TOTALMENTE la Sentencia que se Impugna.”.- III.- Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido indirecto ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por lo cual no cabe el ataque al fallo por esa vía; y, b) En la explicación del cargo hace relación al material probatorio cuando seleccionado la senda de la violación directa no procede estimar el aspecto probatorio del juicio.- IV.- Que el Censor en el segundo motivo alega: “Infracción Indirecta del artículo 114 letra f), en relación con el artículo 115 a través de los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte actora y que aparecen a folios 21, 22, 127 y 128 de la primera pieza de autos, consistente en la supuesta notificación de despido indirecto hecho por una persona distinta a los trabajadores en fecha 29 de Agosto de 2013.- PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1o., párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo”.- V.- Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, no se encuentra ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resulta estimable el cargo que antecede.- VI.- Que el Impetrante de forma subsidiaria solicita se declare la nulidad de la sentencia recurrida, basado en lo siguiente: “Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: En primera instancia el artículo 212 del código procesal civil establece en cuanto a la nulidad: “Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes: 1....); 2....); 3).... 4. “Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión”...; 5)....; 6).- Igualmente el artículo 213 del mismo cuerpo legal establece: 1. Los actos procesales que contengan irregularidades serán anulables a instancia de parte, siempre que no sea posible subsanarlos. 2....) y 3)........- En el presente juicio tal y como está demostrado en autos se ha prescindido reiteradamente de normas esenciales de procedimiento tal y como lo exponemos a continuación: PRIMERO: Consta en los autos de la primera pieza específicamente a folios 84 y 85, que la parte demandada propuso en la contestación de la demanda las excepciones perentorias de prescripción y de falta de acción y derecho para demandar, las cuales según el artículo 706 del código de trabajo deben resolverse en la sentencia definitiva, sin embargo, tanto en la sentencia de primera instancia de fecha once de Junio, así como en la sentencia de segunda instancia de fecha veintidós de Julio ambas del año 2014, tanto el juzgado como la corte OMITEN el pronunciamiento sobre estas dos excepciones perentorias, por lo tanto, tal omisión violenta flagrantemente el procedimiento y consecuentemente el artículo 90 de la constitución de la república. SEGUNDO: Consta así mismo a folio 143 vuelto de la misma primera pieza, que la parte demandada propuso un incidente de tachas contra los testigos propuestos por la parte actora, tachas que según obra en la referida acta fueron diferidas para ser resueltas en la sentencia definitiva, sin embargo, igualmente a lo sucedido con las excepciones perentorias opuestas por parte demandada, tanto el juzgador de primera, como el de segunda instancia omitieron pronunciarse sobre dichas tachas, en tal sentido es evidente que tal omisión se convierte en una grave violación al debido proceso, por consiguiente la omisión en el pronunciamiento de sobre una cuestión planteada conculca el derecho de mi representada, ya que no ha sido juzgada con las formalidades, derechos y garantías que la constitución y la ley establecen.- TERCERO: Existe así mismo la nulidad absoluta de las actuaciones en el presente juicio, en virtud de que tal y como consta a folios 142 de la primera pieza, el juez de primera instancia violento flagrantemente lo establecido en el artículo 757 del código de trabajo, al admitir ilegalmente después de haberse celebrado la primera audiencia de tramite medios de prueba documentales a la parte actora.- CUARTO: Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 245 del Código de Procesal civil, supletorio en materia laboral al tenor de lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo en relación a la valoración de la prueba dice: “1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución. - La sentencia que hoy se recurre ha hecho una valoración arbitraria y acomodada a los intereses de la parte actora de la supuesta notificación de despido indirecto que obra a folios 127 y 128 de los autos de la primera pieza, al darle una valoración distinta a la que se desprende del texto de la misma, ya que la supuesta nota de despido indirecto en el caso de lo que fuera, no fue hecha personalmente por los actores, sino por una persona distinta a ellos, por lo tanto, la misma no tiene ninguna validez legal, ya de conformidad con el artículo 115 del código de trabajo la notificación del despido indirecto debe hacerla personalmente el trabajador personal, en relación directa con ello, el artículo 20 letra a) del código de trabajo establece que uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es la actividad personal, en consecuencia, al no haber actuado personalmente los actores, la acción del despido es nula, con el agravante de que los actores no probaron en juicio las supuestas causas que pudieron haber tenido para darse por despedidos, por lo tanto, al darle un sentido distinto al que realmente se desprende de su contenido el ad quem ha hecho una valoración arbitraria del mismo, no siendo válido por ningún punto el hecho de la libre apreciación de las pruebas en el presente caso, pues la arbitrariedad señalada está más que probada, en tal sentido y siendo congruente con resoluciones anteriores emitidas por esta honorable Corte Suprema y que constan a manera de jurisprudencia en el expediente 428-09, procede en forma subsidiaría la nulidad de la sentencia que se hoy conoce en casación y se solicita a este supremo tribunal la declare con lugar, pues resulta evidente que mi representada no ha sido juzgada con todas las garantías de un debido proceso”.”.- VII.- En relación a la nulidad solicitada la misma resulta improcedente, toda vez que el Recurrente pudo haber expuesto la situación jurídica alegada en una de las causales o motivos del presente recurso de casación, como tampoco se advierte que la violación al procedimiento señalada haya afectado el criterio judicial fundado a través de la libre formación del convencimiento, en consecuencia no puede prosperar tal pretensión, por respeto de los principios que rigen la materia procesal del trabajo, entre ellos los de celeridad y economía procesal.- VIII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y declararse sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA:

  1. DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de abril del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha trece de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 384-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL