Sentencia CL-372-14 — Registro 5688
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, derechos adeudados y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en virtud de un despido directo, ilegal e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 16 de julio de 2014, que reforma la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha 14 de mayo de 2014, la cual, ha omitido pronunciamiento respecto los derechos adquiridos del trabajador, tales como vacaciones y salarios adeudados, los cuales le corresponden al mismo independientemente de la forma en que termine la relación de trabajo, violentándose por ello el principio y deber de congruencia, al no resolverse todas las pretensiones oportunamente deducidas y los puntos litigiosos objeto del recurso, debiendo únicamente subsanar dicha omisión.- VIII. Las sentencias que han de resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo, la motivación insuficiente por parte del Juzgador en el fallo impugnado, con evidente carencia de congruencia en el mismo provoca nulidad.- IX.Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de octubre de dos mil catorce, por el abogado DANIERY ENRIQUE MATUTE LOPEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, derechos adeudados y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en virtud de un despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de febrero de dos mil trece, por el señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, colombiano y de este domicilio, contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO, por medio de su representante legal, señor ROBERTO CUEVAS GARCIA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán de fecha catorce de mayo del año dos mil catorce así: a) REVOCANDO TOTALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos promovida por el señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, en consecuencia DECLARA SIN LUGAR la demanda promovida por el señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcionales, pago del valor de pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga Colombia para él y su familia, aportes institucionales al Plan de Jubilaciones de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCA TOTALMENTE EL NUMERAL TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto condena a la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO, por medio de su Rector y representante legal señor Roberto Cuevas García al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, valor de los pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga Colombia para él y su familia, pago de los aportes institucionales del plan de jubilación y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia ABSUELVE a la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO, a través de su Rector y Representante Legal el señor ROBERTO CUEVAS GARCIA, de pagarle al señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, valor de pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga, Colombia para él y su familia, pago en concepto de aportes institucionales del Plan de Jubilación, así mismo lo ABUELVE del pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; c) CONFIRMA TOTALMENTE los numerales primero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada…”;que el a quo en la parte resolutiva de la sentencia en el numeral primero declaró sin lugar el incidente de tacha opuesto por el representante procesal de la parte demandante contra los testigos Cinthia Brenes, Héctor Flores, Mauricio Matamoros, Raúl Zelaya, Roger Castillo, Melvin Alvarado y Dini Belinda Fiallos, y en el numeral cuarto declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de aportaciones personales e institucionales a la Junta de Apoyo Mutuo de Zamorano, compensación de vivienda, aportaciones al RAP-FOSOVI y seguros médicos de accidente y de vida instaurada por el señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, contra la demandada, en consecuencia, ABSOLVIÓ a la demandada de pagar al demandante dichos conceptos, sin costas en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo en fecha 6 de junio de 1984, como Técnico Docente de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano; en el mes de agosto de 1987, la demandada le concedió permiso y avaló una ayudantía financiado por los proyectos del Zamorano y la Universidad de Florida, reincorporándose inmediatamente a inicios del mes de noviembre de 1989; en el año de 1994 nuevamente la demandada le brindó otra ayudantía para continuar especializándose en beneficio del Zamorano, para estudiar en la Universidad de Cornell, Estados Unidos de Norteamérica, finalizando estudios en el mes de febrero de 1998 y reincorporándose a inicios del mes de marzo de 1998 hasta el 14 de diciembre de 2012, día en que fue despedido injustamente, desempeñándose hasta ese momento como Coordinador Regional del Programa de Manejo Integrado de Plagas para América Central “PROMIPAC” y Profesor de Fitoprotección; el demandante en fecha 11 de diciembre de 2012, fue llamado a la Dirección de Recursos Humanos de Zamorano, para una audiencia de descargo referido a una nota informal que la demandada recibió el 30 de noviembre de 2012, y que hace llamar “reporte”, enviada por quien en ese momento de la audiencia ya es un ex alumno, y quien no estuvo presente al momento de la audiencia por esa condición sin producirse un proceso contradictorio, dicha nota está relacionada a una situación privada y personalísima sucedida entre él, la compañera de hogar y el demandante, y que la demandada ha confundido y tergiversado erróneamente e invadió ese espacio personal y privado de las comunicaciones telefónicas del demandante, sin previa autorización judicial, haciendo caso y utilizando argumentos falsos de la nota, en forma maliciosa por la oficina de personal de Zamorano; resulta que el día 14 de diciembre de 2012, la Escuela Agrícola Panamericana le entregó al demandante una nota de despido, sin cumplir los formalismos de Ley, en la cual se le comunicó que la demandada a partir de esa fecha y habiéndose cumplido con los procedimientos legales aplicables, había decidido dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo suscrito con ellos, sin responsabilidad para el Zamorano, en virtud de haber constatado las causas justas que lo facultan para tal fin, basando el despido en una acta levantada sin las solemnidades formales, despido pobremente fundamentando, por lo que se ha visto el demandante en la necesidad de ejercer su derecho constitucional y legal de acudir a los Tribunales de la República para demandar, por despido ilegal e injustificado.- 2. La parte demandada, la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO, contestó dicha demanda señalando que la primera relación laboral que tuvo el demandante con la demandada consta en el contrato individual de trabajo que él suscribió el 22 de junio del año 1984, por un periodo de un año, prorrogable a voluntad de las partes por períodos iguales, este contrato tuvo una duración de tres años y terminó por renuncia del demandante el 20 de mayo de 1987, efectiva el 15 de julio del mismo año, ya que él iniciaría estudios de maestría, por el cual se le hizo la liquidación correspondiente a sus derechos laborales; el 1 de noviembre de 1989 se firmó un nuevo contrato de trabajo por el periodo de un año y en ese entonces el ingreso de ciudadanos colombianos al país se hacía mediante visas consultadas por existir restricciones para dichos extranjeros, pero que en el caso de que fueran contratados por la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA no necesitaban permiso especial, bastando para ello la presentación del pasaporte en el Consulado, razón por la cual la demandada con fecha 20 de octubre de 1989 envió al entonces señor Cónsul de Honduras en Colombia una solicitud para que se concediera visa al demandante pues se le había contratado para desempeñar el cargo de Sub-Jefe del Departamento de Protección Vegetal y Catedrático de Entomología, con lo que se evidencia que el demandante ni siquiera estaba en el país, la relación de trabajo referida en el numeral anterior se dio por terminada el 31 de agosto de 1994, en ese entonces se le pagaron al demandante los derechos correspondientes; en el mes de octubre de año de 1999 el demandante presentó ante la demandada una solicitud de empleo, considerando la demandada en ese entonces la labor que en años anteriores había desempeñado el señor Alfredo Antonio Rueda Pinzón, procediendo a contratarlo con fecha de inicio de labores el 1 de octubre de 1999; con fecha 31 de diciembre de 2008, por acuerdo entre las partes se convino en el pago de los derechos de auxilio de cesantía a favor del primero, en dicho convenio se acordó en forma voluntaria pagarle al señor Rueda Pinzón anticipadamente el sesenta por ciento (60%) de su derecho de auxilio de cesantía desde el inicio de la relación laboral que data del 1 de octubre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2008, el cual fueron pagados el 27 de enero de 2009, considerando la terminación de la Fase III (2004-2008) del proyecto PROMIPAC en la fecha antes mencionada, en el mismo convenio Alfredo Antonio Rueda Pinzón exoneró a la demandada de cualquier reclamo presente, pasado o futuro que pudiera derivarse del pago del porcentaje del derecho de auxilio de cesantía y del reconocimiento por lealtad y productividad antes mencionadas; de lo anterior resulta que es falso lo que el demandante afirma, al señalar que su relación de trabajo con la demandada es desde el año 1984 pues aunque ha sido contratado en varias ocasiones, se ha producido una interrupción con espacio de tiempo suficiente para no considerarla como una relación de trabajo ininterrumpida; es de fácil apreciación con los hechos y evidencia expuesta que la decisión tomada por la demandada de poner término al contrato de trabajo con el ahora demandante está más que justificada ya que la falta grave es evidente, pues no puede permitir que un profesor abuse de su puesto y de su posición de superioridad con un estudiante para exigirle obligaciones ajenas a la relación profesor-estudiante y presionarlo para que cumpla con las mismas, utilizando para ello los instrumentos de trabajo que la Escuela Agrícola Panamericana le ha proporcionado exclusivamente para el cumplimiento de sus deberes, pues al contrario, de permitir esa situación anómala la demandada se habría convertido en cómplice de esas anomalías apañándolas con perjuicio para sus estudiantes y para el prestigio de la institución misma.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el Incidente de Tacha opuesto por el Representante Procesal de la parte demandante contra los testigos Cinthia Brenes, Héctor Flores, Mauricio Matamoros y otros; declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos interpuesta por el señor Alfredo Antonio Rueda Pinzón, contra la ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO; condenó a la demandadaapagarle al demandante la cantidad de $182,957.11, o su equivalente en lempiras desglosados así: preaviso: USD12,375.74; auxilio de cesantía: USD74,254.44; auxilio de cesantía proporcional USD5,895.60; vacaciones pendientes: USD9,900.55; décimo cuarto mes proporcional USD2,416.27;más el valor de pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga Colombia para él y su familia cubriendo la tarifa mas económica de treinta días; dicha cantidad será cancelada al momento de la liquidación de los salarios dejados de percibir y de acuerdo al precio establecido en el mercado en el mes que se efectué la liquidación; mas la suma de USD57,036.72en concepto de aportes personales e institucionales al plan de jubilaciones; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de aportaciones personales e institucionales a la Junta de Apoyo Mutuo de Zamorano; compensación de vivienda, aportaciones al RAP-FOSOVI y Seguros Médicos de Accidente y de Vida promovida por el demandante; en consecuencia, absolvió a la demandada del pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que en la audiencia continuación de segunda de trámite de fecha veintinueve de julio del dos mil trece, en la que se practicó el medio de prueba testifical admitido a la parte demandada, el representante procesal de la parte demandante opuso Incidente de Tacha en base al articulo 736 del Código del Trabajo contra los testigos Cinthia Brenes, quien forma parte de la administración de la demandada; Héctor Flores, Gerente de Recursos Humanos; Mauricio Matamoros, Jefe de Informática, Raúl Zelaya, Decano Académico, Roger Castillo, Decano Asociado de Estudiante; Melvin Alvarado, Jefe de Compras y Dini Belinda Fiallos, ex compañera de hogar del demandante, ya que ellos pueden tener interés directo en el juicio, según lo establecido en el literal b) del articulo 312 del Código Procesal Civil, extremo que acredita con el medio de prueba Documental, seguidamente el Representante Procesal de la parte demandada dio contestación al Incidente de Tacha, rechazándolo, por infundado, ya que en materia laboral ser compañeros de trabajo Directivos de la demandada en materia laboral no procede este Incidente, ya que son ellos los que conocen como se suscitaron los hechos, estos testigos son los que participaron con lo sucedido en el Zamorano. El artículo 41 del Código del Trabajo establece que los testigos pueden ser trabajadores al servicio del patrono, en este caso el patrono de ellos es la Escuela Agrícola El Zamorano; en vista de lo anterior este Juzgado estima que el Incidente de Tacha opuesto por el Representante Procesal de la parte demandante contra dichos testigos resulta improcedente; dentro de los hechos alegados por la parte demandante en su escrito de demanda específicamente en el hecho cuarto expresa: Que en fecha 14 de diciembre del año 2012la Escuela Agrícola Panamericana le entregó una nota de despido sin cumplir los formalismos de Ley y basándose el mismo en una acta levantada sin las solemnidades formales, es decir un despido pobremente fundamentado, en razón de la cual la suscrita procede a realizar el respectivo análisis de la nota de despido que ha relacionado la parte demandante (ver folio 7 de los autos), aconteciendo lo siguiente: que efectivamente en dicha nota le expresan al demandante que las causas justas que facultan al patrono para despedirlo son los que constan en los hechos establecidos y reconocidos por su persona en el Acta N° 30-12 de fecha 11 de diciembre de 2012; también es de hacer notar que en el contenido transcrito en la nota de despido se le señala de haber cometido un acto inmoral y grave violación a las obligaciones especiales que incumben al trabajador, como consecuencia de no observar buenas costumbres y conducta durante el servicio, así como el hecho de no realizar personalmente su labor en los términos estipulados, no observar los preceptos del Reglamento de Trabajo y regulaciones del Proyecto Especial de Graduación y otra serie de causales inherentes a su labor en la Escuela Agrícola Panamericana; por lo que es visto y analizado su contenido se desprende que en ninguna parte del texto que contiene el despido del demandante se le señala, día, mes y hora en que supuestamente sucedieron esa serie de causales que dieron origen para su despido, lo que implica que el despido alegado se vuelva injusto e ilegal, al haberse violentado el artículo 117 del Código del Trabajo, ya que de conformidad con dicha disposición la parte que termina unilateralmente el Contrato de Trabajo debe comunicar a la otra el motivo que tuvo para dicha terminación, en virtud de lo anterior procede declarar con lugar la demanda de mérito; en relación a los aportes personales e institucionales a la Junta de Apoyo Mutuo de Zamorano procede declarar sin lugar el mismo ya que en fecha 18 de marzo del año 2013 la parte demandada contestó la demanda y consignó el cheque número 53166046 de fecha 15 de marzo del año 2013, por un monto de L.53,290.54, mismo que fue entregado al demandante en fecha 10 de septiembre de 2013; en cuanto a la compensación de vivienda por USD1,000.00 mensual procede declarar sin lugar el mismo ya que no constituye salario tal y como lo señala el articulo 362 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de revocar totalmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos promovida por el señor Alfredo Antonio Rueda Pinzón, en consecuencia declara sin lugar la demanda en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcionales, pago del valor de pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga Colombia para él y su familia, aportes institucionales al Plan de Jubilaciones de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; revocando totalmente el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto condena a la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, EL ZAMORANO, del pago de los conceptos antes mencionados, en consecuencia, absuelve a la demandada del pago a favor del demandante por dichos conceptos; confirmando totalmente los numerales primero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso, se pudo establecer plenamente que el demandante efectivamente enviaba correos electrónicos al señor José Castillo Rosales, presionando a éste último para que pagara la deuda, utilizando el correo electrónico que le proporcionó la institución demandada para realizar su trabajo, es decir para utilizarlo en labores educativas y pedagógicas, utilizando su condición de docente y encargado de tesis, para presionar al señor José Castillo Rosales para que le pagara USD400.00 que el demandante había pagado según él a la policía; que es una de las obligaciones del trabajador, observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio y dentro de las prohibiciones se encuentra la de utilizar los útiles o herramientas suministrados por el patrono para objeto distinto de aquel a que están normalmente destinados; Este Tribunal no comparte el criterio de la Juez A Quo, en el sentido de que declara con lugar la demanda porque la nota de despido no dice la causal y no lo comparte porque en primer lugar, los acontecimientos por los cuales se despide al demandante fueron en diferentes fechas y lugares y en segundo lugar, no podemos hablar de indefensión, porque de la simple lectura de la demanda se deduce que el trabajador no desconoce la causal por la cual se le despidió, es más señala que las causales que las describe no son justas, además se le siguió un proceso de audiencia de descargo por las mismas causales que le señalan en la nota de despido; la parte demandante también solicita en su demanda el pago de aportaciones del plan de retiro, lo cual es procedente declarar con lugar únicamente con respecto a las aportaciones que ha hecho al sistema el demandante no así las de la institución pues éstas corresponden al sistema de jubilaciones de los empleados de la institución; la parte demandante de igual manera solicita el pago de pasajes de vacaciones de Tegucigalpa a Bucaramanga Colombia, para él y su familia y los gastos de repatriación a Bucaramanga, Colombia, los cuales a criterio de Este Tribunal también es procedente declararlas sin lugar, en virtud de que conforme la prueba documental presentada, consistente en el Manual de Políticas de la Escuela Agrícola Panamericana, establece que si bien es cierto el empleado, su esposa e hijos menores de 18 años tiene derecho a pasajes, pero también se establece que los pasajes no utilizados no podrán ser sustituidos por su valor en efectivo, ni podrán ser acumulados en caso de no ser utilizados.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado DANIERY ENRIQUE MATUTE LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de octubre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado DANIERY ENRIQUE MATUTE LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor ALFREDO ANTONIO RUEDA PINZON, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSÉ TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. El impetrante en este Recurso Extraordinario de Casación, alega nulidad subsidiaria en la cual aduce que: “Consta en autos de la segunda pieza, en los folios del cuatro hasta el trece en los cuales está plasmada la audiencia de alegaciones del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, de fecha 14 de mayo de 2014, y que al dictarse sentencia por la Corte de Apelaciones del Trabajo que consta a folios del 15 hasta el 18 se puede deducir que no cumple con el formalismo requerido por las siguientes razones: 1. Que el Tribunal sentenciador no se pronunció sobre la apelación interpuesta por la parte demandante, violentándose así el derecho de petición consignado en el Artículo 80 de la Constitución de la República y relacionado con el Artículo 200.d del Código Procesal Civil desarrollado adjetivamente y aplicado supletoriamente en este caso, al no haberse respondido a la acción solicitada, al no establecer en su sentencia ninguna consideración motivada al respecto, ni falla denegando o aprobando la apelación solicitada. Situando la acción del demandante en un limbo procesal, afectando gravemente la construcción del silogismo lógico jurídico aplicable que debió ser aplicado. La Sentencia apelada vulneró el derecho del demandante, de obtener una resolución sobre el fondo de las cuestiones planteadas, y, con ello, su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 80 de la Constitución de la República). Con la Sentencia se dejó de conocer íntegramente lo solicitado por el demandante recurrente en el recurso de apelación interpuesto, tanto contra la apelación parcial del fallo de primera instancia que había dejado de pronunciarse respecto a las integridad de las contraprestaciones debidas, no se pronuncia sobre los derechos adquiridos, ni tampoco entró en el análisis de lo pedido en la apelación de la parte demandante, incurriendo en una grave incongruencia omisiva y en una motivación arbitraria, evidenciándose en el fallo que el Tribunal de apelación sólo se pronunció sobre lo alegado por la parte demandada, eludiendo completamente el pronunciarse sobre lo solicitado por la parte contraria, sin que pueda apreciarse que por lo menos se haya dado aunque sea una respuesta tácita. La Incongruencia omisiva (ex silentio) se produjo cuando ante la pretensión relevante y debidamente planteada ante el Tribunal de Apelaciones, no ha sido respondida de manera alguna, ni siquiera tácita por parte del Tribunal de Apelaciones, guardando silencio al respecto, no fundamentando acerca de las pretensiones formuladas, dejando la duda de sí la pretensión ha sido desestimada o que si por error, inadvertencia o cualquier otra circunstancia el Tribunal de Apelaciones no ha fallado sobre lo solicitado, por lo tanto lo que se ha producido es una denegación de justicia, ya que el Tribunal de Apelación no debió eludir pronunciarse de fondo, a favor o en contra, sobre los motivos aducidos por la parte demandante para fundamentar en su petición, produciéndose con la omisión una restricción desproporcionada y contraria al principio pro actione del derecho fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva en su acceso a la justicia. Por lo anterior esta Sala Laboral-contencioso administrativo, debe anular el presente fallo ya que el Tribunal sentenciador tampoco se pronunció en su fallo por los derechos adquiridos por el demandante, durante el tiempo de su relación laboral y que por Ley deben ser pagados y expresados en la parte resolutiva del fallo, derechos establecidos constitucionalmente en el artículo 128, numerales 4, 8 y 10 de la norma primigenia, 349, 863 y 867 del Código del Trabajo; 9, 10, 12 13 y 15 del Decreto 112 de 1982 que contiene la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo y su reformas por los Decretos 178-86 y 179-97; artículo 34 del Decreto 135- 94 que contiene la Ley de Reestructuración de los Mecanismos de Ingresos y la Reducción del Gasto Público, el Fomento y la Compensación Social, que establece el pago del Décimo cuarto Mes de Salario, y para garantizar su protección, los mismos no pueden ser desconocidos, vulnerados ni ignorados por disposiciones u omisiones posteriores a su adquisición; por lo tanto, la omisión de expresión en fallo no debería tener efectos retroactivos en este caso, tal como se desprende del fallo, respecto a los derechos adquiridos del demandante, que habían entrado ya definitivamente en su patrimonio, formando parte de él y que no puede ser quitado por aquel de quien se adquirieron, ya que se le está desconociendo una situación jurídica creada y consolidada de manera anterior. El fallo, que es ley, en este caso particular, al no expresarse sobre los derechos adquiridos dejó abierta la vía de que en su ejecución se desconozcan esos derechos adquiridos, que debieron ser respetados y dejarlos intactos en un fallo claro y preciso; ya que en la circunstancia actual el fallo gravemente trasformó esos derechos adquiridos en simples expectativas que pueden ser destruidas por la simple voluntad de quien está obligado a cumplir el fallo, ya que tales derechos adquiridos ya no se constituyen en eso, ni siquiera en derechos eventuales, siendo transformados por el fallo en situaciones de hecho, por lo tanto quedaron jurídicamente desprotegidos. Estos derechos adquiridos debieron ser protegidos por el Tribunal de Apelaciones, pronunciándose claro y preciso sobre los mismos; sin embargo con su omisión en fallo se le está privando al demandante de un derecho con el que estaba definitivamente investido, pero con el fallo omisivo se ha desamparado la garantía de necesidad de seguridad de los derechos adquiridos. Sabemos que los derechos adquiridos son facultades legales, en una situación jurídica concreta, que deben ser ejercidas legalmente de manera regular: es el derecho perfecto, nacido por haberse íntegramente verificado las circunstancias del acto idóneo; sin embargo el mismo no puede ser consumado enteramente debido al fallo omisivo, ya que esa situación jurídica concreta pasó a ser abstracta, pasó a ser una simple expectativa. Ante esta situación, queda en evidencia que el fallo del Tribunal de Apelaciones omitiendo pronunciarse sobre los derechos adquiridos del demandante no debió perjudicar los mismos. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se declare la nulidad del fallo dictado por la Corte de Apelaciones acusada.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 16 de julio de 2014, que reforma la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha 14 de mayo de 2014, la cual, ha omitido pronunciamiento respecto los derechos adquiridos del trabajador, tales como vacaciones y salarios adeudados, los cuales le corresponden al mismo independientemente de la forma en que termine la relación de trabajo, violentándose por ello el principio y deber de congruencia, al no resolverse todas las pretensiones oportunamente deducidas y los puntos litigiosos objeto del recurso, debiendo únicamente subsanar dicha omisión.- VIII. Las sentencias que han de resolver las cuestiones planteadas, acordes con el principio de congruencia, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que representa el fallo, la motivación insuficiente por parte del Juzgador en el fallo impugnado, con evidente carencia de congruencia en el mismo provoca nulidad.- IX.Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 16 de julio de 2014, visible a folios 15 al 18 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado JOSÉ TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. SECRETARIA ADSCRITA”.
Extendidas en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 372-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL