Sentencia CL-363-14 — Registro 5003
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir;segunda instancia confirmó con lugar la demanda
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción y falta de acción para demandar, opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiun dias del mes de julio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha catorce de octubre de dos mil catorce, por el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiocho de julio de dos mil once, por la señora GRACIA MARÍA VALLADARES LOPEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal, señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Periodista, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GRACIA MARÍA VALLADARES LOPEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); en consecuencia, CONDENÓ a la institución demandada a reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando al momento de la terminación de la relación laboral, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que se cumpla con la reinstalación de la misma, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, y demás derechos; declaró SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción de la acción y falta de acción para demandar, con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada en fecha 7 de julio de 2007, mediante contratos individuales de trabajos sucesivos celebrados dos o más veces en el mismo año, y otros, año con año, laborando en forma continúa hasta el 8 de julio del 2011, desempeñándose en forma continua y sin interrupción como Secretaria de la Jefatura de la oficina regional del Instituto de la ciudad de San Pedro Sula, permaneciendo en dicho puesto de trabajo por más de 4 años hasta la fecha del despido injusto; que todos y cada uno de los contratos que firmó la demandante durante todo el tiempo que mantuvo la relación de trabajo fueron para labores permanentes o continuos, por la razón de que los trabajos para los cuales fue contratada, por su naturaleza son continuos y no desparecían ni han desparecido al finalizar los contratos, por lo que por naturaleza son subsistentes e inherentes a las actividades del instituto; por lo tanto, celebrados así los contratos, entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo, se entienden celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se señalen fecha de terminación, de conformidad con nuestro derecho laboral y jurisprudencia; sin embargo, la demandada al momento de impedir la continuidad de la relación de trabajo, desatendió el fenómeno de la prorroga tácita del último contrato por tiempo fijo, lo que ha dado lugar a la permanencia o continuidad de la relación de trabajo, como bien se ha señalado la jurisprudencia nacional laboral.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que se ha actuado en aplicación de las atribuciones y por razón de la facultad potestativa de la administración en el caso que nos ocupa, se determinó que la actividad por la cual se le contrató a la demandante fue de manera temporal, es así porque los contratos que se suscribieron tienen una fecha de terminación, ya que dicha contratación no se encontraba dentro de la Estructura Presupuestaria del INJUPEMP, tal como es el caso de los empleados permanentes, por tal razón ya no se le otorgó un nuevo contrato, acción que no producía para el Instituto ninguna responsabilidad laboral y mucho menos está obligado a cumplir con todas las pretensiones de la presente demanda, aun y cuando le haya otorgado diferentes contratos y subsista la actividad que desempeñaba por la naturaleza misma de la contratación de acuerdo al artículo 26 del Reglamento Interno de Trabajo era de manera temporal y con tiempo definido, llegando dichos contratos al término de la finalización de la prestación de los servicios; de las respetivas fechas en que se debió haber reclamado por la demandante los correspondientes derechos individuales, se colige que en fecha 10 de enero de 2011, ese derecho prescribió por lo que procede precisamente la excepción perentoria interpuesta, pues aun tomando como referencia, la fecha de vencimiento del primer contrato individual de trabajo que por tiempo determinado o temporal celebró la trabajadora con el instituto, resulta que aun así gozaban de solamente dos meses para reclamar la existencia de un contrato por tiempo indefinido, dos meses que al reclamar ante las autoridades administrativas del trabajo y al 28 de julio de 2011, fecha en que se presentó la demanda, eran ya vencidos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Gracia María Valladares Lopez, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); condenó a la institución demandada a reintegrar a la demandante al cargo que venía desempeñando al momento de la terminación de la relación laboral, más el pago de los salarios dejados de percibir, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes y demás derechos; declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción y falta de acción para demandar, con costas; bajo el criterio que la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción y del derecho para demandar, basada en el hecho que la demandante gozaba una vez contratada del plazo de dos meses para demandar el reconocimiento por tiempo indefinido, si la naturaleza de las labores que realizaba han sido de necesidad permanente en el Instituto, de conformidad con lo prescrito en el artículo 867 del Código del Trabajo ese plazo jamás fue interrumpido; que en relación a la excepción de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, este Tribunal considera que hay derechos que la reconoce por el transcurso del tiempo, en el presente caso el derecho a reconocer que un contrato se considere celebrado por tiempo indefinido aunque se haya pactado fecha de terminación lo otorga la ley según dispone el artículo 47 del Código del Trabajo; lo que significa que el hecho que la demandante se haya mantenido laborando continuamente y sin interrumpir la relación laboral, en vez que su derecho prescriba como lo pretende el demandado, su derecho se convirtió en adquirido y el derecho a accionar nace precisamente cuando la demandada pretende vulnerar o desconocer sus derechos a permanecer en el trabajo invocando como causal la terminación del contrato, que tal excepción no esta ajustada a derecho según lo establecido en los artículos 80 y 82 de la Constitución de la República.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la actividad contratada es requerida de manera permanente en la institución según es posible deducir de las contrataciones que ha ese efecto ha realizado la demandada para suplir su necesidad de cubrir el puesto de secretaria en la jefatura aparentemente regional pese a que en los últimos contratos la actividad en apariencia, se realizaría en las oficinas principales de la institución en Tegucigalpa, pero bajo la dirección y supervisión de la citada jefatura regional de San Pedro Sula, así se establece del contenido del contrato en cuanto al lugar y las obligaciones permanentes al puesto; no obstante, la asignación presupuestaria para el pago de salarios es de la partida N° 121-00 (f.84); que en tales circunstancias, la finalización del contrato según su propio texto, es posible por la reducción de la estructura presupuestaria, pero no ha sido ésta la causa por la cual la demandada ha dejado de contratar a la trabajadora demandante; aunque la demandada administrativamente no haya adecuado presupuestariamente su planilla de acuerdo a sus necesidades de funcionamiento, no existe evidencia en el caso en estudio que la contratación se deba a circunstancias transitorias o extraordinarias, que habiliten o justifiquen la contratación en esos términos, ya bien por acumulación de tareas, por exceso de demanda, por sustitución de un empleado permanente o por tareas temporales que hicieran necesaria la contratación, pues a ese fin es posible que a la estabilidad laboral se opongan estos trabajos o prestaciones ocasionales según lo concluye el Estudio General de Memorias del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo y de la recomendación 166 de la misma organización, y que resultan aplicables para efecto de ampliar la protección Constitucional a la estabilidad laboral por disposición del artículo 18 del Código del Trabajo, de la que existe línea jurisprudencial por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral - Contencioso Administrativo; la apelación se ha surtido en beneficio de la demandada, y de ella, lo relacionado por el apoderado actor en sus alegaciones en cuanto a los periodos y montos que al efecto establece por vacaciones y pago de decimotercero y decimocuarto mes de periodos anteriores y prescritos a la fecha de terminación, carece de sustento por cuanto, la facultad extra y ultra petita únicamente corresponde al a quo, y en ese sentido la pretensión actora para el reclamo por los citados conceptos se limitó a aquellos que se causen, y así se recoge en la parte resolutiva del fallo; en vista de las razones de hecho y de derecho que se han dejado expuestas, ese Tribunal de Alzada estima no atendibles las argumentaciones del recurrente, la naturaleza del vínculo que ligó a las partes es permanente y por ello se debe considerar por tiempo indefinido el contrato de trabajo, debiendo confirmarse la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de octubre de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSÉ DIONISIO SÁNCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II. Que el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: 1). CASA TOTALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA de fecha 26 de Junio del año 2014, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- 2). DECLARA SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral de REINTEGRO promovida por la señora GRACIA MARIA VALLADARES LOPEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Representante Legal Director Ejecutivo de la Institución Licenciado ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, en aquel entonces ahora dirigido por su Directora Interna MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- 3). ABSUELVE AL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), de toda responsabilidad laboral derivada de la demanda de que se ha hecho merito.- 4).CON COSTAS.- Y MANDA, que con Certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción de la acción y falta de acción para demandar, opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de julio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 363-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL