Sentencia CL-356-14 — Registro 5686
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro de la carga académica que impartía la demandante en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC) dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pago de los salarios dejados de percibir, costas del juicio,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que los Tribunales de alzada sirven como mecanismos de control jurisdiccional que de acuerdo a nuestro sistema de justicia sirven para subsanar los errores materiales o procesales cometidos por los tribunales de inferior grado. Es en ese sentido que se advierte que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en su sentencia de fecha 27 de junio del 2014, cuando condena en costas, lo hace totalmente alejada del principio de gratuidad que impera en materia laboral tal como lo establecen los artículos 17 y 117 del Código del Trabajo, máxime cuando se observa que no ha sido pretensión de ninguna de las partesQue las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Conviene aclarar que éste Tribunal ha sido del criterio que la gratuidad tampoco es un principio absoluto en la materia y que se avala la condena en costas, pero no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, específicamente en el principio de vencimiento, tal como lo deja en evidencia la Corte de Apelaciones en mención, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad, entre otros.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 217 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 218 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cuatro de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha uno de octubre de dos mil catorce, por el abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su condición de representante procesal de la señora SORAYA DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro de la carga académica que impartía la demandante en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC) dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pago de los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, por la señora SORAYA DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad, casada, Ingeniero Agroindustrial, hondureña y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rectora, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Departamento de Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, proferida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, departamento de Copán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora SORAYA DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH); CONDENÓ a la demandante al pago de costas que el presente juicio ocasione.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el 7 de febrero de 2005, desempeñándose como Catedrática de diferentes asignaturas en el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC); durante los últimos seis meses la demandante devengó un salario mensual de L.19,353.80, como profesor por hora de tres asignaturas como son: Métodos y Técnicas de Investigación, Tecnología de Productos Agroindustriales y Desarrollo de Productos Agroindustriales; en fecha 26 de agosto de 2013, mediante acta levantada por la inspectoría del trabajo se constató que la carga académica asignada a la demandante para este nuevo periodo académico se le asignaron únicamente las clases de: 1) Métodos y Técnicas de Investigación, y 2) Estrategias de Mercadotecnia Internacional, contrario a la carga académica que había venido impartiendo, en consecuencia se disminuyó el salario normal devengando; es de hacer mención que la disminución de la carga académica se efectuó al momento de estar disfrutando de licencia por periodo post natal y actualmente disfruta de la hora de lactancia lo cual también implica una infracción al artículo 135 del Código del Trabajo; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto, la demandante se ha venido desempeñando como Profesor por hora del Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC), no es menos cierto, que dicha carga académica de dos clases no es permanente, pues la misma no depende del coordinador del área, sino del índice de matricula existente, por lo que siendo profesor por hora estaba sujeta a dicho índice, además la carga académica de dos clases asignadas a la Ingeniera, no es reciente, sino que data desde el año 2011; la demandante aduce en su demanda que la demandada le disminuyó el salario normal, como un acto antojadizo de la misma, pero como se ha dicho anteriormente no depende de la demandada que no se haya asignado las horas de clases ni la carga académica, sino del índice de matricula existente, lo que da lugar a que la demandada hubiese contratado a la demandante, sin alumnado, por lo que incurriría en delito; que la demandantes agotó el trámite administrativo para el reintegro, tal y como se puede observar en la acta de cierre de diligencias extendida en fecha 30 de septiembre de 2013, al respecto ya el Código del Trabajo en su artículo 113 prescribe que el ejercicio del derecho es alternativo, puede el trabajador demandar el reintegro a su trabajo o en su defecto el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, en el caso que nos ocupa la demandante dirige su demanda para el “REINTEGRO DE LA CARGA ACADEMICA”, pero una cosa es, el reintegro de la persona que ha sido despedida y otra es la restitución de su carga académica, ya que la primera refiere a que ha habido un despido, ya sea directo o indirecto, legal o injusto, mientras que la segunda supone que el trabajador esta laborando con la institución y se le ha disminuido sus labores por X o Y circunstancia; en el caso que nos ocupa, la pretensión de la demandante deja en indefensión a la demandada pues no es especifica en la misma, ya que consigna en el acápite LO QUE SE DEMANDA, entre otras cosas que: “... se proceda al reintegro de la carga académica que impartía en el Centro Universitario Regional de Occidente…”, suponiendo la demandada que ella está laborando en la institución al momento de interponer su demanda, tal y como se probará en juicio; la demandante jamás se le violentó el derecho a su pre y mucho menos su post natal, pues aún y cuando no tenía carga académica se le pagó como si hubiera estado impartiendo clases.- 3. El Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Soraya de Jesús López López, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); condenó a la demandante al pago de costas que el presente juicio ocasione; bajo el criterio que se puede establecer con la fotocopia debidamente autenticada de la incapacidad dada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde se establece que la empleada estaba con incapacidad por maternidad, y es por esta razón que no se le asignó ninguna clase, ya que debía cubrirla un profesor a tiempo completo, este hecho también se prueba con la inspección hecha en la Universidad donde se constató que la misma recibió el salario correspondiente a ese periodo aun y cuando no se le dio una asignatura por estar incapacitada; con el acta de constatación de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece se establece que la propuesta académica para la ingeniera Soraya López fue de dos clases, para el tercer periodo académico asignándosele las materias Métodos y Técnicas de investigación, Estrategias de Mercadotecnia Internacional para el último periodo del dos mil trece; con el acuerdo 2217-2013 presentado por la parte demandada se probó que la hoy demandante al momento de interponer la presente demanda se encontraba laborando para la demandada impartiendo las clases antes mencionadas, que la categoría con la que esta contratada es de profesor por hora y que regularmente ha impartido dos materias por periodo académico, y en ocasiones tres, pero que eso depende de la matricula del centro universitario, tal como establece el Estatuto del Docente Universitario en su articulo 132 del Estatuto del Docente Universitario, constatándose con el reconocimiento judicial realizado en las instalaciones del Centro Universitario Regional de Occidente que no se le asignó la clase de tecnología de producción agroindustrial, porque no se abrió la misma por falta de matrícula, por lo que se comprueba que si bien se le disminuyó su carga académica esto fue por causas ajenas a la voluntad de su contratante, resultando imposible la apertura de una asignatura sin la matricula exigida; asimismo en ningún momento le fue vulnerado su derecho de post natal ya que aun sin impartir las clases se le pago.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, con costas; bajo el criterio que se estableció en juicio, que durante el primer período académico del año 2014, Soraya de Jesús López esta impartiendo dos materias (Estrategia de Mercadotecnia Internacional y Métodos y Técnicas de Investigación), y lo mas importante, que durante todo el tiempo que ella ha venido laborando como Docente Universitaria desde el año 2005, ha percibido el salario que de conformidad a la ley debe recibir, incluido el período que gozó de licencia por maternidad, tal y como se constató en el reconocimiento judicial efectuado en las Instalaciones Administrativas del Centro Regional de Occidente; ahora bien, la demandante solicita el “reintegro de su carga académica”, pero sabemos que la figura laboral de “reintegro”, esta diseñado en el proceso laboral para todo aquel trabajador que es despedido de manera injustificada pueda emplazar a su patrono a efecto de que le pruebe la justa causa de despido y en caso de no lograrlo, bien puede pedir el pago de las indemnizaciones laborales o solicitar el reintegro a su trabajo en iguales o mejores condiciones que las que tenia al momento de su despido y se le paguen los salarios dejados de percibir durante el tiempo no trabajado, según lo establece el artículo 113 del Código del Trabajo; en el caso de autos se ha probado que Soraya de Jesús López no ha sido objeto de despido alguno, al contrario, ha seguido desempeñándose como Docente Universitaria desde el año 2005 a la fecha (se resuelve en el mes de Junio de 2014) de manera ininterrumpida, recibiendo el salario que le corresponde en razón de las clases que se le asignan en cada periodo académico de la Universidad Nacional, entonces, el “reintegro” solicitado es improcedente.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO, en su condición de representante procesal de la señora SORAYA DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha uno de octubre de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado JORGE LUIS DUBON PORTILLO, en su condición de representante procesal de la señora SORAYA DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que los Tribunales de alzada sirven como mecanismos de control jurisdiccional que de acuerdo a nuestro sistema de justicia sirven para subsanar los errores materiales o procesales cometidos por los tribunales de inferior grado. Es en ese sentido que se advierte que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en su sentencia de fecha 27 de junio del 2014, cuando condena en costas, lo hace totalmente alejada del principio de gratuidad que impera en materia laboral tal como lo establecen los artículos 17 y 117 del Código del Trabajo, máxime cuando se observa que no ha sido pretensión de ninguna de las partes.- VII. Conviene aclarar que éste Tribunal ha sido del criterio que la gratuidad tampoco es un principio absoluto en la materia y que se avala la condena en costas, pero no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil, específicamente en el principio de vencimiento, tal como lo deja en evidencia la Corte de Apelaciones en mención, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad, entre otros.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17, 666 letra c), 717, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, de fecha 27 de junio del 2014, visible a folios 09 al 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 356-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL