Sentencia CL-349-14 — Registro 5020
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el cumplimiento al punto de acta número 6.1.8 consistente en el pago del reajuste por concepto de la tasa inflacionaria anual que emite el Banco Central de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita nulidad de la sentencia recurrida basado en lo siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha dos de junio de dos mil trece (debe ser 2014) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, no establece sobre que Recurso de Apelación se pronunció, ya que ambas partes interpusimos el Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, es decir que solo dice en su fallo “declarar sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito”, debiendo haberse pronunciado sobre los dos recursos de apelación interpuestos, para poder declarar ya sea la confirmación, revocatoria o reforma según el caso; no se pronuncia sobre ambos recursos, es decir no se sabe sobre cuál de los dos Recursos de Apelación se pronunció la Corte sentenciadora.- Al respecto en la misma sentencia recurrida en su considerando (8) dice:” Que las sentencias deberán ser claras, precisas y exhaustas, y deberán ser congruentes con las demandas y con las pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el juicio”, requisitos que no cumple la Sentencia recurrida; además, dichas sentencias deben hacer las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, como en el caso que nos ocupa. b) Tal como lo digo en el segundo párrafo de la presente nulidad, la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, tiene fecha dos de junio de dos mil trece, lo que no es correcto, sino que lo correcto debió ser “dos de junio de dos mil catorce”, ya que la Sentencia dictada por el A-quo y que ambas partes apelamos, es de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce. c) La Sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha dos de junio de dos mil trece (lo correcto debe ser del año dos mil catorce), en ninguno de sus Considerandos ni en la parte dispositiva se pronuncia sobre el Defecto Material de Prescripción de la Acción que opuse en su momento Procesal en la primera instancia.”.- VII.- Que revisado el proceso y la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha 02 de junio de 2014 y la del a-quo de fecha 17 de marzo del 2014, se deprende lo siguiente: a) que la sentencia de primera instancia fue impugnada por sendos recursos de apelación interpuestos por los representantes procesales de ambas partes (ver folios 125 y 128 de la primera pieza de autos); b) que la sentencia impugnada consigna fecha el 02 de junio del 2013, aun y cuando la misma fue pronunciada en la audiencia de juzgamiento señalada y practicada el 2 de junio de 2014; además, la de primera instancia fue dictada en la audiencia de juzgamiento celebrada en fecha 17 de marzo del 2014 (ver folios folio 37 de la primera pieza); y, c) que la sentencia impugnada confirma en todos sus extremos la de primera instancia (ver folio 20 de la segunda pieza).- VIII.- Después del estudio y análisis del expediente de mérito, este Tribunal concluye que efectivamente la sentencia impugnada viola los principios de motivación y congruencia, toda vez que en su parte dispositiva omite establecer con la debida precisión sobre cuál de los recursos de apelación presentados por los respectivos representantes procesales se está pronunciando, ya que se limita a “declarar sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito”, siendo el caso que debió hacer referencia sobre los dos recursos de apelación admitidos en tiempo y forma; asimismo consta en autos que la sentencia recurrida en ninguno de sus considerandos ni en la parte dispositiva se pronuncia sobre el defecto material de prescripción de la acción que opuso en su momento procesal en la primera instancia, el representante procesal de la parte demandada y si bien es cierto en dicha resolución se confirma el fallo de primera instancia en todos sus pronunciamientos, es importante recordar que las sentencias deberán ser claras, precisas y exhaustivas, congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito, además de hacer las declaraciones que la demanda exija, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos con la debida separación. Con respecto a la fecha de emisión de la sentencia resulta evidente que la misma es el 2 de junio del 2014, ya que es cuando se celebró la audiencia de juzgamiento respectiva y la otra fecha que aparece en dicho texto (2 de junio del 2013) obedece más bien a un lapsus calami de dicho Tribunal.- IX.- Al respecto del requisito de motivación de las sentencias, conviene enfatizar que si bien ha sido práctica en los tribunales de segunda instancia que en algunos casos como en el sub-lite, omitir o ser insuficiente en la realización de crítica o reparo en la fundamentación cuando se confirma una sentencia de primera instancia, advirtiendo que tal costumbre de hacer suya las decisiones del inferior sin motivar o fundamentar esa decisión resulta en una ilegalidad, ya que el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en esta materia, exige que toda sentencia debe ser motivada expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación o interpretación del Derecho, incidiendo en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, es decir, exponer las razones para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas y este requisito no queda completamente satisfecho con aquella sola consideración apenas indicativa de que merece la confirmación sin que resulten de su contexto las verdaderas razones de orden jurídico que justifiquen la decisión y por ende tal pronunciamiento.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete dias del mes de agosto de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), en relación a la demanda ordinaria laboral para el cumplimiento al punto de acta número 6.1.8 consistente en el pago del reajuste por concepto de la tasa inflacionaria anual que emite el Banco Central de Honduras, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de enero del dos mil trece, por el abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, actuando en su condición de apoderado de los señores MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX y OTROS, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P), por medio de su Director Ejecutivo de ese entonces, señor JORGE ARTURO REINA GARCIA.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce; que el a-quo en la parte resolutiva de su sentencia declaró sin lugar el defecto material de prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada, también declara con lugar la demanda ordinaria laboral y condena al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), a pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.3,159,574.80) a los demandantes: MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, GLORIA VASQUEZ PEREZ, RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, NERLYS ESPINO BAQUEDANO, OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, GLADIS ESPERANZA ARITA, NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES Y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ, sin costas.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que son empleados permanentes del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), todos ellos abogados, desempeñándose como Registradores Civiles de la institución y devengaban mensualmente un salario a una cantidad menor a la que el Arancel del Profesional del Derecho establece, por ello, presentaron una solicitud al directorio de la institución, solicitándole se les aplicara el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, a lo cual las autoridades en ese momento acordaron de manera unánime comprometerse a hacer efectivo lo solicitado por los empleados. Siguen manifestando que en fecha veintiséis de octubre del año dos mil seis, tuvo lugar una reunión en la que suscribieron una acta de conciliación entre el Directorio del Registro Nacional de las Personas y los Oficiales Civiles, en la cual se estableció el compromiso consistente en que la institución aplicaría el Arancel del Profesional del Derecho a partir del mes de enero del año dos mil siete, de lo que resultaría que a principio de ese año dos mil siete, los profesionales del Derecho que laboren para la institución devengarán un salario no menor a veintiún mil lempiras (L.21,000.00), mas los incrementos anuales de conformidad al índice anual de inflación del Banco Central de Honduras, todo registrado en el punto de acta número 6.25 y 6.1.8, pero la institución solo ha cumplido parcialmente esa acta de conciliación, al hacerles efectivo el aumento que correspondía a los veintiún mil lempiras (L.21,000.00), pero el cumplimiento del pago de los incrementos anuales que resultaría de la aplicación del Índice inflacionario no ha sido posible hacer que la institución les haga efectivo; posteriormente se dio agotado el trámite administrativo interno de la institución y de la Dirección de Inspectoría de la Secretaría de Trabajo.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contestó dicha demanda señalando que el Colegio de Abogados de Honduras al crear el Arancel del Profesional del Derecho creó una Ley, facultad de la cual está privado, ya que solamente el Congreso Nacional lo puede hacer; que en efecto existe una Acta de Conciliación suscrita entre los miembros del Directorio del Registro Nacional de las Personas y los Oficiales Civiles Departamentales, de fecha 25 de octubre del año 2006, pero en dicha Acta en ninguna de sus partes establece que las personas que ocupan dichos cargos tendrán derecho a los ajustes salariales anuales que resulten de la aplicación del índice anual de inflación del Banco Central de Honduras, según Punto de Acta 6.1.8., también menciona que ninguna de los demandantes ejercen actos de procuración y no todos laboran para el Registro Nacional de las Personas.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción opuesto por la representante procesal de la parte demandada, también declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y condenó al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.3,159,574.80) a los demandantes: MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, GLORIA VASQUEZ PEREZ, RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, NERLYS ESPINO BAQUEDANO, OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, GLADIS ESPERANZA ARITA, NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES Y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ, sin costas; bajo el criterio que según se desprende del contenido de la prueba documental aportada por ambas partes se acreditó lo siguiente: 1) Que en fecha 20 de noviembre del año 2006, se suscribió un Acta que en su punto 6.1.8 relativa a Solicitud de Pago de Acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho presentada por Empleados del R.N.P., Profesionales del Derecho entre Miembros del Directorio del Registro Nacional de las Personas y los Profesionales del Derecho en la cual se aprobó entre otras cosas aplicación del Arancel del Profesional del Derecho del Colegio de Abogados de Honduras; en consecuencia estos Abogados a partir del mes de enero de 2007 devengarían un salario mínimo de L.21,000.00 y también tendrían derecho a los ajustes salariales anuales que resulten de la aplicación del Índice anual de inflación del Banco Central de Honduras; 2) Que los demandantes han presentado diferentes solicitudes de cumplimiento de Acta al Directorio del Registro Nacional de las Personas; que el Tribunal a quo amparado en el artículo 732 del Código del Trabajo que lo faculta además de las pruebas propuestas y admitidas por las partes solicitar aquellas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos, ordenó libramiento de mandato judicial al Banco Central de Honduras y al Registro Nacional de las Personas acreditándose con el mandato librado al Banco Central de Honduras los porcentajes de índice inflacionarios otorgados por el Banco Central de Honduras para los años 2007 al 2013; y en el mandato librado al Registro Nacional de las Personas que los señores ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA y RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE dejaron de laborar para la institución demandada el día 22 de septiembre de 2011 y 13 de enero de 2012; asimismo que los señores MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMHARA MENDOZA HENANDEZ, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, GLORIA VASQUEZ PEREZ, RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, NERLYS ESPINO BAQUEDANO, OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, GLADIS ESPERANZA ARITA, NORMAN LILIAN DISCUA DONAIRE, CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ, ostentan el titulo de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo tanto se llega al firme convencimiento de que los demandantes han probado de manera fehaciente tener derecho al pago del reajuste por concepto de la tasa inflacionaria del Banco Central de Honduras.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia venida en apelación, sin costas; bajo el criterio que se constató el punto de acta No. 6.1.8 que resuelve la solicitud de pago de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho, presentada por empleados del RNP, profesionales del derecho; acta suscrita por directorio del RNP y en la cual el RNP ordenó la nivelación de salario en la cantidad de veintiún mil lempiras mensuales y acordando que también tendrían derecho a los ajustes salariales anuales que resulten de la aplicación del Índice anual de inflación del Banco Central de Honduras; que está debidamente acreditada la obligación que tiene el R.N.P. de efectuar estas nivelaciones; ya que de manera voluntaria tal como se desprende del acta 6.1.8 acepta la nivelación de sueldo de sus empleados de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho; que el Tribunal a quo al efectuar el cálculo del reajuste de salario, lo hace tomando como base los años 2007 al 2013 y al momento de efectuar la condena lo hace en forma global.- 5.- Mediante auto de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha seis de octubre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita nulidad de la sentencia recurrida basado en lo siguiente: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha dos de junio de dos mil trece (debe ser 2014) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, no establece sobre que Recurso de Apelación se pronunció, ya que ambas partes interpusimos el Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce, es decir que solo dice en su fallo “declarar sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito”, debiendo haberse pronunciado sobre los dos recursos de apelación interpuestos, para poder declarar ya sea la confirmación, revocatoria o reforma según el caso; no se pronuncia sobre ambos recursos, es decir no se sabe sobre cuál de los dos Recursos de Apelación se pronunció la Corte sentenciadora.- Al respecto en la misma sentencia recurrida en su considerando (8) dice:” Que las sentencias deberán ser claras, precisas y exhaustas, y deberán ser congruentes con las demandas y con las pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el juicio”, requisitos que no cumple la Sentencia recurrida; además, dichas sentencias deben hacer las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, como en el caso que nos ocupa. b) Tal como lo digo en el segundo párrafo de la presente nulidad, la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, tiene fecha dos de junio de dos mil trece, lo que no es correcto, sino que lo correcto debió ser “dos de junio de dos mil catorce”, ya que la Sentencia dictada por el A-quo y que ambas partes apelamos, es de fecha diecisiete de marzo del año dos mil catorce. c) La Sentencia recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha dos de junio de dos mil trece (lo correcto debe ser del año dos mil catorce), en ninguno de sus Considerandos ni en la parte dispositiva se pronuncia sobre el Defecto Material de Prescripción de la Acción que opuse en su momento Procesal en la primera instancia.”.- VII.- Que revisado el proceso y la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de fecha 02 de junio de 2014 y la del a-quo de fecha 17 de marzo del 2014, se deprende lo siguiente: a) que la sentencia de primera instancia fue impugnada por sendos recursos de apelación interpuestos por los representantes procesales de ambas partes (ver folios 125 y 128 de la primera pieza de autos); b) que la sentencia impugnada consigna fecha el 02 de junio del 2013, aun y cuando la misma fue pronunciada en la audiencia de juzgamiento señalada y practicada el 2 de junio de 2014; además, la de primera instancia fue dictada en la audiencia de juzgamiento celebrada en fecha 17 de marzo del 2014 (ver folios folio 37 de la primera pieza); y, c) que la sentencia impugnada confirma en todos sus extremos la de primera instancia (ver folio 20 de la segunda pieza).- VIII.- Después del estudio y análisis del expediente de mérito, este Tribunal concluye que efectivamente la sentencia impugnada viola los principios de motivación y congruencia, toda vez que en su parte dispositiva omite establecer con la debida precisión sobre cuál de los recursos de apelación presentados por los respectivos representantes procesales se está pronunciando, ya que se limita a “declarar sin lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito”, siendo el caso que debió hacer referencia sobre los dos recursos de apelación admitidos en tiempo y forma; asimismo consta en autos que la sentencia recurrida en ninguno de sus considerandos ni en la parte dispositiva se pronuncia sobre el defecto material de prescripción de la acción que opuso en su momento procesal en la primera instancia, el representante procesal de la parte demandada y si bien es cierto en dicha resolución se confirma el fallo de primera instancia en todos sus pronunciamientos, es importante recordar que las sentencias deberán ser claras, precisas y exhaustivas, congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito, además de hacer las declaraciones que la demanda exija, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos con la debida separación. Con respecto a la fecha de emisión de la sentencia resulta evidente que la misma es el 2 de junio del 2014, ya que es cuando se celebró la audiencia de juzgamiento respectiva y la otra fecha que aparece en dicho texto (2 de junio del 2013) obedece más bien a un lapsus calami de dicho Tribunal.- IX.- Al respecto del requisito de motivación de las sentencias, conviene enfatizar que si bien ha sido práctica en los tribunales de segunda instancia que en algunos casos como en el sub-lite, omitir o ser insuficiente en la realización de crítica o reparo en la fundamentación cuando se confirma una sentencia de primera instancia, advirtiendo que tal costumbre de hacer suya las decisiones del inferior sin motivar o fundamentar esa decisión resulta en una ilegalidad, ya que el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en esta materia, exige que toda sentencia debe ser motivada expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación o interpretación del Derecho, incidiendo en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón, es decir, exponer las razones para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas y este requisito no queda completamente satisfecho con aquella sola consideración apenas indicativa de que merece la confirmación sin que resulten de su contexto las verdaderas razones de orden jurídico que justifiquen la decisión y por ende tal pronunciamiento.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 22, 193, 197, 199, 214 numeral 2, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 2 de junio del 2014, visible a folios15 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 349-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL