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Sentencia CL-346-14 — Registro 4564

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones y derechos sociales por despido injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a Derecho.-"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

" Que conforme con los principios dispositivo y facultades procesales que sustentan el proceso civil, de aplicación supletoria en la materia laboral, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso y la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, situación que no acontece en el caso de mérito por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución. Asimismo, el juzgador debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a Derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de enero de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, por el abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ, en su condición de representante procesal de MARIO FERNANDO MURILLO COTO en relación a la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones y derechos sociales por despido injusto, costas interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, por el señor MARIO FERNANDO MURILLO COTO, en contra de la sociedad SAN SERVICES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por medio de su Gerente General representante legal BERANGELY PAGUADA, mayor de edad, empresaria, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el apoderado judicial demandante contra la sentencia de fecha ocho de mayo del año en curso (2014), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial en la demanda presentada por el señor MARIO FERNANDO MURILLO COTO contra la sociedad SAN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a través de su representante legal.- SEGUNDO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada; en consecuencia SE REFORMA la misma, la que consiste en: I) DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, salario por horas extras y salarios dejados de percibir; por tanto, SE ABSUELVE a la demandada del pago de dichos conceptos; II) EXCLUIR el numeral tres de la parte resolutiva de la sentencia apelada.- TERCERO: CONFIRMAR la referida sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia.- CUARTO:SIN COSTAS.” y el a quo resolvió así: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por MARIO FERNANDO MURILLO COTO; Contra la sociedad mercantil SAN SERVICES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su Representante Legal BERANGUELLY MICHELL PAGUADA OSORIO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la sociedad mercantil SAN SERVICES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, a través de su Representante Legal BERANGUELLY MICHELL PAGUADA OSORIO, a pagar al trabajador MARIO FERNANDO MURILLO COTO, la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($5,980.73), o su equivalente en moneda nacional; los cuales se desglosan así: Preaviso $2,002.75; Auxilio de Cesantía $2,002.75; Auxilio de Cesantía proporcional $225.31, Vacaciones proporcionales $96.56; Décimo tercer mes proporcional $860.70, Décimo cuarto mes proporcional $431.54; Horas extras $ 361.12; Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme la presente Sentencia Condenatoria.- 3) ORDENA QUE DEL MONTO DE LO CONDENADO SE LE DEDUZCA AL TRABAJADOR DEMANDANTE LA CANTIDAD DE DOS MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2,601.65 ) en virtud de que la empresa pago dicha cantidad al trabajador en concepto de prestaciones laborales. - 4) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que comenzó a trabajar para la demandada el diez de octubre del año dos mil once, como especialista de producción, al momento en que fue despedido desempeñaba el mismo puesto, con un salario mensual de setecientos treinta y cinco dólares y diario de veinticuatro dólares con cincuenta y dos centavos, con un horario de trabajo de lunes a viernes comenzando a las seis y media de la mañana, hasta las cuatro y media por la tarde de lunes a jueves, y de seis y media de la mañana a tres y media el día viernes, pero la hora de salida nunca era la señalada, casi siempre por motivos de exceso de trabajo tenía que trabajar, junto con la mayoría de los compañeros una, dos y hasta tres horas extras y a veces ir los sábados; sin que se les reconociera dicho tiempo de trabajo extra, que era con motivo del volumen de trabajo, principalmente en la temporada alta (marzo a junio) o en cualquier fecha en que se acumulara el trabajo; sin que se les pagaran dichas horas extras, tal como está acreditado en las boletas de trabajo que acompaña y los reportes de salida de trabajo que obligatoriamente enviaba cada día, en los que aparece la hora en que los enviaba desde la oficina, antes de salir. El motivo que alegó la demandada para no pagarles las horas extras trabajadas está descrito en el contrato de trabajo ya que se les tenía catalogados como empleados de confianza, lo cual no es cierto, ya que ni él, ni ninguno de los ex compañeros de trabajo que desempeñaban las mismas funciones tenían ninguna de las características establecidas en las leyes y doctrina para ser empleados de confianza; sus funciones eran estrictamente operativas de producción, no tenía ningún empleado bajo su mando, más bien tenía jefes de sección y de departamento, quienes si pueden catalogarse como empleados de confianza. Que el veintidós de julio del dos mil trece le solicitó a la Jefa de su departamento autorización para que sus vacaciones de ese año las tomara de los días dieciséis de diciembre hasta el dos de enero del siguiente año, a lo que ese mismo día le contestó por correo electrónico autorizándole la toma de vacaciones en esas fechas. Posteriormente trece de diciembre del dos mil trece, la Jefa de Personal Cinthia Sosa, les mandó un email, por el cual les comunicaba que la empresa daría vacaciones a todo el personal los días 25 de diciembre y primero de enero, por lo que como dichos días no estaban incluidos en las vacaciones, se agregaban a las vacaciones; resulta que cuando se quiso reintegrar a sus labores, Cinthia Sosa Jefa de Recursos Humanos le informó que ya no seguiría trabajando, aduciendo verbalmente primero que no se reintegró el día que debía y posteriormente que ya no le renovarían su contrato de trabajo, que según ellos venció el treinta y uno de diciembre del dos mil trece; siendo así como lo establecieron en la constancia de trabajo que le extendieron donde pusieron como último día de trabajo el treinta y uno de diciembre; cuando lo que firmó fue un contrato por tiempo indefinido, el cual fue firmado hasta el primero de enero del 2,012, junto con un acuerdo de confidencialidad, firmado en esa misma fecha; la demandada no tuvo ningún motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo por tiempo indeterminado que les unía, ya que es claro que al tiempo en que dicen en la constancia de trabajo que terminó el contrato de trabajo, estaba gozando de las vacaciones que legalmente tenía derecho y había sido autorizado y se reintegró debidamente a trabajar, por lo cual ni siquiera le dieron por escrito una carta de terminación del trabajo, donde claramente estuviera explicado el motivo legal que amparó a la ahora demandada para hacerlo. - 2.- La parte demandada SAN SERVICES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, contestó dicha demanda señalando que con fecha trece de diciembre del dos mil trece, convinieron con el demandante por mutuo consentimiento dar por terminada la relación laboral que mantenían, procediendo en esa misma fecha a liquidar las prestaciones sociales completas, incluyendo las vacaciones proporcionales anticipadas y contabilizadas al día treinta y uno de diciembre del dos mil trece, es decir, al demandante se le pagaron sus vacaciones previo a gozar de las mismas; consta lo anterior en el finiquito suscrito por el demandante con fecha trece de diciembre del dos mil trece, así como en el acta levantada en esa misma fecha por la Inspectora Vanessa Erazo Alfaro en representación del Ministerio del Trabajo. Es importante resaltar que lo expresado y suscrito por el demandante en el finiquito señalado firmado ante autoridad competente del trabajo, está relacionado con el artículo 379 del Código del Trabajo. Que el demandante a pesar de haber tenido varias oportunidades de reclamar ante la autoridad competente cualquier inconformidad derivada del contrato de trabajo que los vinculara no lo hizo pero sí aceptó los pagos y exoneró al patrono de toda responsabilidad, pasada, presente y futura. La última oportunidad la tuvo el trece de diciembre de dos mil trece, cuando ante la autoridad del trabajo pudo haber cuestionado el promedio de salarios utilizado para calcular sus prestaciones, detallando al Inspector las supuestas horas extras trabajadas y que ahora expone con tanta elocuencia en su demanda, pero tampoco lo hizo. Al contrario, el trabajador recibió a su entera satisfacción las cantidades allí detalladas; en cuanto a los horarios de trabajo es de pleno conocimiento del demandante que las características de las labores que él y sus compañeros desempeñaban requerían alcanzar metas mínimas diarias, de las que tienen conocimiento todos los empleados, sin excepción alguna, es decir, el empleado al cumplir su meta podía retirarse de su trabajo. En cuanto a las horas extras que el demandante ahora argumenta haber laborado y que deberá probar en juicio, sorprende enormemente que durante los años de duración de la relación laboral él nunca manifestó ninguna inconformidad ni reclamó las mismas ante el patrono o las autoridades competentes del trabajo a pesar de haber tenido varias oportunidades para hacerlo, sin perjuicio de que el demandante suscribió documentos indubitados ante autoridad competente (finiquitos), se considera que el cobro de las supuestas jornadas extraordinarias de trabajo u “horas extras” han prescrito en virtud de lo dispuesto por el articulo 867 párrafo final de Código del Trabajo. Que el demandante durante más de dos años recibió de manera continua, periódica y a su entera satisfacción los salarios devengados en el desempeño de sus labores sin ningún tipo de objeción o reclamo. No existiendo despido de ningún tipo y habiéndose terminado la relación laboral mediante el mutuo consentimiento de las partes y liquidado en su totalidad los derechos o prestaciones sociales, resulta improcedente el reclamo de salarios o salarios dejados de percibir.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de mayo de dos mil catorce dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda laboral; condenó a la demandada a pagar al trabajador la cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($5,980.73), o su equivalente en moneda nacional; los cuales se desglosan así: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales; decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional; horas extras; más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente sentencia condenatoria; ordenó que del monto de lo condenado se le deduzca al trabajador demandante la cantidad de dos mil seiscientos un dólares con sesenta y cinco centavos (USD2,601.65) en virtud de que la empresa pagó dicha cantidad al trabajador en concepto de prestaciones laborales; sin costas, bajo el criterio que si bien es cierto la empresa demandada cubría al trabajador demandante el pago de sus prestaciones sociales por cada año de servicio laborado, también no es menos cierto que la relación de trabajo no se interrumpía, por lo que a pesar de ese pago la relación laboral con la demandada continuaba normalmente; hasta la misma empresa reconoce la continuidad de la relación laboral en el cálculo de liquidación final que ella mismo elaboraba, ya que establece en cada cálculo la fecha que ingresó y en cada año estable la fecha en que termina el año, pero en los tres cálculos elaborados determina que el trabajador ingresa a laborar en fecha 10 de octubre del año 2011, por lo que los pagos deben tomarse como abono al pago de las prestaciones laborales, pues como se dejó establecido anteriormente, la relación de trabajo nunca se interrumpió lo que significa que hubo continuidad en la prestación del servicio; en aplicación a lo que dispone el artículo 52 párrafo tercero del Código del Trabajo; razón por la cual la demandada no puede dar por terminada la relación de trabajo con el demandante porque ambos convinieron llegar a un mutuo consentimiento de terminar la relación, ya que era una costumbre que tienen en la empresa de que cada 31 de diciembre de cada año liquida a los trabajadores y el 01 de enero del año que empieza inician sus labores en forma normal, ya que consta de autos que el trabajador demandante viene laborando para la empresa demandada desde el 10 de octubre del año 2011, relación que nunca fue interrumpida independientemente que el trabajador se le haya hecho el pago de la cesantía anual y en la fecha que aduce la demandada que las partes llegaron a un convenio de terminar la relación de trabajo, el demandante se encontraba gozando de sus vacaciones de doce días que le correspondían de ese dicho año de labores incorporándose como era de costumbre el 02 de enero del año 2014; por todo lo expuesto dicho despido es injusto en consecuencia es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés en fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a-quo de la siguiente manera: declaró sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, salario por horas extras y salarios dejados de percibir; absolvió a la demandada del pago de dichos conceptos; excluyó el numeral tres de la parte resolutiva de la sentencia apelada; confirmó la referida sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el demandante en el periodo comprendido del 16 de diciembre del 2013 al 02 de enero del 2014 se encontraba gozando de vacaciones, debió reincorporarse a sus funciones una vez terminaran las mismas (03 de enero 2014) y en caso de que se le negara el ingreso como lo argumenta en el libelo de demanda, pudo solicitar los servicios del Inspector del Trabajo, que es la autoridad encargada de prevenir las dificultades y conflictos de trabajo, tratando de hacer cesar cualquier tipo de incumplimiento o falta que se pudiera estar suscitando, al amparo del derecho a la estabilidad laboral, según lo dispone el artículo 129 de la Constitución de la República; mas de las pruebas aportadas al proceso, consta que éste no se presentó a su puesto de trabajo al día siguiente en que finalizaron las vacaciones, por entender que los dos días otorgados por la empresa como “libres” en el mes de diciembre del 2013 debían ser sumados o agregados a su período de vacaciones, sin embargo ello no es posible considerarlo así, ya que el memorándum de fecha 13 de diciembre del 2013 referente a la compensación de los días libres otorgados al personal en ese mes, dicho documento no fue propuesto en tiempo y forma a fin de que pudiera ser valorado como prueba documental; no existe prueba alguna que acredite que el empleador autorizó extender el plazo de las vacaciones previamente aprobadas; de manera que el cese de la relación de trabajo se produjo por decisión de la parte demandante al no reincorporarse a su puesto de trabajo en la fecha que estaba obligado a hacerlo, incumpliendo con ello de las principales obligaciones del trabajador en toda relación de trabajo, de ahí que no es posible considerar que hubo despido, consecuentemente no procede el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, como tampoco los derechos adquiridos pues éstos le fueron cancelados.- 5.- Que mediante auto de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ actuando en su condición de representante procesal del señor MARIO FERNANDO MURILLO COTO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado RAFAEL MURILLO GUTIERREZ en su condición de representante procesal del señor MARIO FERNANDO MURILLO COTO, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, tener por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de octubre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado LUIS ALFONSO DERAS ESCOBAR, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la parte recurrente solicita la nulidad de actuaciones, en la forma siguiente: “De manera suplementaria pero de acuerdo a ley, mediante la presente estamos señalándole a la Honorable Corte Suprema de Justicia violaciones al debido proceso cometidos por la Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su sentencia aquí recurrida; faltas al debido proceso que se explican así: A) Resulta que al momento de contestar la demanda, la demandante a través de su apoderado judicial baso su defensa en un único hecho: QUE LAS PARTES DE LA RELACIÓN DE TRABAJO (PATRONO Y EMPLEADO), EL TRECE DE DICIEMBRE DEL 2,013, DIERON POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO ACUERDO, SE PAGARON LAS PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES Y SE FIRMARON FINIQUITOS MUTUOS DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD, y así la demandada presentó pruebas para acreditar y fundamentó sus alegaciones antes de la sentencia en primera instancia diciendo que estaba debidamente acreditada tal hecho. Pero la Corte de Apelaciones del Trabajo, en su sentencia recurrida, por un lado reconoce que con tales documentos solo se probó el pago de la cesantía; pero en el hecho tercero de los fundamentos de derecho, establece que: “... como por entender que los dos días otorgados por la empresa como “libres” en el mes de diciembre del 2,013 debían ser sumados o agregados a su periodo de vacaciones, sin embargo ello no es posible considerarlo así, ya que si bien con la demanda se acompañó un memorando de fecha 13 de diciembre del 2,013 referente a la compensación de los días libres otorgados al personal en ese mes, dicho documento no fue propuesto en tiempo y forma (audiencia primera de tramite) a fin de que pudiera ser valorado como prueba documental. ... De lo anterior se concluye que no existe prueba alguna que acredite que el empleador autorizó extender el plazo de las vacaciones previamente aprobadas; DE MANERA QUE EL CESE DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SE PRODUJO POR DECISIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE AL NO REINCORPORARSE A SU PUESTO DE TRABAJO EN LA FECHA QUE ESTABA OBLIGADO A HACERLO, incumpliendo con ello una de las principales obligaciones del trabajador en toda relación de trabajo, de ahí que no es posible considerar que hubo despido, consecuentemente, no procede el pago de preaviso, auxilio de cesantía y salarios dejados de percibir, como tampoco los derechos adquiridos pues estos le fueron cancelados según se expuso en los hechos probados del presente fallo...”. CON LO ANTERIOR ESTA CLARO QUE LA CORTE DE APELACIONES FUNDAMENTÓ SU SENTENCIA EN UN HECHO QUE NO FUE OBJETO DE DEBATE NI FUE ALEGADO EN LA DEFENSA POR LA DEMANDADA. El art. 200 numeral segundo, literales C y O del Código Procesal Civil; establecen que: 2. En particular la redacción de la sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)...; b)...; c) En los fundamentos de derecho se consignarán, con la claridad y concisión posible y en párrafos separados y numerados LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES O INTERESADOS, LOS HECHOS EN LAS QUE SE FUNDEN QUE HAYAN SIDO ALEGADOS OPORTUNAMENTE Y TENGAN RELACIÓN CON LAS CUESTIONES QUE HAYAN DE RESOLVERSE...; d) El fallo contendrá numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes...”. El art. 208 del mismo código, ordena que las sentencias deban ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. El Juzgado de Letras del Trabajo, en su sentencia se apegó a los parámetros anteriores; pero la Corte de Apelaciones fundamentó su sentencia en un hecho de cosecha propia; QUE NO FUE ARGUMENTADO MENOS PROBADO POR LAS PARTES. Por lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 213 numeral uno del Código Procesal Civil, aplicable a nuestro caso; dicha sentencia es anulable y le corresponde a esta Honorable Corte Suprema de Justicia decretada. II- Como segundo motivo de nulidad es similar al primero pero en diferente hecho: El demandante en la demanda reclama el pago de horas extras trabajadas durante los dos últimos años de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 43 de la Ley del Salario Mínimo, en aplicación por lo dispuesto en el primer enunciado del art. 867 del Código de Trabajo; que dice: Articulo 867.- Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses...” . A dicho reclamo la demandada en su contestación opuso como defensa la excepción de prescripción, aplicando el ya mencionado art. 867 del Código de Trabajo; y que si se quedaban después de la hora de salida era para poder alcanzar las metas trazadas. COMO YA SE EXPLICÓ, ALCANZAR LAS METAS TRAZADAS NO ES LO MISMO QUE QUEDARSE TRABAJANDO PARA SUBSANAR ERRORES IMPUTABLES SOLO A ÉL; COMETIDOS DURANTE LA JORNADA ORDINARIA SEGÚN LO QUE AL EFECTO DISPONE EL ART. 331 DEL CODIGO DE TRABAJO. Como bien lo explicó el demandante en su declaración, en las temporadas altas, las metas subían debido al exceso de demanda de los servicios prestados, y que tenían que trabajar más; pero dicho trabajo no era para subsanar errores, sino para poder atender la excesiva demanda, que en ese tipo de empresas, para atender el mercado norteamericano así es la manera en que se trabaja, no es que porque llegó la hora de salida todos los empleados se van, sino que siguen trabajando hasta que lo sacan. PERO EN NINGÚN MOMENTO LA DEMANDADA ALEGÓ CONTRA DICHO RECLAMO QUE EL RECLAMANTE SE QUEDABA TRABAJANDO PARA SUBSANAR ERRORES IMPUTABLES SOLO A ÉL; COMETIDOS DURANTE LA JORNADA ORDINARIA. CON LO ANTERIOR ESTÁ CLARO QUE LA CORTE SE APELACION FUNDAMENTÓ SU SENTENCIA EN UN HECHO QUE NO ERA OBJETO DEBATE SINO DE SU COSECHA PROPIA. El art. 200 numeral segundo, literales C y O del Código Procesal Civil; establecen que: 2. En particular la redacción de la sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: a)..; b)..; c) En los fundamentos de derecho se consignarán, con la claridad y concisión posible y en párrafos separados y numerados LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES O INTERESADOS, LOS HECHOS EN LAS QUE SE FUNDEN QUE HAYAN SIDO ALEGADOS OPORTUNAMENTE Y TENGAN RELACIÓN CON LAS CUESTIONES QUE HAYAN DE RESOLVERSE...; d) El fallo contendrá numerados los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes... “. El art. 208 del mismo código, ordena que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. El Juzgado de Letras del Trabajo, en su sentencia se apegó a los parámetros anteriores; pero la Corte de Apelaciones fundamentó su sentencia en un hecho de cosecha propia; QUE NO FUE ARGUMENTADO MENOS PROBADO POR LAS PARTES. Por lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 213 numeral uno del Código Procesal Civil, aplicable a nuestro caso; dicha sentencia es anulable y le corresponde a esta Honorable Corte Suprema de Justicia decretarla.”.- VII.- Que analizada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, de fecha 16 de junio del 2014, que reforma la sentencia dictada por el juzgador de primera instancia y conocida vía recurso de apelación, se concluye que efectivamente la misma resulta incongruente por las razones siguientes: a) en el presente caso el objeto del proceso es el pago de prestaciones sociales por despido y el debate se genera en relación a la terminación del contrato de trabajo que el demandante señala que fue verbal y la demandada por su parte lo acepta pero invocando que tal situación se deriva del mutuo acuerdo de las partes (ver folios 3 al 4 y 53 al 55) y es en relación a esto último que se genera la controversia y por ende el material probatorio; sin embargo, el Ad-Quem en la sentencia impugnada considera que el cese de la relación de trabajo se produjo “por decisión de la parte demandante al no reincorporarse a su puesto de trabajo en la fecha que estaba obligado a hacerlo, incumpliendo con ello en una de las principales obligaciones del trabajador en la relación de trabajo …”, concluyendo que no es posible considerar que hubo despido, exponiendo y razonando sobre un hecho que no fue objeto del debate ni alegado por la parte demandada, decidiendo al final bajo esa consideración; y, b) igualmente establece consideraciones en cuanto al pago del salario extraordinario sobre hechos que no fueron alegados ni probados por la parte demandada, en lo que se refiere a que el demandante “se quedaba trabajando para subsanar errores imputable al trabajador”, cuando el alegato fue que se quedaba trabajando para alcanzar las metas trazadas por la empresa demandada.- VIII.- Que conforme con los principios dispositivo y facultades procesales que sustentan el proceso civil, de aplicación supletoria en la materia laboral, la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso y la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. La resolución del órgano jurisdiccional que ponga fin al proceso ha de ser congruente con la petición del actor y con lo opuesto por el demandado, teniendo en cuenta las normas aplicables y las pruebas evacuadas, situación que no acontece en el caso de mérito por los motivos que se han hecho referencia en esta resolución. Asimismo, el juzgador debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a Derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a Derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación a los artículos 10, 12, 22, 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha 16 de junio de 2014, visible a folios 20 al 28 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de quince; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 346-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL