Sentencia CL-340-14 — Registro 4447
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de los salarios y beneficios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación y analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resulta estimable el cargo que antecede.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en único motivo de casación.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho dias del mes de abril de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, por el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintidós de enero de dos mil trece, por los señores ROBERTO EDUARDO RIVERA LOBO, RIGOBERTO LEONEL BLANCO BEJARANO y OLIVIA BRIZUELA CASTILLO, todos mayores de edad, casados, hondureños catedráticos universitarios y con domicilio en La Ceiba, Atlántida, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rectora, señora JULIETA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, que fallo CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida en fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, en consecuencia CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a reintegrar a sus puestos de trabajo a los trabajadores ROBERTO EDUARDO RIVERA LOBO, RIGOBERTO LEONEL BLANCO BEJARANO y OLIVIA BRIZUELA CASTILLO, en las mismas condiciones que tenían al momento de sus despidos y al pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que se cumpla con el reintegro de los mismos; salarios que se calcularan en su oportunidad, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifiestan en el escrito de su acción, que fueron contratados por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) para prestar sus servicios de forma permanente en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), en las fechas siguientes: a) Roberto Eduardo Rivera Lobo, el 1 de febrero de 1982, en el cargo de Profesor Titular 2, con un salario mensual actual de L.45,129.60; b) Rigoberto Leonel Blanco Bejarano, el 1 de marzo de 1983, en el cargo de Profesor Titular 1, devengando un salario mensual actual de L.40,790.81; y, c) Olivia Brizuela Castillo, el 1 de marzo de 1982, en el cargo de Profesor Titular 2, devengando un ultimo salario de L.43,328.95 mensuales; los demandantes fueron notificados de la cancelación de sus acuerdos de nombramiento en el mes de noviembre del año dos mil doce, aduciendo como causal para despido que ellos realizaron audiencias de descargo a personal sin estar autorizados por autoridades correspondientes de dicho centro educativo.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que siempre vela por las garantías laborales y humanas de todos sus trabajadores y en el caso de los demandantes existen actuaciones que no pueden ser avaladas por la institución, ya que celebraron audiencias de descargo a los señores Carlos Nolasco Amaya y Roxana Irma Romano Uribe, sin estar autorizados por ninguna autoridad administrativa del CURLA-UNAH, teniendo pleno conocimiento que a dichos señores ya se les había notificado la anulabilidad de sus acuerdos de nombramiento y con ello crear perjuicio a la Universidad.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Atlántida, en fecha veintiocho de abril del dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, en consecuencia condenó a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a reintegrar a los puestos de trabajo a los trabajadores ROBERTO EDUARDO RIVERA LOBO, RIGOBERTO LEONEL BLANCO BEJARANO y OLIVIA BRIZUELA CASTILLO, en las mismas condiciones que tenían al momento de sus despidos y al pago de los salarios y beneficios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que se cumpla con el reintegro de los mismos; salarios que se calcularan en su oportunidad, sin costas; bajo el criterio que referente al acta motivo del despido y que tiene por titulo audiencia de descargo celebrada en fecha veintiuno de julio del dos mil once, se establece que dicha audiencia tenia como objetivo principal, escuchar a los Jefes de los departamentos para que dieran una explicación sobre la anulación de los acuerdos de los nombramientos de los señores Roxana Irma Romano y Carlos Nolasco, audiencia que se celebró con la presencia de los Jefes de Departamentos y los Representante de la Junta Directiva de Docentes, según las firmas que aparecen en la parte final de dicha acta, donde señalan que la realizaron en aplicación de lo dispuesto en el articulo 203 B, 203 C del Estatuto del Docente, documento en el que no se observa cual fue el perjuicio grave que alega la parte patronal le causó, y que por el hecho que tenga como titulo (audiencia de descargo), esto no significa un grave perjuicio para la institución demandada si en el fondo de la misma resulta otro contexto, de lo que significa una audiencia de derecho a la defensa del trabajador que ha sido convocado para que se defienda de los cargos que se le imputan.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, en fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la sentencia del a quo, sin costas; bajo el criterio que el patrono devenía obligado a acreditar el daño material o perjuicio que se le causó producto de la actuación de los demandantes al realizar la audiencia de descargo de fecha veintiuno de julio de dos mil once, debiendo establecer en que consistían los mismos y además cuantificarlos, a fin de determinar si en realidad se le causó tal perjuicio y del acervo probatorio se desprende que no se logró establecer tales circunstancias lo que llevó al a quo a declarar con lugar la demanda, razones por las cuales es procedente confirmar el fallo supraindicado.- 5. Mediante auto de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada VILMA LISSETTE OCAMPO SANTOS, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha quince de octubre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, expone en su primer y único motivo de casación lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTOS PUBLICOS que obra a folio del 22 al 35 del expediente de primera instancia; DOCUMENTO PRIVADO que obra a folios 36 y 37 del expediente de primera instancia; EXHORTO MEDIANTE AUXILIO JUDICIAL que obra a folios 279 al 283 del expediente de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 113 interpretado párrafo primero del Código de Trabajo en relación con el artículo 194 del Estatuto del Docente Universitario. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la Documentos públicos que se encuentran agregada a folio 22 al 35 del expediente de primera instancia contentivo de las audiencias de descargos levantada a los ahora demandantes por haberse tomado la atribución de levantar una audiencia de descargos sin estar facultados para este acto ya que conforme el artículo 194 del Estatuto del Docente Universitario esta es un facultad de la Dirección de Recursos Humanos de la UNAH; Documento Privado titulado ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS levantada el 21 de Julio de 2011, por los demandantes, que obra a folios 36 y 37 del expediente de primera instancia; EXHORTO MEDIANTE AUXILIO JUDICIAL que obra a folios 279 al 283 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente…”.- III. Que previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestaciòn, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, basó su decisión bajo la consideración de que “en relación al principio universal que rige en materia probatoria, quien afirma un hecho está obligado a probarlo, la demanda fue promovida con la finalidad de que el patrono acreditara la justa causa del despido, lo que a criterio de la A-quo no sucedió, decisión que este Ad-quem comparte…. el patrono devenía obligado a acreditar el daño material o perjuicio que se le causó producto de la actuación de los demandantes al realizar la audiencia de descargo de fecha veintiuno de julio de dos mil once, debiendo establecer en que consistían los mismos y además cuantificarlos, a fin de determinar si en realidad se le causó tal perjuicio y del acervo probatorio se desprende que no se logró establecer tales circunstancias lo que llevó al a quo a declarar con lugar la demanda, razones por las cuales es procedente confirmar el fallo supraindicado” advirtiendo que si se analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.- V. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación y analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resulta estimable el cargo que antecede.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de mayo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 340-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL