Sentencia CL-299-14 — Registro 17578
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el reconocimiento del derecho al trabajo y a la carga académica por haber decretado el patrono la anulabilidad del acuerdo de nombramiento para desempeñar su trabajo como Profesor Auxiliar I, consecuentemente se demanda el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir junto con sus aumentos y demás beneficios que se hayan recibo en ausencia de la demandante, pago de los daños morales, psicológicos, patrimoniales y extra patrimoniales que ha sufrido la demandante a raíz de la anulabilidad de su acuerdo de nombramiento como parte de los derechos humanos fundamentales tutelados por la Constitución de la República, el Código Procesal Civil, los tratados, los Convenios Internacionales y el Estatuto del Docente Universitario, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Pero resulta que el cargo que sustenta el recurso extraordinario de casación ha sido formulado de manera imprecisa por parte de la Censora, sin atender la técnica que rige este recurso, debido a que se invoca la infracción por aplicación indebida y pero a la vez la violación indirecta por el error de hecho por apreciación errónea de medios de prueba, causales de violación a la Ley que con base en el principio de separación de los motivos debieron ser formuladas y desarrolladas en forma separada e independiente. Por otra parte, debido al defecto anterior, también el precepto autorizante citado se vuelve impreciso.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."También tiene dicho este Tribunal Supremo que los requisitos de la demanda de casación, más que un culto a la forma son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque el no hacerlo implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso que nos ocupa en la pretensión que encierra el único motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiséis dias del mes de junio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de septiembre de dos mil catorce, por la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en relación a la demanda ordinaria laboral para que se haga efectivo el reconocimiento del derecho al trabajo y a la carga académica por haber decretado el patrono la anulabilidad del acuerdo de nombramiento para desempeñar su trabajo como Profesor Auxiliar I, consecuentemente se demanda el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir junto con sus aumentos y demás beneficios que se hayan recibo en ausencia de la demandante, pago de los daños morales, psicológicos, patrimoniales y extra patrimoniales que ha sufrido la demandante a raíz de la anulabilidad de su acuerdo de nombramiento como parte de los derechos humanos fundamentales tutelados por la Constitución de la República, el Código Procesal Civil, los tratados, los Convenios Internacionales y el Estatuto del Docente Universitario, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de diciembre de dos mil once, por la señora ROXANA IRINA ROMANO URIBE, mayor de edad, soltera, Egresada de la Carrera de Bachiller Universitario en Sociología, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su Rectora, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, casada, Licenciada en Sociología, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de éste Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de marzo del año dos mil catorce, así: a) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declarara sin lugar la demanda promovida por Roxana Irina Romano Uribe en cuanto al reintegro solicitado y pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y reconocimiento de los demás derechos otorgados a los trabajadores en su ausencia, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral promovida por la señora ROXANA IRINA ROMANO URIBE, para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y demás derechos que le pudieran corresponden en su ausencia. B) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto Absuelve a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (U.N.A.H.), de toda responsabilidad en el presente juicio en cuanto al reintegro solicitado y demás derechos otorgados a los trabajadores en su ausencia y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en consecuencia CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), a través de su Representante Legal señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, a REINTEGRAR a ROXANA IRINA ROMANO URBE a su puesto de trabajo en igual de condiciones a la fecha en que fue anulado su contrato de trabajo; asimismo a reconocerle todos los derechos que le pudieran corresponder en su ausencia y que fueron otorgados a los demás trabajadores y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de anulabilidad de su contrato de trabajo hasta la fecha en que con arreglo a derecho sea reintegrada la señora Roxana Irina Romano Uribe a su puesto de trabajo; CONFIRMANDO LOS NUMERALES TERCERO Y CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia definitiva apelada; II. SIN COSTAS…”; fallando el a quo en el numeral tercero, SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en el Centro Universitario Regional del Norte CURLA, en el Departamento de Ciencias Sociales a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, como Profesor Auxiliar I, hasta el día en que se le entregó por la Jefe de Recurso Humanos de la UNAH, el acuerdo No.RU-NO-1215-2011 donde se acordó declarar la anulabilidad ex nunc del acuerdo de nombramiento No.532-98, efectivo arbitrariamente a partir del quince de julio de dos mil once, entregándosele el mismo hasta en el mes de agosto, con argumentos ilegales ya que después de laborar más de 13 años para el CURLA, manifiestan que la demandante no reúne los requisitos legales según el Estatuto del Docente, porque en el supuesto caso que eso hubiese ocurrido al patrono ya le prescribió el derecho que tenía para disciplinar o despedir justificadamente a la demandante, en caso de haber cometido alguna falta según el artículo 863 del Código del Trabajo, pero el riesgo en el supuesto caso de que un trabajador no tenga requisitos para laborar, únicamente le corresponde al patrono o sus representantes que es quien contrata, según el artículo 136 de la Constitución de la República; con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio la demandante presentó reclamo administrativo ante las oficinas del Ministerio de Trabajo, no habiendo llegado la parte demandada a la audiencia señalada, por lo que se dio por agotado el trámite gubernativo en base al artículo 691 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que la demandante y otras personas que gozaban de una inadecuada categoría como docente auxiliar se les brindó la oportunidad que una vez en vigencia el Estatuto Universitario se les otorgó un periodo prudencial para que se pudieran profesionalizar, ya que la demandante no cuenta con un grado de licenciatura universitaria para impartir clases en la UNAH y ni en ninguna otra universidad; en aras de la educación superior de Honduras se procedió a notificarles la anulabilidad del acuerdo de nombramiento a varias personas que ostentaban incorrectamente la categoría de docente y entre ellas la hoy demandante, asimismo, se considera fuera de lugar la indemnización por daños morales solicitada por la demandante, ya que no señala exactamente los supuestos daños ocasionados por la UNAH.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Roxana Irina Romano Uribe, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en consecuencia, absolvió a la demandada de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos establecidos en el artículo 249 del Estatuto del Docente Universitario; sin lugar la excepción perentoria de prescripción, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante incumplió el contrato de trabajo al no ostentar hasta la fecha su titulo de licenciada, por lo que la anulabilidad de su acuerdo de nombramiento es conforme a derecho, sin perjuicio de los derechos que le concede el artículo 249 del Estatuto del Docente Universitario, que corresponde al pago por los servicios prestados, tomando en cuenta que el salario devengado por la demandante al momento del despido era por la cantidad de L.19,800.00, ya que la parte demandada rechazó este extremo y no probó lo contrario; aparece el acta de cierre de las diligencias administrativas en fecha 1 de noviembre del 2011, diligencias que fueron iniciadas en fecha 22 de septiembre del 2011, deduciéndose que desde la fecha en que el acuerdo de anulabilidad surte los efectos legales pertinentes, hasta la fecha en que se instauró el reclamo administrativo, transcurrió menos de los dos meses que concede la ley, por lo que la excepción de prescripción debe ser declarada sin lugar; en cuanto al daño moral ocasionado y del cual se pretende indemnización, establece la doctrina que la hipótesis tradicional del daño moral por terminación del contrato de trabajo, acumula una indemnización separada de la indemnización legal ya tarifada (indemnización patrimonial); la indemnización por daño moral deberá de ser plenamente probada en juicio, deberá probarse el daño que ha producido en el espíritu del trabajador y que ha repercutido en su salud, situación que no acontece de autos, pues la parte actora únicamente plasmó en el escrito de demanda doctrina acerca del daño moral, sin que haya existido actividad probatoria en el proceso.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la sentencia del a quo, en el sentido de revocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declarara sin lugar la demanda promovida por la señora Roxana Irina Romano Uribe, para el reintegro, pago de salarios dejados de percibir y reconocimiento de los demás derechos otorgados a los trabajadores en su ausencia, en consecuencia, declaró con lugar la demanda de mérito; revocando parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto absuelve a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (U.N.A.H.), de toda responsabilidad en el presente juicio, en consecuencia, condenó a la demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo en igualdad de condiciones a la fecha en que fue anulado su contrato de trabajo; asimismo a reconocerle todos los derechos que le pudieran corresponder en su ausencia y que fueron otorgados a los demás trabajadores, y al pago de los salarios dejados de percibir, confirmando los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia definitiva apelada, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas aportadas al juicio se estableció plenamente que la demandante efectivamente no contaba con el título universitario, sin embargo desarrollaba la labor de docente desde hacía varios años, sin que la parte demandada haya objetado dicha actividad, pues conforme las pruebas presentadas se le cancelaba su salario como docente y se le trataba como tal; si bien es cierto el Estatuto Universitario se encuentra vigente y en él se establece que mientras no se cumpla con la obligación de profesionalización o capacitación, el docente no podrá gozar de promociones o reclasificaciones, también es cierto que dicho estatuto no se refiere, que cuando se de este incumplimiento se le debe de anular el acuerdo de nombramiento, pues habla de promoción o reclasificación, además al entrar en vigencia el Estatuto ya mencionado, la demandada tuvo que haber requerido formalmente a la demandante, para dar cumplimiento el mismo y no aparece acreditado en autos que haya hecho tal requerimiento; que este Tribunal ya se ha pronunciado en el sentido de que no se le puede cambiar el estatus a un empleado, cuando éste ha laborado por varios años en el mismo cargo y que durante su actividad laboral no hubo ninguna queja o deficiencia en el despeño de sus funciones, como sucede en el caso de autos y que conforme el Estatuto tantas veces mencionado, la única sanción que pudo haberse dado, es que el trabajador no podía gozar de promociones ni reclasificaciones con relación al cargo desempeñado.- 5. Mediante auto de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha tres de septiembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de septiembre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada TULA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada HANYI SARAHI ACOSTA REYES, en su único motivo de casación sostiene: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida por violación indirecta por error de hecho derivado de la apreciación errónea de los medios de prueba Documental mediante libramiento de oficio que obran a folio 89 al 91 de la primera pieza de autos; Interrogatorio de partes que obra a folios 152 al 155 del expediente de primera instancia, Reconocimiento Judicial que obra a folio 156 y 156 vuelto de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS Las normas sustantivas violadas son el artículo 113 interpretado párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 249 y 255 del Estatuto del Docente Universitario. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo.”.- III.- Pero resulta que el cargo que sustenta el recurso extraordinario de casación ha sido formulado de manera imprecisa por parte de la Censora, sin atender la técnica que rige este recurso, debido a que se invoca la infracción por aplicación indebida y pero a la vez la violación indirecta por el error de hecho por apreciación errónea de medios de prueba, causales de violación a la Ley que con base en el principio de separación de los motivos debieron ser formuladas y desarrolladas en forma separada e independiente. Por otra parte, debido al defecto anterior, también el precepto autorizante citado se vuelve impreciso.- IV.- Asimismo, resulta pertinente recordarle a la Impetrante la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad es un requisito primordial en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados como rigor técnico y formal que demanda la naturaleza de la casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- V. También tiene dicho este Tribunal Supremo que los requisitos de la demanda de casación, más que un culto a la forma son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene dicho esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque el no hacerlo implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar el recurso que nos ocupa en la pretensión que encierra el único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de julio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 299-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
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