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Sentencia CL-290-13 — Registro 4445

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, que se pruebe la justa causa del despido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de la modalidad de infracción de ley invocada por el recurrente, “interpretación errónea del artículo 117 del Código del trabajo, en relación con el artículo 118 párrafo segundo del mismo cuerpo legal”, se considera oportuno referirse a su concepto: Nos dice la Doctrina que la interpretaciòn errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. Sin embargo, al hacer un análisis de la sentencia impetrada, la que confirma en su totalidad la resolución del juzgador de primera instancia, no encontramos que se haya sustentado la decisión en las normas citadas como violadas, por lo que la causal invocada no resulta ser la vía correcta para encaminar su impugnación, puesto que si la norma no ha sido aplicada por el juzgador no es posible que aquél le haya dado una inteligencia o alcance distintos de los que contiene, volviendo el cargo impreciso y contradictorio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Resulta más que pertinente recordar a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonando y atinente a la infracción invocada.- VII. Asimismo, con respecto al cargo en casaciòn laboral es importante señalar es éste representa el ataque que se hace a un fallo por violar normas legales sustanciales de alcance nacional, ya sea por vía directa o indirecta. Cada cargo en casación es independiente el uno del otro y tiene una existencia e individualidad sui géneris o propia y por consiguiente hay que estructurarlo íntegramente con todos sus alcances y sin reenvíos. Con este requisito se evita que se creen confusiones o supuestos y en estas condiciones, conociéndose las reglas del juego, hay una verdadera lealtad procesal. Si bien una demanda de casación puede estructurarse con uno o varios cargos, cada uno de ellos tiene que referirse a un concepto único de violación de la ley, no pudiendo acumularse en uno solo, salvo cuando se trata de violación consecuencial"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 721, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de marzo de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha quince de agosto del año dos mil trece, por la abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a un puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir y demás derechos laborales por despido directo, ilegal e injusto, que se pruebe la justa causa del despido, costas; interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de octubre del año dos mil trece, por la señora ONDINA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de febrero del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro promovida por ONDINA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la Representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a la trabajadora ONDINA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ, a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia de la demandante. SIN COSTAS.”.- I. ANTE CEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para el demandado el 1 de julio del año 2007, desempeñándose como auxiliar de biblioteca, que el 13 de julio del año 2010 fue despedida de su puesto de trabajo en forma directa e injustificada por medio de notificación escrita de esa misma fecha, en la cual no se detalla en que consistió la falta o motivo que justifique legalmente tal determinación, sino que se limita a invocar preceptos jurídicos consignados en el Código del Trabajo que bajo ninguna circunstancia aplican al caso concreto, pues tal determinación se tomó prescindiendo del procedimiento y en total inobservancia de los derechos laborales que la amparan, que el puesto que desempeñaba continúa existiendo después del despido, conservando las mismas funciones, tal es el caso que se han nombrado a otras personas en el puesto de referencia, por lo que se alega que su despido fue un acto discriminatorio; que dio por agotado el trámite administrativo el 21 de septiembre de 2010.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que no le consta lo aseverado por el demandante, a quien se le despidió de acuerdo a lo establecido en los artículo 46 literal b) y 111 numeral 1) del Código del Trabajo, que facultan al patrono para dar por terminada la relación laboral en virtud de contratación por tiempo determinado, rechazándose que haya sido un despido pues este precepto sólo es aplicable a los empleados contratados por acuerdo o por tiempo indefinido, por lo cual no tuvo que habérsele seguido el procedimiento por ella alegado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de diciembre del año dos mil doce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda de reintegro, condena al demandado a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir desde el despido hasta que sea reinstalada en su puesto, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia de la demandante, sin costas. Criterio: que al observar la nota de cancelación, la demandada ofrece el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual y en base a la prueba relacionada, se concluye que la trabajadora fue contratada para desempeñar labores permanentes ya que la contratación data desde el año 2010, en consecuencia era de carácter indefinido, por lo tanto tiene derecho a solicitar el reintegro a su puesto de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de febrero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Con el criterio: que la demandante acreditó que labora para SOPTRAVI desde julio del año 2007 y que fue despedida sin causa justificada, en forma directa e ilegal; por su parte la demandada no probó haber tenido justos motivos para la terminación de la relación laboral de la demandante.- 5. Que mediante auto de fecha veinte de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada KATY YANETH RODRIGUEZ FUNEZ actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha quince de agosto del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal la abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO actuando en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda exponiendo dos motivos de casación y en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado a ella conferido, teniéndose de ese modo por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de octubre del año dos mil trece, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado OSCAR ORLANDO RAMOS NUÑEZ, apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en el primer motivo, alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por Interpretación errónea del artículo 117 del Código del trabajo, en relación con el artículo 118 párrafo segundo del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INTERPRETACION ERRONEA. El Artículo 117 antes relacionado preceptúa: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar causas o motivos distintos. El precitado artículo 118 prescribe: “El trabajador culpable de no haber dado el preaviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, quedará obligado a pagar al patrono una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponda al término de preaviso. En caso de que el patrono sea el culpable quedará obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso. Entre el demandante y el demandado se estableció una relación laboral escrita originada en Resoluciones Ministeriales por tiempo determinado, tal como se acreditó en la secuela del juicio con la Resolución No., 391, la cual corre agregada a folio 20 al 22 de la primera pieza de autos. No deviniéndose obligado por tal razón el patrono a dar preaviso al demandante. Y aún en el caso que así lo fuese y que no lo hubiese hecho, o que lo hubiese hecho sin ajustarse a los requisitos legales. Según el párrafo segundo del artículo 118 antes relacionado, tal circunstancia no obliga al patrono a Reintegrar a la demandante ni a pagarle salarios dejados de percibir. Tal como la Corte acusada lo ha hecho. Sino que contrario a ello, según la referida norma EL PATRONO CULPABLE QUEDARÁ ÚNICAMENTE OBLIGADO A PAGAR AL TRABAJADOR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE A SU SALARIO DURANTE EL TÉRMINO DEL PREA VISO. Procediendo por tal razón Honorable Corte, casar la sentencia en el presente motivo.”.- III. Que previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de la modalidad de infracción de ley invocada por el recurrente, “interpretación errónea del artículo 117 del Código del trabajo, en relación con el artículo 118 párrafo segundo del mismo cuerpo legal”, se considera oportuno referirse a su concepto: Nos dice la Doctrina que la interpretaciòn errónea de la ley tiene cabida en el recurso extraordinario de casación cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. Sin embargo, al hacer un análisis de la sentencia impetrada, la que confirma en su totalidad la resolución del juzgador de primera instancia, no encontramos que se haya sustentado la decisión en las normas citadas como violadas, por lo que la causal invocada no resulta ser la vía correcta para encaminar su impugnación, puesto que si la norma no ha sido aplicada por el juzgador no es posible que aquél le haya dado una inteligencia o alcance distintos de los que contiene, volviendo el cargo impreciso y contradictorio.- IV. Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Aplicación indebida del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 116 y 120 reformado del mismo cuerpo legal. Señalo como normas adjetivas que sirvieron para la violación, el artículo 738 y 739 del Código del trabajo. La doctrina de Casación sostiene que la violación de la Ley Laboral por la apreciación errónea de la prueba, consiste en lo siguiente: Debe existir una mala apreciación que debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. Ese error debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley Sustantiva. El error de hecho debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en la realidad no ha sido demostrado, o al contrario no se da por probado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el párrafo primero, ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA APLICACIÓN INDEBIDA. L. Violación es proveniente de la apreciación errónea del Medio de Prueba denominado DOCUMENTAL PUBLICO: consistente en resolución No., 391, la cual corre agregada a folio 20 al 22 de la primera pieza de autos, mediante la cual se resolvió nombrar a la Señora señora ONDINA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ como auxiliar de biblioteca en el periodo comprendido del 1 de julio al 13 de julio del 2010. Con este medio de prueba se acredito fehacientemente que la relación laboral entre mi representado y el demandante fue meramente temporal, es decir por tiempo definido tal corno se manifestó en el hecho segundo del escrito de contestación la demanda, lo que desvirtúa las aseveraciones del demandante en su escrito de demanda, medio de prueba ignorado por el juzgador en su totalidad, siendo el caso que debió ser apreciada por este. Por las razones antes expuestas, procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia CASE totalmente la sentencia en este motivo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La pruebas singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: La NOTA DE PRESCINDENCIA DE LOS SERVICIOS DEL DEMANDANTE, de fecha 13 de julio del 2010, en la cual se le ofrece pago de Prestaciones y demás derechos. Para que el demandante gozara de la facultad que le concede el Artículo 113 del Código del trabajo de Emplazar al Patrono para que le pruebe la justificación de un despido. Era imperativo que éste le hubiese invocado alguna de las causales justas de despido establecidas en el artículo 112 de dicho cuerpo legal. LA VIOLACION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte acusada en el CONSIDERANDO (4), de su fallo establece “ que el punto central de discusión del presente asunto radica en si la relación de trabajo existe entre las partes o por el contrario, no le corresponde en virtud que la relación de trabajo que existió entre las partes fue regulada por tiempo determinado, por tal razón no tiene derecho al reintegro, siendo por lo tanto improcedente la presente demanda; y de la revisión de los autos especialmente la nota dirigida a la señora ONDINA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ y con la aceptación de la Representante legal de la parte demandada, se acredita quw LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), acordó prescindir de sus servicios profesionales... , por cuanto al analizar las pruebas que fueron aportadas en el juicio este Tribunal de Alzada llega al convencimiento que la Representante Procesal de la parte demandada no acreditó que su representada hubiere tenido justas causas para cancelar al trabajador demandante, convencimiento motivado en que el Código del trabajo..., y para tener por justificado el despido de un trabajador, dicho texto legal en sus artículos 116 y 120 se refiere a casos de despidos injustificados y especialmente en el artículo 112 donde se regula un listado de las causas por las cuales se puede despedir a un trabajador en el caso que se produzca es omisión con lleva a que se declare el despido como: Ilegal e injustificado.. .“. Honorable Corte a todas luces se visualiza que las consideraciones que hace la Corte acusada son indebidas. Situación que sin entrar en alegatos de instancia razono de la siguiente manera: Para que se pudiese considerar que la Nota mediante la cual se prescindió de los servicios del demandante constituyese despido, es menester que en ésta se le hubiese señalado como causa o motivo alguna de las establecidas en el artículo 112 del Código del trabajo y que no se le hubiere ofrecido pago de prestaciones y otros derechos, para que el trabajador amparado en lo dispuesto en el artículo 113 de dicho cuerpo legal emplazase al patrono con el objeto de que le probare la justa causa en que se fundó el despido. Y si el patrono no probase dicha causa se entendería que se trataba de un despido injustificado, correspondiéndole por lo tanto al trabajador las indemnizaciones que ya dicha ley preceptúa. Sin embargo al no invocarle ninguna de las causas establecidas en dicho artículo 112, es fácil concluir que NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA DECISION UNILATERAL POR CAUSA AJENA AL TRABAJADOR, tal como lo contemplan los artículos 116 y 120 reformado de dicho cuerpo legal, mismos que facultan al patrono a dar por terminado el Contrato de Trabajo de manera unilateral y al mismo tiempo le obligan a pagarle al trabajador el auxilio de cesantía de conformidad con lo reglamentado en esta última norma. No catalogando dicha terminación en despido Ilegal e Injusto, tal como la Corte acusada lo califica.Cabe decir que si la referida Corte hubiese apreciado correctamente la prueba producida y hubiere además aplicado el principio Universal onus probando encumbit actori y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, hubiese llegado al libre convencimiento que la Nota de fecha 13 de julio del 2010 que la actora de esta demanda aportó al juicio para acreditar un supuesto despido, NO CONSTITUIA DESPIDO ALGUNO, sino que únicamente constituía la decisión unilateral del patrono de ponerle fin al contrato de trabajo, y el ofrecimiento del pago del auxilio de Cesantía a que le obliga el referido artículo 120. El error en que incurre la Corte acusada, en relación a la prueba singularizada, mediante la cual se prescinde de los servicios del demandante es manifiesto, Por lo que procede casar la sentencia en el presente motivo.”.- V. Que en este segundo cargo tampoco se formula una proposición jurídica completa, ya que alegando aplicación indebida de las normas estimadas como infringidas (artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículo 116 y 120 reformados del mismo cuerpo legal)- seguidamente también alega que “… La doctrina de Casación sostiene que la violación de la Ley Laboral por la apreciación errónea de la prueba, consiste en lo siguiente: Debe existir una mala apreciación que debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. Ese error debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley Sustantiva. El error de hecho debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en la realidad no ha sido demostrado, o al contrario no se da por probado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio…”, lo cual configura que se estén planteando en un mismo cargo dos formas distintas de violar la ley, las cuales, por rigor técnico y formal del recurso de casación, debieron ser formuladas de manera separada e independiente. En adición a lo anterior, analizado el expediente de mérito, no se aprecia que la corte sentenciadora haya aplicado algunas de las disposiciones alegadas como violadas (artículo 112 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 116 y 120 reformado del mismo cuerpo legal) por lo que al igual que en el primer cargo, éste resulta impreciso e incongruente toda vez que si la norma no ha sido aplicada por el tribunal sentenciador no resulta congruente alegar que la misma ha sido aplicada indebidamente; en adición el artículo 113 del Código del Trabajo que si fue aplicado por el juzgador, consta de varios párrafos y literales, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, siendo necesario haber precisado contra cual de ellas dirigía su ataque.- VI. Resulta más que pertinente recordar a la Recurrente la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad permanece incólume en el régimen del recurso de casación, así como la necesidad de que las diversas infracciones alegadas sean objeto de razonamientos separados, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada motivo y todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonando y atinente a la infracción invocada.- VII. Asimismo, con respecto al cargo en casaciòn laboral es importante señalar es éste representa el ataque que se hace a un fallo por violar normas legales sustanciales de alcance nacional, ya sea por vía directa o indirecta. Cada cargo en casación es independiente el uno del otro y tiene una existencia e individualidad sui géneris o propia y por consiguiente hay que estructurarlo íntegramente con todos sus alcances y sin reenvíos. Con este requisito se evita que se creen confusiones o supuestos y en estas condiciones, conociéndose las reglas del juego, hay una verdadera lealtad procesal. Si bien una demanda de casación puede estructurarse con uno o varios cargos, cada uno de ellos tiene que referirse a un concepto único de violación de la ley, no pudiendo acumularse en uno solo, salvo cuando se trata de violación consecuencial.- VIII. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 290-13.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL