Sentencia CL-277-13 — Registro 4443
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, reajuste de salario mínimo, pago de vacaciones, treceavo mes, catorceavo mes de salario, indemnización modifica la sentencia, declará con lugar la demanda y condena parcialmente en costas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha 12 de marzo de 2013, que modifica la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado Primero de Letras de la sección judicial de La Esperanza Intibucá, en fecha 09 de agosto de 2012, la cual, falla ente otros que: “ …SEGUNDO: Se modifica la sentencia del A-Quo, en cuanto a la disposición ordenada en el apartado segundo; EN CONSECUENCIA: La cuantificación de las sumas por los conceptos objeto de la condena deberán ser objeto de liquidación en un proceso posterior;…”; criterio que la llevo a la violación del principio de congruencia, ya que el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso, la sentencia debe estar conforme a la reclamación formulada, de acuerdo con las razones alegadas y probadas; En el sub judice, el ad quem a vertido un pronunciamiento que no resulta congruente, ya que en materia laboral es en el mismo fallo donde deben señalarse los conceptos de la condena, de forma individualizada y conceptual de tal manera que no quede duda a las partes cuales son los montos fijados, así como el caso de declarar los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios en el caso que procedan, estos últimos si serán objeto de liquidación posterior por su naturaleza, pero siempre en el mismo proceso y no en uno posterior; todo lo cual va en perjuicio del debido proceso, derecho de defensa de las partes, tutela judicial efectiva y demás principios que operan en la justicia especializada laboral.- VII. Que para fines jurisprudenciales y con relación a la condena en costas impuestas en la sentencia impugnada, esta Sala ha sentado el criterio que si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil por principio de vencimiento, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad entre otros; además, se debe recordar que el proceso en materia laboral se regula conforme a las normas contenidas en el Código del Trabajo, que solo a falta de disposiciones especiales se aplicaran las análogas del mismo cuerpo normativo y en su defecto las del Código Procesal Civil, por lo que se debe de respetar el procedimiento que establecen los artículos 703 al 778 de dicho Código Laboral, particularmente lo relacionado con las formalidades que deben observarse en las audiencias de conciliación, trámite y de juzgamiento, así como el trámite de los recursos que determinan dichas normas."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que para fines jurisprudenciales y con relación a la condena en costas impuestas en la sentencia impugnada, esta Sala ha sentado el criterio que si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil por principio de vencimiento, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad entre otros; además, se debe recordar que el proceso en materia laboral se regula conforme a las normas contenidas en el Código del Trabajo, que solo a falta de disposiciones especiales se aplicaran las análogas del mismo cuerpo normativo y en su defecto las del Código Procesal Civil, por lo que se debe de respetar el procedimiento que establecen los artículos 703 al 778 de dicho Código Laboral, particularmente lo relacionado con las formalidades que deben observarse en las audiencias de conciliación, trámite y de juzgamiento, así como el trámite de los recursos que determinan dichas normas"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que conforme con el Artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C.,veintisiete de enero de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley formalizados ante este Tribunal de Justicia en fecha siete de agosto del año dos mil trece, por el abogado SATURNINO SANCHEZ MEZA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en La Esperanza, Intibucá, en su condición de apoderado del CENTRO MEDICO LA ESPERANZA y en fecha quince de agosto del año dos mil trece por el abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en La Esperanza, Intibucá, en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, reajuste de salario mínimo, pago de vacaciones, treceavo mes, catorceavo mes de salario, indemnización y otros derechos más, condena en costas; interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Departamento de Intibucá, en fecha dieciocho de mayo del año dos mil once, por la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en Intibucá, en contra del CENTRO MEDICO LA ESPERANZA, por medio de su Representante Legal, la señora REINA ELSIDIA FLORES, mayor de edad, casada, hondureña, Doctora en Medicina General y con domicilio en Intibucá.- Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha doce de marzo del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil doce, dictada por el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: MODIFICANDO la Sentencia Definitiva, dictada el Nueve (09) de Agosto del año Dos mil Doce, por parte del Juzgado de Letras Primero de Intibuca, por Ministerio de la Ley Juzgado de Letras del Trabajo, la cual “FALLA; PRIMERO: Declara con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales, Reajuste del salario mínimo, Pago de Vacaciones, Treceavo, Catorceavo mes de salario, Indemnizaciones y Otros derechos mas, Condena en costas del juicio, se acompañan documentos……-; SEGUNDO: Condena: A la señora Reyna Elsidia Flores Rodríguez, en su condición ya indicada a pagarle a la demandante Elisa Antonia Palacios Cantarero, la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (lps. 118,775.37) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ......, Todo lo anterior de acuerdo al calculo de prestaciones laborales, elaborado por la Inspectoria Regional del Trabajo de este departamento de Intibuca. TERCERO: Condena en Costas a la parte demandada, procediéndose a su exacción luego que sea firme la presente resolución por el procedimiento de apremio, previa tasación.- CUARTO QUINTO: ...NOTIFIQUESE..’ SEGUNDO: Se modifica la sentencia del A-quo, en cuanto a la disposición ordenada en el apartado segundo; EN CONSECUENCIA: La cuantificación de las sumas por los conceptos objeto de la condena deberán ser objeto de liquidación en un proceso posterior; TERCERO: Se condena parcialmente en costas al recurrente por la desestimación de algunas pretensiones.”.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la demandada el 8 de enero del 2007, realizando labores de aseadora y atender pacientes en la clínica, que el día 9 de abril del año 2011, la señora Reyna Elsidia Flores de manera verbal e injustificadamente la despidió, diciéndole que el doctor Marco Antonio Sorto ya no la quería tener como empleada, exponiéndole la señora Reina que la demandante no obedecía las ordenes del medico en mención.- 2. La parte demandada, CENTRO MEDICO LA ESPERANZA, contestó dicha demanda señalando que rechaza totalmente la demanda puesto que ella no es la jefa de la demandante pues el mencionado negocio es propiedad del señor Marco Antonio Sorto Jiménez.- 3. El Juzgado de Letras Primero de La Esperanza, Intibucá, en fecha 9 de agosto del año 2012, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el pago de prestaciones sociales, reajuste de salario mínimo, pago de vacaciones, treceavo y catorceavo mes de salario, indemnizaciones y otros derechos, mas costas, Criterio: que la parte demandada no logro probar lo aseverado en la contestación de la demanda, caso contrario dejo establecida la relación de trabajo que existía entre las partes y que por lo tanto el despido es injustificado.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua en fecha doce de marzo del año dos mil trece, dicto sentencia reformando la proferida por el a-quo, en cuanto a modificar la cuantía, condena que deberá ser objeto de liquidación en proceso posterior, declarando parcialmente en costas. Criterio: que siendo que el trabajo de la demandante lo realizaba por el termino de cuatro horas, debe de calcularse el pago solicitado de acuerdo al salario que devengaba la demandante.- 5. Que mediante auto de fecha veinte de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por los abogados SATURNINO SANCHEZ MEZA actuando en su condición de apoderado del CENTRO MEDICO LA ESPERANZA y JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO actuando en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que los recurrentes comparecieran en el término de veinte días para que formularan por escrito la Demanda de Casación.- 6. Que en fechas siete y quince de agosto del año dos mil trece, comparecieron ante este Tribunal los abogados SATURNINO SANCHEZ MEZA actuando en su condición de apoderado del CENTRO MEDICO LA ESPERANZA, y JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO actuando en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, formalizando sus demandas de casación, exponiendo cada uno dos motivos de casación.- 7. Que en fechas siete y dieciséis de agosto del año dos mil trece, se tuvo por devuelto el traslado conferido a los abogados SATURNINO SANCHEZ MEZA y JOSE SANTOS ORTIZCASTILLO, en sus condiciones ya indicadas, por formulado en tiempo los recursos de casación, ordenándose el traslado en forma común a las partes por el término de diez días para que procedieran a contestar la demanda; haciéndolo en fecha nueve de septiembre del año dos mil trece, el abogado SATURNINO SANCHEZ MEZA, actuando en su condición de apoderado del CENTRO MEDICO LA ESPERANZA y en proveído de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JOSE SANTOS ORTÍZ CASTILLO, apoderado de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha 12 de marzo de 2013, que modifica la sentencia que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado Primero de Letras de la sección judicial de La Esperanza Intibucá, en fecha 09 de agosto de 2012, la cual, falla ente otros que: “ …SEGUNDO: Se modifica la sentencia del A-Quo, en cuanto a la disposición ordenada en el apartado segundo; EN CONSECUENCIA: La cuantificación de las sumas por los conceptos objeto de la condena deberán ser objeto de liquidación en un proceso posterior;…”; criterio que la llevo a la violación del principio de congruencia, ya que el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, así como la decisión sobre hechos que resultaren controvertidos de acuerdo al objeto del debate que se fije en el proceso, la sentencia debe estar conforme a la reclamación formulada, de acuerdo con las razones alegadas y probadas; En el sub judice, el ad quem a vertido un pronunciamiento que no resulta congruente, ya que en materia laboral es en el mismo fallo donde deben señalarse los conceptos de la condena, de forma individualizada y conceptual de tal manera que no quede duda a las partes cuales son los montos fijados, así como el caso de declarar los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios en el caso que procedan, estos últimos si serán objeto de liquidación posterior por su naturaleza, pero siempre en el mismo proceso y no en uno posterior; todo lo cual va en perjuicio del debido proceso, derecho de defensa de las partes, tutela judicial efectiva y demás principios que operan en la justicia especializada laboral.- VII. Que para fines jurisprudenciales y con relación a la condena en costas impuestas en la sentencia impugnada, esta Sala ha sentado el criterio que si bien es cierto en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas en el Código Procesal Civil por principio de vencimiento, sino por los criterios donde el Juzgador laboral estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo de forma desleal, con temeridad entre otros; además, se debe recordar que el proceso en materia laboral se regula conforme a las normas contenidas en el Código del Trabajo, que solo a falta de disposiciones especiales se aplicaran las análogas del mismo cuerpo normativo y en su defecto las del Código Procesal Civil, por lo que se debe de respetar el procedimiento que establecen los artículos 703 al 778 de dicho Código Laboral, particularmente lo relacionado con las formalidades que deben observarse en las audiencias de conciliación, trámite y de juzgamiento, así como el trámite de los recursos que determinan dichas normas.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que conforme con el Artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente anular la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207.1, 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 12 de marzo de 2013, visible a folios 7 al 10 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de quince; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 277-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL