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Sentencia CL-268-14 — Registro 5358

Resumen

demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago complementario por periodo de lactancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo, donde el juzgador realizo la valoración de todo el material probatorio llegando a la conclusión de la procedencia de la demanda, todo lo cual lo vuelve inadmisible.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, éste Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los vientinueve dias del mes de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, por el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo por despido ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago complementario por periodo de lactancia, y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo de dos mil trece, por la señora MARIA RAMONA RAMIREZ FLORES, mayor de edad, soltera, Secretaria Bilingüe, hondureña y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, Periodista, hondureño y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada SOAM LEITZELAR HERNANDEZ, en su condición de apoderado de la señora MARÍA RAMONA RAMIREZ; II. REVOCAR los numerales 1) y 2) de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha cuatro de Marzo del año dos mil catorce; los que se deberán leer así: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral promovida por MARÍA RAMONA RAMIREZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su Director Ejecutivo ANDRÉS ABELINO TORRES RODRÍGUEZ para el reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir; 2) En consecuencia CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo ANDRÉS ABELINO TORRES RODRÍGUEZ a REINTEGRAR a la trabajadora MARÍA RAMONA RAMIREZ a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación. III confirmar el numeral 3) de la sentencia apelada. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició a laborar para la institución demandada el 04 de mayo del año 2010, desempeñándose al momento del despido como Recepcionista atención al call center; en fecha 31 de diciembre del año 2012, la demandada fue notificada de forma verbal de la terminación del contrato sin establecer la institución demandada causal legal alguna, únicamente notificándole que ya el contrato no sería renovado, lo cual es ilegal e injusto, debido a que estuvo laborando para dicha institución por más de dos años consecutivos cumpliendo las misma funciones, firmando diferentes contratos, inscrita en el Seguro Social, así como deduciéndole el impuesto personal, lo que califica legalmente como una empleada permanente conforme lo disponen los artículos 47 y 52 párrafo final del Código de Trabajo; que debido a que se le despidió a la demandante estando en periodo de lactancia y protegida por el fuero materno, sin autorización de la autoridad competente como manda el artículo 145 del Código de Trabajo, es que la ley presume que el despido se debe al estado de embarazo de la demandante, ya que éste se produjo dentro de los tres meses posteriores al parto, como así lo establece el artículo 144 del Código de Trabajo, habiendo notificado a la demandada de la hora de lactancia en fecha 27 de noviembre de 2012, el cual culminaba en fecha 11 de abril de 2013, quedando en adeudarle lo que falta de tal periodo, además sin invocarle justa causa, sin el acta de descargos respectiva, violentándole a la demandante el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que la forma de la contratación original y las posteriores de la ahora demandante, jurídicamente se subsume en lo que dispone el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo y en virtud de ello se le concedió el goce del derecho que corresponde por maternidad, si era el caso que no estaba de acuerdo con la forma de su contratación, lo procedente en derecho era que hubiese formulado desde el inicio de la relación la acción que hasta ahora promueve, para que si procedía fuera declarada judicialmente que su relación con el INJUPEMP era de carácter permanente; promover la acción ahora que ha concluido totalmente la relación por haber acaecido el hecho previsto de no disponer de fondos al haber concluido el periodo presupuestario del año 2012, resulta improcedente, y además extemporánea porque ha constituido criterio reiterado de la Honorable Corte Suprema de Justicia, de que el ciudadano que crea tener acción o derecho a solicitar la permanencia a un patrono determinado, debe accionar dicha petición ante los órganos competentes durante esté en vigencia el vinculo contractual que le une a dicho patrono, caso contrario al finalizar la contratación o vínculo se extingue igualmente la acción en tal sentido, que es precisamente lo que ha sucedido en el caso de la ahora demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora María Ramona Ramírez Flores, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que de conformidad a la normas que rigen para la ejecución del gasto público en gobierno central y descentralizado, no es posible la contratación del personal que ocupa puestos temporales mas allá de la duración del ejercicio fiscal de que se trate, es por esta razón que las mismas Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas establecen que el personal contratado bajo la modalidad de temporales, no puede considerarse contratado de forma permanente, porque su contratación depende de la disponibilidad presupuestaria que cuente en este caso el INJUPEMP; que en el caso de autos y de acuerdo a la prueba anteriormente relacionada, la contratación de la demandante se realizó por contratos sucesivos que nunca sobrepasaron el siguiente año fiscal pero que se renovó por contar con la disponibilidad presupuestaria para ello, situación que cambió para el ejercicio fiscal del año 2013, en el cual no se formalizó una nueva contratación por no contar el INJUPEMP con fondos para cubrir el gasto que generaría su contratación; que en el presente caso, la documentación aportada al proceso resulta que la demandante si bien es cierto laboró para la institución demandada desde el año 2010 hasta el 2012 bajo una sucesión de contratos por tiempo determinado, concluyendo el último contrato el 31 de diciembre del año 2012, pero fue hasta el mes de marzo del año 2013, que presentó la presente demanda solicitando el reintegro en un puesto que ya no ocupaba, por lo cual la presente demanda resulta improcedente; que la protección a la maternidad no es obstáculo para la terminación de los contratos pactados a término fijo, por obra, labor determinada, los procedimientos que contienen las normas protectoras de la maternidad en el artículo 145 del Código del Trabajo no son aplicables a los eventos en que la trabajadora no es despedida, sino que su contrato termina por el advenimiento de algunas de las circunstancias previstas al efecto, en el caso de la expiración del plazo fijo pactado o a la terminación de la obra o labor contratada, la forma de finalización de la relación laboral está previamente acordada al momento de iniciarse, de conformidad con las regulaciones de los artículos 46 letras b) y c), 47 párrafo tercero, 111 numeral 1 y 121 del Código del Trabajo; que es por lo anterior que la juzgadora considera que a la demandante no le corresponde el pago complementario por período de lactancia, por lo cual no es procedente su reclamo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia recovando los numerales 1) y 2) de la sentencia definitiva venida en apelación, en el sentido de declarar con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora María Ramona Ramírez, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP); en consecuencia, condenó a la institución demandada a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se cumpla con la reinstalación; confirmando el numeral 3) de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que de la prueba documental proporcionada dentro del proceso por las partes se observa que entre la demandante y el INJUPEMP se firmaron una serie sucesiva de contratos de trabajo a término; que el artículo 52 del Código de Trabajo con el claro espíritu de protección del derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos en su párrafo final establece que si antes de transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba, por lo que el contrato de la demandante debe entenderse como celebrado por tiempo indefinido; que la actuación de la institución demandada al firmar contratos de trabajo a término en forma sucesiva y no renovarlos a su voluntad, pretendiendo que no le acarrea responsabilidad bajo el pretexto de que el plazo del contrato ha terminado, va en contra del derecho a la estabilidad laboral y de la misma se deduce la acción intencional del mismo de terminar el contrato de trabajo en forma unilateral, sin establecer causa de despido; que se acreditó que la demandante se encontraba en el período de tres meses posteriores al parto y que no se podrá dar por terminado el contrato de la trabajadora embarazada en los tres (3) meses posteriores al parto sin comprobar previamente una causa justa ante juez competente, en los casos y condiciones que señale la Ley.- 5. Que mediante auto de fecha cinco de junio de dos mil catorce, este Tribunal resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara su demanda de casación.- 6. En fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada SOAM LEITZELAR HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandante, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado JOSUE NAHUN CASTRO COREA, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva Nacional proveniente de apreciación errónea de la prueba documental, consistente en CONTRATO A TERMINO No. 0170-2012 de fecha 9 de Julio del 2012, a folios 53 y 54 de la primera pieza de autos. Que contiene la fecha de vigencia de dicho contrato la cual finalizo el 31 de Diciembre del año 2012. Que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación del artículo 113 párrafo primero, párrafo segundo y párrafo tercero letra b) del Código del Trabajo, en concordancia con la parte final del artículo 129 de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La corte sentenciadora al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente dl medio de prueba documental CONTRATO A TERMINO No. 0170-2012 de fecha 9 de Julio del 2012, a folios 53 y 54 de la primera pieza de autos. Que contiene la fecha de vigencia de dicho contrato la cual finalizo el 31 de Diciembre del año 2012, El medio de prueba es autentico. En consecuencia de haberlo apreciado correctamente el Tribunal recurrido, hubiera dado por establecido de manera indubitable que en el presente caso la contratación de la demandante si bien es cierto laboro desde el año 2010 hasta el 2012, bajo una sucesión de contratos por tiempo determinado, concluyendo el último contrato el 31 de diciembre del año 2012, pero fue hasta en el mes de marzo del año 2013, que presento la presente demanda solicitando el reintegro a un puesto que ya no ocupaba, por lo cual la presente demanda resulta improcedente. Lo expuesto en el motivo hace admisible el recurso de Casación y es suficiente merito para que se case la sentencia recurrida”.- III. Que el error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el ad-quem haya incurrido en un error de ese tipo, donde el juzgador realizo la valoración de todo el material probatorio llegando a la conclusión de la procedencia de la demanda, todo lo cual lo vuelve inadmisible.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, éste Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por la razón antes expuesta es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA:

  1. DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de octubre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 268-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL