Sentencia CL-256-13 — Registro 4440
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria de emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales más los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad o no de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio por lo cual no era esta la vía adecuada para su ataque.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) cita entre otros como violado, el artículo 113 del Código del Trabajo, el cual es una disposición que cuenta con varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige su ataque; b) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la apreciación errónea de un acta de un inspector de trabajo, en la cual dicho funcionario hace constar la participación y manifestación de varios de los demandantes, de la cual se aduce no se les dio la oportunidad de formular descargos, argumento por lo cual resulta contradictorio y por ende no afecta la validez de dicho documento; todo ello hace inadmisible dicho motivo.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, al confirmar la sentencia del a-quo hace suyos sus pronunciamientos, advirtiendo que si se analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.- V. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: El auto que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos dias del mes de febrero de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de agosto del año dos mil trece, por el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de apoderado de los señores FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, JOSE ERLIN ERAZO MADRID, LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, MARBIN RENAN AVILES PACHECO, OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, en relación a la demanda ordinaria de emplazamiento laboral a fin de que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme y demás derechos laborales, más los reajustes salariales que correspondan y las costas personales y procesales, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de junio del año dos mil doce, por el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de apoderado de los señores FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, JOSE ERLIN ERAZO MADRID, LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, MARBIN RENAN AVILES PACHECO, OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, todos mayores de edad, hondureños, casados, Obreros Fabriles y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en contra de la empresa MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., por medio de su Representante, señor CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración, hondureño y La Lima, Cortés.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda laboral de emplazamiento promovida por los señor: el señor FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en su condición de apoderada legal de los señores 1) FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, 2) JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, 3) JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, 4) JOSE ERLIN ERAZO MADRID, 5) LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, 6) LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, 7) MARBIN RENAN AVILES PACHECO, 8) OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, 9) RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra la EMPRESA MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO; Para que un patrono pruebe la justa causa del despido, que en su defecto sea condenado a pagar prestaciones sociales e indemnizaciones legales, salarios dejados de percibir, 2) ABSUELVE: A la sociedad EMPRESA MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO, de responsabilidad de pagar a los trabajadores demandantes prestaciones sociales e indemnizaciones legales así como los salarios dejados de percibir desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga tenga carácter de firme.- 3) CONDENA: a la sociedad EMPRESAS MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal CESAR OCTAVIO ELVIR PRIETO, a pagar a los trabajadores señores 1) FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, 2) JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, 3) JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, 4) JOSE ERLIN ERAZO MADRID, 5) LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, 6) LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, 7) MARBIN RENAN AVILES PACHECO, 8) OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, 9) RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, la cantidad DOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 211.445.97; desglosado corresponde a así: 1) FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, vacaciones proporcional L.2, 432.10, Decimo tercer mes proporcional L.2, 643.58, Decimo cuarto mes proporcional L.7,402.03, Reajuste salario mínimo 180 días L.12869.40, 2) JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, vacaciones proporcional L.777.43, Decimo tercer mes proporcional L.2286.55, Decimo cuarto mes proporcional L.6402.43, Reajuste salario mínimo 180 días L.14176.80, 3) JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, vacaciones proporcional L..1,650.91, Decimo tercer mes proporcional L.3301.81, Decimo cuarto mes proporcional L.9245.08, Reajuste salario mínimo 180 días L.6822.00, 4) JOSE ERUN ERAZO MADRID, vacaciones proporcional L.3859.63, Decimo tercer mes proporcional L.2643.58, Decimo cuarto mes proporcional L.7402.03, Reajuste salario mínimo 180 días L.8,881.20; 5) LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, vacaciones proporcional L.7208.16, Decimo tercer mes proporcional L.3580.21, Decimo cuarto mes proporcional L.10,024.59; 6) LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, vacaciones proporcional L.3727.92, Decimo tercer mes proporcional L.2,867.63, Decimo cuarto mes proporcional L..8029.37, Reajuste salario mínimo 180 días L.9,032.40, 7) MARBIN RENAN AVILES PACHECO,, vacaciones proporcional L.1586.18, Decimo tercer mes proporcional L.2586.17, Decimo cuarto mes proporcional L.7,241.27, Reajuste salario mínimo 180 días L.13,471.20, 8) OMAR ENRIQUE NUÑEZ, vacaciones proporcional L.3859.63, Decimo tercer mes proporcional L.2643.58, Decimo cuarto mes proporcional L.7402.03, Reajuste salario mínimo 180 días L.12871.80, 9) RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, vacaciones proporcional L.1786.98, Decimo tercer mes proporcional L.2882.23, Decimo cuarto mes proporcional L.8070.25, Reajuste salario mínimo 180 días L.10195.20.- SIN COSTAS.”.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que el 31 de marzo de 2012 al medio día, el señor Lisandro Antonio Lindo Montes le entregó al Gerente de Planta un documento contentivo de la solicitud presentada a la Dirección General del Trabajo de inscripción y reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato de trabajadores SITRAENVASES, quien lo notificó de lo sucedido a la gerencia que casualmente se encontraba el sábado 31 de marzo de 2012 y fue entonces cuando el Gerente General bajaron molestos a la planta, profiriendo insultos en contra de los demandantes, diciéndoles que se fueran de la planta que desocuparan el lugar; el 10 de abril del año 2012 se presentaron a trabajar a la hora que les correspondía, encontrándose con la sorpresa de que los guardias de seguridad del portón de acceso al parque les negaron la entrada del mismo y les entregaron las cartas de despido efectivo a partir de esa fecha, en vista de haber cometido falta grave por haber violentado el Código del Trabajo, así como el reglamento interno de la empresa al hacer suspensión ilegal de labores al abandonar sus puestos de trabajo sin justificación ni permiso alguno para unirse a un grupo de trabajadores que el 31 de marzo de 2012, provocaron pérdidas económicas y atrasos del proceso productivo incumplimiento a sus clientes; que cabe mencionar que el contenido de dichas cartas de despido es confuso y contradictorio, además de injusto y desproporcional, pues se les dice que hicieron suspensión de laborares para unirse a un grupo que estaban en paro ilegal.- 2. La parte demandada, la empresa MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V., contestó dicha demanda señalando según los demandantes existieron malas condiciones de trabajo, aseveración falsa, que desconocían la formación de un sindicato, que lo que fue discutido en la audiencia en la que se encontraba un inspector del trabajo solicitado por parte de la empresa era por haber cometido una falta grave porque suspendieron las labores sin motivo alguno, que impidieron incluso el ingreso de personas y vehículos, habiendo entorpecido de esta forma la producción, a tal grado que se presentaron un día feriado a realizar actos de desorden, que el 31 de marzo del año 2012, cuando abandonaron sin autorización sus puestos de trabajo, cometieron falta grave la cual pretenden esconder bajo una ficción de sindicato, cuando se desconoce si tuvieron dicha intención.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de enero del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, salarios dejados de percibir, absolviendo a la demandada del pago de esos conceptos, condenó a la empresa al pago a favor de los trabajadores de los derechos adquiridos y reajuste al salario mínimo, sin costas. Criterio: que los demandantes incurrieron en faltas graves al incumplir con su obligación para la cual fueron contratados, incurriendo en falta grave contenida en el artículo 98 numeral 5, como ser la prohibición de disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo al promover la suspensión intempestiva de trabajo o excitar a su declaración y mantenimiento participando o no de ella, que los demandantes apagaron las máquinas y se mantuvieron en el pasillo de las instalaciones de la demandada y que se estuvieron allí sin trabajar y que al momento de la hora de salida marcaron cual si hubiesen trabajado todo el tiempo, que si bien es cierto es un derecho de los trabajadores hacer sus reclamos antes su patrono por las vías legales, también no es menos cierto que es un derecho del patrono mantener el orden y tranquilidad dentro de las instalaciones de la empresa y la conducta observada por los demandantes se aleja a la armonía que debe privar en un centro de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil trece, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo. Criterio: que es indiscutible que los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo al apartarse de estos sin permiso de su patrono sin causa justificada.- 5. Que mediante auto de fecha seis de junio del año dos mil trece, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado FELIX GERARDO MÉNEZ LIZARRAGA actuando en su condición de apoderado de los señores FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, JOSE ERLIN ERAZO MADRID, LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, MARBIN RENAN AVILES PACHECO, OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha doce de agosto del año dos mil trece, compareció ante este Tribunal el abogado FELIX GERARDO MÉNEZ LIZARRAGA actuando en su condición de Apoderado de los señores FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, JOSE ERLIN ERAZO MADRID, LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, MARBIN RENAN AVILES PACHECO, OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, formalizando su demanda, exponiendo cinco motivos de casación, por lo que en esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido al abogado FELIX GERARDO MÉNEZ LIZARRAGA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; haciéndolo en fecha veintinueve de agosto del año dos mil trece, el abogado VIRGILIO ENRIQUE PERDOMO VALLADARES, actuando en su condición de apoderado de la empresa MICROENVASES S. DE R.L. DE C.V..- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA en el primer y cuarto motivo de casación, alega: “PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por INFRACCIÓN INDIRECTA del artículo 517, relacionado con los artículos 475, 477 párrafo primero y 484 párrafo primero, todos del Código del Trabajo, proveniente de apreciación errónea de los medios de prueba, relacionados con los artículos 738 y 739 del mismo Código, consistentes en prueba DOCUMENTAL que corre a folio 332, en relación a los medios de prueba documentales que obran a folios 136 a 138, 139 a 141, 142 a 159 del expediente de primera instancia, que hizo incurrir al Tribunal en evidente ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La disposición sustantiva violada por la Corte Sentenciadora lo es el artículo 517, relacionado con los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado, todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal la singularizo a continuación: DOCUMENTAL aportada por la parte demandante, agregada a folios 136 a 138, 139 a 141, 142 a 159, y; RECONOCIMIENTO JUDICIAL de fecha 11 de septiembre del 2012 que obra a folio 332, todos del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el caso que nos ocupa, la Corte sentenciadora omitió verificar y relacionar que en las pruebas: RECONOCIMIENTO JUDICIAL, de fecha 11 de septiembre del 2012, agregada a folio 332 del expediente de primera instancia, consistente en Exhorto cumplimentado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán con el que se hacen constar hechos y datos en las instalaciones de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, de esta ciudad, y donde se procedió a evacuar cada uno de los puntos peticionados en el exhorto. Del estudio de dicho instrumento, resulta que en la Dirección General del Trabajo, en la referida Secretaria de Estado, SI EXISTE SOLICITUD DE INSCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE UN SINDICATO DE INDUSTRIA DENOMINADO SITRAENVASES, presentada en fecha 29 de marzo del 2012 bajo número de expediente PJ-DGT-005-212. Asimismo, se constató que los demandantes FREDY DANIEL LOPEZ DUBON, JOSE ABEL MONTOYA AGUILERA, JOSE ADONIS PEREZ VASQUEZ, JOSE ERLIN ERAZO MADRID, LIZANDRO ANTONIO LINDO MONTES, LUIS ORTILIO CASTILLO ORDOÑEZ, MARBIN RENAN AVILES PACHECO, OMAR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ, RAMON ORLANDO MUNGUIA RAMOS, eran parte interesada como solicitantes, pues aparecían sus nombres y firmas en dicho documento. Igualmente, quedó constatado que no hubo oposición o solicitud alguna de parte de la patronal, para el caso de que solicitara la invalidación o inadmisión de dicha solicitud; tampoco se pudo constatar de que ya existiera resolución administrativa sobre tal petición. TAL COMO PODÉIS CONFIRMAR, EN LA PRUEBA, NO EXISTE ACÁPITE ALGUNO QUE RELACIONE QUE DICHA SOLICITUD A LA FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 EN QUE SE LLEVO A CABO EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL, YA OBRARA EN EL EXPEDIENTE NUMERO PJ-DGT-005-212, RESOLUCION ALGUNA QUE DECLARARA SIN LUGAR DICHA SOLICITUD DE INSCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DEL SINDICATO DE INDUSTRIA DENOMINADO SITRAENVASES. Por lo que resulta que la Corte Sentenciadora, incurrió en apreciación errónea de las pruebas, al tergiversar la misma, habiendo confrontado con los documentos que se aportaron al proceso, donde se demostraba que mis representados formaban parte de una solicitud de sindicato (folios 136-138), que formaban parte igualmente del Acta de fundación de dicha organización sindical (folios 139-141), y que obraba suficientes elementos documentales que demostraban que los mismos tenían la intención de organizarse colectivamente, con el mero afán de obtener mejores condiciones laborales, un reajuste salarial acorde al mínimo vigente, y cero injerencias policiales y represiones (folios 142 a 157), además de que notificaron dicha intención a su patrono en fecha 31 de Marzo del 2012 (folio 159). Más contradictorio resulta, que la misma AD- QUEM acepta que no está acreditado en autos que dicha solicitud fuera declarada sin lugar, pero examina y relaciona equivocadamente la prueba documental, manifestando que no resulta esta prueba suficiente de que los trabajadores, con la intención de constituirse en sindicato, hayan presentado su solicitud cumpliendo los requisitos que la ley exige. Confluye pues la Corte Sentenciadora, en error de hecho proveniente de la apreciación errónea de la prueba señalada, lo que resulta evidente de los autos llegando a violar de manera indirecta la norma sustantiva de orden nacional antes mencionada, mediante la violación de las disposiciones procesales contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. Reiteramos a Vos Honorable Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo; estas pruebas tal como constan a folios 136 a 138, 139 a 141, 142 a 159, y 332 de la primera pieza, hicieron incurrir a la Corte Sentenciadora en violación indirecta del artículo 517 del Código del Trabajo, el cual establece que “la notificación formal de treinta (30) trabajadores hecha a su patrono por escrito, comunicada a la dirección general del trabajo o a la procuraduría de trabajo de la jurisdicción, de su propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha notificación, bajo la protección especial del Estado. En consecuencia, desde la fecha de la notificación, hasta la de recibir la constancia de personería jurídica, NINGUNO DE AQUELLOS TRABAJADORES PODRÁ SER DESPEDIDO, TRASLADADO O DESMEJORADO EN SUS CONDICIONES DE TRABAJO, SIN CAUSA JUSTA, CALIFICADA PREVIAMENTE POR LA AUTORIDAD RESPECTIVA”. Lo anterior en relación con las normas sustantivas contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra e) reformado, todos del Código del Trabajo, en cuanto a que la Corte acusada incurrió en evidente error de hecho que resulta manifiesto de los autos, y la llevó a no aplicar el carácter indemnizatorio de los artículos antes mencionados, y que procedía en el caso concreto. Estas pruebas erróneamente apreciadas constituyen el Primer Motivo que acuso de Casación, y compromete el fallo de la AD-QUEM, que como consecuencia de la errónea apreciación de la prueba la Corte Sentenciadora fundó para confirmar el fallo del A-QUO… CUARTO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por INFRACCION INDIRECTA que es proveniente de la apreciación errónea por ERROR DE HECHO, que resulta evidente de los autos en los medios de prueba DOCUMENTAL que obran a folios 88, 89 al 95, 96 al 98, y 202 a 205 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fue la DOCUMENTAL propuesta por parte demandada que se encuentran agregada a folios 88, 89 al 95, y 96 al 98, del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte Sentenciadora, incurre en error de hecho, que es manifiesto en los autos, al apreciar erróneamente los documentos contenidos a folios 88, 89 al 95, y 96 al 98 del expediente de primera instancia, hecho que la conduce a hacer desestimar los efectos indemnizatorios del artículo 113 interpretado, del Código del Trabajo, siendo su estimación lo procedente, por las razones siguientes: A folios 88, y del 89 al 95 del expediente de primera instancia, se encuentran agregadas a juicio un Acta Notarial y Acta de Inspección y Constatación de Hechos en las cuales la Corte Acusada se fundamentó para determinar la justa causa del despido del cual fueron objetos mis representados. La apreciación errónea de los documentos en relación, se deriva del error de hecho, en que incurre la Corte acusada, al tomar en cuenta las mismas, para determinar que la causal invocada por la demandada en su nota de despido, esta arreglada conforme a derecho. Los documentos relacionados, no evidencian que lo relacionado por la AD-QUEM sea cierto, pues del estudio de la prueba documental contenida a folio 88 del expediente de primera instancia, se colige que el Notario autorizante no presenció los supuestos hechos ocurridos el 31 de marzo del 2012, pues tal como se confronta con el documento que se encuentra agregado a folios 89 al 95 de la primera pieza, se puede evidenciar que los supuestos hechos sucedieron alrededor de las 12:50 p.m. en las instalaciones de la demandada, y no fue sino hasta la 1:30 p.m. que el Notario Humberto Domínguez Aguiluz, arribé a las instalaciones de la empresa. Por lo que a este último, no pueden constarle dichos hechos, y la apreciación errónea de los documentos en mención, deriva del error de hecho, en que incurre la Corte acusada, al tomar en cuenta los mismos para justificar el despido directo de los trabajadores demandantes, pues igualmente se puede corroborar en la prueba propuesta por la parte demandada y que obra a folios 96 a 98 del expediente de primera instancia, que los supuestos hechos se suscitaron alrededor de las 12:50 p.m. del día 31 de marzo del 2013. La Corte acusada al fallar da plena validez a los hechos probados y fundamentos de derecho de la sentencia de fecha 21 de enero del 2013, proferida por la A-QUO, y como resultado, confirma dicho fallo en su parte resolutiva. Sin embargo, vale hacer notar que en cuanto al Segundo Fundamento de Derecho de la Sentencia de primera instancia (véase folio 353 de la primera pieza), la Juzgadora manifiesta: “Que la demandada probé que los demandantes participaron en la suspensión de labores, que apagaron las máquinas y se mantuvieron en el patio de las instalaciones de la demandada, que se estuvieron ahí sin trabajar y posteriormente al llegar la hora de salida marcaron su hora de salida como si hubieran estado laborando; tal y como lo dejaron consignado en las actas de fecha 02 de abril del año dos mil doce levantada por la demandada”. Esta apreciación errónea, de un hecho el cual se da por probado pero que no se encuentra demostrado, por no constar el medio de prueba señalado para tal efecto (actas de fecha 2 de abril del 2012), es evidente y constituye un error de hecho manifiesto, tal como aparece en los autos, pues si bien propuso la demandada como medio de prueba documental un acta notarial de fecha 2 de abril del 2012 (folio 88), en la misma no se encuentran acreditados los hechos admitidos como probados por la A-QUO en su sentencia. Y que por haber sido confirmado dicho fallo de primera instancia por la AD-QUEM, cayó esta última en mala apreciación de la prueba, que constituye a su vez evidente error de hecho manifiesto, que como aparece en los autos, viola las disposiciones legales de orden nacional contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra e) reformado, todos del Código del Trabajo, al no haber sido aplicadas estas disposiciones al caso en concreto cuando era lo procedente si la Corte acusada hubiese apreciado correctamente la prueba en su conjunto. En consecuencia es evidente que la AD-QUEM ha violado las normas sustantivas de orden nacional del Código del Trabajo en vía indirecta a través de la violación de las normas procesales contenidas en el Código del Trabajo vigente en el presente motivo por el error de hecho que es manifiesto en los autos al dar por probado este hecho con los documentos relacionados. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo.”.- III. Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Error de Hecho. Es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Supremo Tribunal observa que el juzgador ad-quem, al confirmar la sentencia del a-quo hace suyos sus pronunciamientos, advirtiendo que si se analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.- V. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como este Supremo Tribunal han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- VI. En los folios 21 y 22 de la sentencia de mérito el juzgador en lo conducente a la valoración de la prueba refiere lo siguiente: “… en el caso que nos ocupa de la prueba aportada al proceso, es indiscutible que el día 31 de marzo del año 2012 los demandantes abandonaron sus puestos de trabajo …. según consta del acta del Inspector del Trabajo y el acta notarial que al efecto levantara el Notario Humberto Dominguez y aunque algunos de ellos aseveran que su máquina estaba en mal estado, no se aportó prueba alguna que tal situación haya sido reportada a la patronal…. si bien el recurrente cuestiona tanto el acta que levantare el Inspector del Trabajo como el acta notarial en referencia … al respecto este Tribunal considera que no es posible estimar tales argumentos a fin de restar su valor probatorio, pues consta en la misma acta levantada por el referido inspector que la Gerente de Recursos Humanos aseveró haber citado a los demandantes a la misma, hecho que no fue desmentido por los trabajadores…. tampoco puede considerarse que los demandantes estaban protegidos por el fuero sindical … del proceso no resulta prueba suficiente de que los trabajadores con la intencionalidad de constituirse como sindicato, hayan presentado su solicitud cumpliendo con los requisitos que la ley exige para ello….”. Resulta pues evidente que el juzgador si hizo la valoración de la prueba en su conjunto allegada al proceso, arribando al convencimiento de que en virtud del emplazamiento la parte demandada, de conformidad con el artículo 113 del Código del Trabajo, probó la justa causa del despido de los trabajadores y por lo tanto éste fue justo y legal, siendo procedente confirmar la sentencia dictada por la iudex aquo y declarar sin lugar la demanda.- VII. Por los motivos anteriores, a criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador. En adición en el cuarto motivo, entre otras, se señala como violado el artículo 113 del Código del Trabajo, el cual contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque.- VIII. Que como segundo motivo de casación, el Impetrante arguye: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por APLICACIÓN INDEBIDA del artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo, en relación al artículo 112 letra 1) de la misma ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina admitidas por este Alto Tribunal, la infracción de la ley por aplicación indebida se da cuando entendida rectamente una norma en sí misma, y sin que medien errores de hecho o de derecho, se aplica a un hecho probado pero no regulado por ella, o cuando se aplica dicha regla a ese hecho para deducir consecuencias contrarias a las queridas por la ley. En el caso que nos ocupa, la A-QUO en su sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil trece (véase los Fundamentos de Derecho (Primero y Segundo) a folio 353 de la primera pieza), dio por probado los hechos invocados por la empresa en su nota de despido y que para esos efectos le entregara a mis representados en fecha 10 de Abril del 2012, y que se subsumía en manifestar que los demandantes cometieron falta grave al “HACER SUSPENSIÓN ILEGAL DE LABORES al abandonar su puesto de trabajo sin justificación o permiso alguno por parte de su jefe inmediato o patrono para unirse a un grupo de trabajadores que de manera ilegal paralizaron las labores de la empresa el día sábado 31 de marzo, 2012, provocando con este tipo de paro pérdidas económicas, atrasos en el proceso productivo, incumplimiento a nuestros clientes pues se dejaron de producir las ordenes de producción establecidas para ese día”. Carta de Despido esta que fundamentó principalmente la empresa en el artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo, en relación al 112 letra 1) del mismo cuerpo legal, que en su parte conducente dicen: “Artículo 98.- Se Prohíbe a los trabajadores... 5) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender ilegalmente labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo, o excitar a su declaración y mantenimiento, sea que se participe o no en ellas”; “Artículo 112.- Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte... letra
- Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”. Disposiciones estas que según la Sentenciadora de Primera Instancia, aplican para dar por justificado el despido directo del que fueron objetos los trabajadores (véase los Fundamentos de Derecho (Cuarto) a folio 354 de la primera pieza). Sin embargo, y tal como este Alto Tribunal ha determinado, TRATÁNDOSE DEL DESPIDO DE VARIOS TRABAJADORES POR HABER SUSPENDIDO ILEGALMENTE SUS LABORES (véase Acta de Inspección Laboral y Constatación de Hechos a folio 90 reglón 28 de la primera pieza), LA CALIFICACIÓN CORRESPONDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DE SER DECLARADA ILEGAL LA SUSPENSIÓN DE LABORES, QUEDA AUTORIZADO EL EMPLEADOR PARA PROCEDER AL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES EN DICHA SUSPENSIÓN, PERO EN TANTO ELLO NO SE PRODUZCA, LA DECISIÓN DEL EMPLEADOR DE TERMINAR LA RELACIÓN DE TRABAJO DE MANERA UNILATERAL RESULTA ILEGAL (véase Casación Laboral CL-20 1-06). De lo anterior se deduce claramente que los invocados artículos 98 numeral 5, y 112 letra 1) del Código del Trabajo, aplican a circunstancias diferentes a las del caso en concreto, pues a pesar de que el hecho se tiene por probado, dichas disposiciones no regulan su aplicación al caso sub judice, donde involucra el despido de varios trabajadores que suspendieron ilegalmente sus labores. Por lo tanto, la Corte acusada, al confirmar la sentencia del AQUO en este aspecto, según lo expresa en el apartado primero del fallo recurrido (folio 22 vuelto de la segunda pieza), incurrió en la infracción señalada al hacer aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo, en relación al artículo 112 letra 1) del mismo cuerpo legal, por lo que pido se case dicha sentencia por este motivo.”.- IX. Que como bien lo manifiesta el impetrante, de conformidad con la jurisprudencia y la doctrina admitidas por este Alto Tribunal, la infracción de la ley por aplicación indebida se da cuando entendida rectamente una norma en sí misma y sin que medien errores de hecho o de derecho, se aplica a un hecho probado pero no regulado por ella o cuando se aplica dicha regla a ese hecho para deducir consecuencias contrarias a las queridas por la ley y al ser un modo directo de violar la ley es sin consideración al material probatorio. En el sub-júdice, aparte de que el censor del fallo insta la revisión del material probatorio, lo cual no es congruente con el tipo de infracción alegada, también es omiso en ilustrar al Tribunal de Casación las normas que debieron ser aplicadas por el juzgador en sustitución de las señaladas como aplicadas indebidamente, tal como se puede apreciar en la explicación del cargo cuando manifiesta “…De lo anterior se deduce claramente que los invocados artículos 98 numeral 5, y 112 letra 1) del Código del Trabajo, aplican a circunstancias diferentes a las del caso en concreto, pues a pesar de que el hecho se tiene por probado, dichas disposiciones no regulan su aplicación al caso sub judice, donde involucra el despido de varios trabajadores que suspendieron ilegalmente sus labores. Por lo tanto, la Corte acusada, al confirmar la sentencia del AQUO en este aspecto, según lo expresa en el apartado primero del fallo recurrido (folio 22 vuelto de la segunda pieza), incurrió en la infracción señalada al hacer aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo, en relación al artículo 112 letra 1) del mismo cuerpo legal, por lo que pido se case dicha sentencia por este motivo.” siendo evidente la necesidad de recordarle al impetrante como parte del rigor técnico y formal que demanda el régimen y naturaleza extraordinaria de la casación, que la claridad permanece incólume, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia Laboral, cuando exige que el escrito deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal de Casación las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y justificando la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución impugnada.- X. Que el Impetrante en el tercer motivo esgrime: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional mediante INFRACCIÓN DIRECTA POR FALTA DE APLICACIÓN del artículo 571 párrafo primero, del Código del Trabajo, en relación con el artículo 570 párrafo primero, del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero, del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: Según la doctrina y la jurisprudencia laboral sustentada por este Alto Tribunal, hay infracción directa de la ley cuando estando debidamente acreditado un hecho en el proceso deja de aplicarse la norma legal que lo regula siendo su texto absolutamente claro, lo que hace que el fallo o resolución contenga disposiciones en abierta pugna con la ley. El artículo 571 del Código del Trabajo en su primer párrafo textualmente dice: “Artículo 571.- Declarada la ilegalidad de una suspensión del trabajo, el patrono queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o participado en ella”, y el artículo 570 del mismo Código del Trabajo también en su párrafo primero dice: “Artículo 570.- La ilegalidad de una suspensión colectiva del trabajo será declarada administrativamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. La providencia respectiva deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella solo procederán las acciones pertinentes ante los Tribunales del Trabajo.”. Es evidente que las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores reguladas por los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo, constituyen normas de estricta observancia por el trabajador para la correcta prestación del servicio. Sin embargo, dichos preceptos no constituyen el marco adecuado para clasificar un dossier de faltas, en especial aquellas relacionadas a conflictos colectivos, pues ante el caso de que ocurra una suspensión ilegal de labores por parte de varios trabajadores, el empleador deberá solicitar administrativamente a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, que sea esta quien determine si dicha falta o suspensión fue ilegal. Cabe mencionar que dicha suspensión labores argumentada, es un hecho debidamente acreditado en juicio, pues así lo reconoce y admite la A-QUO en sus Fundamentos de Derecho de su sentencia (Primero y Segundo) a folio 353 de la primera pieza, y que confirma la Corte acusada en la sentencia impugnada, donde reconoce que los demandantes participaron en dicha suspensión ilegal de labores, que apagaron las máquinas y se mantuvieron en el patio de las instalaciones de la demandada. No obstante, la Corte sentenciadora en abierta pugna con la ley, confirma la sentencia de primera instancia en que se declara sin lugar la demanda laboral de emplazamiento de mérito porque según la juzgadora los trabajadores demandantes incumplieron con la disposición contenida en el artículo 98 numeral 5 del Código del Trabajo, lo que hizo que infringiera la ley por falta de aplicación de la norma sustantiva de orden nacional contenida en el artículo 571 párrafo primero, del Código del Trabajo, en relación con el artículo 570 párrafo primero, del mismo cuerpo legal. Queda así demostrada la infracción alegada en este motivo, siendo procedente que por ello se case la sentencia recurrida.”.- XI. Que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la legalidad o no de la terminación de la relación laboral y ello fue objeto del material probatorio por lo cual no era esta la vía adecuada para su ataque.- XII. Que como quinto motivo de casación se expone: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional en INFRACCION INDIRECTA que es proveniente de la apreciación errónea por ERROR DE DERECHO, que resulta evidente de autos en el medio de prueba DOCUMENTAL que obra a folios 89 a 95 del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra e) reformado, todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal lo es la DOCUMENTAL que consta de acta de inspección y constatación de hechos de fecha 9 de abril del 2012, y que obra a folios 89 a 95 del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las norma sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo, en relación con el artículo 622 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: El artículo 622 del Código del Trabajo establece: “Las actas de constatación o de hechos y las de intimación o notificación, se ajustarán a las fórmulas que establezca la Dirección General de Trabajo, PERO HARÁN EN TODO CASO MENCIÓN EXPRESA LA PRIMERA, DEL DERECHO DE FORMULAR DESCARGOS EN EL ACTA O POR ESCRITO DENTRO DEL TERCERO DÍA y la segunda, de los recursos consagrados en este código y el plazo para ejercitarlos”. El artículo 113 interpretado del Código del Trabajo al respecto desarrolla este principio en la parte que literalmente dice: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido”. Esta misma disposición señala que el trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones laborales. Conforme la primera disposición legal del Código del Trabajo relacionada, es evidente que la ley establece para la validez de las actas de constatación o de hechos, que se cumpla en las mismas, la solemnidad requerida por la ley y que consiste en la exigencia de que se deje constancia EXPRESA en la misma, de haberse cumplido con habérsele hecho a las partes la advertencia del derecho que tiene de formular descargos en el acta o por escrito dentro del tercer día. En cuanto a la segunda disposición legal del Código del Trabajo antes relacionada, la misma establece que deben existir legalmente dos presupuestos para que surta sus efectos legales. Uno, es la existencia de un contrato o relación de trabajo; y dos, la prueba de la existencia de la terminación de ese contrato o relación por la vía de un despido injustificado. La Corte sentenciadora al confirmar el fallo de la Juzgadora de Primera Instancia basándose en el acta agregada a folios 89 a 95 de la primera pieza, no toma en cuenta que este documento en que se sustenta para dar por probada la existencia del despido es un documento que no cumple con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para que el mismo tenga plena validez en juicio. Al darle plena validez la Corte acusada incurre en apreciación errónea del mismo por manifiesto error de derecho que es evidente enjuicio, ya que no le da cumplimiento a lo que dispone el párrafo final del artículo 739 del Código del Trabajo que dispone: “sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus no se podrá admitir sin prueba por otro medio”. La doctrina en materia de casación laboral refiere que el error de derecho se produce en aquellos casos como: A) Cuando el Tribunal da por establecido un hecho con una prueba no autorizada por la Ley, o por exigir está DETERMINADA SOLEMNIDAD PARA LA VALIDEZ DEL ACTO; o B) También cuando se deja de apreciar una prueba de esta índole. En el caso de autos, es evidente, la situación del hecho, que pone de manifiesto el error de derecho cometido por la Corte Sentenciadora. De la lectura del acta contenida a folios 89 a 95 del expediente de primera instancia, y confrontada, con lo que dispone el artículo 622 del Código del Trabajo, consta de autos, que no se cumplió en el acta LA SOLEMNIDAD EXPRESA QUE LE EXIGE LA LEY PARA SU VALIDEZ, y que consiste, tal y como lo dispone el artículo 622 del Código del Trabajo, en la formalidad ineludible de: “...PERO HARÁN EN TODO CASO MENCION EXPRESA LA PRIMERA, DEL DERECHO DE FORMULAR DESCARGOS EN EL ACTA O POR ESCRITO, DENTRO DEL TERCERO DIA”. La norma del Código del Trabajo relacionada, señala en su contenido, dos tipos de actas, las ACTAS DE CONSTATACIÓN O DE HECHOS, y las actas de intimación o notificación; en el caso de autos el acta que relacionamos es un acta de constatación o de hechos por tanto debe contener la mención de la formalidad expresa que exige el artículo 622 del Código del Trabajo, al no tener esta formalidad, fijada por la Ley, la misma no puede ser apreciada por el Tribunal, para dar por probado un hecho en juicio, porque es evidente, que el documento no cumple con la solemnidad exigida por la Ley, por tal razón al apreciarlo y dar por probado uno de los hechos controvertidos en el juicio ha violado el derecho de todo ciudadano, de ser juzgado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, al violar el mandato expreso del artículo 379 que dispone “SIN EMBARGO, CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA SOLEMNIDADAD SUSTANTIAM ACTUS NO SE PODRA ADMITIR SIN PRUEBA POR OTRO MEDIO”. Estas consideraciones legales expuestas llevan a la conclusión de que procede en el caso de autos la aplicación de las disposiciones legales de orden nacional contenidas en los artículos 113 interpretado, 116 letra e) y 120 letra c) reformado, todos del Código del Trabajo, cuando es evidente que en el caso de autos hay plena prueba de que haya existido un despido. Y la aplicación de estas normas sustantivas a un caso concreto, se produce, en virtud de estar probado el presupuesto de la existencia del despido, y que así, dentro del silogismo jurídico, el Juzgador pueda calificar la existencia o no de la justa causa para determinar si procede o no otorgar la indemnización. Es evidente que el presupuesto de hecho que requiere la aplicación de estas normas sustantivas como lo es la prueba de la existencia del despido, es la prueba irrefutable de la existencia de la ruptura ilegal del contrato para que en un estrecho vínculo de relación de causalidad produzca el efecto indemnizatorio previsto en la Ley. En consecuencia, queda demostrado que la Corte Acusada, ha violado las normas sustantivas de orden nacional en vía indirecta, a través de la violación de las normas procesales y normas relacionadas en el presente motivo, por el error de derecho, que es manifiesto en los autos al darle validez a un documento que no reúne la solemnidad requerida por la Ley para su validez en juicio. En razón de todo lo anteriormente expuesto procede se case la sentencia en el presente motivo.”.- XIII. Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) cita entre otros como violado, el artículo 113 del Código del Trabajo, el cual es una disposición que cuenta con varios párrafos y literales, que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas se dirige su ataque; b) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la apreciación errónea de un acta de un inspector de trabajo, en la cual dicho funcionario hace constar la participación y manifestación de varios de los demandantes, de la cual se aduce no se les dio la oportunidad de formular descargos, argumento por lo cual resulta contradictorio y por ende no afecta la validez de dicho documento; todo ello hace inadmisible dicho motivo.- XIV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cinco motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cinco motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de febrero del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dos de febrero del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 256-13.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL