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Sentencia CL-249-14 — Registro 5061

Resumen

Demanda ordinaria Laboral para pago de prestaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil catorce que corre agregada a folios 26-34 (v), en su parte resolutiva confirma la sentencia del iudex a-quo, bajo los mismos criterios, la que fue notificada en estrados a los representantes judiciales de las partes intervinientes en el juicio.- VII.- Que la Corte de Apelaciones tiene sus funciones claramente establecidas en la ley y respecto al alcance de las decisiones de la apelación, conforme lo dispuesto en el Artículo 715 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el tribunal ad-quem puede confirmar, revocar y anular los fallos dictados por tribunales de primer grado.- VIII. También es preciso recordarle al tribunal ad quem que el artículo 197 literal 2) del Código Procesal Civil, exige que al notificar la resolución a las partes se debe de indicar si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, requisitos que no aparecen consignados en la sentencia dictada y notificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés. En consecuencia, al ser omisa de ese requisito formal viola las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen, tal como lo establece el Artículo 701.3 del Código Procesal Civil, de aplicaciòn supletaria en materia laboral, cuando se refiere que “el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.-"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, por el abogado ARIO AYALA MARZI mayor de edad, casado, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, en su condición de representante procesal de la compañía INVERSIONES FROSTY S. DE R.L. de C.V., en relación a la demanda ordinaria Laboral para pago de prestaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de agosto de dos mil trece, por los señores JAIRO NATAREN MONGE, mayor de edad, soltero, Obrero, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, departamento de Cortés; y JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, mayor de edad, unión libre, Obrero, hondureño y del domicilio Choloma, departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada INVERSIONES FROSTY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (FROSTY S. DE R. L. DE C.V.), por medio de su representante legal el señor SAMMY JAMAL ABUFELE SALOMON, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha ocho de mayo del dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia definitiva de fecha diecisiete de Marzo del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por los señores: JAIRO NATAREN MONGE Y JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la sociedad INVERSIONES FROSTY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (FROSTY S. DE R. L. DE C.V.), a través de su representante legal señor SAMMY JAMAL ABUFELE SALOMON, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: a la sociedad INVERSIONES FROSTY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (FROSTY S. DE R. L. DE C.V.), a través de su representante legal señor SAMMY JAMAL ABUFELE SALOMON, a pagarle a los demandantes JAIRO NATAREN MONGE Y JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, la cantidad CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.146,095.30) distribuida así: JAIRO NATAREN MONGE, la cantidad de 78,102.59, los cuales se desglosan así:, Preaviso lps.17,872.28; Auxilio de Cesantía Lps.53,616.85; Auxilio de cesantía proporcional lps.1,067.37; vacaciones proporcionales lps. 609.93, Decimo tercer proporcional Lps. 4,382.96, Decimo cuarto mes proporcional Lps. 553.19; JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, la cantidad de lps.67,992.71; los cuales se desglosan así:, Preaviso lps.16,975.44; Auxilio de Cesantía Lps.42,438.61; Auxilio de cesantía proporcional lps. 2,475.59; vacaciones proporcionales lps.1,414.62, Decimo tercer proporcional Lps. 4,163.03, Decimo cuarto mes proporcional Lps. 525.43, Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandante JAIRO NATAREN MONGE Y JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme la presente sentencia definitiva.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron que comenzaron a trabajar con la demandada en las fechas siguientes JAIRO NATAREN MONGE, el trece de junio del dos mil siete, y JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, el once de abril del dos mil ocho, se desempeñaban en el cargo de producción de bebidas naturales, con un horario de trabajo semanal de 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y con un salario base mensual de Lps. 6,960.00, mas horas extras, hasta el veintisiete de julio del año dos mil trece, al ser despedidos por escrito injustificadamente por parte del Gerente General SAMMY ABUFELE S.; la causa invocada fue el hecho que el dieciséis de julio de dos mil trece, marcaron su entrada a las labores, luego abandonaron el centro de trabajo, causal que es tipificada en el reglamento interno de la empresa y en el Código del Trabajo, fundamentada en el artículo 98 numeral 1; 112 literal L). Que el hecho en que el patrono fundamentó el despido contradice la realidad, ya que el día dieciseis de julio del dos mil trece, marcaron tarjeta de entrada en la empresa pero fue con permiso y autorización de sus superiores que ese día salieron a Banco de Occidente a cambiar el cheque de su catorceavo mes en compañía de sus compañeros NOE ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS ROBERTO BURGOS MALDONADO, JOSE ARNULFO RODRIGUEZ, EDWIN FRANCISCO HERNANDEZ VILLANUEVA, JOSE ANTONIO HERRERA, SESIA YOHANA AGUILAR RODRIGUEZ, ARELY MARTINEZ RAPALO, y cuando regresaron solamente a ellos dos se les negó el acceso y diez días después se les dió la carta de despido.- 2.- La parte demandada, la sociedad INVERSIONES FROSTY S. DE R.L. de C.V., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, argumentando que el día quince de julio del dos mil trece, su representada le entregó a cada uno de los actores el pago de decimocuarto mes correspondiente al periodo año 2012-2013, mediante cheques librados a sus respectivas ordenes, luego en la mañana del día siguiente dieciséis de julio del dos mil trece, al presentarse a sus labores a las nueve de la mañana adujeron que en el banco de Occidente S.A. no se les habían pagado los respectivos cheques; ambos actores abandonaron injustificadamente el centro de trabajo sin consentimiento y sin permiso del patrono en horas de labor, a pocos minutos de pasada las nueve de la mañana; luego de transcurrida mas de una hora, cuando retornaron los demandantes al centro de trabajo, se les reiteró sobre la grave falta por ellos cometida, y se les expresó que regresaran a trabajar hasta el día siguiente. Que en fecha veintiséis de julio de dos mil trece se le hizo entrega a cada uno de los actores de una nota en que se les comunicó el despido directo, que se cumplió con todos los recaudos legales antes del despido.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó a la demandada a pagarle a los demandantes la cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (L.146,095.30) distribuida así: JAIRO NATAREN MONGE, la cantidad de 78,102.59, los cuales se desglosan así: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, JOSE DAGOBERTO REDONDO SILVA, la cantidad de L.67,992.71; los cuales se desglosan así:, Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer proporcional, decimocuarto mes proporcional, mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por los demandantes, desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva, sin costas, bajo el criterio que la causa invocada para poner fin a la relación de trabajo es injusta, que se entiende por abandono no el hecho que el trabajador falta a sus labores, sino el consistente en que iniciada la prestación del servicio se abstenga de seguir desempeñándolo y se ausente del sitio de trabajo. Que los demandantes después de marcar su tarjeta salieron de la empresa a cobrar el cheque, lo que genera duda es si fue con autorización de sus superiores o no, con relación a tal duda, el cheque que le fue entregado al demandante JAIRO NATAREN MONGE, tenía un error, situación por la cual no pudo hacer efectivo su cheque, ante tal situación el día 16 de julio del año 2013 se procedió a reponerlo después de las nueve de la mañana, lo que significa que el demandante ya había salido al banco; sin embargo en ese momento no se le reclamó por haber salido, por el contrario se procedió a reponerle el cheque de inmediato dando a entender que el demandante contaba con el consentimiento de su patrono para salir. Que fueron varios los trabajadores que salieron en compañía de los demandantes sin embargo no fueron sancionados como tampoco la demandada acreditó que esos otros trabajadores se les dio permiso verbal o escrito; si bien es cierto la falta reviste de cierta gravedad también no es menos cierto que el reglamento interno de trabajo establece que cuando la falta revista gravedad que no llegue al despido se le aplicará la medida disciplinaria de suspensión hasta por ocho días sin goce de salario, en el caso de autos el reglamento interno de trabajo se limita a establecer las faltas graves no especifica cuales revistes cierta gravedad por lo que este Tribunal presume que se refiere a las mismas faltas graves como la prohibición a los trabajadores contenida en el artículo 78 del mismo reglamento numeral primero como el abandono; tomando en consideración que la demandada no sancionó a ningún de los otros empleados que se fueron en compañía de los demandantes sin permiso, significa que dicha falta no revestía de tal gravedad como para despedir a los demandantes.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha ocho de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la dictada por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que los demandantes se retiraron de su puesto de trabajo en la creencia de estar autorizados o habilitados por su empleador a través de uno de sus representantes, la señora ZONIA SABILLON en su condición de supervisora, quien en razón de su cargo desempeña un puesto de dirección en representación del patrono al tenor de lo que dispone el artículo 6 del Código del Trabajo; de ahí que, no es posible considerar o concluir que los trabajadores hayan abandonado de forma deliberada su puesto de trabajo, incurriendo con ello en una falta laboral a ellos imputable, pues la expresión “que ya podían ir al Banco que ya había dinero” por parte de la Señora ZONIA SABILLON se interpretó como una autorización para ir a cambiar o cobrar el cheque que los demandantes recibieron en pago de su décimo cuarto mes de salario; la actuación de la sociedad demandada al tomar medidas correctivas respecto de los demandantes, aplicándoles la máxima sanción disciplinaria, por considerar que éstos abandonaron su puesto de trabajo sin su permiso, se contrapone a los principios que rigen tanto la potestad sancionatoria del patrono como las reglas sobre el régimen disciplinario a aplicar ante la comisión de una falta laboral del trabajador subordinado; pues es evidente que aún y cuando garantizando el derecho de defensa se siguió un procedimiento previo de cargos y descargos contra los demandantes al imputárseles la falta en mención, se aplicaron distintas sanciones disciplinarias en razón de comportamientos idénticos y derivados de una misma causa u origen, inobservándose con ello los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad entre la falta y la sanción.- 5.- Mediante auto de fecha cinco de junio de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ARIO AYALA MARZI en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES FROSTY S. DE R. L. DE C.V. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- Que en fecha cuatro de agosto del dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el Abogado ARIO AYALA MARZI, en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES FROSTY S. DE R. L. DE C.V. , formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha veintiuno de agosto del dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado MIGUEL CARLOS FERNANDO RIVERA NUÑEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, la Corte de Apelaciones de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil catorce que corre agregada a folios 26-34 (v), en su parte resolutiva confirma la sentencia del iudex a-quo, bajo los mismos criterios, la que fue notificada en estrados a los representantes judiciales de las partes intervinientes en el juicio.- VII.- Que la Corte de Apelaciones tiene sus funciones claramente establecidas en la ley y respecto al alcance de las decisiones de la apelación, conforme lo dispuesto en el Artículo 715 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el tribunal ad-quem puede confirmar, revocar y anular los fallos dictados por tribunales de primer grado.- VIII. También es preciso recordarle al tribunal ad quem que el artículo 197 literal 2) del Código Procesal Civil, exige que al notificar la resolución a las partes se debe de indicar si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, requisitos que no aparecen consignados en la sentencia dictada y notificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés. En consecuencia, al ser omisa de ese requisito formal viola las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen, tal como lo establece el Artículo 701.3 del Código Procesal Civil, de aplicaciòn supletaria en materia laboral, cuando se refiere que “el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 22, 200, 206, 701 numeral 3), 715 numeral 1) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, de fecha 08 de mayo del 2014, visible a folios 26 y 34 (v) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 249-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL