Sentencia CL-232-15 — Registro 5684
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el subjúdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa, como ser que se declaró sin lugar la demanda y por ende se le absolvió de la pretensión de pago de derechos adquiridos causados (vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes causado), por ende su pretensión debió haber sido parcial; asimismo,omite pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho dias del mes de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de junio de dos mil quince, por el abogado MARVIN CRUZ FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de un despido ilegal e injusto, y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de febrero de dos mil trece, por el abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor WILFREDO APLICANO MOLINA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor WILFREDO APLICANO MOLINA, contra el Estado de Honduras representado por la Abogada ETHEL DERA ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, en cuanto a la pretensión de nulidad de un contrato por simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal, por ende SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS CONTATOS DE CONSULTORIA Y UN ULTIMO CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES que suscribió el demandante con el Estado de Honduras.- SEGUNDO: CONDENA al reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indefinido la que sostenía el trabajador señor WILFREDO APLICANOMOLINA, con el Estado de Honduras, específicamente con la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo.- En consecuencia procede el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal, desarrollados así: Preaviso L. 140,000.00; Auxilio de Cesantía L. 140,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 2,520.00; Aguinaldo proporcional L. 45,840.00; Vacaciones Proporcionales L. 1,260.00; Decimo Cuarto Mes Proporcional L. 15,840.00 y los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta que la presente sentencia adquiera el carácter de firme.- TERCERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor WILFREDO APLICANO MOLINA, contra el Estado de Honduras representado por la Abogada ETHEL DERA ENAMORADO en su condición de Procuradora General de la República, en cuanto a la pretensión de derechos adquiridos causados (vacaciones, decimo termes y decimo cuarto mes causado), en consecuencia SE ABSUELVE de esa única pretensión.- CUARTO: SIN LUGAR la excepción de prescripción.- QUINTO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en fecha 23 de septiembre de 2010, como Coordinador General de la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF), devengando un salario mensual de L.60,000.00, en fecha 21 de septiembre de 2012, se le notificó al demandante el despido a partir del 5 de octubre de 2012,dicho contrato era de servicios profesionales mismo que es contrario a derecho ya que era un trabajador, teniendo un horario de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyendo los elementos esenciales del contrato de trabajo, por lo que el contrato que celebró con la Secretaría de Estado es una simulación de contrato, constituyendo un fraude a la ley, en aplicación a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo, siendo las labores permanentes en la empresa se considerara que el contrato es celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese término de duración; la parte demandante también hace alusión a la figura de concurrencia de contratos establecido en el artículo 24 del Código del Trabajo, agregando que se puede celebrar contrato de servicios profesionales cuando la naturaleza de los servicios lo permita, siendo que debe de existir independencia técnica y administrativa de actividades temporales.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contestó dicha demanda señalandoque el demandante prestó sus servicios profesionales mediante la celebración de ocho contratos de consultoría a término, iniciando desde el 23 de septiembre de 2010, hasta el 31 de junio de 2012, y otro de servicios profesionales y técnicos, con una vigencia determinada del 01 de julio de 2012 al 31 de diciembre del mismo año, contratado para desempeñar el cargo de Coordinador General de la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento (UECF), siendo éste un cargo técnico por la naturaleza de sus funciones; en fecha 21 de septiembre de 2012, se le hizo entrega al demandante el oficio número 1996-SS-12 suscrito por la Dra. Roxana Patricia Araujo Valladares, Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, oficio mediante el cual se le notificó al ahora demandante de la rescisión del contrato de servicios profesionales y técnicos que mantenía con la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento UECF, a partir del 5 de octubre de 2012, dicha rescisión se amparó en la cláusula décimo sexta, numeral 3 de los contratos de consultoría y octava numeral 3 del contrato de servicios profesionales y técnicos, registrado bajo el número 012-2012, sin embargo se rechaza en cuanto a que el demandante aduce que se le hizo entrega de una nota de despido, siendo otra la realidad, pues no hay que confundir el término de despido que aplica al personal permanente cuando los servidores públicos han cometido alguna falta grave que amerita su despido sin responsabilidad alguna para el Estado con la rescisión del contrato, rescisión que está amparada a derecho, según las cláusulas de los contratos antes señalados; se rechaza la pretensión del demandante de querer aplicar al presente caso el artículo 47 del Código de Trabajo, ya que este artículo no es aplicable a los contratos de servicios profesionales y técnicos celebrados con la administración pública, porque son contratos administrativos de carácter temporal, regidos por el derecho administrativo, con una vigencia determinada, además dicho artículo se refiere a los contratos individuales de trabajo y claramentea labores de naturaleza privadas, sin duda alguna que en el presente caso existen contratos, pero son contratos de consultoría y de servicios profesionales y técnicos, pero excluidos de la aplicación del Código de Trabajo, claro que es lógico pensar que en todo contrato de trabajo ya sea éste regido por el Derecho Administrativo o el Código del Trabajo existe una actividad personal que realizar, subordinación del empleado, y un salario como retribución por sus servicios prestados, pero ello no significa que estos contratos estén excluidos de la aplicación de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que deban ser regulados por el Código del Trabajo, reiterando que de ninguna manera existe simulación o fraude en la contratación, puesto que el mismo demandante sabe que el cargo que ocupó es de un profesional técnico y no de cualquier otro tipo de personal de baja categoría.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Wilfredo Aplicano Molina, contra el Estado de Honduras, en cuanto a la pretensión de nulidad de un contrato por simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal, por ende se declara la nulidad de los contratos de consultoría y un último contrato de servicios profesionalesque suscribió el demandante con el Estado de Honduras; condenando al reconocimiento de una relación de trabajo por tiempo indefinido la que sostenía el trabajador señor Wilfredo AplicanoMolina, con el Estado de Honduras, específicamente con la Secretaría de Salud, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República y 3 del Código del Trabajo; en consecuencia procede el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal, más los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el demandante contra el Estado de Honduras en cuanto a la pretensión de derechos adquiridos causados; absolviendo al demandado por dicha pretensión; sin lugar la excepción de prescripción, sin costas; bajo el criterio que siendo que el vínculo de las partes está bajo el amparo del Código del Trabajo, por tratarse de una relación de trabajo, no de un contrato de consultoría, es entendido que la finalización de trabajo también es nula por ser ilegal y procede lo solicitado por el demandante; en cuanto a la excepción de prescripción, ésta se fundamenta en que el demandante dejo transcurrir el plazo establecido en la ley, ya que fue rescindido el contrato en fecha 21 de septiembre del 2012 y debió de comparecer en un plazo de dos meses y lo hizo hasta en fecha 11 de febrero del 2013; tal como consta de autos al demandante se le notifica de su finalización de contrato en fecha 21 de septiembre del 2012, pero del texto de la notificación en referencia se deriva que esta finalización inició a correr a partir del 5 de octubre del 2012, también consta de autos, que el demandante hace el reclamo administrativo el 19 de noviembre del 2012, reclamo que provoca la interrupción del plazo de la prescripción y tienen como consecuencia la inutilización de ese tiempo, es decir el tiempo inicia nuevamente a correr a partir que finaliza la diligencia administrativa, acontecimiento que se da en fecha 11 de diciembre del 2012, teniendo el demandante un plazo legal para presentar la demanda que nos ocupa hasta el 11 de febrero del 2013, fecha en que presenta la misma tal como consta del presentado de la demanda que realiza la Secretaria General de este Juzgado, por lo que la demanda que nos ocupa está presentada en el plazo legal, siendo improcedente la prescripción en este sentido; también el demandante pide el reconocimiento de derechos de empleado permanente, debiendo de solicitarlo a partir de que se vio afectado, tenía dos meses para solicitar dicho derecho, olvidando el excepcionista que el demandante después de dos meses del inicio de su relación laboral siguió laborando para la institución, hasta el momento en que finaliza la misma, por lo que cada día que labora un trabajador existe el derecho de reclamar cualquier violación laboral, aceptar la posición del demandado sería atentatorio a todos los derechos laborales, ya que todos prescribirían, debiendo declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción por infundada; por la rescisión inesperada y sin fundamento, de los contratos de consultoría, ha operado el despido ilegal e injusto del demandante, tomando en cuenta que no se trata de un contrato de consultoría o de servicios profesionales, sino de un claro y simple contrato de trabajo, quedando invalidas las cláusulas pactadas por debajo de lo establecido en la Constitución de la República y el Código del Trabajo, específicamente cuando se ha dado una denominación incorrecta a un verdadero contrato de trabajo por concurrir los tres elementos que legitiman a éste; el principio de Estabilidad Laboral del Derecho del Trabajo impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión; se hace la reflexión que el Estado de Honduras, al momento de contratar recurso humano deberá de enmarcarlo en el tipo de contrato que corresponda, ya que contratar personal bajo modalidades figuradas, como ser contratos administrativos, siendo relaciones eminentemente de trabajo se expone a perjuicios económicos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de abril de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la valoración del medio de prueba documental, quedó acreditada en juicio la relación laboral existente entre la parte actora y la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, habiendo iniciado esa relación laboral el 23 de septiembre del 2010; el salario que devengaba el demandante era de L.60.000.00 en el puesto de Coordinador General de la Unidad de Extensión de Cobertura y Financiamiento, siendo despedido el 5 de octubre del 2012, habiéndose comprobado que tenían más de dos años de haber ingresado y que se firmaron 8 contratos; con todos los medios probatorios el demandante probó, que mantuvo sus relaciones laborales, bien caracterizadas, con los elementos tipificados por el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista una relación laboral es decir que realizan una actividad con un horario de entrada y salida, recibían instrucciones a realizar (subordinación) y percibían un salario mensual; no obstante que la parte demandada esgrimió como fundamento que el demandante, en su relación laboral están reguladas por contratos de trabajo por tiempo determinado, mas cierto es que sus relaciones laborales están sometidas por razón de la actividad o materia al Código del Trabajo vigente y su aplicación al caso concreto predomina la norma comprendida en los artículos 3, 20 y 47 de este ordenamiento legal, al igual que a los Tratados Internacionales suscrito por Honduras con la OIT, mismo que establece que el trabajo es un derecho reconocido universalmente, lo que en relación con la Constitución de la República en su artículo 129, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo, como también a la protección contra el desempleo, en consecuencia la sentencia dictada por la a quo, esta apegada a todo el ordenamiento legal que regula el hecho concreto del estudio conocido vía apelación.- 5. Mediante auto de fecha veinte de mayo de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintinueve de junio de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de agosto de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado MARVIN CRUZ FLORES, formula el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: CASAR TOTALMENTE la sentencia recurrida de fecha veintidós de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en consecuencia PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL, interpuesta por el señor WILFREDO APLICANO MOLINA, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, representado por el Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA por no estar ajustada en derecho. SEGUNDO. ABSUELVE a la parte Demandada del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales tales como: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, Vacaciones Proporcionales, Décimo Cuarto Mes Proporcional y los salaries dejados de percibir TERCERO. SIN COSTAS.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el subjúdice, el Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que resuelve un fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa, como ser que se declaró sin lugar la demanda y por ende se le absolvió de la pretensión de pago de derechos adquiridos causados (vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes causado), por ende su pretensión debió haber sido parcial; asimismo,omite pronunciarse sobre la excepción de prescripción opuesta por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. YMANDA: Que con la respectiva certificación, sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 232-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL