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Sentencia CL-23-14 — Registro 4420

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que incurre en defectos técnicos, a saber: a) enuncia en forma incompleta la formulación del cargo, al omitir si la infracción indirecta alegada es producto de un error de hecho o de derecho, ya que es hasta el desarrollo del concepto de la infracción que se refiere a una apreciación errónea de la prueba; b) las normas que cita como violadas no ostentan el carácter de sustantivas y en su mayoría no corresponden al orden laboral; c) el precepto autorizante invocado esta incompleto, ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos con distintas causales de casación, por lo que debió haber precisado uno de ellos; d) en el desarrollo del cargo hace referencia a otras disposiciones legales que no han sido señalados en la formulación del mismo, como ser los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo; y, e) realiza extensos alegatos de instancia, incumpliendo con lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV.- Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de abril de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, por la abogada MARTHA BARAHONA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de marzo de dos mil trece, por el señor WILFREDO RODRIGUEZ SAUCEDA, mayor de edad, soltero, estudiante, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor WILFREDO RODRIGUEZ SAUCEDA, contra el ESTADO DE HONDURAS; CONDENÓ al Estado de Honduras, a pagarle al demandante la cantidad L.63,463.16 desglosados así: Preaviso: L.21,933.32; auxilio de cesantía: L.21,933.32; auxilio de cesantía proporcional: L.4,569.50; vacaciones: L.8,042.32; vacaciones proporcionales: L.2,284.75; décimo cuarto mes proporcional: L.4,699.95, más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme esta sentencia condenatoria, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifiesta en el escrito de su acción, que inició la relación de laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en fecha 1 de agosto de 2010; que en fecha 7 de enero del año 2013, fue despedido el demandante de manera escrita por parte de la demandada, argumentando como supuesta justa causa de despido, el hecho de haber faltado injustificadamente al trabajo en las fechas 2, 3 y 4 de enero del 2013, cabe mencionar que todo lo anterior es completamente falso y alejado de la verdad, extremo que será desvirtuado en el momento procesal oportuno con una vasta de medios probatorios; que el demandante jamás faltó injustificadamente al trabajo, pero aunque lo hubiese hecho, la parte demandada esta obligada por mandato de la ley a seguir un procedimiento previo a despedir a un trabajador, lo que no hizo en el presente caso, razón por lo cual violó de manera irrestricta y directa el derecho a la defensa, ya que al demandante no se le citó a una audiencia de descargos para efectos de desvirtuar la supuesta falta consistente en ausencias injustificadas, por lo que a todas luces el despido de que fue objeto es ilegal e injusto.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que en cumplimiento de la normativa del Código de Trabajo y el Reglamento de esta Secretaría, se notificó mediante nota de fecha 7 de enero del año 2013, al demandante la terminación de su nombramiento bajo el sistema de jornal o planilla en virtud de haber llegado a su fecha de finalización, no obstante en el caso que nos ocupa había causa justa de las establecidas en la normativa de separación de su cargo por abandono de trabajo, en virtud de haber infringido el artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo que establece: “Son causa justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes” y del artículo 77 inciso e) del Reglamento de esta Secretaría de Estado, sin embargo se rechaza rotundamente lo que manifiesta el demandante que fue desligado de sus funciones por una “supuesta falta no justificada” pretendiendo desconocer el abandono de su trabajo sin permiso de la autoridad competente por el tiempo que determinada la ley, siendo entonces más que evidente sus ausencias en el puesto de trabajo sin justificación alguna constituyendo las mismas, causa justa para un despido sin responsabilidad por parte de la demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de agosto de dos mil trece, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Wilfredo Rodríguez Sauceda, contra el Estado de Honduras; condenó al demandado a pagarle al demandante la cantidad L.63,463.16 por lo conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio en el presente la carga de la prueba correspondía a la parte demandada al invocarle como causal de despido al demandante el abandono de sus labores los días 2, 3 y 4 de enero del 2013 sin causa justificada, pero resulta que al no haber comparecido la representante procesal de la parte demandada a la Audiencia Primera de Trámite no aportó ningún medio de prueba a favor de su representado que probara el abandono de labores sin causa justificada en que supuestamente incurrió el demandante y que fue el motivo por el cual se le despidió de su puesto de trabajo, por lo que al no acreditar la justa causa en que basó el despido, resulta procedente declarar con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, dictó sentencia confirmando la de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al proceso procede declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito, por no haber acreditado la parte demandada que el señor Wilfredo Rodríguez Sauceda faltó a su trabajo, como lo afirma tanto en la nota de despido como en su escrito de contestación de demanda, considerándose por tal motivo que el despido es ilegal e injusto y procede el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas.- 5. Mediante auto de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada MARTHA BARAHONA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada MARTHA BARAHONA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha se tuvo por devuelto el traslado conferido a la abogada MARTHA BARAHONA, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha treinta de abril de dos mil catorce, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal de la parte demandante, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que la abogada MARTHA BARAHONA, formula su único motivo de casación de la manera siguiente: “Infracción indirecta del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; normativa del artículo 13 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 1348 del Código Civil; 67, 85, y 91 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2012, contenido en el Decreto 255-2011. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: “El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; de igual manera la normativa del artículo 13 primer párrafo de la Ley de Servicio Civil prescribe: “Para fines de los artículos 3 inciso m) de la ley y 9 inciso 14) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, son trabajadores del Estado pagados por el sistema de planillas, aquellos que generalmente realizan actividades de jornaleros y cuya vinculación se produce mediante resolución interna de autoridad competente... no estando sus puestos incluidos en el anexo desglosados de Sueldos y salarios Permanentes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ...“; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo el sistema de Jornal o Pago por Planilla, contratado mediante una Resolución Ministerial, vale decir se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba obligaciones y derechos entre las partes contratantes, que se sometieron libre y espontáneamente únicamente a la normativa del indicado nombramiento ministerial, el cual contenía fecha de inicio y de finalización, en el entendido que el demandante era un trabajador temporal y que consecuentemente no tenían las partes más derechos y obligaciones de las que se generaron en dicho nombramiento; en tal sentido la prestación del servicio por jornal o por pago de planilla no puede ser considerado una relación de trabajo permanente ni constituir un derecho subjetivo de Pago de Prestaciones e indemnizaciones laborales, pues no cabe duda que nos encontramos ante una prestación de servicio por tiempo determinado, por el cual el actor de la demanda presto su fuerza de trabajo a cambio de un salario diario contra horas trabajadas, siendo esta una relación jurídica sometida a término donde lo importante es el plazo y jamás la naturaleza del trabajo. Por otra parte la contratación Ministerial del demandante bajo el Sistema Jornal o Pago por Planilla por tiempo limitado y determinado, está apegado a las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, creado mediante Decreto Ejecutivo, por ende tienen carácter de Ley; no obstante la sentencia dictada en segunda instancia, el sentenciador aprecia, y motiva su fallo en que el demandado al invocarle como causal de despido al señor WILFREDO RODRIGUEZ SAUCEDA, por abandono de sus labores los días 2, 3, y 4 enero del 2013 sin causa justificada conforme lo que dispone el artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo y articulo 77 del Reglamento de esta Secretaria de Estado, no fue probada porque no se aportó información que demostrara dicho abandono, por lo tanto se constituye un despido injustificado y con derecho a una indemnización laboral, sin embargo la Juzgadora no “estima” que el personal nombrado por planilla no tiene carácter permanente pues en ese efecto la notificación hecha por mi representado no constituye despido sino la comunicación de haber terminado su contrato, empero de haber infringido la norma del artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo y articulo 77 del Reglamento de esta Secretaria de Estado, motivo por el cual no se le renovó su nombramiento ministerial por Jornal o Planilla para la continuidad de su prestación de servicio temporal a efecto de que además de abandonar el trabajo injustificadamente ya había finalizado su relación laboral, en consecuencia no puede prevalecer la aplicación de una norma jurídica del Código de Trabajo, para el reconocimiento de un derecho subjetivo inexistente reclamando un emplazamiento de probar causa justa de “supuesto despido que no existe a razón de obtener el Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, porque simplemente termino su prestación de servicio. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La prueba singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: La NOTA DE PRESCINDENCIA DE LOS SERVICIOS DEL DEMANDANTE, de fecha 7 de enero del 2013. Sustentando el derecho a utilizar la normativa del Artículo 113 del Código del trabajo de Emplazar al Patrono para que le pruebe la justificación de un despido, es imperativo que el demandante goce del derecho reclamado y establecido como causas justas en el artículo 112 de dicho cuerpo legal. Las Disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el Ejercicio Fiscal de los años 2010, 2011 y 2012, contenidos en las Publicaciones del Diario Oficial La Gaceta No. 32,186 de fecha 13 de abril de 2010, que contiene el Decreto 16-2010, articulo 66, párrafo 1ero., 2gdo. y 3ero.; Gaceta No. 32,402 de fecha 28 de diciembre del 2010, con el Decreto No. 264-2010, articulo 74; y Gaceta No. 32,701 de fecha 22 de diciembre del 2011, con el Decreto No. 255-2011 artículo 91y 108; todos contentivos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2010, 2011 y 2012, presentado por el Poder Ejecutivo, se puede constatar la existencia de los artículos 66, 74, 91y 108, respectivamente ampliando el concepto en este último, no obstante que en todos se establece que “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Titular de cada institución y/o Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenido en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, sujetándose a la asignación aprobada en el presupuesto,... constatándose en esta normativa, ...que estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente”,...; relacionado con el Decreto No.223-2012 Resumen del Presupuesto del Sector Público lo preceptúa: “La Contratación de personal con cargo al Objeto especifico del gasto, 12100 Sueldo Básicos (Personal no Permanente)...” Capitulo VII Administración de Recursos Humanos artículo 114, es una asignación de la categoría de Contratos de personal no permanente estructura presupuestaria programa 101, Sub Programa 01, Actividad 01001 y el Renglón 12100. Igualmente el Juzgador no valoriza la actividad del jornalero o trabajador nombrado por planilla, cuya prestación de servicio es determinado y por un periodo pre-establecido, y únicamente da valor a la nota de fecha 7 de enero del 2013, que se contrae a la notificación hecha por mi representado al demandante en la cual se manifiesta que “conforme a derecho dar por terminada la relación laboral” la que no puede conceder derechos y beneficios que no le corresponde pues además de haber concluido su nombramiento ministerial existía causal de abandono de trabajo por el termino de ley, prescrito en el artículo 122 inciso h) del Código de Trabajo, pero que al efecto no tenía objeto ser apreciado la causal de abandono en virtud que el nombramiento ministerial había concluido, no obstante el Juzgador al dictar su fallo declara con lugar el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de su despido hasta que quede firme la sentencia”, hace caso omiso del principio legal de que todo nombramiento debe sujetarse a las disposiciones presupuestarias ya referidas, mismas que prohíben realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones notadas en el presupuesto de cada periodo fiscal en contravención de las normas presupuestarias, en perjuicio de mi representado el Estado de Honduras; encontrándonos entonces frente una actuación injusta y con parcialidad debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni prejuicios o tatos diferenciados. por parte del Juzgador pues concede al demandante derechos y beneficios que no le corresponden,; En ese orden de ideas y conforme a la Doctrina de la definición que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede derechos que no fueron pedidos por una de las partes, y que según nuestro sistema procesal “El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe actuar por sí investigando los hecho probados, en consecuencia este fallo se ha convertido en extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no forman parte del petitorio de la demanda, es decir, ocurre cuando la sentencia rebasa el marco de la demanda en términos cualitativos, “Cuando la condena le impone al demandado una prestación que no había pedido el demandante, otorgada por el Juez en la sentencia condenatoria, recayendo el fallo extra petita el exceso sobre un objeto no contemplado en la demanda; adicionalmente a los motivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia “por causa diferente a la invocada en ésta”, o sea en la demanda” decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el Aquo y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil trece, que consecuentemente declara Confirmar la sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que se pruebe la causa justa del Despido, caso contrario se condene al Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más Salarios Dejados de Percibir a Título de Indemnización por Daños y perjuicios, que ha promovido el Señor WILFREDO RODRIGUEZ SAUCEDA.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible debido a que incurre en defectos técnicos, a saber: a) enuncia en forma incompleta la formulación del cargo, al omitir si la infracción indirecta alegada es producto de un error de hecho o de derecho, ya que es hasta el desarrollo del concepto de la infracción que se refiere a una apreciación errónea de la prueba; b) las normas que cita como violadas no ostentan el carácter de sustantivas y en su mayoría no corresponden al orden laboral; c) el precepto autorizante invocado esta incompleto, ya que el numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, contiene dos párrafos con distintas causales de casación, por lo que debió haber precisado uno de ellos; d) en el desarrollo del cargo hace referencia a otras disposiciones legales que no han sido señalados en la formulación del mismo, como ser los artículos 112 y 113 del Código de Trabajo; y, e) realiza extensos alegatos de instancia, incumpliendo con lo establecido en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV.- Recuerda esta Corte de Casación el carácter extraordinario y riguroso del recurso de casación y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el o la Recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el juzgador observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho, que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias. Los requisitos de la demanda de casación, como también lo ha señalado este Supremo Tribunal, más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. Asimismo, también tiene establecido esta Corte, que es imperativo para el Censor rebatir y, por consiguiente, desquiciar por la senda apropiada, todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo gravado, porque, el no hacerlo, implica que la presunción de acierto y legalidad que tiene aquel frente al recurso de casación, permanezca incólume.- V. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA:

  1. DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de abril del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha siete de abril del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 23-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL