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Sentencia CL-229-14 — Registro 5044

Resumen

Demanda ordinaria Laboral, para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; segunda instancia reformó la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...." Que tal situación jurídica no fue expuesta como una cuestión debatida en el juicio, sino que más bien la controversia sobre la terminación de la relación laboral se deriva de la afirmación del demandante de que existió una trama para la coacción de que fue objeto, para que elaborara una nota en la cual ponía su renuncia irrevocable, la cual fue elaborada ante el Jefe de Vigilancia de la zona y obligado por éste, ya que dicho señor lo citó a uno de los sitios propiedad de la demandada, diciéndole que de no hacerlo lo acusarían de complicidad con los que sustraían los materiales de los sitios y que lo mandaría preso o sino lo mataba, que por eso él elaboró la nota, sin hacerle ningún pago tanto de sus derechos como de sus prestaciones laborales; la otra parte, sostiene que el demandante de manera libre y voluntaria presentó la renuncia irrevocable a su puesto de trabajo, efectiva en fecha 11 de junio del 2012, que lo reclamado no procede en virtud de esa renuncia, inclusive inicialmente reclamó únicamente el pago de sus derechos, posteriormente es que pide el pago de indemnizaciones y derechos laborales, lo que demuestra que él esta consciente de la renuncia irrevocable presentada a la empresa, la cual fue aceptada y que los derechos adquiridos no fueron recibidos por parte del demandante y que en todo caso, si él consideraba haber sido coaccionado debió haber presentado denuncia ante los organismos policiales o en su caso, porque no acudió en auxilio de las autoridades competentes, que por otro lado no se le ha seguido al señor Rivera Cruz ningún proceso interno reglamentario por los hechos que expone en su demanda, como ser “sustracción de materiales de los sitios”, de manera que no existe coacción, amenaza o intimidación a la que dice haber sido sometido por el Jefe de Vigilancia; por lo que bajo esos parámetros y puntos controvertidos es que el juzgador debió haber revisado y expresado su criterio jurídico para resolver el conflicto, al no hacerlo así se violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales, como que las mismas deben ser suficientemente motivadas, es decir, brindando las explicaciones del criterio que ha determinado las mismas, ya que si bien es cierto el juzgador laboral goza de la facultad de la libre formación del convencimiento, también lo es que tiene la obligación de motivar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, tal como lo señala el artículo 739 del Código del Trabajo.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de septiembre del dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintinueve de julio de dos mil catorce por el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil AMOV TELECOM, S.A. DE C.V. en relación a la demanda ordinaria Laboral, para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se haga efectivo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, y salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha veinte de noviembre del dos mil doce, por el señor CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES mayor de edad, casado, Licenciado en Derecho, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal del señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero en Electricidad, con domicilio en la ciudad de La Paz, departamento de la Paz, contra la sociedad mercantil AMERICA MOVIL (AMOV), hoy EMPRESA DE TELEFONÍA CELULAR CLARO por medio de su representante legal señor RICARDO SAHAGÚN, mayor de edad, casado, ejecutivo de negocios, de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha cuatro de Febrero del dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA:

  1. DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMAR la sentencia definitiva de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCAR los numerales 1) Y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, EN CASO CONTRARIO, PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO MES, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA MAS LAS COSTAS DEL JUICIO promovido por el Abogado CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, en su condición de apoderado del señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, contra la sociedad mercantil AMERICA MOVIL (AMOV), HOY EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO a través de su Representante legal el señor RICARDO SAHAGUN; 2) CONDENANDO a la sociedad mercantil AMERICA MOVIL (AMOV), HOY EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO a través de su Representante legal el señor RICARDO SAHAGUN, a pagar al señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps 189,923.99), desglosados de la siguiente manera: PREAVISO: Lps. 65,333.32; AUXILIO DE CESANTÍA: Lps. 97,999.98; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Lps. 26,590.69; y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde le fecha del despido, hasta que quede firme la sentencia.- B) CONFIRMAR los numerales 3, 4 y 5.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO, EN CASO CONTRARIO, PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO MES, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA MAS LAS COSTAS DEL JUICIO promovido por el Abogado CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, en su condición de apoderado del señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, contra la sociedad mercantil AMERICA MOVIL (AMOV), HOY EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO a través de su Representante legal el señor RICARDO SAHAGUN.- 3.- SIN COSTAS”; y el a quo resolvió así: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES en representación de CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ. Contra la Sociedad AMOV TELECOM, S.A DE C.V. Hoy conocida como EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, a través del Gerente General RICARDO MANOLO SAHAGUN GALAN, en cuanto al en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y al pago de los salarios dejados de percibir en consecuencia; 2) ABSUELVE AL DEMANDADO la Sociedad AMOV TELECOM, S.A DE C.V. hoy conocida como EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, a través del Gerente General RICARDO MANOLO SAHAGUN GALAN a pagar a CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y al pago de los salarios dejados de percibir; 3) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por, CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES en representación de CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ. Contra la Sociedad AMOV TELECOM, S.A DE C.V. Hoy conocida como EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, a través del Gerente General RICARDO MANOLO SAHACUN GALAN, en cuanto al en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y decimocuarto mes proporcional en consecuencia; 4) CONDENA AL DEMANDADO la Sociedad AMOV TELECOM, S.A DE C.V. Hoy conocida como EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, a través del Gerente General RICARDO MANOLO SAHAGUN GALAN a pagar a CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 56,777.66) por los siguientes conceptos vacaciones proporcionales Lps. 17,727.13, aguinaldo proporcional Lps. 12,525.29 y decimocuarto mes proporcional Lps. 26,525.24; 5) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó que inició la relación laboral con la demandada en fecha diecinueve de agosto del año dos mil ocho, desempeñando la labor de Ingeniero O&M RBS/TX, dando mantenimiento de los equipos de las torres de telefonía celular, propiedad de la empresa antes mencionada, devengando la suma de treinta y cinco mil lempiras y otros beneficios, como ser el pago de horas extras mensuales; su horario era de ocho de la mañana a cinco de la tarde pero siempre salía después de la hora. Posteriormente la empresa de telefonía celular DIGICEL se fusiono con la empresa de telefonía celular CLARO, paso a llamarse AMERICA MOVIL (AMOV), y es en ese momento que se le quita el pago de horas extras, y el día once de junio de dos mil doce, inició la trama para la coacción a la que fue objeto para que elaborara una nota en la cual ponía su renuncia irrevocable, la que fue elaborada ante el Jefe de Vigilancia de la zona y obligado por éste, ya que lo citó a un sitio propiedad de la empresa de telefonía celular CLARO diciéndole que de no hacerlo lo acusaría de complicidad con los que sustraían materiales de los sitios y que lo mandarían preso o sino lo mataba, motivo por el cual no le quedó otra salida que la de hacer la nota de renuncia, estando otras personas en el lugar en donde elaboró la nota, sin tener ningún motivo para la toma de esa decisión y sin que le hicieran pago de sus derechos y sus prestaciones laborales; solicitó la intervención de la Inspectoría de Trabajo para que constatara el hecho, se citó al señor SAMUEL MARTINEZ MURILLO, por ser la persona encargada de todo el personal en diferentes fechas, pero no se hizo presente a ninguna de las citaciones.- 2.- La parte demandada AMOV TELECOM, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que originalmente inició la relación laboral con la empresa Digicel Honduras, S.A. de C.V., mediante Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido, efectivo a partir del veintiuno de agosto de dos mil ocho, desempeñando el cargo Técnico como O & M Junior Engineer, con un salario inicial mensual de L.28,000.00, posteriormente la empresa Digicel Honduras, S.A. de C.V., se cambió de denominación social a Amov Telecom S.A. de C.V., desempeñando labores de conformidad al Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indefinido suscrito y las funciones del puesto que se detallan en el mismo, Reglamentos aplicables y demás disposiciones aprobadas por la empresa y de las órdenes e instrucciones giradas vía escrita o verbal por la empresa; el demandante de manera libre y voluntaria presentó renuncia irrevocable a su puesto de trabajo como Ingeniero O & M RBS/TX de la empresa AMOV Telecom, efectiva en fecha once de junio de dos mil doce, de forma sorpresiva el demandante citó ante la Inspectoría del Trabajo aduciendo un conflicto laboral y reclamando el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo que no es procedente en virtud de su renuncia irrevocable, ya que de conformidad a ley lo que corresponde es el pago de sus derechos adquiridos, no así el pago de las indemnizaciones laborales que se otorgan para resarcir el daño ocasionado al trabajador cuando se da la ruptura intempestiva de la relación laboral. Que a la renuncia presentada de forma libre y voluntaria por parte del demandante se le dió el trámite respectivo, es decir, trámite de pago de los derechos adquiridos, los que no fueron recibidos por parte del demandante; la referida renuncia no tienen el carácter de forzada, mucho menos reúne los requisitos o condiciones de un despido directo, arbitrario e ilegal como lo pretende el demandante quien aduce haber sido objeto de coacción, amenaza e intimidación, debió presentar la respectiva denuncia ante los organismos policiales o en su caso, si consideró violentado su derechos a las autoridades competentes, todas estas aristas denotan la mala intención de la parte demandante al pretender establecer que su renuncia presentada fue forzada y dar el carácter de despido, cuando consta su voluntad expresa de terminar el vinculo laboral; la empresa que no le ha seguido al demandante ningún proceso interno reglamentario por los hechos que expone en su demanda como ser “sustracción de materiales de los sitios”, de manera, que no existe coacción, amenaza o intimidación a la que dice haber sido sometido por parte del señor José Alfredo Mejia Banegas, Jefe de Vigilancia de la zona, esos extremos no son ciertos.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral y absolvió al demandado de pagar al demandante, el preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y al pago de los salarios dejados de percibir; declarando con lugar la demanda en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y decimocuarto mes proporcional en consecuencia; condena al demandado a pagar al demandante la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (LPS. 56,777.66) por los siguientes conceptos vacaciones proporcionales Lps. 17,727.13, aguinaldo proporcional Lps. 12,525.29 y decimocuarto mes proporcional Lps. 26,525.24; sin costas; bajo el criterio que el demandante no acredito en forma fehaciente que cuando firmo la nota de renuncia fue obligado a hacerlo, la demandada en ningún momento lo despidió ni le siguió ningún procedimiento por alguna falta que hubiere cometido, ni su representante procesal compareció ante autoridad competente para denunciar que la nota de renuncia que firmo y presento a la demandada lo había hecho por coacción, utilizando la fuerza, en consecuencia es procedente declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la dictada por el a quo en fecha cuatro de febrero del dos mil catorce, sin costas; bajo el criterio que el señor JOSE ALFREDO MEJIA BANEGAS se desempeña como Jefe de Seguridad de la empresa AMERICA MOVIL (AMOV), HOY EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, y por lo tanto no tiene ni ejerce funciones de dirección o de administración en dicha empresa, más que garantizar la seguridad de las instalaciones físicas de la empresa o de su personal; por lo tanto, a criterio de este Tribunal, no estaba facultado para recibir y aceptar la supuesta renuncia del trabajador, ni mucho menos iniciar las gestiones para cubrir la vacante que dejara el señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ en virtud de una supuesta renuncia. Que la parte demandada en ningún momento acreditó en juicio que el jefe de seguridad de AMERICA MOVIL (AMOV), HOY EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, tuviera la representación legal o suficiente autorización para aceptar cualquier renuncia; por lo que al no tener esta representación entra en contradicción con la declaración testifical de la señora FRANCIA ARACELY ROQUE VELASQUEZ, ya que esta únicamente desempeña las funciones de elaboración de planillas y efectuar cálculos de prestaciones laborales.- 5.- Mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad AMOV TELECOM, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintinueve de julio de dos mil catorce, compareció ante éste Tribunal el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA, en su condición de representante procesal de la sociedad AMOV TELECOM, S.A. DE C.V., formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha diecinueve de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado CARLOS MARCIAL VALLADARES FLORES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordeno proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el abogado ADOLFO PINEDA PADILLA en su carácter de representante procesal de la parte demandada, solicita la nulidad de la sentencia recurrida, bajo lo siguiente: “En el remoto caso de no prosperar los tres motivos aquí bien expuestos, por este acto interpongo la NULIDAD EN CARÁCTER SUBSIDIARIO, la que baso en los términos siguientes: El artículo 739 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 206 del Código Procesal Civil, taxativamente establecen que las sentencias deben ser con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar el expediente, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues como podéis apreciar no observó estas normas procedimentales al arrogarse derechos que sólo le son atribuibles a las partes, como ser: 1.- Se interpuso demanda de EMPLAZAMIENTO PARA LA JUSTIFICACION DE UN DESPIDO, y para ello el demandante debió acreditar el despido alegado y como podéis revisar el expediente NO APARECE NOTA DE DESPIDO ALGUNO O DESPIDO INDIRECTO. 2.- Argumentó que el Jefe de Seguridad no tiene Representación alguna por parte del patrono, extremo que es rechazado, pues, es un derecho exclusivo del patrono alegarlo si procediere, pero, por el contrario, lo autoriza desde el momento en que acepta la renuncia que de forma irrevocable que interpuso el trabajador.- Este criterio solo le es atribuible a la autoridad competente en el dado caso que el actor comparezca ante un órgano publico sin acreditar poder o facultad alguna y que sea exigible por la Ley, lo que no trata del caso de autos.- Por todas estas irregularidades procede se decreta la NULIDAD SUBSIDIARIA que por MAYORIA DE VOTOS ha sido condenada mi representada.”.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 28 de marzo del 2014, sin motivación ni fundamentación jurídica suficiente, reforma el fallo definitivo de primera instancia, revocándolo en lo que respecta a declarar con lugar la demanda y condenando a la demandada al pago del preaviso y auxilio de cesantía reclamado, bajo el criterio que el señor JOSE ALFREDO MEJIA BANEGAS se desempeña como Jefe de Seguridad de la empresa de la empresa demandada y por lo tanto no tiene ni ejerce funciones de dirección o de administración en la misma, más que garantizar la seguridad de las instalaciones físicas de la empresa o de su personal, por lo tanto, no estaba facultado para recibir y aceptar la supuesta renuncia del trabajador, ni mucho menos para iniciar las gestiones para cubrir la vacante que dejara el señor CARLOS ROBERTO RIVERA CRUZ, que en ningún momento se acreditó que el Jefe de Seguridad tuviera la representación legal o suficiente autorización para aceptar cualquier renuncia, por lo que al no tenerla entra en contradicción con la declaración testifical de la señora FRANCIA ARACELY ROQUE VELASQUEZ, ya que esta únicamente desempeña las funciones de elaboración de planillas y efectuar cálculos de prestaciones laborales.- VIII.- Que tal situación jurídica no fue expuesta como una cuestión debatida en el juicio, sino que más bien la controversia sobre la terminación de la relación laboral se deriva de la afirmación del demandante de que existió una trama para la coacción de que fue objeto, para que elaborara una nota en la cual ponía su renuncia irrevocable, la cual fue elaborada ante el Jefe de Vigilancia de la zona y obligado por éste, ya que dicho señor lo citó a uno de los sitios propiedad de la demandada, diciéndole que de no hacerlo lo acusarían de complicidad con los que sustraían los materiales de los sitios y que lo mandaría preso o sino lo mataba, que por eso él elaboró la nota, sin hacerle ningún pago tanto de sus derechos como de sus prestaciones laborales; la otra parte, sostiene que el demandante de manera libre y voluntaria presentó la renuncia irrevocable a su puesto de trabajo, efectiva en fecha 11 de junio del 2012, que lo reclamado no procede en virtud de esa renuncia, inclusive inicialmente reclamó únicamente el pago de sus derechos, posteriormente es que pide el pago de indemnizaciones y derechos laborales, lo que demuestra que él esta consciente de la renuncia irrevocable presentada a la empresa, la cual fue aceptada y que los derechos adquiridos no fueron recibidos por parte del demandante y que en todo caso, si él consideraba haber sido coaccionado debió haber presentado denuncia ante los organismos policiales o en su caso, porque no acudió en auxilio de las autoridades competentes, que por otro lado no se le ha seguido al señor Rivera Cruz ningún proceso interno reglamentario por los hechos que expone en su demanda, como ser “sustracción de materiales de los sitios”, de manera que no existe coacción, amenaza o intimidación a la que dice haber sido sometido por el Jefe de Vigilancia; por lo que bajo esos parámetros y puntos controvertidos es que el juzgador debió haber revisado y expresado su criterio jurídico para resolver el conflicto, al no hacerlo así se violenta el deber de congruencia que debe imperar en las resoluciones judiciales, como que las mismas deben ser suficientemente motivadas, es decir, brindando las explicaciones del criterio que ha determinado las mismas, ya que si bien es cierto el juzgador laboral goza de la facultad de la libre formación del convencimiento, también lo es que tiene la obligación de motivar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento, tal como lo señala el artículo 739 del Código del Trabajo.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 739, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 28 de marzo del 2014, visible a folios 10 al 14 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 229-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL