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Sentencia CL-228-14 — Registro 5534

Resumen

Segunda instancia reformó declarando con lugar la demanda ordinaria Laboral, para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que los Tribunales de alzada son mecanismos de control jurisdiccional que de acuerdo a nuestro sistema de justicia sirven para enmendar los errores materiales o procesales en que hayan podido incurrir los órganos jurisdiccionales de inferior grado. Por tal razón, cuando la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, analiza y desarrolla el contenido de la cláusula número diez (10) del Contrato Colectivo (entendiéndose por este el Contrato Colectivo vigente en la empresa) en el considerando nueve (9) de su sentencia, sin que la misma haya sido aportada al proceso por las partes, se aleja de las reglas y principios que regulan el debido proceso, al ampararse en un medio probatorio inexistente en el juicio que nos ocupa; es de recordar, que si bien es cierto el contenido de las cláusulas de un contrato colectivo de condiciones de trabajo, se traducen en normas aplicables a patronos y trabajadores que son obligados por las mismas, también lo es, que los mismos son introducidos al proceso, como una cuestión probatoria, por no ser normas de carácter general.- VII. Aunado a lo anterior, la condena en costas en materia laboral solo procede en casos excepcionales y calificados y no por el principio de vencimiento a que hace referencia el Código Procesal Civil, debido al principio de gratuidad y al carácter social que impera en esta materia y que hacen mención los artículos 17 y 717 del Código del Trabajo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; en el presente caso la Recurrente ha solicitado de forma subsidiaria la nulidad del fallo impugnado, petición que si bien no se ha formulado con identidad a los criterios que estima este Tribunal para que el Ad quem subsane y enmiende conforme a derecho las cuestiones relacionadas precedentemente, también lo es que tienen la misma finalidad de tutelar el debido proceso.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de Julio de dos mil catorce, por la abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., en relación a la demanda ordinaria Laboral, para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintiuno de febrero del dos mil once, por el señor JORGE ALBERTO REYES BORJAS mayor de edad, soltero, abogado, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal del señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES contra EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., por medio de su representante legal RICARDO YOVANI ROSALES MONTALBAN.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que falló REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha catorce de Febrero de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, y que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUID REYES, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua en fecha Catorce de Febrero del año Dos Mil Catorce, merced a la cual, el Juzgado Impugnado resuelve: FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO ILEGAL, QUE SE PRUEBE JUSTA CAUSA DEL DESPIDO. SE CONSTATE GRAVES VIOLACIONES A CLAUSULAS CONVENCIONALES DEL CONTRATO COLECTIVO. SE ORDENE EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS. PRESTACIONES E INDEMNIZACINES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. SE CONDENE EN COSTAS. Promovida por el señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES, de generales expresadas; en contra de EMBOTELLADORA LA REYNA S.A. a través de su representante legal señor RICARDO YOVANY ROSALES MONTALVAN. 2- CONDENA a la Empresa Demandada EMBOTELLADORA LA REYNA S.A. a través de su representante legal señor RICARDO YOVANY ROSALES MONTALVAN a pagarle al demandante señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.319,924.74), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.38,513.00; Auxilio de Cesantía Lps. 269,591.00; Auxilio de Cesantía proporcional Lps.7,00.44; Vacaciones Proporcionales Lps.1,895 .80; Aguinaldo Proporcional Lps.2,744.00; Décimo Cuarto mes proporcional Lps. 171.50 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva 2.- SIN COSTAS en esta instancia. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO REYES BORJAS, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua en fecha Catorce de Febrero del año Dos Mil Catorce, merced a la cual la A-quo no CONDENA EN COSTAS en esa Instancia. TERCERO: Reforma la sentencia Impetrada en el sentido de CONDENAR EN COSTAS A LA EMPRESA DEMANDADA Y VENCIDA.” Y el Tribunal A Quo resolvió así: “FALLA: 1.- Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO ILEGAL, QUE SE PRUEBE JUSTA CAUSA DEL DESPIDO. SE CONSTATE GRAVES VIOLACIONES A CLAUSULAS CONVENCIONALES DEL CONTRATO COLECTIVO. SE ORDENE EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS. PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. SE CONDENE EN COSTAS. Promovida por el señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES, de generales expresadas; en Contra de EMBOTELLADORA LA REYNA SA. a través de su representante legal señor RICARDO YOVANY ROSALES MONTALVAN. 2- CONDENA a la Empresa Demandada EMBOTELLADORA LA REYNA S.A. a través de su representante legal señor RICARDO YOVANY ROSALES MONTALVAN a pagarle al demandante señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.319,924.74), por los siguientes conceptos: Preaviso Lps.38,513.00; Auxilio de Cesantía Lps. 269,591.00; Auxilio de Cesantía proporcional Lps.7,009.44; Vacaciones Proporcionales Lps. 1,895.80; Aguinaldo Proporcional Lps.2,744.00; Décimo Cuarto mes proporcional Lps. 171.50 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva 2.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta que inició su relación laboral con la Embotelladora La Reyna S. A., en la Agencia de Comayagua, en fecha 1 de marzo del año 1996, y fue objeto de despido por escrito de parte del Licenciado Fausto Molina Castro como Jefe de Relaciones Laborales de dicha empresa el día 10 de agosto del dos mil diez, argumentando causas que la empresa no probó en las pláticas directas para solucionar conflictos según lo establecido en la cláusula número diez del contrato colectivo, violentándole el derecho de defensa consagrado en la Constitución de la República, al no documentarse la justa causa de despido, ni probarse mediante medios probatorios fehacientes las imputaciones a el hechas, no informándole de los cargos con dos días de anticipación como lo establece la cláusula 10 deI Contrato Colectivo vigente, para que a través de la Directiva Seccional del Sindicato se presentara a su defensa con las pruebas de descargo correspondientes, antes de celebrarse la reunión de pláticas directas para solucionar el mal entendido que ha generado la misma empresa, al tener problemas de impresión de facturas generado por cambios abruptos en sus sistemas informáticos contables. Que en fecha 5 de julio del presente año cubrió la ruta de ventas designada por la empresa como ruta número 306209; la cual suple productos a clientes establecidos, como los no establecidos; la empresa por el cambio abrupto en su sistema de facturación generó un error en la impresión de la factura de crédito número A-1260095, de fecha 6 de julio del presente año correspondiente a la Cliente Gloria Narcisa López León (Pulpería Gloria) ubicada en Lamaní Comayagua, en la misma no se estableció un total correcto de acuerdo a la información capturada por su sistema al omitir parte de la descripción del producto a serle entregado pero alterándole el valor a pagar, al sumarle al total el precio de los productos no descritos, siendo tal error responsabilidad exclusiva del personal a cargo de la facturación de la empresa ya que no es su deber o responsabilidad chequear los totales de las facturas de crédito. Que entregó el producto descrito en dicha factura de crédito a la cliente relacionada dejándole su respectiva copia de factura y firmándole ella el haber recibido el producto que dicha factura indicaba, no enterándose ni el, ni la cliente, del error de la misma, no volviendo a cubrir esa ruta por órdenes de la empresa al asignarle una nueva ruta de ventas, no sobrándole producto ni dinero en la liquidación de esa fecha por lo que le fue imposible darse cuenta del error hasta que días después al ser objeto de cobro de la mencionada factura por parte de la empresa, la cliente informo que el producto descrito en la factura y el valor total de la misma no coincidían, siendo así que el 17 de Julio el Ingeniero Edgardo Guifarro en su calidad de Gerente Administrativo le informó que había un error en dicha factura y al pedirle la Liquidación a la empresa para cotejarla, éste se negó a dársela aduciendo que estaba en la Agencia Tegucigalpa, cuando es un deber convencional (Cláusula 41 del Contrato Colectivo) de parte del patrono entregar diariamente la copia de liquidación a cada uno de los vendedores con el fin de hacer las comparaciones y hacer rectificaciones que en su caso lo amerite, reclamo que ya había sido objeto de discusión por parte del sindicato en el acta 06-10 del 01 de Julio, en la cual la empresa ratificó su obligación de dar cumplimiento a esa cláusula, ante el reclamo del Ingeniero Guifarro le contestó que no sabía en ese momento lo que había ocurrido ya que en la liquidación de ese día no había tenido faltantes o sobrantes ni de dinero ni de producto (algo común en las liquidaciones de ventas) y al no haber vuelto a esa ruta le era materialmente imposible saber si el producto que por error de la empresa no se describió en la factura de la señora Gloria Narcisa López León lo había bajado a otro cliente, ya que en esa ruta hacía ventas de contado. Que como empleado responsable y honesto que es, él asumiría el pago del valor de esos productos para que no afectaran el estado de cuenta de la Cliente, pero le contestaron que no se le permitiría pagar dicho valor porque ya habían directrices de Tegucigalpa y que él no podía hacer nada.- 2.- La parte demandada la EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A., contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que fue despedido por la comisión de graves faltas, por violaciones a las obligaciones legales y convenciones que le competen como trabajador, como ser a) comisión de grave acto inmoral el día 06 de Julio de 2010, al apropiarse indebidamente de varios productos destinados a la cliente Gloria López, en su condición de propietaria de la Pulpería Gloria, según boleta de carga de camión y listado de paradas en ruta en fecha 05 de Julio de 2010, consistente en seis cajas de producto en distintas presentaciones. Que el producto en mención formaba parte del pedido a entregar el día martes 06-07-2010, mediante factura al crédito No. 01280095 de esa misma fecha, la cual, por error de impresión no contiene el detalle de dicho producto, cuyo monto asciende a un mil treinta lempiras exactos, siendo el valor total de la citada factura la cantidad de tres mil seiscientos catorce, mismo que fue cargado en su totalidad a los saldos de la referida cliente, a pesar de no haberle entregado íntegramente el producto que ella había solicitado; b) utilizar los bienes de la empresa para su beneficio personal, al no haber entregado a la cliente el producto contenido en la boleta de carga de camión o listado de surtimiento de fecha 05 de Julio de 2010 y listado de paradas en ruta y no haberlo reportado como sobrante en el formulario denominado CONTEO SALDO CAMION de fecha 06 de Julio de 2010, faltando de esta forma a la declaración de la verdad a que está obligado al momento de llenar los productos de liquidación de la ruta No.306209 en su condición de vendedor de la misma y c) comportarse durante sus labores en forma reñida con las buenas costumbres, al engañar a la cliente Gloria López, solicitándole que firmara como recibido la totalidad del crédito indicado en la factura No. A-1280095 (L.3,614.00) y pretender engañar a la representación de la Empresa, haciendo creer que le había entregado a dicha cliente la totalidad del producto consignado en la boleta de carga del camión y listado de paradas en ruta, ambos en fecha 05 de julio de 2010. Que todo lo anterior fue de conocimiento de la empresa como consecuencia de un reclamo presentado por la señora Gloria López el 14 de julio de 2010. Que la pulpería Gloria había pedido 22 unidades de producto y el demandante solo entregó 16 unidades, habiendo recibido de la empresa 22 unidades y en la tarde que regresó a la empresa no reportó ningún producto que le sobrara, haciendo ver a la empresa que le había entregado las 22 unidades a la cliente, y que la empresa jamás se hubiese dado cuenta sino fuese por el reclamo de la cliente.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral y CONDENA a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.319,924.74), por los siguientes conceptos: Preaviso L.38,513.00; Auxilio de Cesantía L.269,591.00; Auxilio de Cesantía proporcional L.7,009.44; Vacaciones Proporcionales L.1,895.80; Aguinaldo Proporcional L.2,744.00; Decimocuarto mes proporcional L.171.50 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme esta sentencia definitiva; SIN COSTAS; bajo el criterio que la parte demandada en ningún momento logró acreditar las causales invocadas en la nota de despido. Que la parte demandada sostiene que la parte demandante incurrió en la comisión de grave acto inmoral contemplado en el artículo 112 literal e) del Código del Trabajo, no obstante lo anterior la parte demandada no demostró que la referida causal haya sido debidamente comprobada ante autoridad competente, de igual forma la parte demandada sostiene que existió una apropiación indebida de productos propiedad de la demandada por parte del demandante Allan Adins Santos Flores, situación que tampoco fue probada en juicio por parte de la demandada, pues no existe prueba de la existencia de sentencia condenatoria firme emitida por los Tribunales correspondientes por este delito en contra del demandante.- 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil catorce, dictó sentencia REFORMANDO la dictada por el Tribunal A-Quo, sin costas; bajo el criterio que en ningún momento se acreditó que sea imputable al trabajador los hechos de la impresión de la factura, de la carga y descarga del camión rutero, que se hace con los sobrantes y faltantes, en ningún momento se acreditó si el trabajador se apropió de producto de la empresa y que él no está en la capacidad de chequear el producto que lleva al momento de salir de la empresa y cubrir la ruta asignada y la señora GLORIA LOPEZ, firmó la factura de entrega del producto dando con ello por bien hecha dicha entrega, en consecuencia los hechos imputados al trabajador y que según el patrono son causas o motivos de despido, no son imputables al trabajador sino que a la empresa.- 5.- Que mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, este Tribunal RESOLVIO: Admitir el Recurso de Casación interpuesto por la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES en su condición de representante procesal de la sociedad EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha treinta y uno de Marzo de dos mil catorce. Y DISPONE: Que se lleve adelante la tramitación del recurso, confiriendo traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días, para que formule su demanda de casación.- 6.- Que en fecha veintiocho de Julio de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación.- 7.- Que en fecha veintiocho de Julio de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada DALIS DASSAELA REYNAUD REYES, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; no haciendo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce se DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE el término dejado de utilizar por el abogado JORGE ALBERTO REYES BORJAS, en su condición de representante procesal del señor ALLAN ADINS SANTOS FLORES, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia prosígase con el trámite legal correspondiente.- 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que los Tribunales de alzada son mecanismos de control jurisdiccional que de acuerdo a nuestro sistema de justicia sirven para enmendar los errores materiales o procesales en que hayan podido incurrir los órganos jurisdiccionales de inferior grado. Por tal razón, cuando la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, analiza y desarrolla el contenido de la cláusula número diez (10) del Contrato Colectivo (entendiéndose por este el Contrato Colectivo vigente en la empresa) en el considerando nueve (9) de su sentencia, sin que la misma haya sido aportada al proceso por las partes, se aleja de las reglas y principios que regulan el debido proceso, al ampararse en un medio probatorio inexistente en el juicio que nos ocupa; es de recordar, que si bien es cierto el contenido de las cláusulas de un contrato colectivo de condiciones de trabajo, se traducen en normas aplicables a patronos y trabajadores que son obligados por las mismas, también lo es, que los mismos son introducidos al proceso, como una cuestión probatoria, por no ser normas de carácter general.- VII. Aunado a lo anterior, la condena en costas en materia laboral solo procede en casos excepcionales y calificados y no por el principio de vencimiento a que hace referencia el Código Procesal Civil, debido al principio de gratuidad y al carácter social que impera en esta materia y que hacen mención los artículos 17 y 717 del Código del Trabajo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; en el presente caso la Recurrente ha solicitado de forma subsidiaria la nulidad del fallo impugnado, petición que si bien no se ha formulado con identidad a los criterios que estima este Tribunal para que el Ad quem subsane y enmiende conforme a derecho las cuestiones relacionadas precedentemente, también lo es que tienen la misma finalidad de tutelar el debido proceso.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9, 11, 1586 y 1589 del Código Civil; 22, 200, 206 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: ANULAR la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Comayagua, Departamento de Comayagua, de fecha 31 de marzo del 2014, visible a folios 09 (f) y 12 (v) de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 228-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL