Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-223-15 — Registro 5515

Resumen

Segunda instancia revocó y declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario mínimo, salario ordinario, prestaciones laborales y salarios caídos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la casación por infracción de ley se encamina a depurar los errores que se producen al seleccionar o interpretar la norma sustantiva que ha de aplicarse al caso concreto; por ello, el recurso de casación bajo esta modalidad requiere suma claridad en la exposición de los motivos y precisión absoluta en las citas legales, de manera que en la demanda de casación aparezca, sin contradicciones ni confusiones, la tesis jurídica que se sostenga en contraposición a la fijada en la sentencia que se impugna. En el caso sub júdice, el impetrante señala como infringido precepto que no tienen el carácter de norma sustantiva, formulando así un cargo defectuoso que impide a este Alto Tribunal profundizar su análisis del fallo censurado, volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- VII. Asimismo, conviene recordarle al Impetrante que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Certifica, el Auto que literalmente dice: “AUTO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. La Sala de lo Civil, integrada por los Magistrados: REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ, como Coordinador, WILFREDO MÉNDEZ ROMERO Y RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO, designado ponente el segundo para el conocimiento y redacción de la presente resolución en el recurso de casación impetrado, en la fecha supra indicada dictan el siguiente AUTO: SON PARTES: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el procurador judicial abogado JESUS RAMON CHONG MURCIA como recurrente; siendo recurrida la abogada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, quien actúa en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: “DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, promovida el cinco de enero del año dos mil catorce, ante el entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y de este domicilio. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El día veintitrés de octubre del año dos mil doce, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; dictó sentencia en la demanda antes referida, mediante la cual: “FALLA: 1º) DECLARANDO CON LUGAR PARCIALMENTE la Demanda Ordinaria de Pago e indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ; todos de generales conocidas en el preámbulo de la presente Sentencia. 2º) CONDENA a la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, a la devolución inmediata al ESTADO DE HONDURAS de la cantidad de dieciséis mil ochocientos dólares ($ 16,800.00) en la moneda en que fueron entregados o su equivalente al tipo de cambio vigente al momento de cancelarse la obligación. 3º) DECLARAR SIN LUGAR la demanda de merito en lo correspondiente al Pago de Intereses y la Indemnización de Daños y Perjuicios solicitados. Y MANDA Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. SIN COSTAS por tener motivos racionales las partes para litigar. NOTIFIQUESE.” SEGUNDO.- Con fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, conociendo por vía de apelación de la sentencia definitiva dictada por el a-quo, y que se deja relacionada en el acápite anterior, dictó sentencia, misma que en su parte dispositiva señala: “FALLA:

  1. DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Dulce María Alvarenga Andino, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, en la Demanda Ordinaria de Pago e Indemnización por Daños y Perjuicios promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la Licenciada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ; 2) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Licenciada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ contra la misma sentencia; 3) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la Abogada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, todos de generales conocidas en el presente juicio; 4) ABSUELVE a la demandada, Abogada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ de la acción deducida en su contra; 5) CON COSTAS para la parte apelante/demandante, en virtud de que se le han rechazado todas sus pretensiones y de conformidad a lo establecido en el Código Procesal Civil; en cuanto a la primera instancia, dado que el juicio se tramito conforme al Código de Procedimientos Civiles de 1906, SIN COSTAS porque las partes tuvieron motivos racionales para litigar. Y MANDA: Que firme que sea este fallo, con la certificación de estilo se devuelva al Juzgado de su procedencia los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE.” TERCERO.- La abogada Dulce María Alvarenga Andino, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en fecha ocho de abril del año dos mil quince, presento escrito de interposición y formalización del recurso de casación contra la sentencia de fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, resolviendo el Ad-quem, mediante proveído de fecha diecisiete de abril del año dos mil quince, tener por interpuesto y formalizado el recurso de casación por parte de la recurrente; acordó conceder a la parte contraría el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronunciara sobre el contenido del escrito, debiendo entregársele copia del mismo. CUARTO.- La abogada Sybia Magda Calix Gómez, actuando en causa propia, presento en fecha once de mayo del año dos mil quince, escrito de pronunciamiento sobre el contenido del recurso de casación interpuesto y formalizado por la contraparte, resolviendo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, tener por pronunciada a la recurrida, ordenando remitir las presentes diligencias a este Alto Tribunal en el plazo que manda la ley, para proseguir con el trámite correspondiente. QUINTO.- Una vez que se tuvieron por recibidas las actuaciones, y formado el presente expediente bajo el numero S.C. 155-2015; la abogada Sybia Magda Calix Gómez, actuando en causa propia y el abogado Abraham Alvarenga Urbina en su condición de Procurador General de la República, presentaron escritos de personamiento en fechas dos y cuatro de junio del año dos mil quince respectivamente, resolviendo este Tribunal, mediante proveído de fecha dieciséis de junio de ese mismo año, tenerlos por personados dentro del plazo concedido. SEXTO.- Que la parte recurrente plantea ante la Sala recurso de casación contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de la siguiente manera: (Sic.) “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Se impugna la interpretación errónea de los artículos 200.2 letra b) y 207 del Código Procesal Civil que regula la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, en relación con los artículos 1348, 1365 y 1366 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 719.1 inciso c) y 720 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna toda la parte dispositiva de la sentencia. CONCEPTO DE LA INFRACCION. En fecha 23 de marzo del año 1998 la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, contrató con la Secretaría de Finanzas un COMPROMISO EJECUTIVO DE BECA mediante la cual se financiaría la obtención de un Post-Grado en Contratos y Negocios y/o en Ciencia y Filosofía política a realizarse en la Universidad del Mar del Plata Argentina, el cual tendría una duración de dos años contados a partir del 1 de abril del año 1998. El otorgamiento de este compromiso de beca estaba sujeto a ciertas condiciones, como ser: Que la becaria recibiría como beneficio financiero la cantidad mensual de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($800.00), durante dos años contados a partir del 1 de abril de 1998; asimismo, la becaria a su regreso deberá trabajar obligatoriamente para la Administración Pública, especialmente en la Secretaría de Finanzas, en las labores o cargos que le asignaran institucionalmente, por un tiempo no menor al doble del que duraron los estudios realizados; otra de las condiciones era que en caso de no efectuarse los estudios citados o que incumpliere la obligación impuesta, la becaria la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ deberá proceder a la devolución inmediata de las cantidades que recibió en concepto de beca en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente al momento de cancelarse la obligación. Posteriormente y al no haberle dado cumplimiento la demandada, Sybia Madga Calix Gómez, al Compromiso Ejecutivo de Beca, el ESTADO DE HONDURAS procedió a interponer demanda Ordinaria de Pago e Indemnización de Daños y Perjuicios, ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán; a fin de que la demandada procediera a la devolución inmediata de las cantidades que recibió en concepto del Compromiso Ejecutivo de Beca antes relacionado y que dicha cantidad arrojaba la cantidad de Diecinueve mil doscientos dólares americanos ($.19,200.00) más los intereses y costas del juicio. Con fecha 23 de octubre del año 2012 el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: FALLA: 1º) DECLARANDO CON LUGAR PACIALMENTE la Demanda Ordinaria de Pago e Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ; todos de generales ya conocidas en el preámbulo de la presente sentencia. 2º) CONDENA a la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ a la devolución inmediata al ESTADO DE HONDURAS de la cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES ($16,800.00) en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente al momento de cancelarse la obligación. 3º) DECLARAR SIN LUGAR la Demanda de mérito en lo correspondiente al pago de intereses y la indemnización de Daños y Perjuicios solicitados. Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra este fallo, quede firme el mismo. SIN COSTAS por tener motivos racionales las partes para litigar...NOTIFIQUESE” Que con las pruebas propuestas y evacuadas por mi representado en el momento procesal oportuno, se tendrían como hechos probados los siguientes: 1) Que mediante la prueba documental número uno, constatar la existencia del compromiso de beca suscrito por la señora Gabriela Núñez Reyes en su condición de Ministra de Finanzas y la señora Sybia Magda Calix Gómez, de fecha 23 de marzo del año 1998, Folios 421 al 423. 2) Mediante el medio de prueba documental numero dos consistente en el Acta Notarial de fecha 7 de abril del año 2003, autorizada por el notario Alejandro Javier Valladares a requerimiento de la abogada María del Carmen Rojas Rodríguez de Alvarado, en su condición de Secretaria General de la Secretaría de Finanzas, constatar el abandono de trabajo de la demandada; 3) Con el medio de prueba numero tres denominado Inspección personal de la señora Juez asociada de su Secretaria de actuaciones, constatar si existió el cumplimiento de beca de la señora Sybia Magda Cáliz Gómez, así como si existió el tÍtulo o documento que acredite la culminación de los estudios en el extranjero, así como verificar en el expediente personal de la demandada, cuando fue el ultimo día que la señora Sybia Magda Calix Gómez dejó de laborar en la Secretaría de Finanzas.
  2. Con el medio de prueba número cinco denominado Inspección Personal de la señora Juez asociada de su Secretaria de actuaciones constatar específicamente en el departamento de Gerencia Administrativa cual fue el valor exacto de las cantidades que recibió la señora Sybia Magda Calix Gómez en concepto de estudios realizados en la Universidad del Mar del Plata, Argentina, periodo que empezó a transcurrir desde el 1 de abril del año 1998. Evacuadas las pruebas documentales que fueron propuestas por mi representado, se logró constatar que
  3. Si existe el compromiso ejecutivo de beca, el cual se celebro en fecha 23 de marzo del año 1998 por la señora Gabriela Núñez Reyes en su condición de Ministra de Finanzas y la señora Sybia Magda Calix Gómez, en su condición de becaria, firmaron un compromiso Ejecutivo de Beca el cual en una de sus cláusulas establece: “Que la Secretaría de Finanzas a decidido conferirle beca de estudios a la Licenciada Sybia Magda Calix Gómez, el cual tendrá una duración de dos años contados a partir del 1 de abril de 1998 (folios 421, 422 y 423); por otra parte se constato que el último periodo laborado por parte de la demandada fue del 2 de enero al 31 de marzo del año 2003 (folio 500-A); 2) La existencia del Acta Notarial autorizada por el Notario Alejandro Javier Valladares a requerimiento de la abogada María del Carmen Rojas Rodríguez de Alvarado, en su condición de Secretaria General de la Secretaría de Finanzas, donde se constata el abandono de trabajo de la demandada (folios 11, 12 y 13); 3) En fecha 1 de noviembre del año 2011, según inspección realizada por el Juez con su secretario de actuaciones, se constata que No se encontró ningún título o documento que acredite que la demandada haya culminado los estudios (folio 500-A); 4) En fecha 1 de noviembre del año 2011, según inspección realizada por el Juez con su secretario de actuaciones, se logró probar en el departamento de Gerencia Administrativa de la Secretaría de Finanzas, mediante su Gerente señora Lilia María Bogran, a fin de corroborar que el valor exacto que recibió la señora Sybia Magda Calix Gómez en concepto de estudios realizados en la Universidad del Mar del Plata, Argentina, periodo que empezó a trascurrir el 1 de abril del año 1998 según el compromiso de beca que celebro mi representado el Estado de Honduras, con la demandada, fue un total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($.16,800.00), este total comprendía a que mensualmente recibió $.800.00 a partir del 1 de abril del año 1998 hasta diciembre del año 1999, siendo 21 meses en total. El juzgado mediante la sentencia de fecha 23 de octubre de 2012 en su considerando 31 estima que: “Constituye principio cardinal en materia procesal, el llamado principio dispositivo, aquel conforme al cual el juez puede decidir conforme a lo alegado y probado en autos por las partes, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, si suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para el no puede existir otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir. Se trata de un requisito que la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que significa que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones opuestas o planteadas por las partes, por que el límite de toda controversia judicial está circunscrito por los hechos alegados como fundamento en la pretensión en el libelo de la demanda, quedando de esta manera trabada la litis, razón por la cual con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al proceso que alterarían la relación procesal ya cerrada. Sin embargo se debe dejar sentado el deber del Juez en su carácter de administrador de justicia, que no es otra cosa que buscar la verdad verdadera y no la verdad disfrazada.” Entre otras cosas el Juzgado A-quo estima que los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, si no que versan sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que lo suscribe o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento que a su vez conforman la amplia gama de los actos declarativos y que están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad por lo que deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. En este sentido el Juez estimo procedentes los medios probatorios propuestos por mi representado, según la pretensión deducida en el escrito de demanda, y que este alegato fue probado en juicio, sin alterar la relación procesal probatoria. Asimismo dota de veracidad la documentación acompañada, dándole la certeza jurídica que fue plasmada en ellos, ya que estos son ciertos así como legítimos, hasta que no se pruebe lo contrario. Por otra parte en el Compromiso ejecutivo de Beca estaban plasmadas los términos y condiciones a que estaban sujetos tanto el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Finanzas como la señora Sybia Magda Calix Gómez, y esta al no haber desconocido dichos términos y condiciones, acepto de manera fidedigna que debía cumplir con el convenio celebrado, aceptando y cumpliendo cada una de las cláusulas estipuladas, situación que no ocurrió y que el Juzgado de primera instancia lo consideró favorable al momento de emitir la sentencia recurrida en vista de los hechos probados. En otro orden de ideas el compromiso ejecutivo de beca señala que la secretaría de finanzas ha decidido conferirle la beca de estudios a la Licenciada Sybia Magda Cáliz Gómez, para complementar un beneficio de similar categoría que el Gobierno de Argentina le concedió, con el propósito de que obtenga un Post-Grado en Contratos y Negocios y/o Ciencia y Filosofía Política, en la Universidad de Mar del Plata, Argentina, el cual tendrá una duración de dos años contados a partir del 1 de abril del año 1998; esto se encuentra plasmado en el inciso segundo del referido convenio, por lo que si hay un plazo establecido para el cumplimiento del mismo. Si bien es cierto, el artículo 1495 del Código Civil señala: “Incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que la opone”, tal situación se vio reflejado en el momento de evacuación de las pruebas, en concordancia con lo que peticionamos en el escrito de demanda, es así pues que quedaron probados dichos hechos, primero como ya lo relacione en los párrafos anteriores, que sí existe el compromiso ejecutivo de beca celebrado entre la Secretaría de Finanzas y la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, en fecha 23 de marzo del año 1998, en este mismo están señaladas los términos y condiciones a que estaban sujetas ambas partes, como ser el beneficio financiero mensual conferido a la becaria, la obligación de ésta de trabajar en la Administración Pública especialmente en la Secretaría de Finanzas, en las labores o cargos que le asignaran, por un tiempo no menor al doble de los estudios realizados; la becaria en caso de incumplimiento deberá de proceder a la devolución inmediata de las cantidades que recibió en concepto de beca en la moneda en que fueron entregadas. Es entonces que dicha beca comenzaba el 1 de abril de 1998 con una duración de dos años, entendiéndose que terminaba la beca en fecha 1 de abril del año 2000, todo esto en el momento de las probanzas, quedo plasmado y acreditado, así como el incumplimiento de la becaria SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ para con su patrocinado, en vista de que argumenta que por instrucciones de la Secretaria de Finanzas de aquel entonces, la señora Gabriela Núñez, fue que se regreso al país, orden esta que no acreditó con documento alguno en el momento de evacuarse las pruebas, en ningún momento consta dicha situación en el expediente de mérito; obligación legal incumplida por parte de la demandada. Segundo, y otra de las obligaciones de la becaria era que a su regreso debía trabajar por un tiempo no menor al doble del que duraron los estudios, cabe señalar que mi representado mediante el acta notarial de fecha 7 de abril del año 2003 donde señala que la demandada había abandonado su puesto de trabajo, es de vital importancia mencionar que ella no estaba en la condición ni de abandonar, ni de renunciar, ni mucho menos el de pedir cualquier tipo de trabajo o asignación a determinado lugar, ya que como lo dice dicha cláusula, estaba obligada a trabajar en la Secretaría de Finanzas, en las labores o cargos que le fueren asignadas, además de eso, la demandada tenia pendiente para que firmara un nuevo Contrato de Consultaría como Asesor Jurídico Administrativo de la Secretaria de Finanzas, específicamente en la Secretaria General, durante el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2003, sin embargo la señora Sybia Magda Calix Gómez, no firmó el referido contrato, esto lo manifestó la Licenciada Lilia María Bográn, quien es la persona encargada de la elaboración y firma de todos los contratos de la Secretaría de Finanzas, ante el Notario que es Ministro de Fe, hecho probado y por lo que no es congruente con lo que ha manifestado la demandada, que en la Secretaría de Finanzas la obligaron a firmar otros contratos, cuando esto es una falacia, la cual conlleva a que no quería cumplir con la obligación pactada. En tercer lugar y como consecuencia de su incumplimiento, la demandada deberá hacer la devolución de las cantidades que recibió en concepto de beca, siendo el total de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($.16,800.00), en razón de que mensualmente recibió $.800.00 a partir del 1 de abril del año 1998 hasta diciembre del año 1999, hecho probado (medio de prueba número cinco) como ya se dijo antes, la Gerente Administrativa, corroboro, que a ella se

le pagaron 21 meses de beca, correspondientes desde el mes de abril de 1998 hasta diciembre del año 1999, entonces porque decir que no probamos los hechos de la demanda, si en las evacuaciones de las pruebas están señalados dichas sucesos. Es importante mencionar que de acuerdo a los hechos en que se fundó la demanda ordinaria de pago, fue por una parte, en virtud del incumplimiento de la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, este deviene también porque a su regreso a la Secretaría de Finanzas (diciembre del año 1999) no acredito ante esta institución que había o no cursado totalmente la maestría que se le otorgó y sin que esto quedara acreditado ante su expediente personal; en sus escritos argumenta que le faltaba terminar su tesis pero tampoco lo acredito y que la duración de la maestría fue de 20 meses, dicho extremo no llego al convencimiento del Juez para que emitiera una sentencia a su favor, en consecuencia dicho Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, en el considerando 36, considera tal situación en vista de que al no acreditarse dicho extremo, y no convencerle de ello, tomó en cuenta lo prescrito en el Contrato firmado por las partes en que la duración de la maestría era de dos años, de lo que se colige que la becaria debió trabajar para la institución por el plazo mínimo de 4 años. Recurrida que fue la sentencia, el Tribunal de Alzada dictó sentencia con fecha 29 de enero de 2015 en la que FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Dulce María Alvarenga Andino, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, en la Demanda Ordinaria de Pago e Indemnización por Daños y Perjuicios promovida por el ESTADO DE HONDURAS, contra la licenciada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ; 2) DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Licenciada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ contra la misma sentencia; 3) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE PAGO E INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, en su condición de Procurador General de la República y por ende representante legal del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la Abogada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, todos de generales conocidas en el presente juicio; 4) ABSUELVE a la demandada, Abogada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ de la acción deducida en su contra; 5) CON COSTAS para la parte apelante a que se le han rechazado todas sus pretensiones, por el principio del vencimiento que regula el Código Procesal Civil. Y MANDA... El razonamiento de la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán para denegar el recurso de apelación lo sustenta en la motivación que en su parte conducente cito a continuación: “Antecedentes de hecho: numeral 8) Analizado el proceso en su conjunto, es decir, el libelo contentivo de la demanda, la contestación a la misma y las pruebas documentales, testificales e inspecciones propuestas y evacuadas oportunamente por las partes, este Tribunal de Alzada estima suficientemente probados los siguientes hechos: 8.1. Con fecha veintitrés de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, las Licenciadas Gabriela Núñez de Reyes, en su condición de Ministra de Finanzas y la empleada de dicho Ministerio Sybia Magda Calix Gómez, suscribieron un COMPROMISO EJECUTIVO DE BECA, mediante el cual el Estado de Honduras confirió una beca de estudios a la empleada Sybia Magda Cálix Gómez, para complementar un beneficio de similar categoría que el Gobierno de la República de Argentina, en el marco de la Cooperación Internacional le concedió el 19 de noviembre del año 1997, con el propósito de que obtuviera un Pos-Grado en Contratos y Negocios y/o en Ciencia y Filosofía Política en la Universidad de Mar del Plata, Argentina (véase folio 250 p. p.), el cual tendría una duración de dos años académicos a contar del uno de abril de mil novecientos noventa y ocho, sujetándose el otorgamiento de la beca, entre otras, a las siguientes condiciones: a) El beneficio financiero a cargo del Estado Hondureño sería de $800.00 mensuales durante dos períodos académicos: b) La becaria a su regreso deberá trabajar obligatoriamente para la administración pública, especialmente en la Secretaría de Finanzas, en las labores o cargo que le asignarán institucionalmente por un tiempo no menor al doble del que duraron los estudios; c) La becaria en caso de no efectuar los estudios citados, o que incumpliere la obligación impuesta en el inciso anterior, deberá proceder a la devolución inmediata de las cantidades que recibió en concepto de beca, en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente al momento de cancelarse la obligación.. (Véase folios 9 y 10 de la primera pieza de autos)”.En ningún lugar del compromiso de beca se señala que el beneficio financiero se otorgaría por termino de dos periodos académicos, eso no es cierto, lo cierto es que la becaria se regreso al país antes de lo señalado, así como que dicho regreso no fue acreditado con documento alguno; si bien es cierto que la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ regresó al país en diciembre del año 1999, era obvio que en la Secretaría de Finanzas iba a seguir laborando, esta era una de las obligaciones del Estado para con ella y así se hizo; y si nos damos cuenta, la beca comenzaría el 1 de abril del año 1998, y ella salió del país el 14 de abril de ese mismo año, situación que no se comprende ni se acredita del por qué fue hasta ese entonces. Antecedente de Hecho 8.3.: “Que la becaria, Licenciada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ viajó a realizar los estudios programados en la Universidad de Mar del Plata, República de Argentina, en fecha 14 de abril del año 1998 regresando a Honduras el día 29 de noviembre del año 1999. Después de culminar sus estudios en forma satisfactoria. lo que se desprende de su pasaporte (original) que obra en autos (ver folio 259 p. p.), así como de la declaración rendida por el testigo Rodolfo Danery Fúnez Durón (quien se desempeñaba a la fecha indicada como Director de Reforma del Estado de la Secretaría de Finanzas, primero y luego como Vice-Ministro de Finanzas y Presupuesto de la misma Secretaría de Estado), del Certificado de Notas (calificaciones) que le extendiera la Doctora María del Carmen Ortega, Secretaria de investigación y Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata...”.Según el testigo Rodolfo Danery Fúnez, en su declaración señaló que el fue personalmente a traer a la demandada al aeropuerto en fecha 5 de diciembre de año 1999 y según se dice en el pasaporte de la misma, que esta ingreso al país en fecha 29 de noviembre del mismo año, estaríamos entonces ante una incongruencia de fechas, o falso testimonio de lo que dijo el testigo?, será que este quería beneficiarla con su testimonio por que no concuerda lo dicho por este como lo que dice el pasaporte de la demandada. Siguiendo con este numeral de los antecedentes de hecho, es importante mencionar del porque la becaria no presento su documento en donde se acreditaba que ya había cursado los estudios a los que fue beneficiada, si el mismo fue fechado el 29 de noviembre del año 1999, y cuando se evacuaron las pruebas se probó que dicho documento no obraba en su expediente personal, por lo que mi representada, probó el hecho de que tal documento no estaba en su expediente personal. El Compromiso de Beca está claro y realmente señala que los estudios durarían dos años, contados a partir del 1 de abril de 1998, y la demandada lo incumplió, razón por la que se le demando y por ende devenía la obligación por parte de ella a la devolución de las cantidades que recibió en concepto de beca mas los años a trabajar en la Secretaría de Finanzas, en el lugar o cargo que ésta le asignara. Infortunadamente la Corte Sentenciadora hizo caso omiso de ciertos medios de prueba que fueron evacuados y que forjaban el valor probatorio de lo que se demanda, aduciendo que la parte actora no ha probado los hechos expuestos en el libelo de la demanda, cuando en su momento procesal esto sucedió, a contrario sensu la parte demandada; ya que la principal razón del porque se le demanda fue su incumplimiento de beca y este fue probado dentro de la evacuación de las pruebas. De todo lo anterior resultó pues que el Estado de Honduras tenía la obligación de solicitar la indemnización de los daños y perjuicios causados, en virtud de que la cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES ($.16,800.00) la debía cancelar la demandada, en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente, dicha solicitud de pago de intereses y la indemnización de daños y perjuicios fue declarada SIN LUGAR; por lo que esta situación vulnera la garantía constitucional del debido proceso y el legitimo derecho a la defensa. Se deduce de la sentencia de primera instancia, de fecha 23 de octubre de 2012, en el considerando numero treinta y ocho (38), que el juzgador considera que por una parte no menos importante, el definir si en el presente caso, es procedente o no la aplicación de los intereses, así como el pago de los daños y perjuicios solicitados, y a través del estudio realizado aprecia que en cuanto a los intereses solicitados se observa una total ausencia de preceptos o pactos en el referido convenio de beca que conlleve al cobro de los mismos y en cuanto a los daños y perjuicios solicitados es evidente que el ordenar simultáneamente la devolución de las cantidades reclamadas a la demandada, sin lugar a dudas implicaría una doble indemnización a favor del demandante o sea de mi representada, razón por la cual dicho Juzgado niega la petición solicitada en cuanto a los daños y perjuicios y los intereses solicitados. Nuestro Código Civil en su artículo 1348 establece que las obligaciones nacen de la ley, así como las que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que la demandada SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ, constituyó con mi representada una obligación al suscribir el compromiso ejecutivo de beca bajo los lineamientos o cláusulas estipuladas en el mismo, y dicho sea de paso, ella manifiesta cumplir la totalidad de las obligaciones especificadas en dicho documento, el cual tiene la necesaria fuerza ejecutiva para reclamar jurídicamente su cumplimiento; entonces al incumplirle al estado de Honduras, le causo daños y perjuicios al mismo, en virtud de ser esta una obligación legal contraída entre las partes contratantes y su incumplimiento comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido si no también el de la ganancia que haya dejado de obtener mi representada, según lo señala el artículo 1365 del Código Civil, por lo que es procedente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, por la falta de cumplimiento de ésta. En consecuencia el artículo 1367 del Código Civil señala lo siguiente: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. El interés legal es el seis por ciento anual.” Considero que si la demandada tenía una obligación para con mi representado y ésta incumpliere, se entiende en este caso, que está en mora ya que no cumplió la obligación dentro del tiempo estipulado, es por ello que considero injusto que el Juzgado A-Quo haya rechazado la solicitud de pago de intereses y la indemnización de daños y perjuicios, mas que se hayan desestimado totas las pretensiones. Esta fue la razón principal del Recurso de Apelación interpuesto ante la Corte sentenciadora, la no condena de los intereses provenientes de la indemnización de daños y perjuicios y que hoy ha declarado sin lugar el mismo, aunado a ello concluye que al desestimarse la pretensión principal, es consecuente que también se desestime lo relativo al objeto de su recurso que lo es el que se incluya en la condena que había dictado el A Quo. Otra razón por la que el recurso de apelación fue interpuesto, según lo establece el artículo 715 del Código Procesal Civil fue porque el objeto de este es lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. El artículo 200.2 letra b) CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, del Código Procesal Civil expresa: “2. En particular, la redacción de las sentencias se ajustará al contenido formal siguiente: b) En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que deban de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicados y los hechos probados en su caso. El artículo 207 del Código Procesal Civil refiriéndose a la motivación expresa: “La sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.” El Tribunal de segunda instancia no hace declaración sobre hechos realmente probados por mi representada, en la sentencia de primera instancia. En otros hechos declarados probados a favor de la demandada, este se limitó a relacionar los hechos formulados por dicha parte, haciendo caso omiso de los alegados por mi parte. Conforme el artículo 720 del Código Procesal Civil no se podrá instar la revisión de los hechos en casación, pero si se podrá solicitar el control de la motivación fáctica de la sentencia para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuere determinante de un sentido diferente del fallo. SEGUNDO MOTIVO: Impugnación a la aplicación e interpretación de las normas del derecho empleadas para la solución de fondo de litigio. DISPOSICION INFRINGIDA: Artículos 221 y 692 del Código Procesal Civil, que refiere a la aplicación de las costas en caso de recurso debido al principio del Vencimiento y Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA. Se impugna la parte dispositiva de la sentencia. El artículo 705 del Código Procesal Civil establece: “El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba”. La Corte de Apelaciones en su sentencia estimó por una parte que el Estado de Honduras no logro probar los hechos de la demanda, asimismo no valoró las pruebas aportadas y evacuadas en su momento procesal oportuno; señala que la sentencia de primera instancia no estaba plenamente apegada a derecho, por lo que la desestima totalmente, y concluye que al desestimarse la pretensión principal, también se desestime lo relativo a la no condena de los intereses provenientes de la indemnización de daños y perjuicios, que fue el motivo principal del recurso de apelación interpuesto por esta representación. Aunado a ello en la parte dispositiva de la sentencia condena en costas a mi representada en vista de que se han rechazado todas las pretensiones, según lo dispuesto al principio de vencimiento. Es preciso mencionar que los recursos en esta instancia, si bien es cierto el artículo 221 del Código Procesal Civil señala que “Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento.” No es menos cierto pues que dicho recurso fue interpuesto en virtud de que en la sentencia que dicto el Juzgado A-Quo, este no estimo totalmente las pretensiones planteadas por mi representado así como no estimó procedente la condena a los intereses que provenían en razón del incumplimiento del Compromiso ejecutivo de Beca que causó la señora Sybia Magda Calix Gómez, lo que procedía entonces era la indemnización de los daños y perjuicios, al haber faltado a su obligación, tal y como lo señalan las artículos antes relacionados del Código Civil respecto de las obligaciones; pero fue totalmente diferente y perjudicial lo resuelto por esta Corte de Apelaciones en vista que me causa agravio la condena en costas a mi presentado. Es así pues que el artículo 692 del mismo cuerpo legal nos señala que: “La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución”; por tanto se entiende que el tribunal superior que deba resolver un recurso, no podrá reformar la sentencia definitiva conocida en apelación o casación, aun así haciéndola más gravosa para el recurrente, aun y cuando en la contestación de agravios, la parte favorecida con la sentencia del tribunal inferior y recurrida, alegue que la sentencia se quedó por debajo de sus pretensiones, esto es pues, que no fue satisfactoriamente dictada la referida sentencia de primera instancia a favor de mi representado, en base a todas estas pretensiones solicitadas. Resulta pues que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones resultó gravosa y perjudicial, en vista de que fueron desestimadas todas las pretensiones solicitadas, sin haber sido valoradas las pruebas presentadas por mi representada, así como el recurso de apelación y aunado a ello fuimos condenados al pago de costas del juicio, habiéndose expresado contundentemente los agravios causados, en donde no procedió la condena a los intereses que devenían por la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de beca por parte de la señora demandada Sybia Magda Calix Gómez; es por ello entonces que invoco el principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa es contemplado en este artículo 692, el cual es claro al señalar que el Tribunal de alzada no podrá emitir una resolución más gravosa que la emitida por el A-Quo, por lo que esta corte no puede causarme un perjuicio peor respecto del que obtuve en primera instancia.” II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Es atribución de la Corte Suprema de Justicia conocer del recurso de casación[1], el mismo es un medio de impugnación de carácter extraordinario, cuyo conocimiento en materia Civil se atribuye a la Sala de lo Civil[2]; tiene claramente definidos dos fines expresos[3], el primero de ellos es su función nomofiláctica, entendida ésta como “la exacta observancia de la ley”, es decir la protección de las normas del ordenamiento jurídico, mediante la procura y promoción de la más adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo. El segundo fin es la unificación de la jurisprudencia nacional, misma que se explica en el sentido de que habiendo situaciones iguales debe pronunciarse decisiones iguales, siempre y cuando no concurran razones objetivas y razonables que justifiquen un trato desigual, en otras palabras, la evolución de la jurisprudencia. Por otra parte nuestra normativa procesal civil conmina a este alto tribunal a que aplique e intérprete las normas referidas al recurso de casación atendiendo a la finalidad de unificación de la jurisprudencia, esto como instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la ley[4], y de la seguridad y certidumbre jurídicas. 2.- El recurso extraordinario de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos, para que pueda considerarse como tal y ser atendible por la Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia únicamente podrá ser interpuesto contra las resoluciones expresamente previstas por la ley y por los motivos taxativamente establecidos en ella. 3.- De la extensa exposición que la recurrente hace en el primer motivo de casación, la Sala de lo Civil rescata en forma concisa los alegatos planteados, los cuales básicamente tienen que ver con que se impugna la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, arguyendo para ello que el fallo proferido hace interpretación errónea de los artículos 200.2 letra b) y 207 del Código Procesal Civil que regulan la forma y contenido de la sentencia en cuanto a la motivación fáctica, que conducen a la apreciación y valoración explicando de su impugnación la recurrente hace recurrido cronológico de los hechos que han provocado la demanda interpuesta por el Estado de Honduras en contra la señora Sybia Magda Calix Gómez, relatos que indican como principio, el hecho de que la demandada el día 23 de marzo del año 1998 contrató con la Secretaría de Finanzas un compromiso ejecutivo de beca, mediante el cual se le financio la obtención de un Post-Grado en Contratos y Negocios y/o en Ciencia y Filosofía Política en la Universidad del Mar del Plata en la República de Argentina, con una duración de dos años y que el otorgamiento de ese compromiso de beca estaba sujeto a ciertas condiciones, como ser: a) Que la becaria recibiría como beneficio financiero la cantidad mensual de ochocientos dólares americanos ($800.00), durante esos dos años; b) Que la becaria a su regreso debería trabajar obligatoriamente para la Administración Pública, especialmente en la Secretaría de Finanzas, en las labores o cargos que le asignaran institucionalmente, por un tiempo no menor al doble del que duraron los estudios realizados; y c) Que en caso de no efectuarse los estudios citados o que incumpliere la obligación impuesta, la becaria señora Sybia Magda Calix Gómez, tendría que devolver de forma inmediata las cantidades que recibió en concepto de beca en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente al momento de cancelarse la obligación. Señala la impetrante que la becaria no cumplió con el Compromiso Ejecutivo de Beca; razón por la cual el Estado de Honduras procedió a interponer demanda Ordinaria de Pago e Indemnización de Daños y Perjuicios, en su contra. A continuación la recurrente cita textualmente la parte resolutiva de la sentencia proferida por el juzgado a-quo con fecha 23 de octubre del año 2012, y mediante la cual falló declarando con lugar parcialmente la demanda ordinaria de pago e indemnización de daños y perjuicios interpuesta; dice que con las pruebas propuestas por esa representación y que fueron evacuadas en el momento procesal oportuno, se ha logrado constatar lo siguiente: I.- Que existe el compromiso ejecutivo de beca, firmado el 23 de marzo del año 1998 por la señora Gabriela Núñez Reyes en su condición de Ministra de Finanzas y la señora Sybia Magda Calix Gómez, en su condición de becaria; II.- Que el último periodo laborado por parte de la demandada fue del 2 de enero al 31 de marzo del año 2003 (folio 500-A); III.- Que el abandono del trabajo de la demandada se constató mediante el Acta Notarial autorizada por el Notario Alejandro Javier Valladares a requerimiento de la abogada María del Carmen Rojas Rodríguez de Alvarado, en su condición de Secretaria General de la Secretaría de Finanzas, (folios 11, 12 y 13); IV.- Que de la inspección realizada por el Juez con su secretario de actuaciones, en fecha 1 de noviembre del año 2011, se constató que no se encontró ningún título o documento que acredite que la demandada haya culminado los estudios (folio 500-A); y V.- Que de la inspección realizada por el Juez con su secretario de actuaciones en fecha 1 de noviembre del año 2011, se logró probar en el departamento de Gerencia Administrativa de la Secretaría de Finanzas, el valor exacto que recibió la señora Sybia Magda Calix Gómez en concepto de estudios realizados en la Universidad del Mar del Plata, Argentina, ascendiendo a la suma total de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($.16,800.00). A continuación la demandante cita los considerandos 31 y 32 de la sentencia dictada por el juzgado a-quo en fecha 23 de octubre de 2012, y analiza que la primera instancia: “…estimo procedentes los medios probatorios propuestos por mi representado, según la pretensión deducida en el escrito de demanda, y que este alegato fue probado en juicio, sin alterar la relación procesal probatoria…”; y que amen de lo anterior el a-quo en el considerando 36 de la sentencia proferida ha estimado que la demandada no acreditó que el tiempo de duración de la maestría en la República de Argentina haya sido de veinte meses; razón por la cual el Juzgado de primera instancia ha fallado favorable al momento de emitir la sentencia recurrida en vista de los hechos probados. A continuación la impetrante hace cita literal de la parte dispositiva del fallo proferido en fecha 29 de enero de 2015, por el Tribunal ad-quem y cuestiona lo expresado por dicho tribunal en los Antecedentes de Hecho y más específicamente en el numeral 8, para lo cual deja por sentado lo siguiente: I.- Que la becaria se regreso al país antes de lo señalado, así como que dicho regreso no fue acreditado con documento alguno; II.- Que si bien es cierto que la señora Sybia Magda Calix Gómez, a su regreso siguió laborando en la Secretaría de Finanzas, lo que no se comprende ni se acredita en el proceso, es que si la beca comenzaría el 1 de abril del año 1998, porque ella salió del país el 14 de abril de ese mismo año; III.- Que se desprende contradicciones en la apreciación de la prueba, ello porque según el testigo Rodolfo Danery Funes, en su declaración señaló que el fue personalmente a traer a la demandada al aeropuerto en fecha 5 de diciembre de año 1999 y según se dice en el pasaporte de la misma, que esta ingreso al país en fecha 29 de noviembre del mismo año; con lo cual la recurrente se pregunta ¿estaríamos entonces ante una incongruencia de fechas, o falso testimonio de lo que dijo el testigo?; IV.- Que en el juicio la parte demandada no ha acreditado el documento mediante el cual se confirmaba que ya había cursado los estudios por los que fue beneficiada con la referida beca, razón por la cual al momento en que se evacuaron las pruebas se probó que dicho documento no obraba en su expediente personal, V.- Que el Estado de Honduras tenía la obligación de solicitar la indemnización de los daños y perjuicios causados, por la cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS DÓLARES ($.16,800.00), cantidad que debía cancelar la demandada, en la moneda en que fueron entregadas o su equivalente al tipo de cambio vigente, amén del pago de intereses y la indemnización de daños y perjuicios; y que infortunadamente la Corte Sentenciadora hizo caso omiso de ciertos medios de prueba que fueron evacuados y que forjaban el valor probatorio de lo demandado. A continuación la recurrente nuevamente se refiere al fallo proferido por el juzgado a-quo en fecha 23 de octubre de 2012, y más específicamente en el considerando número treinta y ocho (38), en cuanto al razonamiento que se deja externado, de que el caso de autos no resulta procedente la aplicación de los intereses, así como el pago de los daños y perjuicios solicitados, porque hacerlo implicaría una doble indemnización a favor del demandante; dice la impetrante que tal razonamiento no resulta correcto puesto que al tenor de lo señalado en el artículo 1348 del Código Civil, que establece que las obligaciones nacen de la ley, así como las que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes; y que en ese sentido la demandada al suscribir con su representada el compromiso ejecutivo de beca bajo los lineamientos o cláusulas estipuladas en el mismo, y posteriormente incumplir el mismo, implica entonces que se le ha causado daños y perjuicios al Estado de Honduras y tal incumplimiento comprende no solo el valor de la perdida que haya sufrido, sino que también el de la ganancia que haya dejado de obtener su representada, según lo señalado por el artículo 1365 del Código Civil, por lo que es procedente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, y que consecuentemente y en aplicación del artículo 1367 del código Civil que señala: “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. El interés legal es el seis por ciento anual.” Aduce la impetrante que considera injusto que el juzgado a-quo haya rechazado la solicitud de pago de intereses y la indemnización de daños y perjuicios, razón por la cual en el caso particular de su representada se tuvo que interponer recurso de apelación. Finalmente la recurrente señala que la sentencia del Tribunal de Alzada infringe el contenido del artículo 200.2 letra b), del Código Procesal Civil, ello porque la segunda instancia no hace declaración sobre hechos realmente probados por su representada, en la sentencia de primera instancia, y que en otros hechos declarados probados a favor de la demandada, el referido tribunal se limitó a relacionar los hechos formulados por dicha parte, haciendo caso omiso de sus expuestos. 4.- Los argumentos de la recurrente en este primer motivo no son de recibo por parte de la Sala, y ello se estila así porque se incurre en mala técnica casacional al momento de plantear este motivo, ello se establece por lo siguiente: a) Falta de claridad al incluir en un mismo motivo la infracción de dos artículos, por una parte, el que tiene que ver con el contenido formal de las sentencias, en particular los antecedentes de hecho, y por otra parte referente a los requisitos internos de la sentencia en cuanto a la motivación de las mismas; infracciones que debieron haberse planteado en dos motivos diferentes, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 721.2 del Código Procesal Civil, con la suficiente claridad y separación; b) La recurrente en el motivo impetrado no solo hace amplia referencia, sino que también cuestiona la sentencia proferida por el juzgado a-quo en fecha 23 de octubre del año 2012, al expresar: “….es por ello que considero injusto que el Juzgado A-Quo haya rechazado la solicitud de pago de intereses y la indemnización de daños y perjuicios,…”; con lo cual es menester recordar que el Código Procesal Civil es por demás claro al determinar cuáles son las clases de recursos que permite el proceso civil y cuando es aplicable cada uno de ellos, tal como lo establece el artículo 691.1 del citado texto legal, amén de que solo son susceptibles de ser recurridas en casación las sentencias y los autos que pongan termino al pleito, haciendo imposible su continuación, dictados en apelación por las Cortes de Apelaciones, tal y lo señalado por el artículo 717 de la misma normativa; de todo lo cual se colige que la Sala solo podrá revisar la sentencia o auto que bajo el precepto anteriormente citado, sea proferido por el iudex ad-quem, así que al hacerse el planteamiento del recurso de casación se deberá tener cuidado de no hacer referencia o cuestionamiento alguno contra el fallo dictado en primera instancia, ello porque tal y como se ha dejado señalado el fallo de primera instancia no es susceptible del recurso extraordinario de Casación[5]; c) Hace la recurrente una extensa relación de todos y cada uno de los medios de prueba que obran en el proceso, y concluye que al tenerse por probados los hechos alegados por su representada, se le tiene que dar la razón, amén de lo anterior hace cuestionamiento sobre la valoración que de tales medios de prueba hace el Tribunal de Alzada; sobre tal asunto esta Sala tiene a bien señalar a la recurrente que incurre en error al pretender que se revise la interpretación y valoración de las pruebas apreciadas por ad-quem, ello debido a la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal como lo dispone el artículo 720.1 del Código Procesal Civil que establece: “Por medio del recurso de casación no se podrá instar la revisión de los hechos ni la interpretación y valoración de las pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia.”; y d) Observa la Sala que la impetrante relaciona en este motivo la infracción de las normas procesales citadas, con tres normas del Código Civil, esto es los artículos 1348, 1365 y 1367; en ese sentido cabe apuntar que si la pretensión de la recurrente se encaminaba a señalar que tales normas sustantivas se habían inaplicado, aplicado indebidamente o interpretado erróneamente por el tribunal de alzada, bien pudo invocar en motivos separados tal situación teniendo como precepto autorizante lo dispuesto en el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. 5.- Plantea la recurrente el segundo motivo haciendo impugnación respecto de la aplicación e interpretación de normas de derecho empleadas para la solución de fondo de litigio, y señala como normas infringidas los artículos 221 y 692 del Código Procesal Civil, el primero de ellos referido a la aplicación de las costas del recurso en lo dispuesto al principio del vencimiento, y el segundo referido al Principio de Prohibición de la Reforma Peyorativa. Estima como precepto autorizante el artículo 719.2 del Código Procesal Civil. Dice que se impugna la parte dispositiva de la sentencia, y cita el contenido del artículo 705 del Código Procesal Civil que establece: “El recurso de apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente. 2. Igualmente, tiene como objeto la revisión tanto de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba”. Arguye la casacionista que el Tribunal ad-quem, en la argumentación del fallo proferido, ha estimado por una parte que el Estado de Honduras no logro probar los hechos de la demanda, y que asimismo la sentencia de primera instancia no estaba plenamente apegada a derecho, y concluye esa Alzada, que al desestimarse la pretensión principal, también se desestime lo relativo a la no condena de los intereses provenientes de la indemnización de daños y perjuicios; sigue exponiendo la impetrante que a todo lo anterior se aúna que en la parte dispositiva de la sentencia condena en costas a su representada en vista de que se han rechazado todas las pretensiones, según lo dispuesto al principio de vencimiento. Dice la recurrente no estar de acuerdo con lo externado por el fallo, ello porque si bien es cierto que el artículo 221 del Código Procesal Civil preceptúa: “Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento.”; también dice no es menos cierto que el recurso de apelación fue interpuesto en virtud de que en la sentencia que dicto el juzgado a-quo, no estimo totalmente las pretensiones planteadas por su representado así como no estimó procedente la condena a los intereses que provenían en razón del incumplimiento del Compromiso ejecutivo de Beca, razón por la cual estima que fue totalmente diferente y perjudicial lo resuelto por la Corte de Apelaciones en vista que causa agravio la condena en costas a su representado y que en atención a lo dispuesto por el artículo 692 del Código Procesal Civil que señala: “La resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución”; por tanto se entiende que el tribunal superior que deba resolver un recurso, no podrá reformar la sentencia definitiva conocida en apelación o casación, haciéndola más gravosa para el recurrente. 6.- De lo expuesto por la impetrante en el segundo motivo, se establece que la misma incurre nuevamente en la inobservancia de los requisitos para la formulación del escrito de casación (indebida técnica casacional), ello se estima básicamente por lo siguiente: a) La recurrente confunde la causal de casación al pretender que bajo la tutela del precepto autorizante invocado, esto es el artículo 719.2 del Código Procesal Civil, que refiere: “Igualmente, se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución del litigio”; se revise por parte de la Sala la posible infracción de los artículos 221 y 692 del Código Procesal Civil, que resultan ser normas in procedendo, al respecto tenemos que nuestra normativa procesal civil deja taxativamente plasmada las causales del recurso de Casación en el ya citado artículo 719, artículo éste que recoge en materia de casación, lo que la doctrina ha dejado sentado tradicionalmente “que los vicios de los que las resoluciones judiciales, en cuanto actos jurídicos, pueden estar afectadas, pueden ser de dos grandes tipos: vicios de actividad y vicios de juicio.[6]”; así tenemos que ambas causales del recurso de casación quedan diferenciadas, por un lado motivos de casación por infracción de ley (in iudicando) y por otro lado por quebrantamiento de forma (in procedendo), ahora bien lo que no puede suceder es que al momento de plantear el recurso de casación se confundan ambas causales, tal y como ha sucedido en el presente motivo. La Sala ilustra, que si la pretensión de la recurrente se orientaba a la posible vulneración de normas procesales, bien pudo haber planteado su motivo por la causal señalada en el artículo 719.1 literal b) del citado Código Procesal Civil; y b) La recurrente señala que la sentencia proferida por el tribunal de alzada : “…resulto gravosa y perjudicial, en vista de que fueron desestimadas todas las pretensiones solicitadas, sin haber sido valorada las pruebas presentadas por mi representada,….”; con lo cual incurre nuevamente en el error de pretender que la Sala haga revisión sobre la interpretación y valoración de las pruebas hechas por el Tribunal de Alzada; cuestión que no procede ello debido a la exclusión de la revisión probatoria en casación, tal y lo dispuesto por el artículo 720.1 del Código Procesal Civil. 7.- La defectuosa estructuración del recurso de Casación sub-júdice se tipifica en la causal prevista en el artículo 723.2 literal a) del Código Procesal Civil que ad literam establece: “TRÁMITE DE ADMISIÓN. 1.-…2. Sólo podrá inadmitirlo por las siguientes causales: a) Incumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos por este Código para el escrito de interposición y formalización,…”. En consecuencia, es procedente declarar su inadmisión en los dos motivos planteados. 8.- Que si bien es cierto que en cuanto a los recursos, y más específicamente del recurso de casación, siendo desestimatorio el mismo, se aplicara lo tocante al principio de vencimiento que preceptúa el artículo 221 del Código Procesal Civil, consecuentemente la Condena en Costas; normativa que en el caso que nos ocupa no tiene aplicabilidad, toda vez que en fecha veintitrés de enero del año dos mil catorce, en el Diario Oficial Nº 266-2013, contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; cuerpo normativo que deja establecido en su artículo 8 como Disposición General lo siguiente: “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.” III.- PARTE DISPOSITIVA Por lo antes expuesto la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, en base a los fundamentos de derecho citados y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 700, 718, 719.2, 723.2 literal a), 724 del Código Procesal Civil y artículo 8 del Decreto Nº 266-2013, contentivo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; profiere el presente auto irrecurrible y declara: I.- LA INADMISIÓN en sus dos motivos del recurso de casación, formalizado por la abogada Dulce María Alvarenga Andino, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación con la Demanda Ordinaria de Pago e Indemnización de Daños y Perjuicios promovida contra la señora SYBIA MAGDA CALIX GOMEZ. II.- FIRME la sentencia recurrida, dictada por Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de enero del año dos mil quince, en el expediente número 0801-2007-05326., originada en los autos que conforman la primera pieza, que se registra bajo el número 0801-2007-05326-CO del entonces Juzgado de Letras Primero de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán. III.- SIN COSTAS, y MANDA: REMITIR las presentes actuaciones, junto con la certificación de esta resolución al tribunal de su procedencia, previa notificación de este auto a las partes, por medio de sus apoderados legalmente constituidos en juicio. Redacto el Magistrado WILFREDO MENDEZ ROMERO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. REYNALDO ANTONIO HERNANDEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. MAGISTRADA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. BETTY JANETH PALMA O´CONNOR. RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Trece días del mes de Febrero de Dos Mil Diecisiete; Certificación del Auto de fecha Dieciséis de noviembre de Dos Mil Dieciséis, recaído en el Recurso de casación registrado bajo el No.155═2015.

BETTY JANETH PALMA O´ CONNOR

RECEPTORA ADSCRITA

[1] Artículo 313.5 de la Constitución de la República

[2] Artículo 718 del Código Procesal Civil.

[3] Artículo 716 del Código Procesal Civil,

[4] Artículo 61 de la Constitución de la República.

[5] La amplia jurisprudencia de la Sala así lo ha dejado establecido. Véase entre otras, las resoluciones: CC-89- 2013 y CC- 123-2013.

[6] Sandra Vicente Gimeno. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Pag. 103. Iustel 2007.