Sentencia CL-22-15 — Registro 5539
Resumen
Segunda insancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados y dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de PRESCRIPCION opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de marzo de dos mil quince, por el abogado JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados y dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, en fecha diez de enero de dos mil doce, por el abogado JUAN BENITO ORTEGA ESPINO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Choluteca, Departamento de Choluteca, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ENRIQUE OBANDO VASQUEZ, mayor de edad, casado, Médico Veterinario, hondureño y con domicilio en Choluteca, Departamento de Choluteca, contra la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR), por medio de su representante legal, señor LEONIDAS EDGAR TORRES ESTRADA, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, en fecha nueve de octubre de dos mil catorce, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS ENRIQUE OBANDO VASQUEZ, contra la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR); declaró SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción, opuesta por la parte demandada; CONDENÓ a la demandada a pagar a favor del demandante la cantidad de L.989,129.93 por los siguientes conceptos: preaviso (2 meses) (60 días) L.77,175.00; auxilio de cesantía (4 meses) (120 días) L.154,350.00; auxilio de cesantía proporcional (69 días) (5.75) L.7,395.94; vacaciones (35 días) (35.00) L.45,018.75; vacaciones proporcionales (69 días) (3.83) L.4,926.34; aguinaldo (1 año) (30.00) L.33,075.00; aguinaldo proporcional (301 días) (25.08) L.27,650.70; décimocuarto mes (1 año) (30.00) L.33,075.00; décimo cuarto mes proporcional (121 días) (10.08) L.11,113.20, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del Contrato de Trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme esta sentencia, con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 23 de agosto del 2007, como Gerente General de Fincas; resulta que como todo empleado responsable el demandante efectuaba todas las labores inherentes a su cargo entre ellas, la Coordinación Ejecutiva del Proyecto, Coordinación de Presupuestos, Contratación del personal laborante en fin todos las actividades tendientes a manejar la administración de la empresa y sus fincas camaroneras; todo se desempeñaba de lo más normal hasta que la patronal comenzó a fallar con los pagos de todo el personal laborante de la empresa, volviéndose normal retardar los pagos de salarios por más de tres meses, sin embargo el demandante se mantuvo en su puesto de trabajo, hasta que INCAMAR dejó definitivamente de cancelar los salarios y demás beneficios sociales de todo los empleados en general, siendo el último salario efectivamente pagado en el mes de junio del 2010, acumulando un saldo de los salarios adeudados de 18 meses, esto provocó que todo el personal se retirara de la empresa, no obstante el demandante continuó con la esperanza de que esos salarios serian cancelados, pero al ver que no había respuesta, decidió notificarle a la empresa de la situación llamando al señor Leonidas Edgar Alejandro Torres Estrada, como representante legal de la empresa, para que explicara las razones por las cuales no pagaba sus salarios, expresando este mismo que no había dinero y que si así lo quería que se fuera, fue de esa manera verbal que la demandada en fecha 21 de noviembre del 2011, le puso fin al contrato de trabajo que mantenía con el demandante.- 2. La parte demandada, la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR), contestó dicha demanda señalando que se aclara a la parte demandante, que la demandada nunca lo despidió en forma verbal, como se quiere hacer creer en juicio en su escrito de demanda, más bien, el demandante renunció y/o abandonó en mayo del 2010 a sus labores por el cual se le había asignado para desempeñar su cargo, haciéndosele saber al señor Leónidas Edgar Alejandro Torres Estrada, en fecha 25 de mayo del 2010, mediante correo que en una de sus partes dice: “el fin de mes de no tener ninguna respuesta del pago de los salarios yo creo que no continuare porque la situación es insoportable sin recibir salarios por 3 meses”, cabe señalar que en dicho correo el demandante señala que son tres meses que no ha recibido sueldo, es decir: marzo, abril y mayo del 2010 y el demandante en el hecho tercero de su demanda está faltando a la verdad, al manifestar que el último salario efectivamente pagado fue en junio del 2010; razón por la cual en junio del 2010 el demandante cumplió con lo dicho en su correo ya que varios empleados le manifestaron a la demandada que el demandante no llegó a realizar sus labores cotidianas en la finca camaronera, asimismo comerciantes y clientes de la finca igualmente le manifestaron a la demandada que no podían contactar al demandante para la compra de camarón con lo que se constata que el señor Carlos Enrique Obando Vásquez si renunció y/o abandonó su trabajo; el demandante en el hecho tercero de su demanda manifiesta que la demandada supuestamente el 21 de noviembre del 2011 le dijo verbalmente: “que si así lo quería que se fuera”, lo cual es falso ya que la demandada no ha tenido comunicación verbal con el demandante, siendo las únicas comunicaciones los correos electrónicos que el demandante le envió a la demandada y que éste nunca se los contestó, por lo que la relación laboral dejó de existir desde mayo del 2010; y en el caso que fuera cierto lo manifestado por el demandante cómo es posible que el 26 de octubre del 2011 el demandante haya presentado una solicitud ante las oficinas de la Inspección General del Trabajo, consistente en constatar el despido verbal, el salario que devengaba como así mismo el salario adeudado a partir del primero de julio 2010 hasta 26 de octubre del 2011 si el hecho no había ocurrido, faltaba mas o menos un mes para que ocurriera supuestamente el hecho, todo esto está relacionado en la acta de comparecencia emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social que el mismo demandante acompaña en la demanda, con esto podemos constatar la falsedad del demandante al decir que verbalmente el 21 de noviembre del 2011 dio por finalizado el contrato de trabajo, como puede ser posible que el demandante compareció a la Secretaría del Trabajo antes de su supuesto despido verbal y así constatar dicho despido, con esto se puede ver que el demandante venia planeando maquiavélicamente sus hechos para presentar una demanda sin fundamentos por lo que se hace notar la malicia del demandante al utilizar falsamente a las instituciones del Estado para conseguir un beneficio económico. En audiencia primera de trámite interpuso la excepción perentoria de prescripción manifestando que la parte demandante ha dejado transcurrir el término de dos meses para reclamar sus supuestos derechos (salarios adeudados) sin haber utilizado el derecho que le confiere el artículo 867 párrafo 1º del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, en fecha nueve de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Enrique Obando Vásquez, contra la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR); declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción, opuesta por la parte demandada; condenó a la demandada a pagar a favor del demandante la cantidad de L.989,129.93 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, aguinaldo, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes, decimocuarto mes proporcional, pago de salarios dejados de percibir, con costas; bajo el criterio que la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas del artículo 112 surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código le puedan corresponder y a titulo de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código debe quedar firme la sentencia condenatoria y en el presente caso el apoderado legal de la parte demandada al contestar la demanda alega la justificación de la no existencia de un despido injustificado y con los medios de prueba tanto documental como testifical ha quedado plenamente acreditado la existencia de las relaciones laborales entre patrono y trabajador en este caso entre el señor Carlos Enrique Obando Vásquez con la Industria Camaronera del Mar S.A. (INCAMAR); con las pruebas propuestas y evacuadas para acreditar la existencia de una prescripción que la parte demandada alega que el demandante perdió el derecho por haber prescrito dicha acción y que no lo hizo efectivo en el momento procesal oportuno pues a criterio de este Juzgador con el examen de las pruebas de la parte demandante tiene a bien declarar sin lugar la excepción perentoria planteada en la primera de tramite por la parte demandada, esto en virtud de que el articulo 864 del Código del Trabajo establece los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato entendiéndose con ello de que en la presente causa no existió un contrato de trabajo por escrito únicamente las relaciones laborales fueron verbales y que el demandante hizo uso de sus derechos en el término que establece el mismo; la parte demandante con los medios de prueba que propuso juntamente con la demanda principal como ser: acta de comparecencia (f.7); calculo de prestaciones laborales (f.8); nota de fecha 9 de junio del 2010 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería enviado al Doctor Carlos Obando gerente de finca Mar (f.44); acta de la sesión de la Dirección General de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria SENASA (f.45 al 48); nota de fecha 25 de junio del 2010 dirigido a la empacadora Santa Inés de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SENASA por la imposición de infracción a las normativas jurídicas al señor Obando (f.49); oficio No.0216/10 dirigido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería al señor Carlos Obando (f.50 y 51); nota No.02-14/11 dirigido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería al señor Carlos Obando (f.52); que la parte demandada no probó el despido injusto de que fue objeto el demandante y la parte demandante probó tener justa causa para dar por terminado la relación de trabajo que tenia con la demandada mediante contrato verbal.- 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, con costas; bajo el criterio que el demandante laboró para la parte demandada hasta la fecha en que fue despedido verbalmente, manteniéndose en su puesto de trabajo a pesar de que su patrono no le pagaba los salarios adeudados y tener por consiguiente, causas o motivos justos para dar por terminada una relación de trabajo conservando así todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales como en el caso de despido directo e injusto; que el correo electrónico enviado por el trabajador demandante en fecha 25 de mayo del 2012, que corre agregado a folios números 55 y 56 del expediente contentivo de la demanda, no constituye una notificación de la terminación de una relación laboral por causa justificada sino más bien una nota de advertencia para que el patrono cumpla con sus obligaciones laborales como lo es el pago de los salarios adeudados; la demanda no fue promovida por haberse operado un despido indirecto sino un despido verbal, directo e injustificado, siendo improcedente la excepción de prescripción alegada por el recurrente en ese sentido; la parte demandada con los medios de prueba ofertados y evacuados no probó ni la renuncia del trabajador a sus labores, ni el abandono de su puesto de trabajo, en virtud que para tal fin, debió solicitar la intervención de las autoridades del trabajo de este Departamento a efecto de que se constataran estos extremos, situación que no ocurrió tal como se acreditó con la prueba de reconocimiento judicial practicada y que obra a folio número 60 frente y vuelto de los autos; tampoco existe una nota o carta de renuncia entregada por el trabajador a la parte patronal.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de marzo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO, en su condición de representante procesal de la sociedad INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR, S.A. (INCAMAR), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de abril de dos mil quince, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado FRANCISCO OMAR OSORTO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II.- Que el abogado JORGE ADALID RODRIGUEZ MURILLO, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO CASAR TOTALMENTE EL FALLO IMPUGNADO. SEGUNDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE LA PATRONAL PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO UN DESPIDO, CASO CONTRARIO SEA CONDENADA AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS ADEUDADOS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COSTAS DEL JUICIO, interpuesto por el señor antes indicados, contra la sociedad mercantil denominada INDUSTRIA CAMARONERA DEL MAR S.A. (INCAMAR) representada en este caso por el señor LEONIDAS EDGAR ALEJANDRO TORRES ESTRADA por consiguiente ABSUELVE a la demandada de toda responsabilidad laboral declarando con lugar únicamente en cuanto a los derechos adquiridos los cuales son irrenunciables SIN COSTAS.-NOTIFÍQUESE.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de PRESCRIPCION opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV.- Que el Recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de apelación o de casación para invalidar de oficio las sentencia que se impugna cuando aparezca de manifiesto en ellas alguna de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como causal el error in-procedendo cuando por quebrantamiento de normas del procedimiento, se alega de forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: 1. De conformidad con la ley las sentencias se encabezaran con la designación del Juzgado o Tribunal que las dicte y su fecha; contendrán, las citas de las leyes en que se funden y se determinaran con las firmas correspondientes, debiendo señalar con claridad y congruencia los medios de prueba legalmente presentados en juicio en que se fundamentan. PERO EL CASO QUE NOS OCUPA NO HAY CLARIDAD NI CONGRUENCIA, SINO CONFUSION EN LA RELACION DE MEDIOS DE PRUEBA QUE SEÑALA COMO FUNDAMENTO DE SENTENCIA, ya que por un lado en la cláusula y/o considerando numero séptima manifiesta el Ad Quem que el trabajador en su inciso b informo al demandado que cumpliera con sus obligaciones es decir el derecho que se le pague los salarios pendientes y en el inciso c del mismo considerando o cláusula manifiesta que la prescripción es improcedente, lo que lleva a la conclusión que si el Ad- Quem reconoce que el patrono no estaba cumpliendo con sus obligaciones por analogía está vulnerando los derechos del trabajador por lo que debería de aplicar para esta circunstancias el artículo 867 del Código del Trabajo que literalmente dice: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses.”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, el Recurrente ha tenido expedito la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la Ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito; 2) SIN LUGAR LA NULIDAD alegada de forma subsidiaria; 3). SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 22-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL