Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-219-14 — Registro 4625

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo; segunda instancia confirmó con lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Pero es el caso, que las normas que señala la Recurrente como sustantivas infringidas (artículos 19 y 20 del Código del Trabajo), en sus motivos de casación que anteceden, no ostentan esa característica, requisito sine qua non para la prosperidad de los cargos, asimismo hace referencia al artículo 114 del Código del Trabajo, el que debió precisar los párrafos ó literales que contiene dicho precepto legal, ya que el mismo se refiere a diversas situaciones jurídicas que debió precisar al cual dirige su ataque; por otra parte, señala varias formas de violación de la ley al invocar (infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y aplicación indebida), que en todo caso debió formular en motivos separados. Tales falencias determinan que el cargo no constituye una proposición jurídica completa.- IV. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por la razón antes expuesta es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de junio de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de julio del año dos mil catorce, por la abogada MARIA YOLANDA PINEDA SANTOS, mayor de edad, casado, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, pago de derechos por despido en estado de gravidez, salarios dejados de percibir, costas, interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, departamento de Copán, en fecha diecinueve de mayo del año dos mil seis, por los señores CLAUDIA YADIRA GUERRA DUBON, soltera, Ingeniero Agroindustrial, ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, casado, Ingeniero Agrónomo, ZOILA JANET PEREZ NOLASCO, casada, Perito Mercantil y Contador Público, WILSON MORALES CARTAGENA, Dasónomo, casado y ADA LUZ LARA, casada, Aseadora, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Santa Rosa, Copán, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, por medio de su Procuradora General de la República de ese entonces, abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, departamento de Copán, misma que: “FALLA: Declarando CON LUGAR Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para el pago de derechos y presentaciones laborales en virtud de despido directo e injusto, promovida por los trabajadores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANET PEREZ NOLASCO, WILSON MORALES CARTA GENA y ADA LUZ LARA, contra el ESTADO DE HONDURAS específicamente contra la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS) dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de las actuaciones de la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su condición de Procuradora General de la República, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en consecuencia: CONDENA al ESTADO HONDURAS, quien es la parte demandada a cumplir con las pretensiones siguientes: 1.- al pago de la suma de CIENTO NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 191,036.46) divididos así: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ la cantidad de SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L. 70,064.03) desglosados de la siguiente manera 1.- preaviso L. 28,000.00, 2.- auxilio de cesantía L. 28,000.00, 3.- auxilio de cesantía proporcional L. 4,666.70, 4.- Vacaciones proporcionales L. 2,333.33, 5.- treceavo mes proporcional L. 532.00. - 6.- catorceavo mes del ano L. 1,298.59, 7.- el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que la sentencia quede firme y demás beneficios, 8.- el pago de las costas que el presente juicio ocasione.- ZOILA REYES NOLASCO la cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTA VOS (L. 27,248.91) desglosados de la siguiente manera 1.- preaviso L. 11,666.66, 2.- auxilio de cesantía L. 11,666.66, 3.- Vacaciones proporcionales L. 972.20, 4.- treceavo mes proporcional L. 221.67.- 5.- catorceavo mes del año L. 2,72172, 6.- el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que la sentencia quede firme y demás beneficios, 7.- el pago de las costas que el presente juicio ocasione.- WILSON MORALES CARTAGENA la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTA VOS (L. 79,710.77) desglosados de la siguiente manera 1.- preaviso L. 28,000.00, 2.- auxilio de cesantía L. 28,000.00, 3.- auxilio de cesantía proporcional L. 11,279.41, 4.- Vacaciones proporcionales L. 5,367.36, 5.- treceavo mes proporcional L. 532.00. - 6.- catorceavo mes del año L. 6,532.00, 7.- el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que la sentencia quede firme y demás beneficios, 8.- el pago de las costas que el presente juicio ocasione.- ADA LUZ LARA la cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NO VENTA Y UN CENTA VOS (L. 27,248.91) desglosados de la siguiente manera 1.- preaviso L. 5,600.00, 2.- auxilio de cesantía L. 5,600. 00, 3.- auxilio de cesantía proporcional L. 933.30, 4.- Vacaciones proporcionales L. 466.65, 5.- treceavo mes proporcional L.106.40, 6.- catorceavo mes del año L. 1,306.40, 7.- el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que la sentencia quede firme y demás beneficios, 2.- al pago de las costas que el presente juicio ocasione. - Siendo esta sentencia adversa a una institución del Estado, envíese en consulta a la Honorable Corte de Apelaciones de esta ciudad si la misma no fuere apelada.- CON COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que laboraron para el Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería de la manera siguiente: Claudia Yadira Guerra Dubón el 29 de septiembre de 2003, como Oficial de Seguimiento y Evaluación; Abel Gerardo Contreras López, el 16 de septiembre del 2003, como Asistente Técnico; Zoila Janet Reyes Nolasco, desde el 16 de septiembre de 2003, como Secretaria; Wilson Morales Cartagena, el 26 de marzo de 2003, como Asistente Técnico; Ada Luz Lara, el 16 de septiembre de 2003, como Aseadora; que mediante memorando Dinaders/2006 de fecha 16 de enero de 2006, se dieron por finalizados los contratos de trabajo, estableciéndoles como causal que por no contar con el presupuesto aprobado del 2006, no se les renovarían sus contratos; el Estado de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería, los despidió en forma ilegal de sus puestos de trabajo que venían desempeñando los demandantes desde el 2003, fundado en que su relación laboral estaba basada en contratos de servicios profesionales, cuales no serian renovados a partir del 16 de Enero de 2006 y que la relación de trabajo que tenían con el Estado de Honduras estaba sujeta al Código del Trabajo y que las actividades que desarrollaban eran y son permanentes; continúa manifestando que tratando de llegar a un arreglo conciliatorio para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales los demandantes recurrieron a la Dirección General del Trabajo, resolviendo no conocer su reclamo por considerar que su relación de trabajo estaba sujeta a un contrato de servicios profesionales celebrado con la administración pública, por lo tanto se tuvo por agotado el trámite administrativo gubernativo de conformidad al artículo 691 reformado del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, contestó dicha demanda señalando que a los demandantes se les contrató a través de la prestación de servicios técnicos, para un proyecto, que al momento de fusionarse PRONADER, DINADER y FONADE, los proyectos no pudieron ser reactivados por no contar con presupuesto pues las normas generales del Presupuesto General de la República establece no solo prohibición sino que comete el delito el funcionario público el que contrate personal ya sea este temporal o permanente sin que cuente con renglón presupuestario así ha quedado establecido en dichas normas según el artículo 67que en su párrafo cuarto expresa la prohibición de nombrar personal no permanente cuando el anexo desglosado de sueldos y salarios básicos de la Secretaría de Estado o su equivalente en el resto de las instituciones del sector público cuando existan plazas aprobadas para el desempeño de las funciones del contrato; queda entendido que al ser transgredidas esas prohibiciones, serán objeto de denuncias ante la fiscalía correspondiente.- 3. El Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa, departamento de Copán, en fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Claudia Yadira Guerra Dubón, Abel Gerardo Contreras López, Zoila Janet Pérez Nolasco, Wilson Morales Carta Gena y Ada Luz Lara, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería; condenando al demandado a cumplir con las pretensiones siguientes: al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, pago de los salarios dejados de percibir y demás beneficios, pago de las costas que el presente juicio ocasione, con costas; bajo el criterio que siendo que el trabajo para el cual fueron contratados es necesario en su lugar de trabajo, se les considera empleados por tiempo indefinido y al no renovarles el contrato, se dieron por despedidos de forma indirecta e injusta.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Copán, en fecha veintiocho de abril del año dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, con costas; bajo el criterio que la parte demandada sin tomar en cuenta la continuidad de los demandantes al trabajo que ocupaban, procedió a notificarles que ya no ocuparían de sus servicios, lo que no es consecuente con las normas laborales y la protección de los derechos de los trabajadores, por lo que se concluye que el despido fue injustificado.- 5. Que mediante auto de fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el Recurso de Casación interpuesto por la abogada MARIA YOLANDA PINEDA, en su condición representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa, Copán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada MARIA YOLANDA PINEDA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado a la recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha quince de agosto del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado ADALBERTO AQUILES REYES ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo, ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que la abogada MARIA YOLANDA PINEDA, formula su único motivo de casación de la siguiente manera: “Infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y aplicación indebida de los artículos 19, 20 y 114 del Código del Trabajo vigente, en contraposición con los artículos 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, que literalmente dice: “LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS SON CREADOS POR LEY, LA QUE DETERMINARÁ SU GRADO DE DESCONCENTRACIÓN, SU RESPECTIVA COMPETENCIA, LA CUAL EJERCITARÁN CON AUTONOMÍA TÉCNICA- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SIN PERJUICIO DE LO QUE LAS LEYES DISPONGAN, EL PERSONAL DE ESTOS ÓRGANOS ESTARÁ SUJETO AL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL”. Esto en relación con el artículo 26 del Código del Trabajo que literalmente define: EL CONTRATO DE TRABAJO OBLIGA A LO EXPRESAMENTE PACTADO Y A LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DERIVAN SEGÚN LA LEY, LA COSTUMBRE, EL USO O LA EQUIDAD; y al Decreto No. 12-2000 de fecha viernes 5 de Mayo del año 2000. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación esta comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del código de trabajo.- DOCTRINA. Reiteradamente ha mantenido esta Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la ley, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de las normas aplicadas en contraposición, son absolutamente claras y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley.”.- III. Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa. Pero es el caso, que las normas que señala la Recurrente como sustantivas infringidas (artículos 19 y 20 del Código del Trabajo), en sus motivos de casación que anteceden, no ostentan esa característica, requisito sine qua non para la prosperidad de los cargos, asimismo hace referencia al artículo 114 del Código del Trabajo, el que debió precisar los párrafos ó literales que contiene dicho precepto legal, ya que el mismo se refiere a diversas situaciones jurídicas que debió precisar al cual dirige su ataque; por otra parte, señala varias formas de violación de la ley al invocar (infracción directa por falta de apreciación de determinadas pruebas y aplicación indebida), que en todo caso debió formular en motivos separados. Tales falencias determinan que el cargo no constituye una proposición jurídica completa.- IV. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Alto Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por la razón antes expuesta es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de junio del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 219-14.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL