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Sentencia CL-210-15 — Registro 5682

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, ajuste al salario mínimo, se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa, por lo siguiente: a) omite realizar con la debida claridad y determinación, todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, indicando el juicio de que se trate, sus partes y lo relacionado con el tema de las costas; b) omite el pronunciamiento relativo al defecto procesal de prescripción opuesto por dicho profesional del derecho, en su condición de representante procesal de la parte demandada; y, c) la sentencia impugnada al ser confirmatoria de la primera instancia, contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, al declarar sin lugar la demanda en cuanto al pago del reajuste del salario mínimo, absolviéndola de tal concepto, lo cual implica que existen determinaciones favorables para la parte recurrida; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no total. Tales falencias en la demanda de casación impiden a este Tribunal orientar su actividad.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los ocho dias del mes de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha quince de junio de dos mil quince, por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo, pago de los salarios dejados de percibir, ajuste al salario mínimo, se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente y sin causa justa de despido, se declare empleado permanente, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio de dos mil trece, por el señor DAGOBERTO NÚÑEZ VALLADARES, mayor de edad, casado, Motorista, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por el señor DAGOBERTO NUÑEZ VALLADARES, contra el ESTADO DE HONDURAS; en consecuencia, CONDENÓ al demandado a que se declare la nulidad por simulación de contratación por tiempo determinado, se reconozca la permanencia en el cargo, el reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones que tenia al momento del despido; declaró SIN LUGAR la demanda en cuanto al pago del reajuste del salario mínimo; en consecuencia, ABSOLVIÓ al ESTADO DE HONDURAS, en cuanto al pago de dicho concepto; SIN LUGAR el defecto procesal de prescripción opuesto por el representante procesal demandado, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo en el Ministerio Público, el 18 de enero del 2012, asignado en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y posteriormente fue trasladado a la Fiscalía del Medio Ambiente, que sus funciones eran transportar empleados y funcionarios del Ministerio Público, tanto a nivel nacional como en la ciudad realizando diversidad de diligencias, desde que fue contratado el demandante, la relación laboral fue continua sin interrupción alguna, fue pagado su salario mensual por estructura presupuestaria de la Secretaría de Finanzas mediante el sistema de planillas, laborando en forma continua, percibiendo todos los beneficios de un trabajador permanente, con las obligaciones de todo empleado permanente y con los derechos de pago de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario y vacaciones; el 30 de abril del 2013, el demandante recibió nota de despido por parte de la Comisión Interventora del Ministerio Público, en la que se le hace referencia a la falta de presupuesto que supuestamente atraviesa el Ministerio Público, para no continuar renovando el contrato de trabajo del demandante; es importante destacar que le fue pagado el salario del mes de abril del 2013, sin suscripción de contrato de trabajo, o sea como contrato verbal, ya que todos los empleados por contrato determinado en el Ministerio Público, eran pagados por una estructura presupuestaria de la Secretaría de Finanzas, por ello sin necesidad de contrato, no se les atrasaba el salario mensual y en muchas ocasiones el contrato era firmado un mes posterior al pago del salario, sin que con ello se les atrasara el mismo, ya que el contrato trimestral fue vencido en el mes de marzo del 2013, recibiendo los beneficios de decimocuarto mes de salario, aguinaldo, vacaciones, al tenor del artículo 47 del Código del Trabajo, siendo totalmente aplicable al derecho que le asiste; otro aspecto relevante de la gran injusticia sobre el despido es que el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo No.59-2013 decreta la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público, que entre sus atribuciones contempladas en el artículo 4 numerales 2 y 7, nunca se le prácticó al demandante las pruebas poligráficas, psicométricas, toxicológicas, patrimoniales y demás aplicables, siendo todo ello una violación a los derechos humanos y una violación al artículo 74 de la Ley del Ministerio Público, que establece: “Los funcionarios y empleados del Ministerio Público, gozarán del derecho de estabilidad en sus cargos y solamente podrán ser removidos conforme a lo previsto de la presente ley y el Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico….” y la Constitución de la República en el artículo 129, que establece que la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, agotándose el trámite administrativo correspondiente sin ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, contestó dicha demanda señalando que la relación contraída con el demandante está regida por Contrato Temporal de Prestación de Servicios con un término determinado, en donde el hoy demandante prestó sus servicios temporales con funciones especificas que no suponen la existencia de una relación laboral entre éste y el Ministerio Público, en la cual nunca existió el despido ilegal e injustificado que alega la parte demandante, siendo estos contratos de índole administrativo en materia de personal, regidos por una normativa especial, tal y como el demandante lo viene reconociendo con los fundamentos que utiliza para hacer los reclamos que hace; el demandante manifestó en su demanda, que no le fueron respetados sus derechos debidamente consignados en la normativa especial del Ministerio Público la cual está compuesta por la Ley del Ministerio Público, el Estatuto de la Carrera del Ministerio Público y el Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, es obvio que sometiéndose el hoy demandante a la ley especial del Ministerio Público como personal del mismo, podemos determinar que no existe la relación laboral reclamada ante esta instancia laboral, sino que existe una relación contractual administrativa en materia de personal regida por la misma ley especial de la institución así como por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa; en atención a lo preceptuado en los artículos 2 numeral 2) del Código del Trabajo; 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se infiere que la jurisdicción que debe de conocer sobre la acción que incoara indebidamente el demandante, es en todo caso, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en ningún momento corresponderá al Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, el conocimiento de la misma, por no estar comprendida dentro de la esfera de sus atribuciones, en consecuencia la acción fue promovida ante un Juzgado en cuya competencia no corresponde el conocimiento de las causas relativas a los Contratos Temporales de Prestación de Servicios que celebren los Poderes del Estado con personas naturales, tal como sucede en el presente caso de autos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda promovida por el señor Dagoberto Núñez Valladares, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a que se declare la nulidad por simulación de contratación por tiempo determinado, se reconozca la permanencia en el cargo, el reintegro al puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; declarando sin lugar la demanda en cuanto al pago del reajuste del salario mínimo; absolviendo al Estado de Honduras, en cuanto al pago de dicho concepto; sin lugar el defecto procesal de prescripción opuesto por el representante procesal demandado, sin costas; bajo el criterio que el demandante inició la relación con la demandada el 18 de enero del 2012, y fue despedido en fecha 30 de abril del 2013 lo cual al relacionar dichas fechas y al realizar la operación aritmética el demandante laboró un (1) año, tres (3) meses doce (12) días en una relación laboral, continua y sin interrupción alguna, aunado a ello realizaba una actividad regular en el servicio esto amparado en el artículo 347 relacionado con el artículo 47 del Código del Trabajo; en tal sentido por lo expresado anteriormente es procedente declarar con lugar la pretensión referente a decretar la nulidad de la simulación del contratación por tiempo determinado y consecuentemente reconocer al demandante la condición de permanente en el cargo; en virtud de que al cumplirse el requisito de los 200 días laborados continuamente cumple lo establecido en dicho precepto legal por lo que es acertado concederle dichas pretensiones en armonía con lo anteriormente manifestado; el demandante también pide que se le reintegre al puesto de trabajo, por lo que si se reconoce la permanencia en el cargo va consigo otorgar el reintegro al puesto que desempeñaba (Motorista I) esto en consonancia con lo expresado en el numeral que antecede, siendo oportuno declarar con lugar la pretensión antes mencionada; de igual manera el demandante dentro de sus pretensiones solicita el pago de los salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, siendo preciso establecer, que si se reconoce la permanencia al cargo por reunir los requisitos que la legislación laboral establece y siendo hechos probados por el demandante es oportuno declarar con lugar dicha pretensión, los cuales deberán ser calculados desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo; el demandante también solicita el reajuste al salario mínimo, pretensión que el demandante no logró acreditar a este tribunal, ya que su salario ordinario mensual que devengó asciende a la cantidad L.6,817.75 por lo que no probó a este juzgado que sea un salario por debajo de la tabla del salario mínimo aprobado por el Gobierno de la República para los años 2012 y 2013 respectivamente, siendo meritorio declarar sin lugar dicha pretensión por lo anteriormente expuesto; en relación al defecto procesal de prescripción alegada por el apoderado demandado, que señala que al demandante ya le prescribió el derecho a solicitar la simulación de contratación por tiempo determinado y al reintegro al puesto de trabajo, que por el derecho de petición y por haber laborado continuamente un año días y habiéndole la demandada notificado el 30 de abril del 2013, que su contrato a tiempo no sería renovado, compareciendo ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social el 20 de mayo del 2013, dando por agotado el procedimiento administrativo gubernativo el 21 de mayo del 2013, compareciendo ante este Tribunal el 25 de junio del 2013 y dentro del término que manda la Ley, que esta suscrita después de haber analizado los argumentos y de la simple operación aritmética el demandante acudió ante autoridad competente a los 9 días después de haber sido notificado de la no renovación de su contrato y contrastado con el artículo 864 relacionado, con el 868 del Código del Trabajo el demandante interrumpió la prescripción desde el momento mismo que acude ante la autoridad competente (Secretaría de Trabajo y Seguridad Social) a solicitar los servicios conciliatorios en vía administrativa, siendo oportuno declarar sin lugar el defecto de prescripción por los asertos antes citados.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la prescripción alegada, la misma no procede ya que la acción del demandante fue interpuesta dentro del término que señala nuestro Código Laboral, y ya este Tribunal se ha pronunciado con anterioridad de que las pretensiones se deducen oportunamente al momento de presentar la demanda, y es al contestar la misma que se interponen los recursos o acciones correspondientes por parte del demandado; que de la prueba aportada en juicio, se observa que la relación laboral existente entre las partes, se regía por contratos temporales pero de la simple lectura de los mismos, se determina que la función de Motorista I dependiente de Administración, Dirección Central, Departamento de Servicios Generales y asignado a la Fiscalía del Medio Ambiente, es de carácter permanente en el Ministerio Público, tal como lo dispone el artículo 47 del Código del Trabajo; si bien es verdad que la sentencia solo tiene valor respecto del caso decidido, es indudable que cuando una cuestión ha sido resuelta en un sentido determinado, constituye un precedente aplicable a situaciones análogas mientras las circunstancias no varíen; en base a lo anterior este Tribunal de Alzada ya se ha pronunció en anteriores fallos (exp. 8703, 8637, 8784, 8844, 8992) sobre el caso debatido, mismos que ya han sido decididos en un determinado sentido; y tiene un valor fundamental como fuente de conocimiento del Derecho Positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica, sea interpretada en forma distinta por los tribunales, esto es lo que se conoce como el principio unificador de la jurisprudencia; está debidamente probado que la relación laboral existente entre las partes era de carácter permanente, por lo que a criterio de este Tribunal de Alzada, la sentencia que se conoce en apelación se encuentra apegada a derecho y procede su confirmatoria.- 5. Mediante auto de fecha doce de mayo de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PÚBLICO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de junio de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, desarrolla el alcance de la impugnación o sea el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “Con el presente Recurso de Casación se pretende que se Case en su totalidad la sentencia recurrida por existir infracción de ley, y una vez Casada, que esta Honorable Corte Suprema de Justicia convertida en sede de esta instancia, dicte sentencia declarando Sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral entablada por el señor DAGOBERTO NUÑEZ VALLADARES, y Absolver de toda responsabilidad laboral al Ministerio Público.”.- III. Que el petitum antes referido ha sido formulado en forma defectuosa, por lo siguiente: a) omite realizar con la debida claridad y determinación, todos los pronunciamientos que el fallo sustitutivo debe efectuar, indicando el juicio de que se trate, sus partes y lo relacionado con el tema de las costas; b) omite el pronunciamiento relativo al defecto procesal de prescripción opuesto por dicho profesional del derecho, en su condición de representante procesal de la parte demandada; y, c) la sentencia impugnada al ser confirmatoria de la primera instancia, contiene pronunciamientos a favor de la parte demandada, al declarar sin lugar la demanda en cuanto al pago del reajuste del salario mínimo, absolviéndola de tal concepto, lo cual implica que existen determinaciones favorables para la parte recurrida; por ello el Censor debió haber pedido la casación parcial de la sentencia recurrida y no total. Tales falencias en la demanda de casación impiden a este Tribunal orientar su actividad.- IV. Al respecto del alcance de la impugnación como requisito de la demanda de casación, conviene enfatizar que el mismo debe estar integrado por una manifestación clara y precisa del recurrente con respecto al fin que persigue con el recurso, es decir, si se encamina a que la Corte de Casación invalide la totalidad de la sentencia recurrida o si solo persigue la anulación de determinados ordenamientos de ella y en qué forma aspira a que, invalidada la sentencia, sea modificada, si fuere el caso. Porque también es menester reiterar que el recurso de casación no es una tercera instancia en la que se controvierten las mismas pretensiones de la litis, sino que constituye una acción de impugnación contra la sentencia recurrida, que como tal, tiene su causa pretendi propia y distinta de la del juicio, cual es la violación de la ley sustantiva por alguno de los motivos o conceptos establecidos en la legislación procesal laboral y su petitum, que lo constituye la declaración de invalidez del fallo acusado, ya sea total o parcial, es lo que esa legislación procesal significa bajo la expresión de “alcance de la impugnación”, no siendo por tanto dicho requisito, una exigencia meramente formal de la cual pueda prescindirse o que pueda obviarse de oficio por el tribunal de casación, sino uno de tal naturaleza, tan sustancial, que sin él la demanda de impugnación carece de petitum e impide determinar sus resultas.- V. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el sub júdice, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 210-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL