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Sentencia CL-205-15 — Registro 5545

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, indemnización por despido en estado de embarazo, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa, como las que las extingan. Pero es el caso que la norma que señala el Recurrente como sustantiva, el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostenta esa característica; además, cita como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) inciso c) del Código Procesal Civil, cuando lo correspondiente era indicarlo de conformidad con el Código del Trabajo; por otro lado alude a dos formas de violar la ley (falta de aplicación y prueba erróneamente apreciada) lo cual tenía que realizar en forma separada e independiente y realiza alegatos propios de instancia; todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de diciembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha doce de junio de dos mil quince, por el abogado MANUEL DE JESÚS PAZ VAQUERO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, indemnización por despido en estado de embarazo, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo de dos mil trece, por la señora GUADALUPE RAQUEL ZELAYA COBAN, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GUADALUPE RAQUEL ZELAYA COBAN, contra el ESTADO DE HONDURAS; en consecuencia, CONDENÓ al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, específicamente en la Dirección Nacional de Tránsito, el 3 de mayo de 2010, en el cargo de Aseadora; que durante laboró la demandante de manera diligente al punto que luego de obtener el contrato el cual era por tiempo definido hasta el 31 de diciembre de 2010, la secretaría realizó 2 contratos más prolongando el tiempo del contrato por un tiempo mayor, habiendo así que el mismo pasara de ser algo momentáneo a ser un trabajo permanente; el último contrato terminaba según lo estipulado el 31 de diciembre del 2012, fecha en la que fue despedida aun a sabiendas la demandada del estado de embarazo de la demandante, siendo de manera ilegal dicho despido debido a que por las continuaciones de los contratos el mismo había pasado de ser temporal a obtener el cargo de permanente por lo que el despido fue totalmente ilegal, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, contestó dicha demanda señalando que la demandante hace referencia al cargo que desempeñó y la fecha en que inició la prestación de sus servicios a dicha institución, así como el salario promedio que devengó, no obstante; eludió manifestar respecto a que su nombramiento como Aseadora, en la Dirección Nacional de Tránsito, se efectuó mediante Contratos de Servicios Profesionales en los cuales se establecía de manera expresa tanto la fecha de inicio como la de finalización de los mismos, extremos que constan en el expediente administrativo de la demandante, los cuales fueron elevados a Acuerdos Ministeriales; el presente caso, no versa sobre un hecho injusto e ilegal de despido, por el hecho de encontrarse en estado de gravidez la demandante, siendo que el presente caso obedecía únicamente a la terminación de la vigencia del Contrato de Servicios Profesionales de la hoy demandante, por lo que cabe señalar que en dicho contrato se aceptaron por las partes sus respectivas vigencias, (fecha de inicio y finalización de labores), asimismo, es de suma relevancia resaltar el hecho que los contratos en mención, estaban sujetos al Derecho Administrativo, tal como lo expresaban literalmente la cláusula novena de cada uno de los contratos que al efecto se celebraron entre la demandante y la demandada, por lo que lo procedente era que se entablara la presente acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán y no como la demandante pretende confundir ante éste Tribunal.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Guadalupe Raquel Zelaya Coban, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a reintegrar a la demandante al puesto de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que el artículo 112 del Código de Trabajo expresa las justas causas para dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrono, asimismo el artículo 113 establece, que la terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes que transcurra el término de prescripción con el objeto que pruebe la justa causa en que se fundó el despido; con base a lo anterior y de las pruebas aportadas la parte demandada quien alega que no hubo despido sino que el contrato a tiempo determinado llego a su vencimiento, quien no acreditó en juicio la naturaleza temporal de las obligaciones contenidas en contrato de trabajo, en atención al servicio realizado por la hoy demandante, es decir si éste era permanente o temporal ya que la naturaleza de la actividad o servicio realizado determinará la duración del contrato, por lo que la cláusula del término, no tiene fuerza legal para justificar la terminación unilateral del Contrato de Trabajo aunado a esto no se tomó en cuenta el estado de embarazo de la empleada, de tal forma que no se acreditó la justa causa en que fundó el despido, por lo que lo vuelve ilegal e injusto, violentando de esta manera lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo; la demandante laboró para la institución demandada más de 200 días en el año, disposición ya establecida en el articulo 347 del Código del Trabajo y de las consideraciones legales anteriores la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; la parte demandante en el acápite cuantía de la demanda también reclama indemnización por despido en estado de embarazo, descanso pre y post natal y horas de lactancia; derechos que procede declarar con lugar en virtud que se acredito en autos que la demandante en fecha 11 de diciembre de 2012 tenía 9.3 semanas de gestación, derechos que serán liquidados en la etapa de ejecución del juicio.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha once de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en este orden de pretensiones a la parte actora, le corresponde acreditar en la sustanciación del proceso que su empleador no tiene causa justa, para dar por terminada la relación laboral o contractual de manera unilateral, y para tal efecto allego el medio de prueba documental, mediante el cual acredita plenamente en juicio el despido de la parte actora es directo, ilegal e injustificado por la clara violación a los artículos 112 y 117 del Código del Trabajo vigente, al utilizar causales diferentes a las permitidas por la Ley, y no ser autentica las causas del despido; además la demandante acredito en juicio, que en el momento del despido tenía nueve semanas de gestación por lo que tiene como derechos protegidos por la Constitución de la República la indemnización del descanso pre y post natal así como horas de lactancia, por lo que procede declararlos con lugar, mismos que serán liquidados en la etapa de ejecución de la sentencia; que debe recordarse que el trabajador goza de la protección del Estado en la forma prevista por la Constitución de la República en su artículo 129 y las leyes, esto por un lado y por otra parte, el trabajo es socialmente obligatorio por lo que toda persona tiene derecho a que no se le impida el trabajo en consecuencia la trabajadora Guadalupe Raquel Zelaya Coban, no puede ser despedida sin causa justificada expresamente establecida por la ley, en consecuencia éste Tribunal de Alzada es del criterio que la sentencia dictada por la a quo esta apegada a derecho.- 5. Mediante auto de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha doce de junio de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dos de julio de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado EDUARDO ALEJANDRO ANDINO CARDONA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el abogado MANUEL DE JESUS PAZ VAQUERO, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Se impugna por falta de aplicación el artículo 3 en relación con el 6, ambos de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que regula la jurisdicción que ha debido conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el articulo 719 numeral 1 inciso a) del Código de Procesal Civil. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo 719 numeral 1 literal a) del Código Procesal Civil establece: “1.-Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas procesales que regulan: a) La jurisdicción, competencia genérica, objetiva, funcional y adecuación de procedimiento.” El artículo número 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prescribe que: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”. Asimismo el articulo número 6 de la misma Ley dispone que: “La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es improrrogable.” Con fundamento en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la llamada a conocer de este tipo de demandas, además de que es improrrogable, lo que hace que necesariamente la jurisdicción laboral sea absolutamente incompetente para ello. El Juzgado en Audiencia Primera de Trámite, sin ninguna motivación legal declara precluido el derecho de la parte demandada a presentar incidentes, pero ello no significa que por tal razón la Jurisdicción Laboral quiera arrogarse una competencia que no tiene, pues este asunto como lo expresan las disposiciones legales que he citado, es competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer que: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí entonces, que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. Y tan previsible es el Código Procesal Civil que para hacer que se respete este artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República que declara nulos aquellos actos que se produzcan por o ante un tribunal con falta de jurisdicción. Artículo 212 numeral 1 del citado Código.- Es por ello Honorable Corte que pido que se case la sentencia recurrida y que se declare la falta de jurisdicción al haberse infringido los artículos 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el 90 de la Constitución de la República. Por otra parte en el Numeral Segundo del Fallo confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 8 de septiembre del 2014, obviando que lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales son del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero en este caso se probó la existencia de Contratos de Servicios Profesionales que tienen fecha de inicio y fecha de finalización, a tal efecto se recurre esta sentencia; no obstante considerando que con fundamento en el artículos 208 en relación al artículo 205 Numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso oportunamente. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: DOCUMENTOS que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la demandante y la Secretaría de Estrado en el Despacho de Seguridad, la Resolución No. 571-2006 dictada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia de fecha 7 de julio del 2006, lo que acredita dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según el artículo número 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, contratos con fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual no hay despido injusto ni ilegal, asimismo que la Fundación del Hospital de Emergencia Policial, no figura en la estructura administrativa de la Secretaria de Seguridad. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juzgado Ad-quem fue violatoria de una ley sustantiva por una interpretación errónea en la falta de apreciación de la prueba pues el Juzgador no valorizo la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio; circunstancias estas que debió ser apreciada por este Tribunal de Alzada, y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales sino al pago de salarios dejados de percibir, considerando que con fundamento en el artículos 208 en relación al artículo 205 Numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos entonces frente una actuación injusta y con parcialidad, debido a que el sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte actora sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el Juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiados, sin influencias, ni prejuicios, decisión que debería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el Aquo” y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha once (11) de marzo del dos mil quince (2015), que consecuentemente declara Confirmar la sentencia de fecha veintisiete (27) de enero del dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la “Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales e Titulo de Daños y Perjuicios, Salarios Dejados de Percibir.”, que fuera promovida por la señora GUADALUPE RAQUEL ZELAYA COBAN, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad”.- III. Que uno de los requisitos fundamentales para la debida estructuración de un cargo en este recurso extraordinario, es el de que se señale la violación de normas sustanciales legales de índole laboral, entendiéndose por tales las que crean o establecen un derecho concreto y la obligación correlativa, como las que las extingan. Pero es el caso que la norma que señala el Recurrente como sustantiva, el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no ostenta esa característica; además, cita como precepto autorizante el artículo 719 numeral 1) inciso c) del Código Procesal Civil, cuando lo correspondiente era indicarlo de conformidad con el Código del Trabajo; por otro lado alude a dos formas de violar la ley (falta de aplicación y prueba erróneamente apreciada) lo cual tenía que realizar en forma separada e independiente y realiza alegatos propios de instancia; todo lo cual vuelve inadmisible dicho motivo.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por la razón antes expuesta es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA:

  1. DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTÍNEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de diciembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 205-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL