Sentencia CL-199-14 — Registro 5055
Resumen
Segunda instancia reformó declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria Laboral para reintegro al puesto de trabajo por despido verbal y pago de los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Aplicación indebida de la ley: En términos generales puede decirse que esta modalidad de violación consiste en que a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplique una norma que no lo regula. La aplicación indebida de la ley presenta dos modalidades: una directa, cuando entendida la norma en su recto sentido, sin mediar errores de hecho o de derecho, se la aplica a un hecho probado que no regula o se la aplica a ese hecho probado llegando a consecuencias contrarias a las previstas por la regla jurídica y la otra indirecta a través de errores de hecho o de derecho en la actividad probatoria del sentenciador, es decir, que en la premisa menor del mismo jurídico, la aplicación indebida se da cuando por virtud de la equivocada calificación jurídica de los hechos se les aplica, no habiendo contradicción sobre su existencia, una regla que no se adapta a su verdadera naturaleza. En este submotivo, aunque el error se comete en relación con el hecho comprobado en el proceso, se produce a propósito de su naturaleza jurídica, tomado no como un acontecer o suceso de la vida sino según su configuración y definición legales; esto es, que se comete respecto de su naturaleza jurídica y no respecto de su existencia. Se trata así de error jurídico que no obstante obedecer al mal manejo de los hechos, conduce sin embargo a la violación directa porque ésta se cumple por falta de adaptación del precepto a la índole jurídica de la situación fáctica y no por hallarse debidamente establecida esta situación. Por eso cierta corriente doctrinal lo ha calificado adecuadamente como error de subsunción del hecho en la norma."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede es inadmisible en virtud de que olvida el impetrante, que la infracción directa se produce, en la premisa mayor de silogismo judicial, al determinar los datos de derecho que convienen a la situación de hecho, cuando a esa situación se deja de aplicar el que la regula o se aplica el que no la regula sin que quepa otra causa que la ignorancia del juzgador sobre la existencia de la norma, o el olvido de ella o la rebeldía contra sus disposiciones. Como lo ha venido señalando este Tribunal de Casación, este submotivo implica el desconocimiento de la voluntad abstracta de la ley, en cuanto sin mediación de errores de apreciación probatoria se deja de aplicar una norma clara al caso específico en ella previsto o se la pretermite para resolver la litis por otra cuyo supuesto fáctico no se aviene a la situación de hecho sobre la cual no hay desacuerdo. Es la típica infracción contra ius in thesi clarum, que supone la omisión del texto no obstante la claridad del asunto. En el caso sub-lite, la situación jurídica relacionada con la forma de terminación del contrato fue objeto de la controversia y por ende sometido a la prueba, por lo que tampoco esta era la vía apropiada para el ataque del fallo impugnado"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los un día del mes de septiembre de dos mil quince.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha quince de julio de dos mil catorce, por el abogado YINY RAMON ORELLANA GOMEZ mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor RAUL ANTONIO VILLALTA en relación a la demanda ordinaria Laboral para reintegro al puesto de trabajo por despido verbal y pago de los salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de abril de dos mil trece, por el señor RAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS por medio del señor JULIO CESAR FUENTES TORO, mayor de edad, casado, hondureño.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha uno de abril del dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada. SEGUNDO: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida el diecinueve de Febrero del dos mil catorce (19/02/14), por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, en las diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por el señor RAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO contra la entidad estatal denominada FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS (FCN) a través del señor JULIO CESAR FUENTES TORO en su condición de Gerente y por ende representante legal; reforma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el reintegro del demandante y el pago de los salarios dejados de percibir; en consecuencia, se ABSUELVE a la demandada por dichos conceptos. TERCERO: CONFIRMANDO la referida sentencia en todos sus demás extremos; es decir, en cuanto a la declaratoria de NO HA LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DEL PRESCRIPCION y la exoneración de costas de primera instancia. CUARTO: SIN COSTAS”; y el a quo resolvió así: “FALLA: A) DECLARANDO SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA, INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA; B) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR RAUL ANTONIO VILLATA en contra del FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS, representada por EL SEÑOR JULIO CESAR FUENTES TORO, en cuanto al Reintegro solicitado en igualdad de condiciones a las que tenia al momento de producirse la ruptura del vinculo laboral. Al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación hasta que con sujeción a las normas laborales se produzca la reinstalación en virtud de ser la actividad de naturaleza permanente y pago de hora extras solicitados.- En consecuencia, CONDENA al FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS representada por EL SEÑOR JULIO CESAR FUENTES TORO al REINTEGRO solicitado por el trabajador RAUL ANTONIO VILLALTA, en igualdad de condiciones a las que tenia al momento de producirse la ruptura del vinculo laboral, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación hasta que con sujeción a las normas laborales sea requerido y produzca la reinstalación la demandada, en virtud de ser la actividad de naturaleza permanente. SIN COSTAS.”.- I.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó que inició su relación laboral con la demandada en fecha primero de junio de dos mil doce, en el puesto de Director de Mercadeo y Promoción, mediante contrato de trabajo por tiempo determinado de un mes, mismo que mes a mes iba siendo revalidado, para desarrollar labor permanente como Director de Promoción y Mercadeo, para promocionar las actividades del Ferrocarril; en el mes de octubre no le pagaron el salario correspondiente a la quincena, por lo que se personó ante el Gerente LESTER AGUILAR, quien le manifestó que ya le arreglarían, pero a finales de mes se dió un cambio de Gerente, nombrando al señor JULIO CESAR FUENTES TORO, quien el día veintinueve de octubre de dos mil doce, le manifestó de forma verbal, que ya no le renovarían el contrato de trabajo, por lo que compareció al Ministerio del Trabajo, con el objeto que le fueran reconocidos su derechos; posteriormente el Gerente de la demandada al tener conocimiento de la acción que promovió ante la Secretaría de Trabajo lo llamó y le dijo que lo reintegrarían a su puesto de trabajo, por lo que se presentó a su centro de trabajo donde le manifestaron que ya no estaría en el puesto para el que había sido contratado, sino que fungiría como Asesor Legal de la Gerencia, posteriormente el tres de enero de dos mil trece, le manifestaron de forma verbal que ya no le renovarían su contrato y que no siguiera llegando.- 2.- La parte demandada, el FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, argumentando que su contratación no era de Director de Promoción y Mercadeo, sino director de Mercadeo; no se le reconocía combustible por su labor, ya que en el contrato no estaba pactada esa obligación; por razones políticas el demandante estuvo insistiendo para que se le renovara su contrato sin embargo paso el término de dos meses, octubre y noviembre del dos mil doce y jamás presentó el reclamo ante autoridad del Ministerio del Trabajo por lo que le prescribió el reclamo; el demandante logró que se le contratara para un mes como Asesor Legal, pero el 29 de enero del 2013, llegó el demandante con un Inspector del trabajo a fin de sorprender y obligar a que se le contratara sin embargo le prescribió este derecho, antes de reclamar su permanencia.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de febrero del dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la excepción perentoria interpuesta por la parte demandada; con lugar la demanda ordinaria laboral y condenó al FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS al reintegro solicitado por el trabajador, en igualdad de condiciones a las que tenía al momento de producirse la ruptura del vínculo laboral, al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación hasta que con sujeción a las normas laborales sea requerido y produzca la reinstalación la demandada, en virtud de ser la actividad de naturaleza permanente; sin costas; bajo el criterio que la demandada no probó el transcurso de tiempo necesario para que se produzca la prescripción alegada para la pérdida de derecho a demandar necesaria según artículo 864 del Código del Trabajo vigente de dos meses contados a partir de la terminación del contrato por lo que debe declararse sin lugar dicha EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION. Que no ha mediado justa causa para la ruptura de la relación laboral existente por lo que es procedente condenar a la demandada al reintegro al puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía al momento de la terminación de relación la laboral.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de abril de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la dictada por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el vinculo laboral que unió a las partes se enmarca dentro de lo que establece el Artículo 46 inciso b) del citado cuerpo legal; de manera que una vez vencido el mismo sin que subsista la causa que le dió origen, al no haberse probado la contratación de otra persona para realizar la última labor contratada, cesa la relación de trabajo sin responsabilidad para ninguna de las partes.- 5.- Mediante auto de fecha quince de mayo de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado YINY RAMON ORELLANA GÓMEZ, en su condición de representante procesal del señor RAUL ANTONIO VILLALTA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara la demanda de casación.- 6.- Que en fecha quince de julio de dos mil catorce compareció ante éste Tribunal el abogado YINY RAMON ORELLANA GÓMEZ, en su condición de representante procesal del señor RAUL ANTONIO VILLALTA, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente, por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso por parte del abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado YINY RAMON ORELLANA GÓMEZ, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida del artículo 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 47, párrafos primero y tercero del mismo Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo, en cuanto dispone que es causal de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por aplicación indebida. DISPOSICIONES VIOLADAS. Ya se mencionó que la disposición violada es el artículo 113 del Código del Trabajo, párrafos primero y segundo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 113 citado como disposición violada en sus párrafos primero y segundo declara que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunica al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales de Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del presente Código debe quedar firma la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. La aplicación de esta norma aparece del número TRES del acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO, del fallo que se acusa cuando el ad-quem dice: De acuerdo al Artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado por el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto No. 89 vigente desde el 24 de Noviembre del año 1969, una vez comunicada la terminación del contrato de trabajo el patrono se encuentra en la necesidad de probar ante los Tribunales del Trabajo la justa causa en que fundó su despido, de no hacerlo deberá a elección del trabajador proceder a reintegrar en iguales o mejores condiciones; o, al pago de las indemnizaciones que según la Ley le pudieran corresponder, más a titulo de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia” Por su parte el artículo 3 del mismo Código del Trabajo dispone: Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Asimismo el artículo 47 del mismo cuerpo legal, en sus párrafos primero y tercero establece que: Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.- En consecuencia, los contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen el carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar”. Se infiere de las disposiciones legales transcritas que el emplazamiento hecho por el demandante, en contra de su patrono, conforme al artículo 113, generaba para este la obligación de probar la justa causa en que se fundó el despido, o en este caso, terminación del contrato, y al no hacerlo así, su obligación de satisfacer al trabajador las indemnizaciones y demás prestaciones de conformidad con la ley laboral. Cuando el a-quem señala en su motivación jurídica que el trabajador no acreditó la necesidad del último trabajo para el cual fue contratado por la empresa reclamada, está imponiendo ilegítimamente al trabajador, la carga de una prueba que únicamente corresponde a la parte demandada, pues fue esta y no otra, la que tuvo que probar que el contrato de trabajo del señor RAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO, era excepcional, porque ese puesto solo era necesario cubrirlo por un mes, y no como una actividad de naturaleza permanente en la patronal, es decir que la demandada era la llamada a probar la naturaleza accidental o temporal del servicio que prestó el demandante, y en tales condiciones, no puede pretenderse de ninguna manera que por el lapso existente entre el último contrato y los anteriores, el contrato no sea por tiempo indefinido, a la luz del artículo 47 del Código del Trabajo. De lo dicho se colige que el artículo 113 del Código de Trabajo, en sus párrafos primero y segundo, si es aplicable al caso concreto, y en efecto el Tribunal ad-quem lo aplicó, pero resulta que al aplicarlo lo hizo de forma indebida, en virtud de la relación que hace con el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, en vez de hacer su relación con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, puesto que en el caso subjudice, se reúnen las condiciones señaladas en esta última disposición legal. Es evidente que la obligación en el caso que nos ocupa de probar la justa causa del despido, comprendía para el demandado la de acreditar la naturaleza temporal o accidental, del cargo para el cual contrató al demandante, y no es este quien está obligado a rendir tales probanzas, tocía vez que en su condición de trabajador subordinado, no cuenta con el acceso necesario, para conocer los proyectos o planes de la demandada en el desarrollo de su actividad, y por el ello pretender imponerle al trabajador esta obligación, equivale a hacerlo fracasar en su justa pretensión. En consecuencia el artículo 113 del Código del Trabajo, párrafos primero y segundo, debió aplicarse en el sentido de que la patronal no logró probar la justa causa de terminación del contrato, a lo que estaba obligado para poder quedar exenta de las obligaciones propias de la relación laboral, injustamente interrumpida.- Salta a (a vista, que la excepcionalidad del cargo para el cual fue contratado el señor VILLALTA TERCERO, no es otra cosa que un invento de la patronal, para poder eximirse del cumplimiento sus obligaciones laborales, sacado a posteriori de que fue demandando, y para colmo el ad-quem le da cabida, aplicando indebidamente (a disposición legal cuya violación se denuncia en esta demanda recursiva. Queda, en consecuencia demostrada la aplicación indebida de la disposición violada por el ad-quem, y esta circunstancia, resquebraja por su base el fallo que estoy impugnando, obligando a que se dicte el fallo que corresponde.”.- III.- Previo a entrar al análisis sobre la estructuración y alcances de esta modalidad de infracción de ley, se considera oportuno referirse a su concepto: Aplicación indebida de la ley: En términos generales puede decirse que esta modalidad de violación consiste en que a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplique una norma que no lo regula. La aplicación indebida de la ley presenta dos modalidades: una directa, cuando entendida la norma en su recto sentido, sin mediar errores de hecho o de derecho, se la aplica a un hecho probado que no regula o se la aplica a ese hecho probado llegando a consecuencias contrarias a las previstas por la regla jurídica y la otra indirecta a través de errores de hecho o de derecho en la actividad probatoria del sentenciador, es decir, que en la premisa menor del mismo jurídico, la aplicación indebida se da cuando por virtud de la equivocada calificación jurídica de los hechos se les aplica, no habiendo contradicción sobre su existencia, una regla que no se adapta a su verdadera naturaleza. En este submotivo, aunque el error se comete en relación con el hecho comprobado en el proceso, se produce a propósito de su naturaleza jurídica, tomado no como un acontecer o suceso de la vida sino según su configuración y definición legales; esto es, que se comete respecto de su naturaleza jurídica y no respecto de su existencia. Se trata así de error jurídico que no obstante obedecer al mal manejo de los hechos, conduce sin embargo a la violación directa porque ésta se cumple por falta de adaptación del precepto a la índole jurídica de la situación fáctica y no por hallarse debidamente establecida esta situación. Por eso cierta corriente doctrinal lo ha calificado adecuadamente como error de subsunción del hecho en la norma.- IV. Analizado el cargo de mérito resulta evidente que el impetrante no ha sido claro ni preciso en su formulación, puesto que alega violación “por aplicación indebida del artículo 113 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 47, párrafos primero y tercero del mismo Código del Trabajo”, sin embargo, en la explicación del motivo dispone “… De lo dicho se colige que el artículo 113 del Código de Trabajo, en sus párrafos primero y segundo, si es aplicable al caso concreto y en efecto el Tribunal ad-quem lo aplicó, pero resulta que al aplicarlo lo hizo de forma indebida, en virtud de la relación que hace con el artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, en vez de hacer su relación con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, puesto que en el caso subjudice, se reúnen las condiciones señaladas en esta última disposición legal…” Continúa manifestando el Censor que el artículo 113 del Código del Trabajo, párrafos primero y segundo, debieron aplicarse en el sentido de que la patronal no logró probar la justa causa de terminación del contrato, “a lo que estaba obligado para poder quedar exenta de las obligaciones propias de la relación laboral, injustamente interrumpida”…- Al efecto, tomando en cuenta que la violación por aplicación indebida consiste en que a un caso establecido en el proceso, sin que medien errores de hecho o de derecho, se le aplique una norma que no lo regula o se la aplica a ese hecho probado llegando a consecuencias contrarias a las previstas por la regla jurídica y que en el caso de mérito estaríamos frente a un escenario de un hecho no probado y más bien objeto del material probatorio, se concluye que la causal invocada no es la vía más indicada para solicitar el quebrantamiento de la sentencia recurrida. Por otra parte, el mismo Impetrante en la explicación del motivo afirma que el artículo 113 si aplica y que el tribunal ad-quem lo aplicó al caso in examine, pero de forma indebida al relacionarlo con el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; sin embargo, este Supremo Tribunal estima que la Corte Sentenciadora arribó a la conclusión de que el contrato de trabajo que unía al demandante con el demandado era por tiempo limitado, conforme lo regula el artículo 46 literal b) del mismo cuerpo legal, formando libremente su convencimiento con base en el material probatorio aportado por las partes al proceso.- V. Que el Impetrante en un segundo motivo arguye: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa, del artículo 111, preámbulo e incisos del 1) al 12) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 3 y 47, párrafos primero y tercero del mismo Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1) del Artículo 765 del Código del Trabajo, en cuanto dispone que es causal de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por infracción directa. DISPOSICIONES VIOLADAS. Ya se mencionó que la disposición violada directamente es el artículo 111 del Código del Trabajo, preámbulo e incisos del 1) al 12), al no haber sido aplicada dicha disposición, siendo del caso hacerlo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 111, antes citado dispone que son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1) Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley; 2) El mutuo consentimiento de las partes; 3) Muerte del trabajador o incapacidad física o mental del mismo, que haga imposible el cumplimiento del contrato; 4) Enfermedad del trabajador en el caso previsto por el artículo 104; 5) Pérdida de la libertad del trabajador en el caso previsto en el artículo 106: 6) Caso fortuito o fuerza mayor; 7) Perder la confianza del patrono el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos, capataces, debiendo justificarse a juicio de la Dirección General del Trabajo, o sus representantes, los motivos de tal desconfianza; más si había sido promovido de un puesto de escalafón en las empresas en que éste existe, volverá a él, salvo que haya motivo justificado para su despido. Lo mismo se observará cuando el trabajador que desempeñe un puesto de confianza, solicite volver a su antiguo empleo; 8) La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1), 3), 4), 5), y 6), del articulo 100; 9) Liquidación o clausura definitiva en la empresa o establecimiento; 10) Ejercicio de las facultades que conceden a las partes los artículos 112 y 114; 11) Insolvencia o quiebra; y, 12) Resolución del contrato decretada por autoridad competente. En los casos previstos en los siete (7) primeros incisos de este articulo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes. La relación con los artículos 3 y 47 del Código del Trabajo, aparece del hecho de que mediante estos se desprende la naturaleza jurídica del contrato, por el cual prestaba sus servicios el trabajador reclamante, resultando del tenor literal de los mismos, que no puede tener otra naturaleza distinta al contrato de trabajo por tiempo indefinido. Teniendo en cuenta la premisa anterior el patrono para poder dar por terminado el contrato del señor VILLALTA TERCERO, sin responsabilidad para la patronal, aplicando el artículo 111 del Código del Trabajo, en la parte que se considera violada, debió sustentado en cualquiera de los motivos contenidos en dicha disposición, pero es notorio que no tenía ninguno de los motivos legales para ello. En consecuencia el articulo 111 era aplicable al caso concreto, en el sentido de que no alegó ni probó justa causa para el despido, sin responsabilidad de su parte, y el Tribunal ad-quem, ni siquiera lo menciona en su fallo, mucho menos puede decirse que lo haya aplicado, de donde queda claramente establecido que la disposición violada directamente debió ser aplicada inevitablemente al proferirse el fallo que censuro, y al no hacerlo, dicho fallo cae por su base, obligando al Tribunal Supremo a tomar las medidas necesarias, para la tutela efectiva de los derechos del trabajador reclamante casando la sentencia impugnada y dictando la que corresponde en su lugar, haciendo aplicación debida de las disposiciones violadas ya relacionadas.”.- VI. Que el cargo que antecede es inadmisible en virtud de que olvida el impetrante, que la infracción directa se produce, en la premisa mayor de silogismo judicial, al determinar los datos de derecho que convienen a la situación de hecho, cuando a esa situación se deja de aplicar el que la regula o se aplica el que no la regula sin que quepa otra causa que la ignorancia del juzgador sobre la existencia de la norma, o el olvido de ella o la rebeldía contra sus disposiciones. Como lo ha venido señalando este Tribunal de Casación, este submotivo implica el desconocimiento de la voluntad abstracta de la ley, en cuanto sin mediación de errores de apreciación probatoria se deja de aplicar una norma clara al caso específico en ella previsto o se la pretermite para resolver la litis por otra cuyo supuesto fáctico no se aviene a la situación de hecho sobre la cual no hay desacuerdo. Es la típica infracción contra ius in thesi clarum, que supone la omisión del texto no obstante la claridad del asunto. En el caso sub-lite, la situación jurídica relacionada con la forma de terminación del contrato fue objeto de la controversia y por ende sometido a la prueba, por lo que tampoco esta era la vía apropiada para el ataque del fallo impugnado.- VII. Resulta pertinente recordarle al Censor la exigencia de derecho objetivo en cuanto a que la claridad y precisión son requisitos fundamentales en el régimen del recurso de casación, tal como se extrae de lo que preceptúa el Artículo 721 numeral 2) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando exige que en el escrito se harán constar los motivos en que la casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya infracción sustente cada uno, todo ello deberá fundamentarse con la suficiente separación y claridad, con el fin de plantear al Tribunal Casacional las cuestiones jurídicas en un modo preciso, razonado y atinentes al o a los motivos alegados.- VIII. Además de lo anteriormente motivado, en ambos cargos el impugnante falta al principio de claridad y precisión puesto que la norma señalada como violada en sus diferentes numerales, hacen referencia a distintas causas de terminación de los contratos de trabajo, que no todas resultan aplicables al asunto sometido a la decisión judicial; lo mismo sucede con la cita del precepto autorizante puesto que el numeral 1 del Artículo 765 contiene dos párrafos que regulan situaciones jurídicas diferentes por lo que debió haber señalado con precisión en cuál de ellas se encontraban comprendidas las violaciones invocadas. Y finalmente es pertinente recordar lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo que señala que el recurrente deberá plantear sucintamente su recurso, sin extenderse en consideraciones jurídicas como en los alegatos de instancia.- IX.- Que el Recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “El artículo 200, del Código Procesal Civil, aplicado por el Tribunal ad-quem, según su parte dispositiva, establece el contenido formal que deben observar los jueces y tribunales al dictar sus fallos, y en el número 2 literal b), dispone que en los antecedentes de hecho, deben consignarse los hechos probados. En el acápite HECHOS PROBADOS, puede leerse: “1.- El señor PAUL ANTONIO VILLALTA TERCERO acudió ante el Ministerio del Trabajo el 22 de Febrero del 2013, reportando un conflicto laboral con el Ferrocarril Nacional de Honduras, con el objeto de buscar una solución por la vía conciliatoria, citándose al representante legal para el 1 de Marzo del 2013, y en esa fecha se dio por agotado el tramite gubernativo; previo a ello en fecha 29 de Enero del mencionado año, a solicitud del demandante un Inspector del Trabajo levantó acta en las instalaciones del Ferrocarril Nacional, con el objeto de constatar un despido verbal, siendo atendido por el Abogado Carlos René Robleda Morales, quien negó varios puntos, el despido, el reintegro, el acuerdo de Junta Directiva de renovar contrato y salario pendiente al actor. (Folios 7 al 12 p.p.) 2.- El actor presentó demanda ante el órgano jurisdiccional en fecha 29 de Abril del 2013.”, lo cual es absolutamente concordante con lo que establece en el acápite “OBJETO DEL PROCESO”, en el que se lee: “De conformidad a las posiciones asumidas por las partes, el objeto del debate se fija en determinar si el demandante, ejercitó su derecho de acción dentro del periodo de tiempo que la ley establece, como lo afirma la parte actora y lo reconociera el A-Quo; o, si por el contrario le abarca el término de la prescripción para demandar, según lo argumenta la entidad demandada; a partir de ello establecer si procede o no el reintegro al puesto de trabajo”. Lastimosamente en el número TRES), del apartado FUNDAMENTOS DE DERECHO, el Tribunal ad-quem consigna el siguiente párrafo: “De acuerdo al Artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado por el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto No. 89 vigente desde el 24 de Noviembre del año 1969, una vez comunicada la terminación del contrato de trabajo el patrono se encuentra en la necesidad de probar ante los Tribunales del Trabajo la justa causa en que fundó su despido, de no hacerlo deberá a elección del trabajador proceder a reintegrar en iguales o mejores condiciones; o, al pago de las indemnizaciones que según la Ley le pudieran corresponder, más a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. En el sub judice del acta que al efecto levantó el Inspector del Trabajo que corre a folios del 9 al 12 consta lo expresado por el Abogado Carlos René Robleda, quien en representación de la demandada negó no solo el hecho del despido verbal alegado, sino otros hechos más afirmados por el trabajador; circunstancia ésta que obliga a la parte que afirma un hecho a demostrar al juzgador a través de otros medios probatorios la veracidad de sus dichos. Lo cierto es que el señor Raúl Antonio Villalta Tercero fue contratado por la demandada en tres ocasiones, para lo cual fueron suscritos los contratos correspondientes en el siguiente orden: a) Del 1 al 30 de Junio del 2012 como Director de Mercadeo (Folios 39 y 53 p.p); b) Del 1 de Julio al 1 de Octubre del 2012 como Director de Mercadeo (Folios 38 y 51 p.p.); y, e) del 1 al 31 de Diciembre del 2012 como Asesor Legal (Folios 37 y 52 p.p.); de manera que tales contrataciones fueron por tiempo determinado y para ejecutar una labor diferente”. Analizando todo lo anterior, puede verse que el Tribunal ad-quem termina haciendo fundamentaciones jurídicas sobre hechos que ni forman parte del objeto del proceso, ni tampoco fueron declarados como hechos probados, pues la última parte del FUNDAMENTO DE DERECHO, aparece del aire, sin saber de dónde lo obtuvo el juzgador, y más aún, en la parte dispositiva en el número SEGUNDO, aparece declarando sin lugar la demanda basado en hechos que no declaró como probados, ni fueron objeto del proceso, pero que si fundamento jurídicamente, con lo cual establece una clara infracción al artículo 200 del Código Procesal Civil, que el mismo Tribunal, dijo aplicar, y para colmo, limitando y haciendo casi imposible, la defensa de la parte que represento, por lo que el fallo que cuestiono, no puede seguir subsistiendo en las condiciones expuestas, por basarse en hechos, que como ya se dijo, no son objeto del proceso, ni fueron declarados como hechos probados.”.- X.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, la Recurrente ha tenido expedito la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la Ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos; 2) SIN LUGAR LA NULIDAD alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil quince; certificación de la sentencia de fecha uno de septiembre del dos mil quince, recaída en el Recurso de Casación número 199-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL