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Sentencia CL-182-14 — Registro 4609

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el reconocimiento del derecho a la permanencia y por ende a la estabilidad laboral en su puesto de trabajo y el derecho de gozar de los derechos que establece la cláusula 5 y demás derechos del contrato colectivo vigente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que este tercer grado jurisdiccional, de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio.- La presentación del libelo y omisión en los términos anteriormente relacionados impide a este Tribunal entrar a conocer los motivos de casación que invoca la Impetrante volviendo ineficaz el recurso que nos ocupa.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de junio de dos mil once. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, a favor de La sociedad mercantil denominada SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A., (SEI, S.A.), contra la sentencia interlocutoria proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta sección judicial, en fecha tres de junio de dos mil nueve, que declaró sin lugar el recurso de apelación presentado contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve; con relación a la demanda de nulidad de un acto administrativo promovida por la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A., (SEI, S.A.) contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de MCA-HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, compareció en su condición ya indicada, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, promoviendo demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo presunto por no ser conforme a derecho, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de MAC-HONDURAS. 2) Que en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras citado, la Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA, en su condición de Procuradora General de la República y por ende Representante Legal del Estado de Honduras, personándose en la demanda de mérito y a la vez promoviendo contra la misma Defensas Previas. 3) Que adelantado que fue el procedimiento, en fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, el citado Tribunal, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual: I) declaró con lugar las defensas previas alegadas por la parte demandada, en cuanto a que su conocimiento no corresponde a esa jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, porque el Juzgado de Letras citado es incompetente para conocer sobre la decisión final de un proceso de licitación regido por el Convenio del Desafío del Milenio del que Honduras es suscriptora y que constituye Ley; y que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, por constar en autos que la Resolución por medio de la cual se adjudicó la Licitación, cuya decisión final es objeto de la acción de mérito, fue adjudicada después de la fecha en que la demanda fue presentada ante el citado Juzgado de Letras; y II) declaró la inadmisibilidad de la demanda, por existir las citadas causales de inadmisibilidad. 4) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A., (SEI, S.A.), contra la sentencia interlocutoria dictada por el A-Quo el dieciocho de marzo del dos mil nueve, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha tres de junio de dos mil nueve, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución apelada, al estimar que la misma fue dictada conforme a derecho, compartiendo el criterio del A-quo en cuanto a declarar con lugar las defensas previas e inadmisible la demanda. 5) La recurrente Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de diciembre del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la sociedad mercantil denominada SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN, S.A., (SEI, S.A.), afirmando que la sentencia de fecha tres de junio de dos mil nueve, emitida por la citada Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 303 y 304 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha tres de junio de dos mil nueve por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, confirmando asimismo la sentencia interlocutoria de defensas previas emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo del año dos mil nueve, por considerar que la misma se encuentra dictada con arreglo a derecho, compartiendo el criterio del A-quo en cuanto a declarar con lugar las defensas previas e inadmisible la demanda. CONSIDERANDO: Que en la formalización y mejora del recurso de amparo por parte de la amparista, Abogada LIANA RODRÍGUEZ VALLADARES, de fecha quince de enero del año dos mil diez, se invocan como violentadas las garantías constitucionales que establecen los artículos 80, 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República, los cuales se transcriben en su literalidad. Pero no ha precisado la recurrente en que manera, o bajo que supuestos de hecho, se ha suscitado la violación de los derechos constitucionales en forma liza, pero ha manifestado que se han producido agravios a los derechos constitucionales de los que goza su poderdante, “SEI, S.A.”., los que conceptualiza de la siguiente manera: Que el recurso de apelación se interpuso contra los considerandos tres y cuatro de la sentencia recurrida (Sic), en los cuales: a) se declara procedente la defensa previa de incompetencia del tribunal; y, b) se declara procedente la defensa previa de que el escrito de demanda adolece de defectos formales que impiden verter pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Señala que estos pronunciamientos fueron rebatidos ante el Ad quem, donde se explicó y motivó detalladamente el porque se considera que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del asunto y del acto presunto. La actuación denegatoria de la instancia, según ella, le produce los siguientes agravios: a) violan la garantía constitucional de defensa, e implícita en ella, el derecho de petición consagrada en el artículo 80 de la Constitución de la República; b) significa también una denegación de la justicia; c) violentan lo establecido en los artículos 303 párrafo primero y 304 de la Constitución de la República pues reconocen la validez de un tribunal de protestas que no forma parte del Poder Judicial; d) violentan el debido proceso ya que las sentencias deben ser motivadas, claras y congruentes al tenor del artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, lo cual proporciona al interesados las razones que fundan la decisión jurisdiccional, logrando la convicción de las partes en el proceso sobre la justificación de la decisión judicial, constatando el esfuerzo que debe realizar la jurisdicción para garantizar una resolución carente del vicio de la arbitrariedad; así como para garantizar un control racional sobre la decisión adoptada por parte de los tribunales superiores. Finaliza manifestando la garantista, acto y seguido a la cita doctrinaria que antecede, que; e) vuelve nulo todo lo actuado tanto por el Juzgado de primera instancia como la actuación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, puesto que acorde a la Ley de Procedimiento Administrativo todo acto debe ser dictado por el órgano competente, ser lícito, cierto y físicamente posible, ser sustentado en los hechos y antecedentes que sirven de causa y finalmente estar debidamente motivado. CONSIDERANDO: El dictamen emitido por la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución en fecha trece de abril de dos mil diez, a través de su agente de Tribunales, Abogada NELLIE JEANETTE VALLEJO DÍAZ, fue de la opinión que debía sobreseerse la causa de merito sin más tramite, pues se considera que la recurrente no ha desarrollado de manera puntual el concepto de la violación en su escrito de formalización del recurso, lo cual tampoco se aprecia de la redacción del escrito de interposición del mismo; falencia argumentativa que hace imposible ejercitar la justicia constitucional en el caso concreto. CONSIDERANDO: Vistos los antecedentes del caso y el Dictamen Fiscal, la Sala Constitucional observa que, en un análisis detenido del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no recoge la ineptitud formal de líbelo, sea por falta de claridad o precisión, como causal de inadmisibilidad de la acción. Por ello, aun constando en autos tal situación dentro del trámite de la acción, no constituye causal de sobreseimiento conforme a ley. Por ende, la acción no debe ser sobreseída, sino que resuelta en el fondo y, en consecuencia, denegarse u otorgarse con el merito que arrojen las presentes diligencias. CONSIDERANDO: Que así las cosas, se aprecia a lo largo del alegato de la recurrente, en su reclamo de amparo constitucional, una advocación abstracta a conceptos generales. Falla, sin embargo, en denotar – para el caso – Cómo el fallo impugnado resulta denegatorio de la justicia. O bien, en que forma el Tribunal de Apelaciones limita, tergiversa o restringe indebidamente el derecho al debido proceso. O como se dilucida la pretendida incongruencia en el fallo, sin definir si es por ultra petita o por incongruencia omisiva para con las pretensiones de las partes, o al menos, denotar en que forma se vulnera el nexo lógico jurídico que debe existir entre la fundamentación jurídica y la resolución censurada. No basta en definitiva invocar como violentado el derecho, sino que debe mostrarse en el caso concreto en que modo, tiempo y circunstancia, se suscita la violación impetrada. Asimismo, de resultar afirmativa la infracción a los derechos, indicar de que forma ésta no se queda sólo en una simple anomalía o irregularidad en el funcionamiento del sistema jurídico, lo que en dogmática procesal constitucional se denomina alegatos de mera legalidad, sino que reviste de trascendencia constitucional a los derechos impetrados como vulnerados en la acción o recurso de amparo: “… puesto que el recurso de amparo se orienta a la reparación de efectivas vulneraciones de los derechos fundamentales y no a la depuración objetiva de aquellos vicios que puedan concurrir en la acción de los poderes públicos”[1]. En cuanto al derecho a obtener justicia pronta y cumplida, y al derecho de petición, debe quedar claramente establecido que estos derechos fundamentales no se ven lesionados, necesariamente, por que la jurisdicción no acoja alguna o todas las peticiones de los interesados; o porque la fundamentación jurídica en las sentencias conlleven a una diferente interpretación de la legalidad aplicable, en las partes legitimadas en el proceso, respecto a la que resulta autorizada por el órgano jurisdiccional competente. Por lo dicho, el planteamiento de la presente acción de amparo no logra mostrar en modo alguno los supuestos de hecho que dan lugar a inferir la existencia de agravios jurídicos al orden constitucional en el caso de merito. En consecuencia, es procedente denegar el amparo de mérito POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59 reformado, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 303 párrafo primero, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes a órgano jurisdiccional de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. COORDINADOR. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. JOSE TOMAS ARITA VALLE. Firma y sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de julio de dos mil once, certificación de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil once, recaída en el recurso de amparo contencioso administrativo, registrado en este Tribunal con el número 1346-P1055-P1057=09.

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] En este sentido: MONTERO AROCA, Juan y FLORS MATÍES, José. “Amparo constitucional y proceso civil”, 2° edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 243.